SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº. 15/2014

Sucre, 17 de febrero de 2014

EXPEDIENTE: Potosí 21/2014

PARTES PROCESALES: Lucinda Burgoa Flores de Vargas contra Martha Téllez Martinez viuda de Velásquez

DELITO: amenazas

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Lucinda Burgoa Flores (fs. 124 a 126), impugnando el Auto de Vista Nro. 58/2013 emitido el 5 de diciembre de 2013 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 113 a 115), en el proceso penal seguido por la recurrente contra Martha Téllez Martínez viuda de Velásquez por la presunta comisión del delito de amenazas, previsto y sancionado en el artículo 293 del Código Penal.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

Que el recurso de casación de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Sustanciado el juicio oral y ordinario por el Juzgado de Sentencia Nro. 2 de la capital del departamento de Potosí, que conoció esa causa, pronunció Sentencia Nro. 25 de 9 de septiembre de 2013 (fs. 92 a 99), declarando a la imputada Martha Téllez Martínez viuda de Velásquez absuelta de culpa y pena del delito de amenazas, previsto y sancionado en el art. 293 del Código Penal, sin costas conforme al entendimiento del Auto Supremo Nro. 520 del 20 de septiembre de 2004.

Contra la citada Sentencia la acusadora particular Lucinda Burgoa Flores formuló recurso de apelación restringida (fs. 102 a 104), resuelto por Auto de Vista Nro. 58/2013 de 5 de diciembre de 2013 (fs. 113 a 115), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que lo declaró improcedente y confirmó la Sentencia apelada.

Con el Auto de Vista referido, Lucinda Burgoa Flores fue notificada el 8 de enero de 2014 (fs. 120), formulando el recurso de casación, motivo de autos, el 15 de enero de 2014 (fs. 124 a 126).

CONSIDERANDO II: (Motivos del recurso de casación)

Que la recurrente, en el memorial del recurso de casación, expone los siguientes motivos:

1) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. El Auto de Vista impugnado le dejó en indefensión y vulneró sus derechos y garantías previstos no solo en la Constitución Política del Estado sino en Tratados Internacionales. Cita las Sentencias Constitucionales Nros. 1056/03-R y 1146/03-R. para sostener que ese presupuesto se presenta “Cuando la Autoridad judicial no observó las normas o creó cause paralelo a lo establecido en las mismas y es aplicable a la ley substantiva como adjetiva” (sic). Sostiene que el Tribunal de Alzada no explicó o demostró los aspectos fundamentales descritos precedentemente, al manifestar que no se hubiese perturbado la seguridad individual o los bienes de la víctima, o sea cumplir la amenaza, para recién tener la tutela jurídica, cuando la norma resulta preventiva, aspecto no considerado ni tomado en cuenta, alude los Autos Supremos Nros. 233 del 4 de julio de 2006 (SP-II) y 4 de 26 de enero de 2007 (SP-II).

2) Falta de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada. La Sentencia distorsionó los sucesos que ocurrió el 26 de enero de 2012 en inmediaciones de la calle Bolívar esquina avenida Camacho, pese a que la imputada reconoció el hecho ocurrido, incluso en la inspección realizada.

3) Falta de fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria. La Sentencia contiene fundamentación insuficiente, ya que se limitó a la prueba ofrecida en la demanda de ampliación y no así a la prueba ofrecida en la demanda principal o acusación particular, lo que le generó indefensión e incertidumbre. Asimismo, precisa que la Sentencia no indica con claridad y precisión en que parte no se hubiere demostrado el hecho, cuando la acusada reconoció la existencia del hecho, resultando insuficiente y contradictoria la fundamentación, por lo que alude el Auto Supremo Nro. 437 del 24 de agosto de 2007.

4) Sentencia basada en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba. La Sentencia no realizó una correcta valoración de la prueba aportada e introducida al juicio, siendo que todos los testigos de cargo fueron contundentes en sus declaraciones y los testigos de descargo reconocieron la existencia del hecho, es más alguna de las testigos mintió, situación que fue aprovechada por la acusada para amedrentarle todo el tiempo.

5) Violación al principio de continuidad. En el curso del proceso se procedió a la suspensión de varias audiencias sin justificación de acuerdo al artículo 335 del Código Penal, aspecto que vulnera el principio de celeridad, continuidad, concentración y legalidad; invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 37 de 27 de enero de 2007.

6) Interpretación completamente sesgada. En la apreciación de la prueba se ingresó en contradicciones, cuando se afirmó que los testigos no acreditaron con suficiente certeza las amenazas, siendo que el Policía indicó haber visto que la acusada tenía algo en su mano y vertió amenazas y la imputada reconoció el lugar donde se cometió el ilícito penal, según consta en la audiencia de inspección.

7) Sana crítica y subsunción de la conducta de la querellada. Inexplicablemente la autoridad refirió que no existe el hecho y no realizó una sana crítica de la documentación presentada y de la conducta de la querellada. Señala que la acusada desconoce actos administrativos, continúa perjudicándole al interponer denuncias maliciosas en su contra para cumplir con sus amenazas.

Cita el artículo 408 del Código de Procedimiento Penal y argumentos doctrinales del delito de amenazas, mencionando al autor Gastón Ríos Anaya, para sostener que la imputada le creó temor, amedrentamiento e intranquilidad no solo a su persona sino también a su familia; en ese sentido, se debió interpretar con sana crítica toda la prueba de cargo ofrecida que resulta suficiente por mandato legal, principio de legalidad y seguridad jurídica, así como el comportamiento de la acusada en el curso del proceso, para aplicarse el artículo 365 del referido cuerpo legal, condenándole a sufrir pena por actos delictivos cometidos en su contra.

La Sentencia apelada carece de fundamentación, toda vez que se limitó a realizar un análisis superficial de las circunstancias ocurridas, al respecto cita el Auto Supremo Nro. 5 de  21 de enero de 2007 (SP-II) para indicar que existe vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) e infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum y del deber de fundamentación, por lo que ante la ausencia de fundamentación que constituye defecto absoluto invoca los Autos Supremos Nros. 437 de 24 de agosto de 2007, 438 de 24 de agosto de 2007, 442 de 10 de septiembre de 2007, 443 de 12 de septiembre de 2007, 448 de 12 de septiembre de 2007, 449 de 12 de septiembre de 2007 y 512 de 11 de octubre de 2007.

Cita como precedente el Auto Supremo Nro. 99 del 24 de marzo de 2005 y la Sentencia Constitucional Nro. 717/06-R de 21 de julio para indicar que el Tribunal no consideró los artículos 20 y 38 del Código Penal, desconociendo el principio de igualdad, creando desproporcionalidad, por lo que no se aplicó los artículos 37 y 38 del referido cuerpo legal, conculcándose los artículos. 109, 115, 116, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado.

En el Otrosí 1º invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 309 del 11 de mayo de 2003, 831 de 13 de diciembre de 2000, 185 de 26 de abril de 2010, 245 de 17 de noviembre de 2008, 319 de 14 de junio de 2003, 318 de 13 de junio de 2003, 613 de 7 de noviembre de 2000, 295 de 22 de junio de 2000, 341 de 10 de junio de 2010, 512 de 11 de octubre de 2007, 592 de 21 de diciembre de 2009, 357 de 6 de noviembre de 2010, 422 de 18 de septiembre de 2009 y 580 de 26 de noviembre de 2009.

Concluye solicitando la admisión del recurso de casación interpuesto, se case y se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, conforme al artículo 419 de la Ley Nro. 1970.

CONSIDERANDO III: (Requisitos de admisibilidad que debe cumplir el recurso de casación)

Que para la admisibilidad del recurso de casación, se debe cumplir con las condiciones formales previstas en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, las cuales son: a) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las demás Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia; b) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; c) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, demostrando previamente la situación de hecho similar; d) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese interpuesto dicho recurso contra la Sentencia por causar agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente; a menos que la sentencia fuera inicialmente favorable a la parte y el agravio hubiere surgido en apelación al dictarse el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

Que el acceso a los recursos se encuentra garantizado por el principio de impugnación y se halla condicionado al cumplimiento de requisitos establecidos de forma taxativa en el artículo 394 del Código de Procedimiento Penal (impugnabilidad objetiva y subjetiva), cuyas reglas generales se encuentran descritas en el artículo 396 de la misma norma legal; así, los artículos 416 y 417 de la Ley Nro. 1970 señalan que la casación, además de ser interpuesta dentro del plazo legal y acompañar la copia de la apelación restringida en la que conste que se invocaron los precedentes citados, o que éstos sean invocados por surgir la contradicción con la emisión del Auto de Vista impugnado, debe contener de manera precisa la contradicción aludida; obligación ante cuyo incumplimiento sobreviene la inadmisibilidad del recurso de casación.

CONSIDERANDO IV: (Cumplimiento de requisitos de admisibilidad en el caso de autos)

I. El Recurso de Casación fue interpuesto contra el Auto de Vista Nro. 58/2013 del 5 de diciembre de 2013 dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí dentro el plazo legal establecido para su presentación, encontrándose cumplido lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 417 del Código de Procedimiento Penal y la recurrente adjuntó copia del recurso de apelación restringida, siendo éste el único medio de prueba permitido.

II. Asimismo, a fin de analizar el cumplimiento de los demás requisitos exigidos por los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, sobre la base de lo establecido en el artículo 418 del citado adjetivo penal, debe recordarse que el Tribunal de Casación tiene como labor contrastar los hechos denunciados con los precedentes contradictorios a los que se refiere el art. 416 del referido cuerpo legal, por ello, para ingresar al fondo del recurso y resolver la problemática planteada, es requisito la invocación del Auto de Vista o Auto Supremo preexistente y contradictorio. Ahora bien, cuando el precedente contradice la Sentencia el mismo debe ser invocado ineludiblemente en el recurso de apelación restringida, pero cuando la Sentencia no contradiga ningún precedente, sino es el Auto de Vista dictado en apelación el que contradice la invocación debe efectuarse en el recurso de casación, en ese marco, se concluye:

1. Con relación a las denuncias insertas en los incisos uno, tres, cinco y siete de los motivos del recurso de casación, referente a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, falta de fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, violación del principio de continuidad y sana crítica y subsunción de la conducta de la querellada, la recurrente Lucinda Burgoa Flores si bien invocó los Autos Supremos Nros. 233 de 4 de julio de 2006 (SP-II), 4 del 26 de enero de 2007 (SP-II), 5 de  21 de enero de 2007 (SP-II), 438 de 24 de agosto de 2007, 442 de 10 de septiembre de 2007, 443 de 12 de septiembre de 2007, 448 de 12 de septiembre de 2007, 449 de 12 de septiembre de 2007, 512 de 11 de octubre de 2007, 99 de 24 de marzo de 2005 (los cuales no fueron invocados a tiempo de interponer el recurso de apelación restringida), 437 de 24 de agosto de 2007, 37 de 27 de enero de 2007, 309 de 11 de mayo de 2003, 831 de 13 de diciembre de 2000, 185 de 26 de abril de 2010, 245 de 17 de noviembre de 2008, 319 de 14 de junio de 2003, 318 del 13 de junio de 2003, 613 del 7 de noviembre de 2000, 295 de 22 de junio de 2000, 341 de 10 de junio de 2010, 512 de 11 de octubre de 2007, 592 de 21 de diciembre de 2009, 357 de 6 de noviembre de 2010, 422 de 18 de septiembre de 2009 y 580 de 26 de noviembre de 2009 (los cuales fueron invocados en el recurso de apelación restringida), empero omitió cumplir con el requisito de admisibilidad consistente en señalar en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los antedichos Autos Supremos, olvidando además establecer si la situación fáctica o de hecho es similar, resultando insuficiente la mención de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, falta de fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, Sentencia basada en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, violación del principio de continuidad,  sana crítica y subsunción de la conducta de la querellada y enumeración de las normas constitucionales supuestamente infringidas que contiene el recurso de casación en examen, referidas además a infracciones en que hubiera incurrido el Juzgado de Sentencia; por lo que, se evidencia que la impugnante no ha cumplido los requisitos de admisibilidad del recurso, previstos por los artículos. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal.

Sumado a ello, respecto a las Sentencias Constitucionales Nros. 1056/03-R, 1146/03-R y 717/06-R de 21 de julio, corresponde anotar que las mismas no constituyen precedentes contradictorios, conforme se deduce de la inteligencia del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto los precedentes contradictorios son aquellos emanados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia.

2. Con referencia a las denuncias insertas en los incisos dos, cuatro y seis de los motivos del recurso de casación, concerniente a la falta de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada, Sentencia basada en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba e interpretación completamente sesgada, se evidencia que la recurrente omitió la invocación del precedente contradictorio en el recurso de casación con carácter de especificidad a los fines del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, esto es señalando en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el precedente contradictorio y estableciendo el nexo de identidad o situación de hecho similar; por lo que, se concluye que la impugnante no ha cumplido los requisitos de admisibilidad del recurso, previstos por los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal.

Consecuentemente, al no cumplir el presente recurso con los requisitos previstos en los citados artículos 416 y 417, resulta inadmisible.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de sus atribuciones, con la facultad conferida en el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Lucinda Burgoa Flores (fs. 124 a 126), impugnando el Auto de Vista Nro. 58/2013 emitido el 5 de diciembre de 2013 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 113 a 115), en el proceso penal seguido por la recurrente contra Martha Téllez Martínez viuda de Velásquez por la presunta comisión del delito de amenazas, previsto y sancionado en el artículo 293 del Código Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Presidente)

                 Miguel Hurtado Zamorano.

ANTE MÍ.   Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano