SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº. 270/2013

Sucre, 2 de octubre de 2013

EXPEDIENTE: La Paz 162/2013

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Santos Tarqui López, Bertha Aduviri de Tarqui representados legalmente por Félix Aduviri Mamani contra Julio Eduardo Rovira Miranda

DELITO: falso testimonio

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

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       VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Julio Eduardo Rovira Miranda (fs. 480 a 489), impugnando el Auto de Vista Nro. 9/13 emitido el 7 de febrero de 2013 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 465 a 467), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, Santos Tarqui López y Bertha Aduviri de Tarqui, representados legalmente por Felix Aduviri Mamani (acusadores particulares) contra el recurrente por la presunta comisión del delito de falso testimonio, previsto y sancionado por el artículo 169 del Código Penal.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

Que el recurso de casación de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Sustanciado el juicio oral y ordinario, el Juzgado de Sentencia Nro. 2 de la capital del departamento de La Paz, que conoció esa causa, pronunció Sentencia condenatoria Nro. 15/2011 el 1 de agosto de 2011 (fs. 434 a 438), declarando al imputado Julio Eduardo Rovira Miranda autor del delito de falso testimonio, previsto y sancionado por el artículo 169 del Código Penal, condenándolo a la pena privativa de libertad de seis meses, con costas a calificarse en ejecución de Sentencia una vez que la resolución adquiera la calidad de cosa juzgada; asimismo, salva el derecho del imputado al beneficio del perdón judicial, conforme determina el artículo 368 del Código de Procedimiento Penal.

Contra la citada Sentencia el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 443 a 451), resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por Auto de Vista Nro. 9/2013 de 7 de febrero de 2013, que lo declaró admisible e improcedentes las cuestiones planteadas y confirmó la Sentencia apelada.

Posteriormente, mediante auto complementario de 17 de abril de 2013 (fs. 470), la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispuso no haber lugar a la enmienda impetrada por los acusadores particulares, mediante memorial de 16 de abril de 2013 (fs. 469)

Con el Auto de Vista referido, Julio Eduardo Rovira Miranda fue notificado el 16 de abril de 2013 (fs. 468) formulando recurso de casación, motivo de autos, el 19 de abril de 2013 (fs. 480 a 489).

CONSIDERANDO II: (Motivos del recurso de casación)

Que analizado el referido recurso de casación, fue admitido conforme a los argumentos descritos en el Auto Supremo Nro. 240/2013 de 30 de agosto, a efecto de verificar la presunta contradicción existente entre el Auto de Vista recurrido y el Auto Supremo Nro. 37 de 27 de enero de 2007 y según el siguiente motivo:

1. Violación de los artículos 335 y 336 del Código de Procedimiento Penal. Detallando las innumerables audiencias suspendidas que fueron denunciadas en el recurso de apelación restringida, señala que los Vocales en el Considerando II del Auto de Vista impugnado manifestaron que: “las audiencias se suspendieron por inasistencia del Ministerio Público. Inasistencia de la parte querellada, por suplencia del juez ad-quo y otros” (sic), cuando las audiencias fueron suspendidas por más de diez días y la inasistencia del Fiscal no es causal de suspensión por la previsibilidad de la sustitución inmediata, por lo que pretenden socapar las irregularidades cometidas por el Juez ad-quo; que “las dilaciones no son atribuibles al Ministerio Público sino también a la parte acusada” (sic), pretendiendo echar la culpa a las partes y al Fiscal de la demora, cuando el director del proceso es la autoridad jurisdiccional, pudiendo emitir mandamientos o en su defecto declarar abandono de querella, y; que las “suspensiones de audiencias fueron justificadas” (sic), cuando no motivan la resolución, indicando cuáles audiencias se encuentran justificadas, más al contario lo hicieron de manera general conculcando el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal; en ese sentido, invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 37 de 27 de enero de 2007, indicando que el Tribunal de Alzada no valoró y aplicó los alcances de los artículos 335 y 336 del Código de Procedimiento Penal, los cuales velan el derecho a la defensa, el debido proceso y la seguridad jurídica.

CONSIDERANDO III: (Verificación de la contradicción con el precedente invocado)

Que en ese sentido es preciso señalar que, el objetivo del recurso de casación es asegurar el exacto y uniforme cumplimiento de la Ley penal en los fallos judiciales en todo el territorio nacional, valiéndose para ello de la competencia atribuida al Supremo Tribunal (la unificación jurisprudencial y nomofilaxis), con la finalidad de garantizar el principio de igualdad ante la Ley, en observancia de la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que es un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales por el Tribunal de Apelación, contrarios a otros precedentes, por lo que se ha dejado establecido que no todo Auto de Vista es recurrible en casación, sino únicamente los que resulten ciertamente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; es decir, para que el planteamiento del recurso sea eficaz, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentar su recurso dentro del plazo establecido por ley y señalar la contradicción en la que incurrió el Tribunal de Alzada, sino, asegurarse que los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, debiendo concurrir elementos comunes que hagan posible su catalogación como similares en cuanto a su naturaleza, contenido y finalidad, lo contrario implica la imposibilidad del Tribunal Supremo de cumplir con su competencia unificadora y nomofiláctica.

Que conforme el Auto Supremo de Admisión Nro. 240/2013 del 30 de agosto, el análisis del presente recurso, se circunscribirá a la verificación de la denuncia efectuada en el punto 1 de los motivos del presente recurso, la que se encuentra relacionada con la aparente contradicción incurrida por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al momento de emitir el Auto de Vista Nro. 9/13 de 7 de febrero de 2013, con el Auto Supremo Nro. 37 de 27 de enero de 2007, resolución admitida en calidad de precedente contradictorio.

En el caso de autos, el recurrente denuncia que el Auto de Vista Nro. 9/13 de 7 de febrero de 2013, contradice el Auto Supremo Nro. 37 de 27 de enero de 2007, en cuya doctrina legal se establece: “Esta Sala estima que el espíritu del Código de Procedimiento Penal y del sistema oral acusatorio, contiene como regla general, el principio de continuidad de la audiencia de juicio, el que consiste que aquella se realizará sin interrupción, durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su culminación; estableciendo como excepción al mencionado principio, la suspensión de dicha audiencia, por un plazo máximo de diez días, tan solo una vez y en cualquiera de los casos enumerados en la disposición 335 del Código de Procedimiento Penal.

Dicho principio persigue que el juicio se desarrolle en un lapso cerrado mediante un proceso consecutivo para la exposición de la acusación, las pruebas, las alegaciones o informes de las partes y, de inmediato se dicte la Sentencia. Con ello se busca hacer efectivo que el proceso se desenvuelva sin dilaciones indebidas.

Que en ese razonamiento, el juicio oral, público y contradictorio desarrollado en el caso de Autos, se efectuó en franca violación del principio de continuidad que rige el juicio oral, público y contradictorio, ocasionando dispersión de la prueba y su valoración, situación que ha sido esbozada en el Auto Supremo Nro. 239 de 1 de agosto de 2005, toda vez que los principios procesales tienen un objeto y un fin, de ahí que la interrupción más allá de los límites razonables expresamente señalados en la norma penal, sustraen de la necesaria credibilidad a los fallos judiciales; el fallo en forma inmediata impide que los jueces se vean influenciados por factores externos a lo vivido en el debate, para que la única influencia en la decisión sea lo que haya quedado impregnado en las retinas y en el sentido auditivo de los jueces que emiten el decisorio, por otra parte permite el desarrollo del principio de publicidad y asegura fundamentalmente que el juez pueda extraer de manera inmediata, sin que sean determinantes las limitaciones humanas como la memoria, para precisar los elementos de prueba que han de sustentar su resolución.

Así, no es concebible que la autoridad jurisdiccional ignore estos presupuestos y deje de ejercitar las facultades que le provee la ley para la correcta dirección de la audiencia, consintiendo en que las partes realicen cuanto acto dilatorio les plazca, sin que se libren las respectivas amonestaciones o en su caso se impongan las multas pertinentes, pero es aún más grosero que el titular del órgano jurisdiccional discrecionalmente e ignorando las características propias del proceso acusatorio, señale fechas tan distantes para la prosecución de una audiencia de juicio donde se define la situación jurídica de las personas.

De ahí que esta distorsión del procedimiento resulta grave ya incide directamente en la integridad del legítimo proceso, no pudiendo ser fidedignos los razonamientos de un juez que ha conocido de los antecedentes de hecho en un lapso de tiempo irrazonable, debiendo en estos casos aplicarse la sanción pertinente, tanto procesal como disciplinaria, de donde la oportunidad procesal para el ejercicio de tal control jurisdiccional, era precisamente durante el análisis en el fondo del recurso de apelación restringida interpuesto por los imputados, empero no fue ejercitada bajo el principio de igualdad por el órgano jurisdiccional, legitimado a tal efecto” (sic). Doctrina cuya problemática principal radica en la denuncia sobre la suspensión de la audiencia de juicio oral, en repetidas ocasiones y por lapsos de tiempo mayores a los permitidos por ley, hecho que el Tribunal de Casación consideró como vulneración del principio de celeridad y del principio de continuidad de la audiencia de juicio oral. En el caso, el recurrente denuncia la violación de los artículos 335 y 336 del Código de Procedimiento Penal por las continuas suspensiones de las audiencias por más de diez días y que a decir del Tribunal de Alzada, fueron por la inasistencia del Ministerio Público y la parte querellante además de otros, no obstante, manifiesta, que la ausencia del Ministerio Público, no es causal de suspensión de la audiencia y que el Juez como director del proceso debió emitir los mandamientos correspondientes o declarar el abandono de la querella oportunamente, sin embargo, el Auto de Vista impugnado, pretende cubrir las irregularidades del Tribunal de Sentencia, atribuyéndole la culpa por la demora y suspensión de audiencias al Ministerio Público y la parte querellada. Al respecto el Tribunal de Apelación, en el Auto de Vista impugnado, señala que, si bien es evidente la suspensión de las audiencias y la interrupción del juicio, estas han sido dentro de los límites establecidos en el artículo 335 del Código de Procedimiento Penal y que se verificó que las suspensiones de las audiencias fueron justificadas, tal cual consta en actas.

Ahora bien, es menester mencionar que, la doctrina contenida en el precedente invocado, ha sido modulada por el Auto Supremo Nro. 26/2012 de 15 de febrero, que en la parte sobresaliente señala “…sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en su labor de sentar jurisprudencia ha establecido doctrina legal aplicable en cuanto al incumplimiento de plazos, el mismo que ya no acarrearía la pérdida de competencia y la nulidad de lo actuado sino la retardación de justicia...” (sic).

Al respecto, de igual modo podemos citar el Auto Supremo Nro. 73/2012 de 12 de abril que señala que: “…es de vital importancia establecer que no todo defecto y/o irregularidad en un acto procesal o en un procedimiento produce la nulidad, pues para que la nulidad sea declarada, se debe tomar en cuenta determinados principios como: no hay nulidad sin texto, es decir que el acto procesal irregular, debe estar sancionado de manera expresa en la ley, también debe tomarse en cuenta el principio de trascendencia, que significa que "no hay nulidad sin perjuicio", es decir, cuando los defectos procedimentales denunciados provoquen daño de tal magnitud que dejen en indefensión material a las partes y sea determinante para la decisión adoptada en el proceso judicial, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro, o que el vicio impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido, sin embargo, estas nulidades deben ser interpretadas de manera restrictiva, tomándose en cuenta el interés, pues no hay nulidad por la nulidad misma en sentido de que la nulidad puede ser pronunciada cuando el incumplimiento de las formas se traduce en un efectivo menoscabo a los intereses de la defensa. De igual manera se debe considerar el principio de convalidación, el que se refiere a la posibilidad de subsanar el acto procesal” (sic). De lo que se infiere que, al haberse modulado el entendimiento del Auto Supremo Nro. 37 de  27 de enero de 2007, no constituye precedente contradictorio para el caso de autos.

No obstante, es preciso señalar que, conforme denuncia el recurrente, la audiencia de juicio oral fue suspendida en reiteradas oportunidades, habiéndose fijado la primera audiencia de juicio oral para el día 5 de noviembre de 2009, misma que fue suspendida por ausencia del representante del Ministerio Público, al igual que las tres siguientes; dos suspensiones por orden del juez suplente, cinco veces por inasistencia del Ministerio Público, una por inasistencia del abogado del imputado, dos suspensiones por ausencia del imputado, una por ausencia del Ministerio Público y el querellante y una por falta de notificaciones, instalándose finalmente y por primera vez la audiencia de juicio oral en fecha 27 de abril de 2010, reanudándose nuevamente en fecha 18 de septiembre de 2010, habiendo en el ínterin, una recusación interpuesta por el imputado en contra de la Juez. De ahí en adelante se fueron suscitando más suspensiones por los mismos motivos señalados precedentemente, sin embargo, es preciso señalar que no es evidente que la suspensión de las audiencias fueran por un lapso de tiempo mayor a lo permitido por ley, y que el imputado también fue responsable de la suspensión de algunas de ellas. Asimismo, el imputado al no reclamar oportunamente el hecho que se denuncia, aceptó tácitamente los actos, dándolos por bien hechos, pues a momento de solicitarse la nulidad de un acto por errores procedimentales, son varios los factores que deben considerarse, entre ellos el que la nulidad del acto vulneratorio debe estar señalado expresamente en la Ley, en ese entendido, el artículo 407 del Código de Procedimiento Penal, señala que el recurso de apelación restringida será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la ley cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la sentencia; de lo que se extrae, que las partes, ante la continua suspensión de las audiencias o el señalamiento de audiencias fuera de plazo, si éstos hubieran sido lesivos a sus intereses, derechos o garantías, tenían la oportunidad de reclamar y en su caso interponer todos los mecanismos de impugnación establecidos legalmente, pues en aplicación al principio de convalidación, si la violación no es reclamada oportunamente, se considera convalidada por su tácito consentimiento.

Finalmente, conforme ya ha sido establecido por este Tribunal Supremo, el incumplimiento de plazos procesales, no acarrea la nulidad, sino la retardación de justicia, tal cual establece el artículo 135 del Código de Procedimiento Penal.

Bajo los razonamientos analizados, no resulta incongruente el Auto de Vista en los términos impugnados, consiguientemente, se establece que el recurso de casación planteado, carece de sustento legal que haga válida su pretensión.

       POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Julio Eduardo Rovira Miranda (fs. 480 a 489), impugnando el Auto de Vista Nro. 9/13 emitido el 7 de febrero de 2013 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 465 a 467), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, Santos Tarqui López y Bertha Aduviri de Tarqui, representados legalmente por Felix Aduviri Mamani (acusadores particulares) contra el recurrente por la presunta comisión del delito de falso testimonio, previsto y sancionado por el artículo 169 del Código Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

                   Jorge Isaac Von Borries Méndez

ANTE MÍ.    Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano