SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº. 5/2014

Sucre, 10 de febrero de 2014

EXPEDIENTE: Cochabamba 1/2014

PARTES PROCESALES: Filomena Borda De la Fuente contra Rosa Arminda Nogales Claure, Maria Gimena Ledezma Nogales

DELITO: difamación, calumnia, injuria, amenazas

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Filomena Borda De la Fuente (fs. 204 a 205), impugnando el Auto de Vista emitido el 19 de abril de 2012, por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 194 a 197), en el proceso de acción penal privada seguido por Filomena Borda De la Fuente contra Rosa Arminda Nogales Claure y María Gimena Ledezma Nogales, por la presunta comisión de los delitos de difamación, calumnia, injuria y amenazas, previstos y sancionados por los artículos 282, 283, 287 y 293 del Código Penal.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de  casación)

Que el recurso de casación de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Sustanciado el juicio oral, el Juzgado Segundo de Sentencia de capital del departamento de Cochabamba, que conoció esa causa, dictó Sentencia Nro. 10/2008 de 1 de agosto de 2008 (fs. 131 a 140), declarando a las imputadas, Rosa Arminda Nogales Claure y María Gimena Ledezma Nogales, autoras de la comisión de los delitos de difamación e injuria, previstos y sancionados por los artículos 282 y 287 del Código Penal, condenándolas al pago de costas y resarcimiento del daño civil, respecto a la pena, en aplicación del artículo 290 del Código Penal las eximió de la pena. Por otra parte, respecto a los delitos de calumnia y amenazas, las declaró absueltas.

Sobre la Sentencia, las imputadas pidieron explicación, enmienda y complementación; solicitud que mereció proveído de 4 de agosto de 2008 (fs. 146 vuelta), declarando sin lugar la solicitud.

Dicha Sentencia fue recurrida en apelación restringida por Rosa Arminda Nogales Claure y María Gimena Ledezma Nogales en fecha 22 de agosto de 2008 (fs. 161 a 164), y Filomena Borda De la Fuente el 26 de agosto del mismo año (fs.170), originando con ello, el Auto de Vista de 19 de abril de 2012, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró procedentes en parte, las apelaciones restringidas presentadas, disponiendo en consecuencia, la anulación de la Sentencia y la reposición del Juicio Oral por otro Juzgado de Sentencia.

Consta en antecedentes notificación con el Auto de Vista, efectuada a todas las partes de conformidad lo dispuesto por el último párrafo del artículo 163 del Código de Procedimiento Penal, en fecha 20 de noviembre de 2013, motivando con ello que la acusadora particular, Filomena Borda de la Fuente, presente el recurso de casación que es motivo de examen, el 27 de noviembre de 2013.

CONSIDERANDO II: (Motivos de los recursos de casación)

Que la recurrente Filomena Borda de la Fuente, argumenta el recurso como sigue:

PRIMERO. Acusa al Tribunal de Alzada de emitir resolución vulneratoria a sus derechos fundamentales y humanos como el de acceso a la justicia, toda vez que en el “CONSIDERANDO I” de dicha resolución, el Tribunal recurrido “ultrapetitamente” (sic.), concibió erróneamente, como hecho material que la Sentencia estableció supuesta ofensas recíprocas, señala que ese aspecto no fue motivo de juicio  y mucho menos se probó esa circunstancia, que su persona formuló apelación restringida con la finalidad de rectificar la Sentencia mediante la emisión de una nueva, y no anular la Sentencia condenatoria.

SEGUNDO. Denuncia al Tribunal de Alzada, de incurrir en incompetencia por revalorización de la prueba producida y judicializada en audiencia de juicio oral, a efecto de respaldar ese aspecto, transcribe una parte del acápite III.2.1. (Fundamentos jurídicos) del Auto de Vista, como sigue: “Al alegar inobservancia por parte de la autoridad jurisdiccional a-quo de estas normas legales, bajo el argumento legal de que el juez no habría realizado una valoración lógica de los elementos probatorios desarrollados en el juicio, limitándose, limitándose a realizar citas doctrinarias” pero además “existiendo un error de apreciación por parte del juzgador en cuanto a la prueba testifical de cargo y la de descargo que no analiza en la sentencia impugnada, resultando estas contradictorias, no existiría convicción sobre la responsabilidad penal en relación a los ilícitos acusados” (sic), sobre lo que sostiene, que en los hechos se está prejuzgando la inocencia de las imputadas bajo el supuesto de inexistencia del delito, que fue comprobado en el juicio oral.

TERCERO. La recurrente observa que el Auto de Vista hace exigencias fuera de lugar, que no son de cumplimiento obligatorio conforme a Ley, cuando dice que en la Sentencia no se tienen las transcripciones completas de las declaraciones de los testigos, que solo cursan parcialmente; Señala que se revalorizó prueba cuando dicen que los testigos, con relación a los hechos, uno dijo sábado, otro jueves y otro martes y ello dio lugar a hacer afirmaciones subjetivas; refiere también: “dicen que mi persona como víctima si bien fue agredida también físicamente y para demostrar los delitos acusados debería acompañar certificado médico forense, cosas que no sabía que para demostrar los delitos contra el honor el cuerpo del delito representaba este certificado medico forense” (sic).

CUARTO. Manifiesta la impetrante que, probablemente el Tribunal de Alzada confundió el recurso de apelación restringida con el de apelación incidental, como refieren en la parte resolutiva de la resolución impugnada y que por ello oficiosamente revalorizaron prueba y vulneraron la doctrina legal y los precedentes contradictorios.

Concluye solicitando se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, a los fines de que el Tribunal de Alzada emita nueva resolución bajo los lineamientos doctrinales a invocarse como precedentes contradictorios y vulneración de los derechos fundamentales y humanos.

En el “OTROSÍ 1ro.”, solicita se tengan como precedentes invocados los Autos Supremos Nros. 229 de 27 de septiembre de 2012, 344 de 15 de junio de 2011, 359 de 5 de julio de 2011 y 336 de 13 de junio de 2011.

CONSIDERANDO III: (Requisitos de admisibilidad que debe cumplir el recurso de casación)

Que para la admisibilidad del recurso de casación, resulta menester observar y cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, los cuales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, demostrándose previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese interpuesto dicho recurso contra la Sentencia por causarle agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente.

Conforme lo precedentemente anotado, se debe entender que, el incumplimiento de alguno de los requisitos en la interposición de la impugnación casatoria, tiene como efecto que el Tribunal Supremo de Justicia declare inadmisible el recurso, razón por la que el examen respecto la observancia de las exigencias señaladas debe ser efectuada a cabalidad, garantizando así el derecho a la igualdad de las partes y brindando seguridad jurídica a los justiciables y a la víctima; en ese entendido, para que el planteamiento del recurso sea efectivo y/o eficaz, el recurrente no solo debe presentar el recurso dentro el plazo legal establecido, sino, en cumplimiento a las exigencias contenidas en el artículo 417 concordante con el 416 del Código de Procedimiento Penal, invocar uno o más precedentes contradictorios, puntualizando los aspectos cuestionados en el Auto de Vista, fundamentando y motivando de forma clara y precisa la contradicción en la que incurrió el Tribunal de Alzada respecto a dichas resoluciones, precisando si la norma adjetiva o sustantiva aplicada en el Auto de Vista cuestionado es distinta a la del precedente o si se aplicó la misma con diverso alcance, no siendo suficiente la cita, referencia o simple transcripción de la resolución invocada, resoluciones que necesariamente deben corresponder a situaciones fácticas análogas, en las que concurran elementos comunes que hagan posible su catalogación como similares en cuanto a su naturaleza, contenido y finalidad; cumplido ese requisito esencial, el Tribunal de Casación abre competencia para verificar la existencia o no de las contradicciones denunciadas, y ejercer sus competencias unificadora y nomofiláctica.

Por otra parte, de forma excepcional y sólo ante las denuncias referentes a la vulneración de garantías y/o derechos fundamentales, cuyas consecuencias procesales tengan connotaciones de orden constitucional, y que como consecuencia podrían devenir en defectos absolutos y la consiguiente nulidad de actos; el Tribunal de Casación resuelve dichas denuncias, en tanto se encuentren objetivamente fundamentadas y motivadas y cumpla los requisitos de admisibilidad establecidos por la línea jurisprudencial sentada por este Tribunal de Justicia, es decir, quien recurra alegando defectos absolutos debe establecer : a) Los hechos que dieron origen al recurso; b) Detalle preciso del agravio (acción u omisión de la autoridad recurrida y los aspectos que el recurrente considera erróneamente aplicados o inaplicados); c) La identificación clara del derecho fundamental o la garantía constitucional emergente del agravio y su consecuente restricción o disminución; d) Fundamentación y motivación precisa del vínculo causal entre el defecto denunciado y el resultado dañoso emergente en observancia de los principios que rigen las nulidades procesales (trascendencia, especificidad, saneamiento, finalidad del acto y convalidación); e) Las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotación constitucional. En el mismo sentido se pronunció la Sentencia Constitucional Plurinacional Nro. 1112/2013 de 17 de julio en el acápite “III.1.La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre la flexibilización en la exigencia del precedente contradictorio ante defectos absolutos”, y la Sentencia Constitucional Plurinacional Nro. 1864/2013 de 29 de octubre que estableció principios doctrinales sobre la actividad procesal defectuosa en su acápite: “III.3 Actividad procesal defectuosa. Principios doctrinales”.

CONSIDERANDO IV: (Cumplimiento de requisitos de admisibilidad en el caso de autos)

Que analizados los argumentos expuestos por la recurrente Filomena Borda de la Fuente, a efectos del juicio de admisibilidad, se tiene que:

I. El recurso fue interpuesto contra el Auto de Vista de 9 de abril de 2012, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamento de Justicia de Cochabamba, en fecha 27 de noviembre de 2013, y habiendo sido notificada la recurrente  en la forma dispuesta por el último párrafo del artículo 163 del Código de Procedimiento Penal, en fecha 20 de noviembre de 2013, se establece que fue presentado dentro del plazo legal, encontrándose cumplido lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 417 del Código de Procedimiento Penal.

II. Con relación a los demás requisitos de admisibilidad, la recurrente de manera general cita los Autos Supremos Nros. 229 de 27 de septiembre de 2012, 344 de 15 de junio de 2011, 359 de 5 de julio de 2011 y 336 de 13 de junio de 2011, pero en ninguno de los motivos de casación, expresa contradicción con alguno de los precedentes invocados; por lo que, dado que el recurso cuenta con varios reclamos, debió explicitar la o las contradicciones en la forma señalada en el CONSIDERANDO III de la presente resolución, y referir cual de los precedentes está dirigido a sustentar cada uno de sus argumentos, en consecuencia, ante el incumplimiento de los requisitos formales, las resoluciones invocadas no serán consideradas en calidad de contradictorios.

Por otra parte, los argumentos generales respecto a la vulneración de derechos fundamentales y humanos, no permite identificar objetivamente acto que restrinja o suprima derechos fundamentales y garantías constitucionales, ni las reconocidas en el bloque de constitucionalidad, toda vez que:

En el motivo PRIMERO, en que acusa al Tribunal de Alzada de emitir resolución vulneratoria a sus derechos fundamentales y derechos humanos como el de acceso a la justicia, porque conforme refiere la recurrente- en el “CONSIDERANDO I” el Auto de Vista, de forma ultra petita concibió erróneamente, como hecho material que la Sentencia estableció supuestas ofensas recíprocas; no es posible identificar el agravio, no se verifican fundamentos sólidos que acrediten normativamente la existencia de perjuicio que merezca dejar sin efecto el Auto de Vista, si bien identificó como  derecho vulnerado el acceso a la justicia, no identificó la norma vulnerada, en consecuencia, el primer motivo no puede ser admitido por la vía excepcional.

En el motivo SEGUNDO, la recurrente denuncia al Tribunal de Alzada de revalorizar prueba producida en juicio, aspecto que dice- se encuentra fuera de su competencia, para lo que transcribe la siguiente parte del acápite III.2.1. del Auto de Vista (Fundamentos jurídicos) como sigue: “Al alegar inobservancia por parte de la autoridad jurisdiccional a-quo de estas normas legales, bajo el argumento legal de que el juez no habría realizado una valoración lógica de los elementos probatorios desarrollados en el juicio, limitándose a realizar citas doctrinarias” pero además “existiendo un error de apreciación por parte del juzgador en cuanto a la prueba testifical de cargo y la de descargo que no analiza en la sentencia  impugnada, resultando estas contradictorias, no existiría convicción sobre la responsabilidad penal en relación a los ilícitos acusados” (sic. el subrayado es nuestro).

De la primera parte de la transcripción que precede (subrayado), se establece que lo que transcribe la recurrente, corresponde a un motivo alegado en el recurso de apelación; es decir, con claridad se establece que corresponde a la delimitación del motivo a analizar en alzada, no correspondiendo en consecuencia a fundamentos propios esgrimidos por el Tribunal recurrido, mucho menos a sus conclusiones; de lo que se establece que el motivo carece de fundamento sólido que haga viable su revisión en el fondo a efectos de verificar la existencia de revalorización de prueba; pues correspondía a la actora, establecer de forma clara y precisa, la manera en que los de alzada incurrieron en revalorización de la prueba, debió señalar cuales los argumentos y/o conclusiones del Tribunal de Alzada que reflejan ese hecho, cual fue la prueba nuevamente valorada, cual fue el valor positivo o negativo otorgado, también debió indicar cual fue la norma vulnerada, derecho fundamental o garantía constitucional transgredida y el perjuicio ocasionado conforme el principio de trascendencia; ante el incorrecto planteamiento, el motivos segundo tampoco puede ser admitido en la vía excepcional.

En el motivo TERCERO, la recurrente observa que el Auto de Vista hace exigencias fuera de lugar, que no son de cumplimiento obligatorio conforme a Ley; pero al respecto omite acreditar normativamente el perjuicio, pues si bien es cierto que señala que el Tribunal mencionó que no constan las transcripciones completas de las declaraciones de los testigos, no expresa cual fue el daño ocasionado conforme el principio de trascendencia, menos señala normativa vulnerada.

Respecto a que el Tribunal revalorizó prueba cuando mencionó que los testigos, con relación a los hechos, uno dijo sábado, otro jueves y otro martes y ello dió lugar a hacer afirmaciones subjetivas; este Tribunal, tampoco encuentra fundamentos que hagan viable su pretensión, toda vez que la recurrente, omite argumentar conforme el último párrafo del “CONSIDERANDO III” de esta resolución, pues no se puede establecer el resultado dañoso, tampoco las consecuencias procesales que dejen ver relevancia constitucional que permita considerar en el fondo lo alegado, ya que minimamente, quien recurre debe dejar ver la posibilidad de la existencia de perjuicio real, supresión o restricción de fundamentales y/o garantías constitucionales.

En cuanto a la afirmación de que el Tribunal señaló que para demostrar los delitos contra el honor requería Certificado Médico Forense, al igual que en las anteriores consideraciones, la recurrente, no acredita normativamente el agravio, no establece norma vulnerada, ni identifica derecho fundamental o garantía constitucional infringida.

Del análisis de los argumentos expuestos en el motivo TERCERO, se establece que las omisiones en las que incurrió la recurrente, no permiten la admisión excepcional del motivo.

Finalmente, en el motivo CUARTO, el argumento subjetivo y general de la actora, no permite identificar ni delimitar denuncia relativa a la vulneración de normativa alguna, mucho menos infracción a algún derecho fundamental o garantía constitucional que haga procedente la admisión excepcional del motivo.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de sus atribuciones, con la facultad conferida en el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Filomena Borda De La Fuente (fs. 204 a 205), impugnando el Auto de Vista emitido el 19 de abril de 2012 por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 368 a 371), en el proceso de acción penal privada seguido por Filomena Borda De La Fuente contra Rosa Arminda Nogales Claure y María Gimena Ledezma Nogales, por la presunta comisión de los delitos de difamación calumnia, injuria y amenazas, previstos y sancionados por los artículos 282, 283, 287 y 293 del Código Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Presidente)

                 Miguel Hurtado Zamorano.

ANTE MÍ.   Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano