SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº. 321/2013

Sucre, 11 de noviembre de 2013

EXPEDIENTE: La Paz 218/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Martha Chino Mamani contra Felipe Chino Taco, Rodolfo Chino Limachi, Dominga Cruz Cusi, Juan Chino Taco

DELITO: asesinato

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VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por Rodolfo Chino Limachi, Dominga Cruz Cusi (fs. 468 a 473) y Felipe Chino Taco (fs. 492 a 496) respectivamente,  impugnando el Auto de Vista Nro 35/2012 emitido el 8 de junio de 2012  por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 442 a 444), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de Martha Chino Mamani contra Juan Chino Taco y los recurrentes, por la comisión del delito de asesinato, previsto  y sancionado por el artículo 252 incisos 2) y 3) del Código Penal.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes de los recursos de casación)

Que los recursos de casación de referencia tuvieron origen en los siguientes antecedentes:

Sustanciado el juicio oral, público y contradictorio el Tribunal de Sentencia Segundo de  la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, que conoció esa causa, por Sentencia Nro 9/2011 de 6 de julio de 2011 (fs. 318 a 326) declaró a Felipe Chino Taco autor del delito de asesinato, tipificado por el artículo 252 incisos 2) y 3) del Código Penal, condenándolo a la pena de presidio de treinta años sin derecho a indulto y declaró a Rodolfo Chino Taco y Dominga Cruz Cusi  autores del delito de asesinato en grado de complicidad, tipificado por el artículo 252 incisos 2) y 3) con relación al artículo 23 del Código Penal, imponiéndoles pena privativa de libertad de quince años de presidio, a cumplir en el Recinto Penitenciario de “San Pedro” de la ciudad de La Paz y en el Centro de Orientación femenina de Obrajes a Dominga Cruz Cusi, así como al pago de daños, perjuicios y costas una vez ejecutoriada la Sentencia. Absolvió de culpa y pena al imputado Juan Chino Taco, del delito de asesinato, tipificado por el artículo 252 incisos 2) y 3) del Código Penal, debido a que la prueba aportada no fue suficiente para generar convicción sobre la responsabilidad penal; sin costas, ordenando la libertad del mismo.

La referida sentencia motivó que los acusados Dominga Cruz Cusi, Felipe Chino Taco y Rodolfo Chino Limachi interpongan recurso de apelación restringida (fs. 337 a 347) que fue resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nro. 83/2011 de 20 de enero de 2012, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida.

Los acusados fueron notificados con la resolución señalada el 16 de marzo de 2012, dando lugar al recurso de casación de 10 de abril de 2012 (fs. 414 a 420), que fue resuelto por Auto Supremo Nro. 99/2012 de 4 de mayo de 2012 que dispuso se dicte uno nuevo conforme a la doctrina legal aplicable.

Devueltos los antecedentes, el Tribunal de Alzada pronunció el Auto de Vista Nro. 35/2012 de 8 de junio de 2012 de (fs. 442 a 444), que declaró improcedente el recurso de apelación restringida, confirmando la Sentencia Nro. 9/2011 (fs. 318 a 326).

Notificados los acusados con el Auto de Vista, el 19 de febrero de 2013, (fs. 450) dio lugar a los recursos de casación (fs. 468 a 473 y 492 a 496) de 26 de febrero 2013, que son  motivo de autos.

CONSIDERANDO II: (Motivos de los recursos de casación).

I. Toda vez que por una parte Rodolfo Chino Limachi y Dominga Cruz Cusi  y por otra Felipe Chino Taco, formularon recurso de casación por separado, advirtiéndose que los dos contienen las mismas denuncias y los mismos fundamentos, éste Tribunal Supremo efectuó el análisis y se pronuncia sobre los mismos de manera conjunta.

Los recurrentes haciendo alusión a los procesalistas Dr. Clemente Espinoza C.,  al Tratadista Pandolfi y De La Rúa se refieren al objetivo del recurso de casación que es el enjuiciamiento de derecho de la sentencia penal y del Auto de Vista cuando en apelación restringida no se corrigieron los vicios o defectos absolutos como el error in iudicando o in procedendo, enmendando las deficiencias que afectan al juicio de derecho contenido en la sentencia o resolución legalmente equiparable a ella, mediante el control de su legalidad o a verificar el cumplimiento específico de requisitos procesales, exigidos bajo pena de nulidad. No siendo tampoco el recurso de casación para  revalorizar la prueba, porque no tiene potestad para examinar y corregir todos los errores de hecho y de derecho que pueda cometer el Juez de Sentencia.

En ese antecedente, prosiguen señalando los recurrentes que según el artículo 416 del Código de Procedimiento Penal no es exigible la invocación de precedentes cuando se denuncia defectos absolutos. Que las normas constitucionales son de aplicación preferente, conforme a los artículo 410 con relación al artículo 256 y 114 parágrafo III de la Constitución Política del Estado cuando protegen derechos humanos de los ciudadanos y el Tribunal Supremo de Justicia puede revisar situaciones verdaderamente injustas, conforme a los Autos Supremos Nros. 401 de 18 de agosto de 2003 (Sala Penal), 101 de 1 de abril del 2005, 102 de 1 de abril de 2005, 99/2012 de 4 de mayo de 2012, sobre esa base concretizan su denuncia en:

Primer motivo: Vulneración del artículo 169 incisos 3) y 4) del Código de Procedimiento Penal, alegando defectos absolutos del proceso, porque el delito se cometió en la comunidad Quillcoma Provincia Aroma del Departamento de La Paz, las pruebas se recolectaron en ese lugar y ahí se aprehendieron a los supuestos autores, consiguientemente el juicio debió desarrollarse en la capital de la Provincia Aroma, que es “SICASICA” donde existe Tribunal de Sentencia y no en la ciudad de El Alto que -en criterio de los recurrentes- no tenía competencia según el artículo 49 incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Penal que establece las (Reglas de la Competencia Territorial) que: “…PARA CONOCER UN PROCESO PENAL, EL JUEZ DEL LUGAR DE LA COMISIÓN DEL DELITO. EL DELITO SE CONSIDERA COMETIDO  EN EL LUGAR DONDE SE MANIFIESTE LA CONDUCTA O SE PRODUZCA EL RESULTADO y el numeral, EL JUEZ DE LA RESIDENCIA DEL IMPUTADO O DEL LUGAR EN QUE ESTE SEA HABIDO Y EL JUEZ DEL LUGAR DONDE DESCUBRAN LAS PRUEBAS MATERIALES DEL HECHO…”, por lo que acusan que se vulneró el debido proceso, el principio del juez natural, el principio de objetividad y el derecho a la defensa, previstos en los artículos 115 parágrafo II, 116 parágrafo I de la Constitución Política del Estado y  los artículos 2, 5 y 6 del Código de Procedimiento Penal.

Asimismo hacen incidencia como defectos absolutos también, su no presencia en calidad de imputados en la audiencia de inspección y reconstrucción del hecho, dizque por  seguridad de los mismos, por lo que consideran que se vulneró el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y al debido proceso, conforme a la Sentencia Constitucional Nro. 747/2012-R de la que señalan que la presunción de inocencia acompaña al imputado desde el principio del proceso hasta que exista una sentencia condenatoria basada en autoridad de cosa juzgada. Citan el Auto Supremo Nro. 249 de 4 de agosto de 2008(Sala Penal 1ra.) del que transcriben lo siguiente:  “ la naturaleza jurídica del Recurso de Casación tiene por objeto establecer el error in iudicando in procedendo en que habían incurrido los tribunales de sentencia o de alzada al efecto el recurrente que haga uso del mismo debe especificar con suma claridad la violación de las normas sustantivas y adjetivas y explicar en qué consisten dichas violaciones asimismo deben detallar la infracción de las normas adjetivas y establecer en qué normas se asientan dichas infracciones…” (sic).

Segundo motivo: Los recurrentes denuncian que los Vocales de la Sala Penal Segunda al emitir el Auto de Vista Nro. 35/2012 de 8 de junio de 2012, no cumplieron con el mandato del Auto Supremo Nro. 99/2012, porque en el fundamento referido a las nulidades hacen alusión al artículo 297 del Código de Procedimiento Penal, dicha disposición nada tiene que ver con el caso de autos, porque se refiere a la dirección funcional de la actuación de la policía, por lo que el Auto de Vista adolece de errores garrafales, aspecto que piden se tenga presente.  Denuncian también, que ni el Tribunal de Sentencia y menos los miembros de la Sala Penal de la Corte Departamental de Justicia, analizaron el hecho dentro de los alcances del artículo 370 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal, es decir, si el ilícito se tipifica como asesinato u homicidio (artículos 251 y 252 del Código Penal) porque en el momento del hecho se encontraban en estado de ebriedad, por lo que no existió la intención dolosa de causar semejante daño, vulnerándose los preceptos legales 37, 38, 39 y 40 del Código Penal y finalmente  sostienen que el Tribunal de Alzada tampoco analizó en su verdadera dimensión sobre lo ocurrido en el juicio, porque no se demostró la verdad histórica del hecho, conforme a los incisos 5), 6) y 8) del artículo 370 del Código de Procedimiento Penal, vulnerándose la parte in fine del artículo 124 del Código  de Procedimiento Penal, que especialmente en su última parte señala la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes .

Tercer motivo: Los recurrentes Rodolfo Chino Limachi y Dominga Cruz Cusi.  Además de los motivos expuestos, estos recurrentes sostienen que son procesados en calidad de cómplices, que se les impuso la pena de quince años de privación de libertad, sin que se haya demostrado su participación dolosa en el ilícito, porque se encontraban en estado de ebriedad, además el Certificado Médico Forense indicó que la muerte de la víctima se debió a lesiones en la cabeza, no existía lesiones  en el resto del cuerpo, lo que hace presumir -en criterio de los recurrentes- que uno fue el autor y no varios. Que  la acusada Dominga Cruz Cusi, no  podía haberse trenzado en peleas porque se encontraba de espaldas con su pequeño hijo, por tanto no podía incursionar en pelea, citan la Sentencia Constitucional Nro. 1719/2004-R de 26 de octubre de 2004 que señala como juzgar a los cómplices y cual es el principio doctrinal adoptado por la Ley 1970.

Concluyen solicitando que este Tribunal Supremo, se sirva analizar el fondo y casar, disponiendo la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO III: (Requisitos de admisibilidad que debe cumplir el recurso de casación).

Que para la admisibilidad del recurso de casación, se debe cumplir las condiciones formales previstas en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, las cuales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia, ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, demostrándose previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese presentado dicho recurso en contra de la sentencia por causar agravio, debiendo acompañarse como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente.

Que dado el carácter extraordinario y formal del recurso de casación, cuya naturaleza es excepcional, de reglamentación restrictiva y limitativa, por proceder únicamente contra Autos de Vista emitidos por los Tribunales Superiores de Justicia al resolver apelaciones restringidas y que hubieran incurrido en contradicción con otras resoluciones emitidas por Tribunales análogos o el Máximo Tribunal de Justicia; para ser procedente, requiere que el impetrante cumpla de manera inexcusable con las exigencias descritas en los artículos 416 y 417 de la Ley Nro. 1970; es decir, además de invocar el precedente contradictorio a momento de plantear su alzada, o en casación cuando la contradicción surja con la emisión del Auto de Vista, debe cumplir con la carga procesal de motivar adecuadamente su recurso, señalando la similitud del hecho entre el Auto impugnado y la resolución invocada, precisando el sentido jurídico contradictorio entre ambas resoluciones; es decir, señalar por qué el sentido jurídico que se asignó en el fallo recurrido, es contrario a la doctrina legal aplicable establecida en los precedentes invocados, especificando si se aplicaron normas distintas a las aplicadas en un caso similar o una misma norma con diverso alcance; no siendo suficiente que el impetrante se limite a la simple mención, invocación, trascripción o adjuntar alguna copia del precedente, tampoco es aceptable la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a los hechos; sino, adecuarse indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia.

CONSIDERANDO IV: (Cumplimiento de requisitos de admisibilidad en el caso de autos).

Que en el caso de autos, los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista Nro. 35/2012 el 19 de febrero de 2013 (fs. 450) y presentaron los recursos de casación el 26 de febrero de 2013 (fs. 474 y 497), es decir dentro del plazo de cinco días, conforme dispone el art. 417 del Código de Procedimiento Penal. Adjuntaron copia del recurso de apelación restringida como única prueba admitida en el recurso de casación, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos exigidos por los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal.

En ese marco, examinados los recursos de casación se evidencia que:

I. Respecto al primer motivo, los recurrentes denuncian defectos absolutos vulneración del artículo 169 incisos 3) y 4) del Código de Procedimiento Penal, señalando que se vulneró  las reglas de la competencia territorial, previstas en el artículo 49 incisos 1), 2), y 3) del Procedimiento Penal. Asimismo, denuncian como defecto absoluto la inconcurrencia a la audiencia de inspección y reconstrucción del hecho, señalan como derechos vulnerados, el debido proceso, el principio del juez natural, el principio de objetividad, el derecho a la defensa y el derecho a la presunción de inocencia,  previstos en los artículos 115 parágrafo II, 116 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, invocan el Auto Supremo Nro. 249 de 4 de agosto de 2008 y se limitan a citar varios  Autos Supremos que en criterio de los recurrentes- abren la posibilidad de ingresar al análisis de los recursos ante la supuesta existencia de defectos absolutos, al efecto corresponde señalar, que si bien este Máximo Tribunal de Justicia ha consentido de manera excepcional como causal de admisión del recurso de casación las denuncias vinculadas a defectos absolutos en el trámite del proceso; ha establecido también que las mismas deben estar formuladas en apego a las exigencias contenidas en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal; es decir, que  no es insuficiente la simple mención del defecto o la vulneración de un derecho fundamental, sino que los recurrentes deben cumplir con la obligación de explicitar los hechos que dieron origen al recurso con detalle preciso del agravio, así como las consecuencias procesales en apego al principio de trascendencia, explicitando la restricción o disminución del derecho o garantía, de forma tal que el resultado dañoso emergente del defecto sea identificado con claridad, cuya relevancia además tenga connotaciones de orden constitucional; aspectos estos que no fueron observados por los recurrentes, lo que hace que este motivo del recurso devenga en inadmisible.

Por último, es menester referirse también al petitorio de los recurrentes quienes inadecuadamente piden a este Tribunal Supremo case el “ Auto de Vista" y  anule el juicio,  confundiendo así la naturaleza del recurso de casación.

Respecto al Auto Supremo Nro. 249 de 4 de agosto de 2008(Sala Penal 1ra.) los recurrentes se limitan a transcribir parte del mismo, señalando:  “la naturaleza jurídica del Recurso de Casación tiene por objeto establecer el error in iudicando in procedendo en que habían incurrido los tribunales de sentencia o de alzada al efecto el recurrente que haga uso del mismo debe especificar con suma claridad la violación de las normas sustantivas y adjetivas y explicar en qué consisten dichas violaciones asimismo deben detallar la infracción de las normas adjetivas y establecer en qué normas se asientan dichas infracciones…” (sic); empero, no cumplen el requisito de admisibilidad como es de establecer el hecho similar y el sentido contradictorio. Asimismo, efectuada la verificación del precedente invocado en la base de datos del sistema de jurisprudencia de este Tribunal, se constató que la parte transcrita no corresponde a doctrina legal aplicable, sino a los requisitos que el apelante debe observar a tiempo de interponer el recurso de apelación restringida, con lo que se declaró infundado el recurso de casación, aspectos que hacen inviable su consideración para el caso de autos.

Finalmente respecto a la Sentencia Constitucional Nro. 0747/2012-R citadas por los recurrentes, corresponde señalar que la misma tampoco constituye precedente contradictorio, conforme se deduce de la inteligencia del artículo 416 del Código Procesal Penal, por cuanto los precedentes contradictorios son aquellos emanados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia.

II. Segundo motivo: Los recurrentes denuncian que los Vocales de la Sala Penal Segunda al emitir el Auto de Vista Nro. 35/2012 de 8 de junio de 2012, no cumplieron con el mandato del Auto Supremo Nro. 99/2012, porque en el fundamento referido a las nulidades hacen alusión al artículo 297 del Código de Procedimiento Penal, dicha disposición nada tiene que ver con el caso de autos, porque se refiere a la dirección funcional de la actuación de la policía, por lo que el Auto de Vista adolece de errores garrafales, aspecto que piden se tenga presente. Prosiguen señalando también que ni el Tribunal de Sentencia y menos los miembros de la Sala Penal de la Corte Departamental de Justicia, analizaron el hecho dentro de los alcances del artículo 370 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal, es decir, si el ilícito se tipifica como asesinato u homicidio (artículos 251 y 252 del Código Penal), vulnerándose los preceptos legales artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Penal y finalmente el Tribunal de Alzada tampoco analizó en su verdadera dimensión sobre lo ocurrido en el juicio, porque no se demostró la verdad histórica del hecho, conforme a los incisos 5), 6) y 8)  del artículo 370 del Código de Procedimiento Penal, vulnerándose la parte in fine del artículo 124 del Código  de Procedimiento Penal, que especialmente en su última parte señala la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; los recurrentes, citan el Auto Supremo Nro. 99/2012 del que refieren que el Auto de Vista impugnado no cumplió en absoluto con el mismo, sin embargo, omiten cumplir con el requisito de admisibilidad consistente en señalar en términos claros y precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el mencionado Auto Supremo, olvidando además establecer  la situación fáctica o de hecho similar, limitándose simple y llanamente a citarlo, sin tomar en cuenta que no es suficiente referir y citar Autos Supremos, sino que dicha formalidad exigida por la norma procesal penal, se cumple y hace viable la admisión del recurso de casación, cuando de manera fundamentada y motivada se contrasta el Auto de Vista que se impugna con los Autos de Vista o Autos Supremos que se invoca, indicando y reflejando de qué modo se presenta la contradicción que se alude; aspectos que no consideraron los recurrentes, de ahí que resulta este motivo en inadmisible.

III. Tercer motivo: En cuanto a lo alegado por los recurrentes Rodolfo Chino Limache y Dominga Cruz Cusi, procesados en calidad de cómplices, se les impuso la pena de quince años de privación de libertad, sin que se haya demostrado su participación dolosa en el ilícito, porque se encontraban en estado de ebriedad, además el Certificado Médico Forense indicó que la muerte de la víctima se debió a lesiones en la cabeza, no existió lesiones  en el resto del cuerpo, lo que hace presumir  -en criterio de los recurrentes- que fue uno el autor y no varios. Los recurrentes al respecto, se limitan a hacer un relato de su condición de cómplices en el proceso, sin fundamentar en qué realmente consiste el motivo traído en casación, limitándose a señalar la Sentencia Constitucional Nro. 1719/2004-R de 26 de octubre de 2004, sin tomar en cuenta que las Sentencias Constitucionales no constituyen precedentes contradictorios, conforme se deduce de la inteligencia del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto los precedentes contradictorios son aquellos emanados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia, ante esa falencia este Tribunal Supremo se siente impedido de aperturar su competencia para resolver el recurso de casación, pues no existe la mínima posibilidad de realizar la labor encomendada por el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal.

De lo precedentemente expuesto, se concluye que en el caso, no están cumplidos los requisitos exigidos en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, por lo que los recursos devienen en inadmisibles.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de sus atribuciones, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuesto por Rodolfo Chino Limachi  y Dominga Cruz Cusi (fs. 468 a 473) y Felipe Chino Taco (fs. 492 a 496)  impugnando el Auto de Vista Nro. 35/2012 emitido el 8 de junio de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz  (fs.442 a 444), en el proceso penal seguido por el Ministerio Publico a instancia de Martha Chino Mamani contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de asesinato, previsto y sancionado por el artículo 252 incisos 2) y 3) del Código Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Presidente)

                   Jorge I. von Borries Méndez.

ANTE MÍ.    Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.