SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº. 313/2013

Sucre, 1 de noviembre de 2013

EXPEDIENTE: Santa Cruz 182/2013

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Ministerio de Educación contra María Desireé Bravo Monasterio, Juan Pablo Torrico Saucedo

DELITO: falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, cohecho pasivo propio

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

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       VISTOS: El recurso de casación formulado por Juan Alberto Yebara Ortega en representación del Ministerio de Educación (fs. 2337 a 2342), impugnando el Auto de Vista Nro. 85 emitido el 10 de junio de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 2271 a 2276), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, Ministerio de Educación y Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz contra María Desireé Bravo Monasterio y Juan Pablo Torrico Saucedo por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y cohecho pasivo propio  previstos y sancionados en los artículos 145, 199 y 203 del Código Penal.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

Que el recurso de casación de referencia, tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Sustanciado el juicio oral y ordinario, el Tribunal Tercero de Sentencia de la capital del departamento de Santa Cruz, pronunció Sentencia absolutoria en favor de los acusados María Desireé Bravo Monasterio y Juan Pablo Torrico Saucedo,  leída en su integridad en fecha 16 de julio de 2012 (fs. 2125 a 2135).

Contra la citada Sentencia el Ministerio Público y el Ministerio de Educación formularon recursos de apelación restringida (fs. 2160 a 2170 y 2173 2189), adhiriéndose al primero la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz (fs. 2171), recursos resueltos por Auto de Vista Nro. 85 de 10 de junio de 2013 (fs. 2271 a 2276), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida del Ministerio Público e inadmisibles el recurso de apelación restringida del Ministerio de Educación y la adhesión de la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz, formulándose el recurso de casación motivo de autos.

CONSIDERANDO II: (Motivos del recurso de casación)

Que conforme a los argumentos descritos en el Auto Supremo Nro. 269/2013 de 30 de septiembre, el presente recurso fue admitido a efecto de verificar la presunta contradicción entre el Auto de Vista recurrido y el Auto Supremo Nro. 83 de 28 de marzo de 2013, además de la posible existencia de defectos absolutos relacionados con la violación del derecho al debido proceso y el acceso a la justicia, conforme a los siguientes argumentos:

1. Que el Auto de Vista impugnado, violando los artículos 130 y 408 del Código de Procedimiento Penal declaró inadmisible, por extemporáneo, el recurso de apelación restringida interpuesto por el Ministerio de Educación, sin señalar por cuantos días u horas fue extemporáneo, omitiendo descontar días inhábiles conforme señala el artículo 123 párrafo I de la Ley del Órgano Judicial toda vez que sábados y domingos no son computables. Que toda vez que la notificación con la sentencia absolutoria fue realizada al Ministerio de Educación en fecha 23 de julio de 2012 y la presentación del recurso de apelación restringida fue en fecha 14 de agosto de 2012 es decir a los quince días hábiles de haber sido notificado, restando los días inhábiles y feriados, lo que sería contrario al Auto Supremo Nro. 83 de 28 de marzo de 2013, vulnerando de esta manera el derecho a la igualdad, ya que a la presentación del Ministerio Público se descontó días inhábiles y feriados, asimismo constituye un defecto absoluto al negarle el derecho a recurrir expresado en los artículos 181 parágrafo II de la Constitución Política del Estado y 394 del Código de Procedimiento Penal.

2. Con similares fundamentos a la primer denuncia, respecto de la inadmisibilidad del recurso de apelación restringida, refiere que el Auto de Vista impugnado incurre en defecto absoluto por violación del derecho al debido proceso y al acceso a la justicia, por cuanto la Constitución Política del Estado en el artículo 180 parágrafo II y el Código de Procedimiento Penal en su artículo 394 prevé que las resoluciones son recurribles.  

CONSIDERANDO III: (Verificación de la flagrante violación de derechos fundamentales y garantías constitucionales)

Que el debido proceso, está entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales.

Asimismo, el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 394, busca garantizar, en forma efectiva, el debido proceso y dentro del mismo, el derecho de impugnar y recurrir, de un fallo adverso por ante Tribunal Superior, garantía fundamental que se halla consagrada en los artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, así como por el artículo 8, numeral 2, inciso h) del Pacto de San José de Costa Rica, y por el artículo 14, numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que definen el debido proceso como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar y comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.

Por otro lado, el artículo 394 del Código de Procedimiento Penal, reconoce a toda persona el derecho a recurrir, debiendo las partes interponer los recursos en cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma que se determina en la normativa citada, tal cual se dispone en el artículo 396 inciso 3) del mismo cuerpo legal.

Bajo ese marco normativo se analizará la denuncia del recurrente relativo a que existiría defecto absoluto previsto en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal,  en el Auto de Vista Nro. 85 de 10 de junio de 2013, en el que Tribunal de Alzada rechazó su recurso de apelación restringida por considerarlo extemporáneo, vulnerando su derecho al debido proceso y el acceso a la justicia.

Al respecto, conforme determina el artículo 130 en relación con el artículo 408 de la Ley Nro. 1970, el plazo de quince días para la formulación del recurso de apelación restringida es perentorio e improrrogable y comienza a correr al día siguiente hábil de practicada la notificación con la Sentencia, debiendo computarse únicamente los días hábiles hasta su vencimiento a las veinticuatro horas del último día hábil señalado, y solo se suspende durante la vacación judicial; el artículo 123 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial señala que: “Son días hábiles de la semana para las labores judiciales, de lunes a  viernes” (sic).     

En autos, de la revisión de los actuados procesales, se evidencia que el recurrente, fue notificado con la Sentencia Nro. 08/2012 de 16 de julio, en fecha 23 de julio de 2012 (fs. 2152), y formuló recurso de apelación restringida en fecha 14 de agosto de 2012, según el timbre electrónico de plataforma (fs. 2173) y cargo de recepción del Tribunal Tercero de Sentencia (fs. 2189 vuelta). Sobre esa base, el cómputo del plazo para la presentación del recurso de apelación restringida, determinado por días, conforme al párrafo tercero del artículo 130 del Código de Procedimiento Penal, debió efectuarse a partir del 24 de julio, descontando el día 6 de agosto declarado feriado nacional, en ese mérito, el plazo para la presentación del recurso en examen fenecía a las veinticuatro horas del día 14 de agosto de 2012 resultando de ello que, en el caso de autos, el recurso de apelación restringida fue interpuesto dentro del plazo previsto por ley, consiguientemente se evidencia que ciertamente el Tribunal de Alzada infringió los artículos 130 y 408 del Código de Procedimiento Penal, al haber declarado inadmisible el recurso de apelación restringida por extemporáneo, cuando lo que correspondía era admitirlo, decisión que efectivamente vulnera el debido proceso en su elemento del derecho de acceso a la justicia y derecho a recurrir.

De lo expuesto, se evidencia la existencia de un fallo dictado sin la observancia de las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, a tiempo de efectuar juicio de admisibilidad sobre el recurso de apelación restringida interpuesto por Juan Alberto Yebara en representación del Ministerio de Educación lo que amerita en aplicación del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, repararlo estableciendo doctrinal legal. Asimismo, por el efecto de la decisión asumida y en aplicación del principio de economía procesal, este Tribunal considera innecesario efectuar la contrastación del Auto de Vista impugnado con el precedente invocado:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

Conforme a lo dispuesto por los artículos 130 y 408 del Código de Procedimiento Penal, el plazo para formular recurso de apelación restringida es de quince días que deberá computarse a partir del día siguiente hábil de la notificación con la Sentencia, entendiéndose como día hábil de lunes a viernes, de acuerdo a lo establecido por el artículo 123 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial, no siendo incluidos dentro de este parámetro, días sábados, domingos o feriados y los que comprendan el periodo de vacación judicial. Un entendimiento contrario que genere indebidamente la declaración de inadmisibilidad del recurso, implica desconocer el principio de impugnación reconocido por el artículo 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, lo que constituye defecto absoluto no susceptible de convalidación, de acuerdo a lo establecido por el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal.

       POR  TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia de Estado Plurinacional de Bolivia, en aplicación de los artículos 42 numeral 1  de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, DEJA PARCIALMENTE SIN EFECTO el Auto de Vista Nro. 85 emitido el 10 de junio de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 2271 a 2276), en la parte correspondiente al juicio de admisibilidad del recurso de apelación restringida formulado por el Ministerio de Educación representado por Juan Alberto Yebara Ortega en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, Ministerio de Educación y Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz contra María Desireé Bravo Monasterio y Juan Pablo Torrico Saucedo por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y cohecho pasivo propio  previstos y sancionados en los artículos 145, 199 y 203 del Código Penal; y dispone que la indicada Sala Penal pronuncie resolución conforme a la doctrina legal aplicable señalada precedentemente y las normas constitucionales y legales previstas para el caso concreto.

En aplicación del artículo 420 del Código de Procedimiento Penal, remítase copias legalizadas del presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para el conocimiento de las Salas Penales y Jueces en materia penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

                   Jorge Isaac Von Borries Méndez.

ANTE MÍ.    Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.