SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº. 271/2013

Sucre, 2 de octubre de 2013

EXPEDIENTE: Chuquisaca 157/2013

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, María del Carmen Castillo Fonseca representada por Cristian Jaime Flores Vedia contra Omar Fernando Tórres Romero

DELITO: estafa

MAGISTRADO RELATOR: Jorge I. von Borries Méndez

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       VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Omar Fernando Tórres Romero  (fs. 279 a 285), impugnando el Auto de Vista Nro. 241 emitido el 30 de julio de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (fs. 253 a 257), en el proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público y acusación particular de María del Carmen Castillo Fonseca, representada por Cristian Jaime Flores Vedia contra el recurrente por la presunta comisión del delito de estafa, previsto y sancionado por el artículo 335 del Código Penal.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

Que el recurso de referencia tuvo  origen en  los siguientes antecedentes:

Sustanciado el  juicio, el Tribunal de Sentencia Nro. 1 en lo Penal de la capital del departamento de Chuquisaca, pronunció la Sentencia Nro. 20/2012 de 28 de diciembre de 2012 (fs. 168 a 177), declarando al imputado Omar Fernando Tórres Romero autor del delito de estafa, previsto y sancionado por el artículo 335 del Código Penal, condenándolo a la pena privativa de libertad de tres años de reclusión, a ser cumplida en el Centro Penitenciario “San Roque” de la ciudad de Sucre, más costas a favor del Estado y de la acusadora particular y reparación del daño que corresponda.

Contra la referida Sentencia, el procesado Omar Fernando Tórres Romero, interpuso apelación restringida (fs. 208 a 216), resuelta por Auto de Vista Nro. 241 de 30 de julio de 2013, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (fs. 253 a 257), que declaró improcedentes los motivos del recurso y confirmó la sentencia apelada, ocasionando que el imputado Omar Fernando Tórres Romero, interponga  recurso de  casación (fs. 279 a 285), que  admitido, es motivo de autos:

CONSIDERANDO II: (Motivos del recurso de casación)

Que conforme al Auto Supremo Nro. 238 de 28 de agosto de 2013 (fs. 296 a 300), el recurso fue admitido por los siguientes motivos:

1. Primer Motivo. Omisión de pronunciamiento por el Tribunal de Alzada en la medida de los aspectos cuestionados en el segundo motivo del recurso de apelación restringida, fundamentación carente de sustento en el Auto de Vista impugnado, y defecto absoluto a tenor del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, por violación del derecho a la defensa y de la garantía constitucional del debido proceso, en sus elementos del derecho a la congruencia de las resoluciones y derecho a la fundamentación de las mismas; al epígrafe el impugnante señala que en el cuarto considerando, numeral dos del Auto de Vista impugnado, los Vocales omitieron pronunciarse en la medida de los aspectos cuestionados de la sentencia apelada, que fueron objeto de impugnación y fundamentación en los puntos 1.2.1. y 2.2.2. del segundo motivo del recurso de apelación restringida, referente al defecto de sentencia previsto en el artículo 370 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal, acusando que el Tribunal de Sentencia incurrió en errónea aplicación de la ley penal sustantiva, concretamente del artículo 335 del Código Penal por errónea calificación de los hechos, identificando tal defecto en el punto VI de la fundamentación jurídica de la sentencia apelada, pues no le dieron una respuesta fáctica y legal, por ello, alega incongruencia omisiva.

Así también, respecto de la parte del Auto de Vista Nro. 241/2013 que impugna, referido al segundo motivo del recurso de apelación restringida, sostiene que la decisión de declarar improcedente carece de fundamentación que la sustente, pues no existe una respuesta fáctica, sino conclusiones genéricas que no le explican los motivos por los cuales le asiste la razón o sin razón en sus reclamos y pretensiones, aludiendo al artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, en ese marco invoca como precedente contradictorio al Auto Supremo Nro. 411 de 20 de octubre de 2006 (SPII), además de acusar defecto absoluto inserto en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, por violación del derecho a la defensa, previsto en los artículos 115 parágrafo II y 119 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, así como de la garantía constitucional del debido proceso consagrada en el artículo 117 parágrafo I de la misma norma fundamental, en sus elementos al derecho a la congruencia de las resoluciones y el derecho a la fundamentación de las mismas.

       2. Segundo motivo. Omisión de pronunciamiento por el Tribunal de Alzada en la medida de los aspectos cuestionados en el primer motivo del recurso de apelación restringida, fundamentación carente de sustento en el Auto de Vista impugnado, y defecto absoluto al tenor del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, por violación del derecho a la defensa y la garantía constitucional del debido proceso en sus elementos al derecho a la congruencia de las resoluciones y al derecho a la fundamentación de las mismas; el impugnante indica que la supuesta fundamentación expuesta en el cuarto considerando, numeral uno, del Auto de Vista impugnado peca de incongruente, por cuanto los Vocales no circunscribieron su resolución a los aspectos cuestionados de la sentencia apelada, en la medida en que fue reclamada, referente al primer motivo del recurso de apelación restringida, debido a que observó inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación a tenor del artículo 362 del Código de Procedimiento Penal, en el marco del artículo 370 inciso 11) del referido cuerpo legal, identificando las conclusiones expuestas en los numerales tres y seis de la Sentencia; el razonamiento expuesto en el cuarto considerando, numeral uno, del Auto de Vista impugnado resulta arbitrario, pues el Tribunal de Alzada debió revisar los hechos atribuidos en la acusación y el auto de apertura de juicio por los cuales fue condenado, por lo que la improcedencia de ese motivo carece de fundamentación, por ello en este segundo motivo también invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 411 de 20 de octubre de 2006 (SPII) y reitera la existencia de defecto absoluto por violación del derecho a la defensa, tutelado por los artículos 115 parágrafo II y 119 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, así como de la garantía constitucional del debido proceso consagrada en el artículo 117 parágrafo I de la misma Constitución, en sus elementos del derecho a la congruencia de las resoluciones y fundamentación de éstas.

       Culmina pidiendo se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, ordenando la devolución de actuados al Tribunal de Alzada para que pronuncie nueva resolución de conformidad a la doctrina legal aplicable, con imposición de multa por no ser excusable.

       CONSIDERANDO III: (Verificación de la contradicción con los precedentes invocados)

          Que antes de ingresar al fondo, resulta necesario dejar establecido que el recurso de casación cumple la función  de unificar y establecer la doctrina legal que debe ser obligatoriamente aplicada y observada por los Jueces y Tribunales  en materia penal del país, de ahí la importancia de invocar el precedente contradictorio en relación al Auto de Vista impugnado, precisando las situaciones concretas que se consideran contrarias a los precedentes que se invocan, a efecto de resolver en derecho el recurso de casación, así como de evidenciar la contradicción existente; también se debe hacer hincapié que los precedentes invocados como contradictorios al Auto de Vista recurrido, deben ser similares en cuanto al hecho resuelto para así poder establecer si en una situación de hecho similar el sentido jurídico que  le asigna el Auto de Vista impugnado no coincide con el o los precedentes que se invocan, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; al respecto el párrafo segundo del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal establece que: "existe contradicción cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que  le asigna  el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance";  bajo dicha premisa y delimitando el marco finalista del recurso de casación corresponde analizar lo impetrado por el recurrente y a ese fin se tiene que:

Respecto al primer motivo del recurso, el impugnante aduce que el Auto de Vista recurrido es contradictorio al Auto Supremo Nro. 411 de 20  de octubre de 2006 (SPII), porque en la resolución impugnada incurrió en el defecto absoluto inserto en el inciso 3) del artículo 169 del Código de Procedimiento Penal, por violación del derecho a la defensa, tutelado por los artículos 115 parágrafo II y 119 parágrafo II de la Constitución Política del Estado y violación de la garantía constitucional del debido proceso consagrada en el artículo 117 parágrafo I de la misma Constitución, en sus elementos del derecho a la congruencia de las resoluciones y fundamentación de las mismas, debido a que en el cuarto considerando, numeral dos del Auto de Vista impugnado, los Vocales omitieron pronunciarse en la medida de los aspectos cuestionados de la Sentencia apelada y que fueron objeto de impugnación y fundamentación en los puntos 1.2.1. y 2.2.2. del segundo motivo del recurso de apelación restringida, referente al defecto de sentencia previsto en el artículo 370 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal, acusando que el Tribunal de Sentencia incurrió en errónea aplicación de la ley penal sustantiva, concretamente del artículo 335 del Código Penal por errónea calificación de los hechos, identificando tal defecto en el punto VI de la fundamentación jurídica de la sentencia apelada, pues no le dieron una respuesta fáctica y legal, por lo que aduce la existencia de incongruencia omisiva.

De igual forma, respecto de la parte del Auto de Vista Nro. 241/2013 que impugna, referido al segundo motivo de su recurso de apelación restringida, sostiene que la decisión de declarar improcedente carece de fundamentación que la sustente, pues no existe una respuesta fáctica, sino conclusiones genéricas que no le explican los motivos por los cuales le asiste la razón o sin razón en sus reclamos y pretensiones, haciendo alusión al artículo 398 del Código de Procedimiento Penal.

       Al respecto, se tiene que el Auto Supremo Nro. 411 de 20 de octubre de 2006 (SPII), invocado como precedente contradictorio en el presente motivo, resolvió cuestiones relativas a un proceso penal en el que el Juez de Sentencia dictó resolución final absolviendo al acusado de la comisión del delito de malversación y lo declaró culpable del delito de peculado, en apelación el Tribunal de Alzada declaró inadmisible el recurso de apelación restringida y en casación, este Máximo Tribunal dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado, al evidenciar que los de Alzada no se pronunciaron sobre todos los puntos apelados en la forma exigida por los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, por lo que estableció doctrina legal que en lo fundamental señaló: “Al no haberse pronunciado el Tribunal Ad quem sobre todos los motivos en los que se fundó el recurso de apelación restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta fáctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación. Esta actividad se constituye en vicio absoluto que atenta contra al derecho a la defensa y al debido proceso, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones respondiendo efectivamente a las cuestiones plateadas por los recurrentes, cuya omisión constituye un defecto de la resolución que no puede convalidarse”(sic). Adviertiéndose existir hecho similar, se pasa a resolver el motivo y a dicho fin, de la revisión prolija de obrados, principalmente de la Sentencia (fs. 168 a 177), recurso de apelación restringida (fs. 208 a 216) y  Auto de Vista recurrido (fs. 253 a 257), se constata que en el segundo motivo del recurso de alzada, en líneas generales se acusó la errónea aplicación de la norma sustantiva contenida en el artículo 335 del Código Penal, por errónea calificación de los hechos  -porque según el impugnante- el Tribunal de Sentencia concluyó que el error en que incurrió la víctima se dio en dos momentos, cuando le mandó dinero como préstamo y cuando lo hizo con la finalidad de realizar inversiones conjuntas y como hecho generador de dicho error, que su persona le hizo creer que era soltero o libre, no tenía hijos y menos otra relación, hecho este último, que al no haber sido expuesto en la acusación ni en el auto de apertura de juicio, no podían subsumirlo al tipo constitutivo penal de estafa, de ahí que el hecho de que en principio se le haya enviado dinero en calidad de préstamo a decir del recurrente- no  puede ingresar en el ámbito penal, por constituir un hecho civil y que el que le hubiera hecho creer a la víctima que no tenía hijos y menos otra relación amorosa, el mismo al recaer sobre su estado civil y familiar y no sobre sus cualidades, tampoco puede generar error alguno y menos responsabilidad penal, al margen de que la víctima conocía que tenía una hija y otra pareja y no le importó y que dicha relación tampoco es reprochable penalmente, porque el adulterio no se encuentra reprimido penalmente en nuestra legislación, por ello indica que “si no ha mediado una relación entre el engaño que induce en error a la víctima y provoca el desplazamiento patrimonial, no hay estafa”, ello, debido a que la promesa de matrimonio no está reconocida como elemento de engaño y no es idónea para causar error en la víctima, porque es un acontecimiento futuro e incierto y no una realidad y que no tiene precio y no puede motivar el acto de disposición, “de ahí que se lo condenara por no cumplir con la promesa de matrimonio” (sic); solicitando al Tribunal de Alzada que los hechos no contemplados en la acusación, no se subsuman al tipo penal de estafa y que verifique si la promesa de matrimonio incumplida puede configurarse como  el elemento engaño, si es un medio idóneo para inducir en error a la víctima y si dicho error le motivó el acto de disposición patrimonial, ello, “a partir de los propios fundamentos y conclusiones que contiene la sentencia” (textual). Así expuesto dicho motivo, a mérito del señalado petitorio y en base a los argumentos fundantes de la sentencia recurrida, el Tribunal de Alzada precisó y concluyó que “la fundamentación jurídica (fs. 175 a 176) que es a la que está vinculado el defecto de sentencia previsto en el artículo 370 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal, no contiene error alguno, es completa en relación a cada uno de los elementos del tipo penal que aborda, está sustentada y es congruente plenamente con la fundamentación fáctica y probatoria; no existe elemento alguno que permita afirmar que las circunstancias que el Tribunal considera y toma en cuenta para establecer cada uno de los elementos del tipo penal que concluye como materializado, no sean concurrentes o no se hayan demostrado y menos que sus razonamientos respecto a cada uno de los elementos constitutivos del tipo  penal descritos en el artículo 335 del Código Penal no respondan a derecho” (sic); adviertiendo este Máximo Tribunal que el Tribunal de Alzada sólo cumplió con verificar lo que le solicitó el ahora recurrente, precisamente “a partir de los propios fundamentos y conclusiones que contiene la sentencia” y que le permitieron  arribar a la conclusión precedentemente transcrita, habiendo los de Alzada constatado que tanto en lo externo como interno el fallo  apelado se halla completo y que no infringe norma legal alguna, por lo que el Auto de Vista recurrido responde precisamente a los cuestionamientos expuestos en el señalado motivo, permitiendo conocer con claridad por qué se declaró no tener mérito el segundo motivo del recurso de apelación restringida, fundamentos que, como se tiene ya referido, hallan su sustento en los propios argumentos fundantes que contiene el fallo apelado y conforme expresamente el ahora impugnante solicitó verificara el Tribunal de Alzada, fundamentación que también se encuentra respaldada por los argumentos también vertidos por el Tribunal de Alzada al resolver el primer motivo de la apelación restringida y que serán expuestos al momento de resolver el mismo, argumentos que se advierte, también guardan íntima relación con el segundo motivo, por haberse acusado también en el primer motivo, la errónea aplicación de la ley sustantiva referida al delito de estafa, por supuesta errónea valoración de los hechos; por ello, no es evidente que el  Tribunal de Apelación hubiera incurrido en incongruencia omisiva, así como tampoco que vulnere el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso en sus elementos de la motivación y fundamentación de las resoluciones, en la forma que alega el recurrente y mucho menos que hayan adecuado su accionar al defecto absoluto inserto en el artículo 169 incisos 3) del Código de Procedimiento Penal, también aludido o que incumplieran el deber que les impone el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, por lo que el Auto de Vista no contradice el precedente invocado; consiguientemente el presente motivo es infundado.

En lo que concierne al segundo motivo del recurso, el recurrente Omar Fernando Tórres Romero alega que el Auto de Vista recurrido es contradictorio al Auto Supremo Nro. 411 de 20 de octubre de 2006 porque según el impugnante- la supuesta fundamentación expuesta en el cuarto considerando, numeral uno, del Auto de Vista impugnado peca de incongruente, por cuanto los Vocales no circunscribieron su resolución a los aspectos cuestionados de la sentencia apelada, en la medida en que fue reclamada, referente al primer motivo de su recurso de apelación restringida, ya que observó inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación al tenor del artículo 362 del Código de Procedimiento Penal, en el marco del artículo 370 inciso 11) del referido cuerpo legal, identificando las conclusiones expuestas en los numerales tres y seis de la Sentencia; el razonamiento expuesto en el cuarto considerando, numeral uno, del Auto de Vista impugnado resulta arbitrario, pues el Tribunal de Alzada debió revisar los hechos atribuidos en la acusación y el auto de apertura de juicio por los cuales fue condenado, por lo que la improcedencia de ese motivo carece de fundamentación, por ello acusa defecto absoluto por violación del derecho a la defensa, tutelado por los artículos 115 parágrafo II y 119 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, así como de la garantía constitucional del debido proceso consagrada en el artículo 117 parágrafo I de la misma Constitución, en sus elementos del derecho a la congruencia de las resoluciones y fundamentación de éstas. Al respecto, habiéndose invocado en este motivo el mismo Auto Supremo invocado en el primer motivo del presente recurso, en atención a las cuestiones resueltas por el mismo y que fueron desarrolladas a momento de resolver el primer motivo, se advierte también existir situación de hecho similar entre el indicado precedente y el Auto de Vista recurrido, por ello, se pasa a resolver el motivo.

       En el marco referido precedentemente y antes de ingresar a resolver el presente motivo, resulta imprescindible dejar establecido que, conforme lo ha establecido la uniforme doctrina legal desarrollada por este Tribunal “el recurso de apelación restringida tiene por objeto el control de legalidad para decidir si las sentencias incurren en infracción legal o efectúan una defectuosa aplicación de la Ley. Al Tribunal de Alzada le corresponde realizar ese control, dejando a salvo el conocimiento de los hechos y la prueba al órgano del juicio, porque en el sistema acusatorio no existe doble instancia” (Auto Supremo Nro. 119 de 29 de abril de 2010); por ello, teniendo en cuenta la naturaleza y marco finalista del recurso de apelación restringida, el Tribunal de Alzada está compelido sólo a controlar la  legalidad de la formación interna y externa de la Sentencia, resolviendo el recurso de apelación por inobservancia o errónea interpretación y aplicación de la ley (sustantiva o adjetiva), conforme lo prevé el artículo 407 del Código de Procedimiento Penal, por lo que su labor es eminentemente de derecho y no de hecho.

       Dicho aquello, a fin de  que se entiendan los fundamentos  a través de los cuales se resolverá el presente motivo, corresponde referirnos previamente al motivo fundamental del recurso de apelación, que ocasiona el presente planteamiento, advirtiéndose que el ahora impugnante en el primer motivo del recurso de fojas 208 a 216, al amparo de la causal establecida en el inciso 11) del artículo 370 del Código de Procedimiento Penal, relativas a la  inobservancia de las reglas de la congruencia entre la Sentencia y la Acusación, precisó que en el parágrafo VI de la Sentencia recurrida, referida a la fundamentación  jurídica, el Tribunal sentenciador introdujo un hecho que no estuvo presente ni en la acusación y menos en el auto de apertura de juicio, como el de señalar que su persona había “iniciado una relación sentimental con la víctima, haciéndole creer que era libre, no tenía hijos, ni tenía otra relación amorosa” (sic), hecho éste por el que a decir del impugnante- ha sido condenado y que al haber sido expuesto para configurar el elemento engaño del delito de estafa y ni siquiera como agravante, la víctima no podía someterlo a juzgamiento, debido a que el hecho acusado fue “la promesa de matrimonio y estabilidad familiar”, por ello, señala como vulnerado el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal. Al respecto, el Tribunal de Alzada en el cuarto considerando del Auto de Vista recurrido (fs.256), concluyó: “Para establecer defectos de sentencia en apelación restringida, el análisis de la misma debe enfocarse a la fundamentación fáctica, a la fundamentación probatoria o a la fundamentación jurídica, de acuerdo a cuál de ellas se acusare el error. De la lectura de la Sentencia, se evidencia que a fojas 168 vuelta cursa la fundamentación fáctica que constituye una transcripción tanto del contenido de la acusación de fojas 3-4 punto IV cuanto del Auto de Apertura de juicio de fojas 68, contenidos que deben considerarse en su integridad y no de manera parcelada, dado que ante el Juzgador se lleva un hecho rodeado de una serie de elementos y circunstancias que se vinculan a la conducta de las partes, los que individualmente establecidos en su concurrencia o no, a través de la prueba aportada y su valoración, hacen que el Juez establezca si ocurrió o no el hecho acusado en su conjunto, si reúne los elementos constitutivos de delito y en qué calidad hubiere participado en él el acusado.

       Y continúa “en el caso de autos, el apelante no ataca la fundamentación fáctica de la sentencia, que es la que contiene el hecho juzgado, y es a la que está vinculado el artículo 362 del CPP, pues habría vulneración de la citada norma en tanto y en cuanto el Auto de apertura de proceso y la fundamentación fáctica de la sentencia no fueren coincidentes con la acusación, extremo que no acontece  en el presente caso”.

       Y culmina señalando que “el apelante acusa de “incongruencia” entre afirmaciones de la acusación y conclusiones de la sentencia, observación que no puede ser acogida teniendo en cuenta que el Juez no está reatado en sus conclusiones a lo alegado por las partes, sino a la prueba producida y valorada; consecuentemente, constituye un error establecer vulneración del artículo 362 contrastando una alegación de parte cual es la acusación, con las conclusiones a las que arriba el Juez a partir de la valoración probatoria, siendo que las conclusiones pueden contener error en tanto la valoración probatoria haya sido defectuosa, situación que no tiene relación con el artículo 362 sino con el 173 del CPP que debe ser abordado a partir de otro motivo de recurso que no ha sido planteado por el apelante” (sic), (las negrillas no corresponden al texto original); consiguientemente de la fundamentación detallada y transcrita precedentemente, fácilmente puede advertirse que los de Alzada sí han dado respuesta puntual, congruente y suficiente a los argumentos expuestos en el señalado motivo del recurso de apelación restringida, puesto que le hacen saber al recurrente, con meridiana claridad, cuáles son los motivos por los que no merece otorgar mérito al agravio acusado por éste en el referido recurso, que no es otro que  la errónea aplicación de la norma sustantiva contenida en el artículo 335 del Código Penal, como defecto de sentencia establecido en el inciso 11) del Código Adjetivo Penal, que no podía ser argumentada a partir de la vulneración del artículo 362 del mismo Código, ligada al cuestionamiento de la fundamentación jurídica de la sentencia por errónea (interpretación) valoración de los hechos fácticos discutidos en el proceso, sino, a partir del cuestionamiento de la fundamentación fáctica del fallo apelado, ligado a la infracción del artículo 173 del Código de Procedimiento Penal, que no fue objeto de alzada, argumentación plenamente compartida por este Tribunal; máxime, si el  supuesto hecho incorporado por el  Tribunal de Sentencia y que según el impugnante no hubiera formado parte de la acusación y del Auto de apertura de juicio y al cual hizo énfasis el Tribunal sentenciador en el parágrafo VI relativo a la fundamentación jurídica de la sentencia (que había iniciado una relación sentimental con la víctima, haciéndole creer que era libre, no tenía hijos, ni tenía otra relación amorosa), aparte de estar íntimamente ligado y ser conexo a las cuestiones fácticas expuestas en la acusación y en el Auto de apertura de juicio, se constata, no fue oficiosamente invocada por el referido Tribunal, sino, que primigeniamente fue introducida a juicio por el recurrente, cuando en la audiencia de juicio decide hacer uso de su derecho constitucional a declarar, habiendo incluso, respondido preguntas que se le formularon respecto al hecho ahora cuestionado, ocasionando con ello, como lógica consecuencia, que la acusadora particular, a tiempo de prestar su declaración testifical, por haber depuesto en tal calidad, se refiera al mismo hecho, aclarándolo y respondiendo al interrogatorio que le hiciera la defensa técnica del  imputado en relación al hecho cuestionado en alzada, sin que en obrados se advierta haberse efectuado objeción alguna para la discusión del mismo, conforme se constata del contenido del acta de la audiencia de juicio de fojas 168 a 177; a lo cual se añade, que de la lectura exhaustiva de la sentencia recurrida, el hecho cuestionado, tampoco constituyó el elemento subjetivo por el que se  halló culpable y condenó al ahora impugnante y que si bien se hizo énfasis en la fundamentación jurídica del señalado fallo sobre la concomitancia de los demás hechos discutidos en proceso, empero, fue para sustentar lo ficticio de la promesa matrimonial y estabilidad familiar efectuadas por el acusado a la víctima, que desde el inicio de la relación sentimental entablada entre ambos, nunca estuvo como posibilidad de cumplimiento de parte del recurrente, debido precisamente a la relación familiar estable que mantenía con otra persona, con quien, durante el tiempo que entabló y mantuvo dicha relación amorosa ficticia,  procreó tres hijos y  que constantemente le fue negada a la querellante, relación sentimental ficticia que en definitiva determinó el fortalecimiento del error de la querellante, que propició el desprendimiento patrimonial y monetario efectuado a favor del acusado, con el consiguiente perjuicio en sus derechos patromoniales; así se advierte de la lectura armónica de la acusación, la fundamentación fáctica, probatoria y  jurídica de la Sentencia recurrida, en la cual, en base a la exigencia de completitud que debe contener toda resolución judicial, el Tribunal sentenciador se hallaba obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinaron el fallo emitido, ello, porque cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Juez o Tribunal llega a la conclusión sobre la causa de pedir, hecho por el cual, este Máximo Tribunal considera que no existe la incongruencia acusada en el recurso de apelación y que el Tribunal de Alzada,  sí se pronunció de manera completa y suficiente, expresando sus razones en correspondencia a los argumentos y alcances que contiene el recurso de apelación restringida de fojas 208 a 216, conforme al principio de la razón suficiente y en los términos que le impone el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, de ahí que no resulte evidente que el referido Tribunal haya incurrido en el defecto absoluto establecido en el inciso 3) del artículo 169 del Código Adjetivo precedentemente citado y menos que hubiera vulnerado el derecho a la defensa y la garantía al debido proceso legal del impugnante, en sus elementos de la congruencia y debida fundamentación de los falllos; por lo que el Auto de Vista impugnado tampoco contradice el precedente invocado en este motivo; mismo que también deviene en infundado.

       POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Omar Fernando Tórres Romero  (fs. 279 a 285), impugnando el Auto de Vista Nro. 241 emitido el 30 de julio de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (fs. 253 a 257), en el proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público y acusación particular de María del Carmen Castillo Fonseca, representada por Cristian Jaime Flores Vedia contra el recurrente por la presunta comisión del delito de estafa, previsto y sancionado por el artículo 335 del Código Penal.

              Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Presidente)

                   Jorge Isaac Von Borries Méndez.

ANTE MÍ.    Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.