SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº. 344/2013

Sucre, 3 de diciembre de 2013

EXPEDIENTE: Oruro 207/2013

PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Rubén Ángel Trujillo Acebedo, Carola Ribera Tobías

DELITO: tráfico de sustancias controladas

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Carola Ribera Tobías (fs. 149 a 154), impugnando el Auto de Vista Nro. 19/2013 emitido el 20 de junio de 2013 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 136 a 139), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rubén Ángel Trujillo Acebedo y la recurrente por el delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 48 en relación al inciso m) del artículo 33 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

Que de la revisión de los antecedentes remitidos en casación se establece lo siguiente:

Desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia Nro. 6/2012 de 28 de agosto de 2012, (fs. 68 a 75), la Jueza Segundo de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Rubén Ángel Trujillo Acebedo y Carola Ribera Tobías, autores del delito de tráfico de sustancias controladas tipificado en el artículo 48 relacionado con el "Art. 33-m" (sic) de la Ley 1008, condenándolos a la pena de diez años de presidio a cumplir en el Centro Penitenciario "San Pedro" de Oruro y al pago de 500 días multa "por cada uno" (sic), a razón de Bs. 1.00 (un boliviano 00/100) por cada día, mas costas y pago de responsabilidad civil a favor del Estado.

Contra la mencionada Sentencia, los imputados Carola Ribera Tobías y Rubén Ángel Trujillo Acebedo, formularon recurso de apelación restringida (fs. 83 a 88 y 106 a 107, respectivamente) siendo resuelto por Auto de Vista Nro. 19/2013 de 20 de junio, (fs. 136 a 139), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró "IMPROCEDENTE" (sic) los recursos promovidos por los imputados y "mantiene firme" (sic) la sentencia apelada.

Notificada la imputada Carola Ribera Tobías con la citada resolución del Tribunal de Alzada, en fecha 27 de septiembre de 2013, conforme diligencia cursante a fojas 140, interpuso recurso de casación, que es motivo de autos, el 4 de octubre del mismo año.

CONSIDERANDO II: (Motivos del recurso de casación)

Que analizado el referido recurso de casación, fue admitido conforme a los argumentos descritos en el Auto Supremo Nro. 305/2013 de 24 de octubre de 2013 y según los siguientes motivos:

1. El Auto de Vista contiene fundamentación insuficiente. Manifiesta que el Auto de Vista impugnado contiene fundamentación insuficiente, refiriendo que en el recurso de apelación restringida señaló que en la sentencia es imposible constatar el acierto de la decisión, porque la motivación es insuficiente. Señala que en la sentencia impugnada, no se tomaron en cuenta los argumentos de la fundamentación conclusiva de su parte y menos la prueba desfilada en el juicio oral, que además de desmerecer el valor de la decisión, promovió el reclamo y agravio a partir de la insuficiencia de la fundamentación; y, que al respecto, en el Auto de Vista impugnado, no existe la más mínima apreciación "o siquiera mención" (sic), demostrando que la Resolución ahora impugnada no resuelve todos y cada uno de los "tópicos" (sic) de la apelación restringida. Arguye que la Juez ni el Tribunal de Alzada se pronunciaron sobre las alegaciones de la defensa, la prueba de descargo y el valor en contraste con las alegaciones y pruebas del Ministerio Público, por lo que la insuficiente fundamentación afectó la garantía del debido proceso en su vertiente del derecho a la resolución fundamentada, conculcándose el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado en relación al artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal.

En la parte subtitulada "PRECEDENTES CONTRADICTORIOS" (sic), y con "relación a que el Auto de Vista debe responder a todos los tópicos que fueron impugnados en el recurso de apelación restringida" (sic), cita como precedente contradictorio, el Auto Supremo Nro. 4/2013 de 31 de enero, refiriendo que esta resolución indica que, es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, emitiendo criterios jurídicos que respaldan los fundamentos de la resolución impugnada en todos sus puntos.

2. Sentencia impugnada contiene insuficiente fundamentación en relación a los elementos constitutivos del tipo penal. Señala que un segundo agravio que denunció en el recurso de apelación restringida, fue que la Sentencia contenía insuficiente fundamentación en relación a los elementos constitutivos del tipo penal, que al haberla declarado autora del delito de tráfico de sustancias controladas, en la parte dispositiva de la sentencia no incorpora "las modalidades que fueron objeto del proceso penal” (sic). Refiere que no se especificaron las modalidades por las que fue condenada, que únicamente se hicieron alusiones de algunas, más no razonamientos vinculados a sus elementos constitutivos y su vinculación con la conducta que habría sido objeto del juicio oral. Señala que se le condena por dos modalidades "posesión dolosa" y "tener en depósito", pero que son excluyentes y que la última modalidad citada no mereció una traducción semántica, menos fundamento alguno.

Manifiesta que el Tribunal de Alzada omitió pronunciarse en relación a la denuncia que realizó la recurrente vinculada a la falta de fundamentación de los elementos constitutivos de la modalidad "tener en depósito" por la que fue condenada sin el más mínimo fundamento explicativo de esta modalidad.

Indica que en apelación restringida, reclamó que no existía ninguna fundamentación en Sentencia con relación a las modalidades de "posesión dolosa" y "tener en depósito"; sin embargo la fundamentación del Tribunal de Alzada, más allá de no ser una respuesta coherente al fundamento del recurso de apelación restringida, es poco comprensible. Por lo que la fundamentación del Auto de Vista resulta insuficiente, en mérito a que convalidó, "de manera retórica" (sic).

Refiere que fue condenada por modalidades "que aparecen únicamente en la parte considerativa, estando ausentes a lo largo de la sentencia, en cuanto a un razonamiento concreto" (sic).

En la parte subtitulada "PRECEDENTES CONTRADICTORIOS" (sic), con "relación a la calificación del tipo penal y la necesidad de establecer una fundamentación vinculada a los elementos constitutivos del tipo penal” (sic), cita parte de la doctrina legal aplicable del Auto Supremo Nro. 431 de 11 de octubre de 2006, que entre los aspectos que refiere, está la indicación de que la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito.

Finaliza solicitando que se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, ordenando que el Tribunal de Alzada pronuncie nueva resolución de vista conforme a la doctrina legal aplicable.

CONSIDERANDO III: (Verificación de la contradicción con los precedentes invocados.

Que conforme el Auto Supremo de Admisión Nro. 305/2013 de 24 de octubre de 2013, el análisis del presente recurso, se circunscribirá a la verificación de las denuncias expuestas en la citada resolución, las que se encuentran relacionadas con la aparente contradicción incurrida por las Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, al momento de emitir el Auto de Vista Nro. 19/2013 de 20 de junio de 2013, con los Autos Supremos Nros. 4/2013 de 31 de enero de 2013 y 431 de 11 de octubre de 2006, resoluciones admitidas en calidad de precedentes contradictorios.

Al respecto es preciso señalar que, el objetivo del recurso de casación es asegurar el exacto y uniforme cumplimiento de la Ley penal en los fallos judiciales en todo el territorio nacional, valiéndose para ello de la competencia atribuida al Supremo Tribunal (la unificación jurisprudencial y nomofilaxis), con la finalidad de garantizar el principio de igualdad ante la Ley, en observancia de la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que es un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales por el Tribunal de Apelación, contrarios a otros precedentes, por lo que se ha dejado establecido que no todo Auto de Vista es recurrible en casación, sino únicamente los que resulten ciertamente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; es decir, para que el planteamiento del recurso sea eficaz, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentar su recurso dentro del plazo establecido por ley y señalar la contradicción en la que incurrió el Tribunal de Alzada, sino, asegurarse que los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, debiendo concurrir elementos comunes que hagan posible su catalogación como similares en cuanto a su naturaleza, contenido y finalidad, lo contrario implica la imposibilidad del Tribunal Supremo de cumplir con su competencia unificadora y nomofiláctica. Con lo previamente señalado, corresponde a este máximo Tribunal de Justicia expresar las conclusiones a las que arribó en el presente caso:

A ese efecto, debe considerarse que la doctrina legal invocada, contenida en el  Auto Supremo Nro. 4/2013 de 31 de enero de 2013, establece que: “Es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, emitiendo criterios jurídicos que respaldan los fundamentos de la resolución impugnada, en todos sus puntos. El sistema de recursos contenido en el Código de Procedimiento Penal, ha sido concebido para efectivizar la revisión de los fallos dictados como emergencia del juicio penal y en este propósito el artículo 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. Esta garantía, específicamente en el caso de la apelación restringida, se resguarda a través del artículo 399 del Código de Procedimiento Penal en cuya virtud el Tribunal de Alzada se encuentra compelido, una vez interpuesto el recurso, de hacer saber al recurrente sobre la existencia de defectos u omisiones de forma, dándole un término de tres días para que lo amplíe o corrija bajo apercibimiento de rechazo. De la interpretación cabal de la norma aludida en concordancia con el mandato del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal queda claro que el rechazo es la forma de resolver la apelación restringida que ha sido formulada sin los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos. 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal (claro está, luego de haberse otorgado a la parte el plazo previsto por el artículo 399 citado) entretanto que la improcedencia o procedencia del recurso constituye una decisión y resolución del Tribunal de Alzada que debe responder exclusivamente al resultado del juicio de legalidad ordinaria, es decir a la verificación de la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, no resultando congruente declarar tal improcedencia bajo el fundamento de incumplimiento de requisitos que hacen a la admisibilidad del recurso" (sic).

En ese marco, es menester destacar que la doctrina legal establecida en el citado Auto Supremo se desarrolló por el Tribunal Supremo, ante la denuncia de defecto absoluto, al considerar la falta de pronunciamiento y la falta de consideración del Tribunal de Alzada en cuanto a la existencia del defecto previsto en el artículo 370 incisos 4) y 6) del Código de Procedimiento Penal; en ese sentido, es irrefutable que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, emitiendo criterios jurídicos que respaldan los fundamentos de la Sentencia impugnada, en todos los puntos apelados.

En autos, de la lectura del Auto de Vista impugnado y, en especial, del contenido del Considerando III, se advierte que el Tribunal de Alzada no procedió de forma contraria al precedente invocado, siendo que al tenor del artículo 17 parágrafo II de la Ley Nro. 025 del Órgano Judicial: "En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse solo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos", mas al contrario, en ejercicio de sus facultades y competencias sometió su criterio plasmado en dicho Auto de Vista a las normas legales adjetivas aplicables, cuando se pronunció sobre todos los motivos en que se fundó el recurso de apelación restringida de fojas 83 a 88, obrando dentro del marco de los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, relativo a los agravios acusados, siendo éstos los siguientes:

a) Fundamentación insuficiente de la Sentencia impugnada, de conformidad al artículo 370 inciso 5) del Código de Procedimiento Penal - vulneración de la garantía del debido proceso en su vertiente del derecho a una resolución fundamentada - conculcación del artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, con relación al artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal (defectos absolutos), e;

b) Insuficiente fundamentación con relación a los elementos constitutivos del tipo penal.

Consiguientemente, estando acusado el Auto de Vista Nro. 19/2013 de 20 de junio de 2013 de insuficiente fundamentación en la absolución de los citados incisos a) y b), a través del recurso de casación motivo de autos, se evidencia que el Tribunal de Alzada, en los párrafos dos, tres, cuatro, cinco y seis del Considerando III del Auto de Vista impugnado, resolvió dichos puntos apelados en completa correspondencia a los argumentos que contiene el recurso de apelación restringida de fojas 83 a 88 y en sujeción a los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, no siendo exigible que la misma sea ampulosa o extensa, sino más bien clara y precisa en sus razonamientos lógico-jurídicos que son la base de su decisorio, conforme al principio de la razón suficiente, de ahí que no resulta evidente que exista insuficiente fundamentación al respecto que vulnere la garantía jurisdiccional del debido proceso, en su elemento derecho a una resolución fundamentada, consagrado en el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado; por lo que, el Auto Supremo invocado como precedente no contradice al caso sub lite.

En cuanto a la doctrina legal invocada, contenida en el Auto Supremo Nro. 431 de 11 de octubre de 2006, establece: “que la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a describir primeramente el hecho para fue o comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito; es necesario tomar en cuenta que la conducta general descrita por el tipo penal se encuentra en la norma, mientras que la conducta particular se identifica por la descripción de sus peculiaridades, si estas se subsumen a todos los elementos constitutivos de un tipo penal, recién podrá calificarse el hecho como delito incurso en tal normativa; en caso de que falte la adecuación de un elemento constitutivo del tipo penal, el hecho no constituye delito o en su caso se adecua a tentativa u otra figura delictiva" (sic).

En ese sentido, corresponde anotar que la doctrina legal establecida en el citado Auto Supremo se desarrolló por la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante la denuncia de infracción de la ley sustantiva referida a la tentativa de suministro de sustancias controladas; por ello, resulta categórico que para calificarse el hecho como delito debe describirse primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito.

En autos, la denuncia de insuficiente fundamentación con relación a los elementos constitutivos del tipo penal, expuesta en el memorial del recurso de apelación restringida de fs. 83 a 88, fue resuelta de modo coherente por el Tribunal de Alzada, en los párrafos tres, cuatro y seis del Considerando III del Auto de Vista impugnado, donde observó que “… la juez A quo a realizado en toda la resolución un esquema especifico que determinó: primero el hecho probado en base a la prueba que ha valorado conforme a ley y posteriormente a sometido al iterlogico la conducta de los acusados al tipo penal imputado, asumiendo criterios razonables de lógica, experiencia, además de parámetros legales inclusive de jurisprudencia aplicable, esto se observa en el apartado (Considerando VI numeral 5) referente a la conducta de la acusada Carola Ribera en sentido, que la jueza adquiere la certeza en base -a- la inmediación que le ha permitido establecer que tenía conocimiento de encubrir la posesión y tenencia de sustancias controlada (marihuana) en su domicilio, es por ello que se encuentra debidamente detallado esa subsunción que merece una sentencia condenatoria; pues la acusación pública fue por el tipo penal de tráfico de sustancias controladas 'en sus modalidades de "posesión y tenencia en depósito" (según enunciación del hecho descrito en sentencia) y que ha determinado que ha sido probado esa acusación según la prueba detallada” (sic), conclusión del Tribunal de Apelación que a criterio de éste Tribunal Supremo es expuesta para destacar que la Sentencia dictada por la Juez A-quo se basó en hechos acreditados mediante elementos de prueba introducidos al juicio oral y ordinario y que fueron adecuados al tipo penal de tráfico de sustancias controladas, descrito en el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) -en las modalidades de posesión dolosa y tenencia en depósito- de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, obrando de esa manera dentro del marco de los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, de ahí que la Sentencia Nro. 6/2012 de 28 de agosto de 2012 fue pronunciada dentro del marco de razonabilidad, añadiendo que se encuentra debidamente fundamentada al contener la fundamentación fáctica, la fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva y la fundamentación jurídica en el que basa su decisión, así como el valor otorgado a cada uno de los medios de prueba de cargo y de descargo, contenido que conlleva la relación del hecho histórico, conforme a lo previsto en los artículos 359 y 360 del citado adjetivo penal; consecuentemente, el Auto Supremo invocado como precedente no contradice al caso de autos.

Por lo expuesto, no existiendo contradicción entre el Auto de Vista impugnado con los precedentes invocados, en los términos exigidos por el art. 416 y la segunda parte del artículo 419 de la Ley Nro. 1970, corresponde declarar infundado el recurso.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Carola Ribera Tobías (149 a 154), impugnando el Auto de Vista Nro. 19/2013 emitido el 20 de junio de 2013 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 136 a 139), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rubén Ángel Trujillo Acebedo y la recurrente por el delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 48 en relación al inciso m) del artículo 33 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

                   Jorge I. Von Borries Méndez.

ANTE MÍ.   Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.