SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº. 346/2013

Sucre, 3 de diciembre de 2013

EXPEDIENTE: La Paz 240/2013

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Corporación Andina de Fomento (CAF) representada por Omar Vargas Claure contra Carlos Roberto Solares Abastoflor, Erika Patricia Mollinedo Suárez

DELITO: estelionato

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VISTOS: Los recursos de casación presentados por Carlos Roberto Solares Abastoflor y Erika Patricia Mollinedo Suárez (fs. 380 a 381) y por el acusador particular Corporación Andina de Fomento (CAF) representada legalmente por Omar Vargas Claure (fs. 395 a 396), impugnando el Auto de Vista Nro. 13/2012 emitido el 22 de marzo de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 375 a 377), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, la Corporación Andina de Fomento (CAF) contra Carlos Roberto Solares Abastoflor y Erika Patricia Mollinedo Suárez por la presunta comisión del delito de estelionato, previsto y sancionado por el artículo 337 del  Código Penal.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes de los recursos de casación)

Que el recurso de casación de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:

En mérito a la acusación fiscal (fs. 10 a 12) y acusación particular (fs. 44 a 47) y, desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia Nro. 3/2011 de 6 de abril de 2011 (fs. 245 a 253), el Tribunal de Sentencia Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Carlos Roberto Solares Abastoflor y Erika Patricia Mollinedo Suárez, autores de la comisión del delito de estelionato, previsto y sancionado por el artículo 337 del Código Penal, sancionándolos a la pena privativa de libertad de tres años de reclusión a ser cumplida en el penal de San Pedro de La Paz y el Centro de Orientación Femenina de Obrajes respectivamente, al pago del daño civil ocasionado y costas a favor del Estado.

Contra la Sentencia mencionada, los acusados y el acusador particular, formularon recurso de apelación restringida (fs. 292 a 295 y 303 a 305), motivando el pronunciamiento del Auto de Vista Nro. 13/2012 de 22 de marzo de 2012 (fs. 375 a 377), que declaró improcedentes ambos recursos de apelación restringida.

Notificados los acusados y acusador particular con el Auto de Vista conforme la diligencia de fojas 378, ambas partes en fecha 4 de octubre de 2012, interpusieron recurso de casación el 11 de octubre de  2012, que son motivo de autos.

CONSIDERANDO II: (Motivos de los recursos de casación)

A) DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LOS ACUSADOS CARLOS ROBERTO SOLARES ABASTOFLOR Y ERIKA PATRICIA MOLLINEDO SUÁREZ SE EXTRAE EL SIGUIENTE MOTIVO:

Ausencia de motivación en el Auto de Vista: Los acusados, refieren que el Auto de Vista es contrario al Auto Supremo Nro. 5 de 21 de enero de 2007 que determina los requisitos que debe contener toda resolución, advirtiendo que la resolución producto de los medios de impugnación, debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica, para satisfacer el derecho de los litigantes a no ser sometidos a decisiones arbitrarias; en el caso, el Auto de Vista no expresa ninguna motivación seria ni razonable, se basa en generalidades y abstracciones, sus considerandos no son más que imprecisiones y expresiones difusas e inentendibles, no respeta el orden lógico de exposición que debe guardar todo fallo.

Prosiguen señalando que el Auto de Vista está compuesto de tres considerandos, el primero en pocas líneas es una ampliación del encabezado, el segundo indica la existencia de los recursos de apelación restringida presentados por ambas partes y el tercero está dividido en cuatro puntos, de los cuales, el primero nuevamente hace alusión de actos procesales y nada más, el segundo menciona algunos aspectos de la apelación restringida, sin hacer mención alguna sobre los aspectos cuestionados en el recurso, es un conjunto de oraciones abstractas, difusas con carácter teórico sesgado que no arribó a lo cuestionado a la sentencia.

En el inciso b), se refirió a que se cuestionaron errores relacionados al análisis y valoración de la prueba MP1 y el Tribunal de Alzada rechazó esta queja indicando que no se especificó cuál debería ser la interpretación que tendría que haber asumido el Tribunal de Sentencia Primero, ni siquiera identifican en qué consiste la prueba MP-1, ni cuáles los aspectos cuestionados de su parte, lo que demuestra que el Auto de Vista no es expreso, sólo hace alusión a la prueba y al cuestionamiento que realizaron contra la misma y concluyó que esa prueba está correctamente valorada por el Tribunal de Sentencia.

En el inciso c) del considerando tercero, el Auto de Vista impugnado trata de la apelación restringida que formularon contra la resolución incidental, lo que no debería ser parte del contenido de un Auto de Vista que es producto de una apelación restringida, sin embargo, con el fin de darle contenido a su menguado fallo de segunda instancia introdujo esta temática. La misma ruta perdida  asume el inciso f) del mentado fallo impugnado.

En el inciso d) del mismo considerando, es un conjunto de oraciones desconectadas de todo asunto concreto, transcriben el nombrado inciso y afirman que sus frases muestran una parte conclusiva, pero no exhiben lo más básico del análisis, puesto que para analizar y explicar debió tomar en cuenta todos los puntos apelados y referirse concretamente a cada uno de ellos para cotejarlos con las normas procesales, no existe un iter lógico para llegar a las oraciones a las que arribó el Tribunal de Alzada.

En el inciso e) refieren que el Auto de Vista, transcribió jurisprudencia constitucional y ordinaria sobre los principios de especificidad, trascendencia, convalidación y nulidades procesales, respecto al último principio el Tribunal de Alzada expresó: “Ahora bien en este caso es preciso considerar el principio de convalidación, el mismo que según la jurisprudencia señalada; ha sido ejecutoriada incluso ha pedido de la defensa, quien se allanó y se adhirió a los pedidos de la acusación particular; además que en todos los demás actos procesales la defensa no ha reclamado, ni se ha reservado derecho a la apelación” (sic), concluyendo el Tribunal que confirma la sentencia indicando que ellos (los acusados) aceptaron actos procesales y que no hicieron reserva de apelar contra otros, pero no indica cuáles son esos actos que encontró el Tribunal como consentidos expresamente y cuáles como consentidos tácitamente.

Refieren que la resolución objeto del recurso casación, no tiene motivación alguna considerada ésta como garantía constitucional, -dicen- el Tribunal debe anular el Auto de Vista y disponer se emita otro que sea claro, completo y lógico, conforme a la doctrina legal aplicable porque el recurrido contradice al Auto Supremo Nro. 5 de 21 de enero de 2007.

B) DEL RECURSO DE CASACIÓN FORMULADO POR LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) REPRESENTADA POR OMAR VARGAS CLAURE, SE TIENEN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

1. Incongruencia entre la parte considerativa y dispositiva, violación a la “reformatio in peiu”, errónea aplicación de la ley sustantiva penal, falta de motivación y justificación.

Bajo este epígrafe, la entidad acusadora Corporación Andina de Fomento (CAF) formula recurso de casación contra el Auto de Vista 13/2012 de 22 de marzo de 2012 porque no guarda congruencia entre la parte considerativa y la dispositiva, viola la “reformatio in peiu” e incurre en errónea aplicación de la ley sustantiva penal.

Sostiene que interpuso apelación restringida por falta de fundamentación en la sentencia respecto a la imposición de la pena conforme establecen los artículos 370 incisos 1) y 5), 407 y 124 del Código de Procedimiento Penal.

Continúa expresando a manera de antecedentes, que el Tribunal Primero de Sentencia emitió la Sentencia Nro. 3/2011 de 6 de abril de 2011, condenando a los acusados por el delito de estelionato previsto en el artículo 337 del Código Penal sancionándolos a la pena privativa de libertad de tres años de reclusión, al pago del daño civil ocasionado y costas a favor del Estado. Esta determinación fue impugnada por la Corporación Andina de Fomento (CAF) a la cual se adhirió el Ministerio Público con los siguientes fundamentos: “La Sentencia recurrida solo consideró en lo que atañe a la FUNDAMENTACIÓN DE LA PENA la personalidad de los imputados sosteniendo que Carlos Roberto Solares Abastoflor es una persona adulta, con grado de instrucción superior, y Erika Patricia Mollinedo Suárez es una persona adulta, con grado de instrucción técnico, ambos padres de familia, casados entre sí y en ningún momento han negado la existencia de una deuda con la parte querellante, pero no dicen cuál el antecedente y daño causado, se limitan a referir que demostraron arrepentimiento y además voluntad de reparar el daño causado, cuando los miembros del Tribunal afirman que esos bienes dados en garantía fueron vendidos a terceras personas, lo cual contradice no solo la supuesta voluntad de reparar el daño, sino también ingresa en incongruencia entre la fundamentación de la pena y la parte dispositiva de la sentencia” (sic).

El recurrente aclara que, en el recurso que interpuso, no fundamentó agravios sobre la supuesta violación a principios y garantías constitucionales conforme cita el punto c) numeral 3 de la resolución recurrida, tampoco solicitó la nulidad de actos procesales conforme el punto d) del numeral 3 de la resolución recurrida, estableciéndose que las observaciones efectuadas por el Tribunal de Apelación en los citados incisos resultan ultra petita, al no haber sido fundamentados por la Corporación Andina de Fomento.

Prosigue refiriendo que, el exceso de alejarse de los aspectos cuestionados en el memorial de apelación restringida fue objeto de análisis por parte de la Excma. Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal Primera en el Auto Supremo Nro. 448 de 12 de septiembre de 2007, estableciendo en la doctrina legal aplicable lo siguiente: “…el Tribunal de apelación al circunscribirse su competencia a los puntos impugnados o a los defectos absolutos, los mismos deben encontrarse en el fundamento respectivo….” (sic).

Que la resolución impugnada también contradice el Auto Supremo Nro. 410 de 20 de octubre de 2006 que señala: “Los Tribunales de Alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, en consecuencia no pueden considerar otros aspectos procesales que amerite nombrar en forma “ultrapetita” en atención al principio de legalidad que obliga a los Tribunales de alzada de observar estrictamente esta disposición……” (sic).

Sostiene que los Autos Supremos invocados constituyen precedente contradictorio al Auto de Vista Nro. 13/2012 de 22 de marzo de 2012, que vulnera el principio de igualdad de aplicación de la ley, legalidad y debido proceso, se aleja en su análisis de los agravios fundamentados por la Corporación Andina de Fomento extremo que debe ser reparado declarando fundado el recurso de casación.

Ingresando al motivo de casación refiere que, el Tribunal de Apelación no realizó un análisis adecuado respecto al agravio fundamentado por la Corporación Andina de Fomento en relación a la errónea aplicación de la ley sustantiva penal, por falta de fundamentación en la sentencia respecto a la imposición de la pena, se limitó a señalar en el inc. b) núm. 3 lo siguiente: “Con relación a la determinación de la pena impuesta, la misma ha sido determinada conforme los criterios de sana crítica determinados en el Código de Procedimiento Penal”(sic), concluyendo que la Sala Penal Segunda no cumplió con el mandato constitucional de motivar y justificar adecuadamente la resolución, reemplazando la fundamentación por una simple parafraseada omitiendo dar una respuesta adecuada a cada uno de los agravios expuestos, considerar y en su caso aplicar la línea jurisprudencial ofrecida como precedente a fin de precautelar los principios del debido proceso, derecho a la defensa, seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva los cuales fueron vulnerados al no tomarse en cuenta los Autos Supremos citados como precedente.

2. Error injudicando, falta de fundamentación en la sentencia en relación a la imposición de la pena.

El acusador señala que a tiempo de interponer el recurso de apelación restringida, invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 114 de 20 de abril de 2006 y 50 de 27 de enero de 2007, los que no fueron considerados en la resolución recurrida. En el primer caso, el Auto Supremo en su doctrina legal aplicable, estableció la fundamentación y las condiciones para aplicar la pena en mérito a las circunstancias modificativas a la responsabilidad penal conforme los alcances de los artículos 37 y 38 del Código Penal, por lo que el Tribunal de Alzada debió tomar en cuenta el valor probatorio de las pruebas, principalmente el daño causado con la conducta delictiva en la que incurrieron los acusados, éste razonamiento guarda relación con el Auto Supremo Nro. 50 de 27 de enero de 2007 que refirió: “Para el proceso de determinación de la pena hay que tomar en cuenta especialmente los hechos precedentes, las circunstancias y las  condiciones de vida del imputado. Igualmente las causas que llevaron a la comisión del hecho delictivo y el hecho mismo”.

Continúa expresando que los fundamentos de los precedentes invocados, no fueron considerados en la resolución recurrida, lo que constituye un agravio a la seguridad jurídica al evidenciarse una errónea aplicación de la ley sustantiva penal por falta de fundamentación en la sentencia respecto a la imposición de la pena, solicitando se admita el recurso, se case el Auto recurrido, se repare directamente los agravios impugnados y se imponga una pena de reclusión de cinco años a los acusados.

CONSIDERANDO III: (Requisitos de admisibilidad que debe cumplir el recurso de casación)

El artículo 416 del Código de Procedimiento Penal, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el artículo 42 de la Ley del Órgano Judicial, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

Para su admisibilidad, a tiempo de su interposición debe observarse las condiciones de tiempo y forma establecidas en los artículos 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son: 1) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada; 2) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentido jurídico diverso, especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas; 3) Como única prueba admisible debe acompañarse copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio debe ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia fuera inicialmente favorable a la parte y el agravio hubiere surgido en apelación al dictarse el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

El artículo 417 de la Ley Adjetiva Penal concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos, determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

 CONSIDERANDO IV: (Cumplimiento de requisitos de admisibilidad en el caso de autos)

Que en el caso presente, se constata que los recurrentes cumplieron con el primer requisito de forma, es decir, al plazo para la interposición del recurso de casación, tomando en cuenta que, conforme la diligencia de fojas 378 de obrados, los acusados y el acusador particular fueron notificados con el Auto de Vista en 4 de octubre de 2012 a horas 16:50 y 17:30 respectivamente, presentando recurso de casación ambas partes el 11 de octubre de 2012, es decir, dentro del plazo de cinco días que otorga la ley .

En cuanto a los demás requisitos de formulación se tiene:

A) RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LOS ACUSADOS ROBERTO SOLARES ABASTOFLOR  Y ERIKA PATRICIA MOLLINEDO SUÁREZ:

Respecto al motivo referido a la ausencia de motivación del Auto de Vista, citan como precedente el Auto Supremo Nº 5 de 21 de enero de 2007, revisado el mismo, se constata que su fecha correcta de emisión es 26 de enero de 2007, asimismo, los recurrentes expresan la contradicción aludiendo que el precedente determina los requisitos que debe contener toda resolución y que, en el caso, el Auto de Vista impugnado carece de motivación y no resolvió todos los puntos apelados que cuestionan a la sentencia, quedando claramente establecida la situación de hecho análoga, por lo que corresponde la admisión de este motivo.

B) DEL RECURSO DE CASACIÓN FORMULADO POR LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) SE TIENE:

Respecto al primer motivo, falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista en lo relativo a la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva por falta de fundamentación en la imposición de la pena en sentencia, el recurrente invoca como precedentes los Autos Supremos Nros. 448 de 12 de septiembre de 2007 y 410 de 20 de octubre de 2006 y señala como aspecto contradictorio que el Tribunal de Alzada debe circunscribir su resolución a los aspectos cuestionados en la resolución, aspecto que en el caso no se cumplió, toda vez que el Tribunal de Apelación no realizó un análisis adecuado respecto al motivo relacionado a aplicación errónea de la ley sustantiva penal por falta de fundamentación de la sentencia en la imposición de la pena, en consecuencia, corresponde admitir este motivo.

Con relación al segundo motivo, referido  a error injudicando, errónea aplicación de la ley sustantiva penal, falta de fundamentación en la sentencia con referencia a la imposición de la pena, fundamentos que el Tribunal de Alzada en criterio de la entidad recurrente- no consideró, se invocan como precedentes los Autos Supremos Nros. 114 de 20 de abril de 2006 y 50 de 27 de enero de 2007, los mismos que están referidos a defectos de sentencia y fueron invocados en apelación restringida. Asimismo, la entidad impugnante señala la contradicción en relación al Auto de Vista recurrido el que al  haber confirmado la sentencia no realizó un análisis adecuado con relación a la errónea aplicación de la ley sustantiva penal, falta de fundamentación de la sentencia respecto a la imposición de la pena; por tanto, -en criterio de la entidad recurrente- se apartó de los precedentes invocados, resultando admisible  este motivo.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara ADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Carlos Roberto Solares Abastoflor y Erika Patricia Mollinedo Suárez, así como el formulado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) representada legalmente por Omar Vargas Claure, impugnando el Auto de Vista Nro. 13/2012 emitido el 22 de marzo de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, la Corporación Andina de Fomento (CAF) contra Carlos Roberto Solares Abastoflor y Erika Patricia Mollinedo Suárez por la presunta comisión del delito de estelionato, previsto y sancionado por el artículo 337 del  Código Penal.

Por Secretaría de Sala remítase copias legalizadas de la Sentencia, el Auto de Vista y el presente Auto Supremo a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, para que se inhiban de dictar resoluciones en las que se debaten las mismas cuestiones de derecho, hasta que se les haga conocer la resolución emergente de este recurso de casación, todo conforme prevé el citado artículo 418 en su parágrafo segundo del mismo cuerpo legal.

Regístrese y notifíquese.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Presidente)

                 Jorge I. Von Borries Méndez.

ANTE MÍ.   Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano