SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº. 248/2013

Sucre, 9 de septiembre de 2013

EXPEDIENTE: Tarija 145/2013

PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Oscar Cuellar Gallo, Ursula Amanda Saldaña Castillo

DELITO: tráfico de sustancias controladas

MAGISTRADO RELATOR: Jorge I. von Borries Méndez

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       VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Oscar Cuéllar Gallo y Ursula Amanda Saldaña Castillo, representados por Aldo Wilfredo Velasco Martínez (fs. 187 a 195), impugnando el Auto de Vista Nro. 26 emitido el 20 de junio de 2013, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs.171  a 174), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra  los recurrentes por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 48  con relación al artículo 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

Que el recurso de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Sustanciado el  juicio, el Tribunal de Sentencia de la localidad de Yacuiba, provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, dictó la  Sentencia Nro. 24/2010 el 6 de julio de 2010 (fs. 141 a 147), por la que declaró a los procesados Oscar Cuéllar Gallo y Ursula Amanda Saldaña  Castillo absueltos de culpa y pena de la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas.

Contra la referida Sentencia, el representante del Ministerio Público interpuso apelación restringida (fs. 156 a  158), resuelta por Auto de Vista Nro. 26/2013 de 20 de junio de 2013 (fs. 171 a 174), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró con lugar al recurso y anuló la Sentencia recurrida, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, ocasionando que los imputados Oscar Cuéllar Gallo y Ursula Amanda Saldaña Castillo, interpongan  recurso de  casación (fs. 187 a 195), que  admitido, es motivo de autos.

CONSIDERANDO II: (Motivos del recurso de casación)

Que conforme  al Auto Supremo Nro. 224 de 2 de agosto de 2013 (fs. 208 a 211)), el recurso fue admitido por los siguientes motivos:

1. Primer Motivo. El Tribunal no enmarcó su pronunciamiento al objeto de impugnación siendo un vicio ultra petita y extra petita. Los recurrentes sostienen que el Ministerio Público en el recurso de apelación restringida no citó de manera concreta la disposición legal que consideró violada, ni detalló la aplicación que pretendió, limitándose a citar normas sustantivas, que dichas omisiones fueron suplidas por el Tribunal de Alzada, el que justificó la anulación de Sentencia por errores in procedendo en relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación. Reiteran que la denuncia fue por violación de normas sustantivas y que el Tribunal de Alzada debió haberse pronunciado sobre los puntos apelados conforme dispone el artículo 17 parágrafo II de la Ley del Órgano Judicial,  al efecto invocando el Auto Supremo Nro. 250 de 17 de septiembre de 2012, como precedente contradictorio, indican que existe situación de hecho similar, porque el Tribunal de Apelación aplicó lo señalado en el parágrafo I del artículo 17 de la Ley Nro. 025 y olvidó aplicar lo previsto en el parágrafo II del mismo artículo y que la contradicción radica en que el Auto de Vista se aparta de los artículos 398 del Código de Procedimiento Penal y artículo 17 parágrafo II de la Ley Nro. 025.

       2. Segundo motivo. El Tribunal de Alzada ingresó en revalorización de la prueba. Bajo dicho subtítulo alegan que el Tribunal de Alzada señaló que la sentencia absolutoria se basó en una mala valoración de las declaraciones de los funcionarios policiales al ir en contra de la lógica y la experiencia, aspecto que según los impugnantes- denota una revalorización de las pruebas y que los argumentos del Tribunal de Alzada fueron  expresados en contra de la lógica, al afirmar que la palabra de un funcionario policial es irrefutable frente a la de los otros testigos, al respecto invocan como precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 119 de 29 de abril de 2010, indicando que la situación de hecho similar radica en que el Tribunal Supremo determinó la revalorización de la prueba efectuada por el Tribunal de Alzada y que la contradicción consiste en que el mismo Máximo Tribunal en el precedente invocado determinó que el Juez o Tribunal otorgó crédito a un testigo en vez de otro por la impresión que se formó, cuando el Auto de Vista recurrido expresa que: “el valor de las declaraciones de los funcionarios policiales por el ejercicio de funciones en el cumplimiento del deber tienen mayor credibilidad que la palabra del imputado y de testigos de cargo…” (sic), por lo que el Tribunal de Alzada al haber revalorizado prueba vulneró los artículos 169 inciso 3) y 330 del Código de Procedimiento Penal.

       Culminan pidiendo se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado.

CONSIDERANDO III: (Verificación de la contradicción con los precedentes invocados)

          Que antes de ingresar al fondo, resulta necesario dejar establecido que el recurso de casación cumple la función  de unificar y establecer la doctrina legal que debe ser obligatoriamente aplicada y observada por los Jueces y Tribunales en materia penal del país, de ahí la importancia de invocar el precedente contradictorio en relación al Auto de Vista impugnado, precisando las situaciones concretas que se consideran contrarias a los precedentes que se invocan, a efecto de resolver en derecho el recurso de casación, así como de evidenciar la contradicción existente; también se debe hacer hincapié que los precedentes invocados como contradictorios al Auto de Vista recurrido, deben ser similares en cuanto al hecho resuelto para así poder establecer si en una situación de hecho similar el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista impugnado no coincide con el o los precedentes que se invocan, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; al respecto el párrafo segundo del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal establece que: "existe contradicción cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance"; bajo dicha premisa y delimitando el marco finalista del recurso de casación corresponde analizar lo impetrado por los recurrentes y a ese fin se tiene que:

Respecto al primer motivo del recurso, los impugnantes aducen que el Auto de Vista recurrido es contradictorio al Auto Supremo Nro. 250 de 17 de septiembre de 2012, porque en el recurso de apelación restringida el Ministerio Público no citó de manera concreta la disposición legal que considera violada, ni detalló la aplicación que pretendió, limitándose a citar como violadas normas sustantivas y que dichas omisiones fueron suplidas por el Tribunal de Alzada, el que justificó la anulación de Sentencia por errores in procedendo en relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación. Reiteran que  la denuncia fue por violación de normas sustantivas y que el Tribunal de Alzada debió haberse pronunciado sobre los puntos apelados conforme dispone el artículo 17 parágrafo II de la Ley del Órgano Judicial y no así  aplicando el parágrafo I del mismo artículo, por lo que se apartó de los artículos 398 del Código de Procedimiento Penal y 17 parágrafo II de la Ley Nro. 025.

       Al respecto, se tiene que el Auto Supremo Nro. 250 de 17 de septiembre de 2012, invocado como precedente contradictorio en el presente motivo, resolvió cuestiones relativas a un proceso penal sustanciado por los delitos de despojo, difamación, calumnia e injuria, en el que el Juez de Sentencia dictó sentencia absolviendo a los acusados de la comisión de los delitos imputados, en apelación el Tribunal de Alzada anuló la sentencia recurrida y dispuso la reposición del juicio oral y en casación, este máximo Tribunal dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado, al evidenciar que los de Alzada, aplicando lo establecido por el parágrafo I del artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial, anularon indebidamente, utilizando como sustento para ello, un hecho que no había sido cuestionado en el recurso de apelación restringida, como el referido a la violación al principio de continuidad y celeridad  en la celebración del juicio oral, por lo que estableció doctrina legal que en lo fundamental señaló que: “El Tribunal de Alzada debe ceñir el pronunciamiento de su resolución a lo que fue objeto de impugnación, debiendo el Auto de Vista circunscribirse sólo a los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, de conformidad a lo dispuesto por el parágrafo II del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, en concordancia con el art. 398 del Código de Procedimiento Penal, lo contrario se constituye en vicio de incongruencia por exceso (ultra petita o extra petitium), al resolverse sobre cuestiones que no fueron objeto de expresión de agravio, circunstancia que vulnera el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el derecho a las resoluciones debidamente fundamentadas” (sic). Existiendo supuesto de hecho similar, se pasa a resolver el fondo del presente motivo.

       A dicho fin y de la revisión  detallada del Auto de Vista recurrido, se advierte que los de Alzada, en ninguna parte de la señalada resolución utilizaron como sustento jurídico para anular la sentencia recurrida, la facultad de revisión  que establece el parágrafo I del artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial y menos efectuaron cita de la señalada norma legal, evidenciándose que el fundamento principal del fallo recurrido para disponer la nulidad de la Sentencia y ordenar la reposición del juicio, es el haber constatado la existencia de errónea valoración probatoria (intelectiva y jurídica) en la que incurrió el Tribunal de Sentencia de la localidad de Yacuiba al realizar la labor de valoración del acerbo probatorio producido en juicio oral, hecho éste -valoración defectuosa de la prueba- que fue objeto de cuestionamiento por parte del Ministerio Público en el recurso de apelación restringida de fojas 156 a 158, cuando en los párrafos tercero y cuarto del parágrafo IV correspondiente a la FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, se adujo lo siguiente: “El Ministerio Público demostró sin lugar a duda la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, concordante con el art. 33 inc.m) de la Ley 1008, en la que incurrieron URSULA AMANDA SALDAÑA Y OSCAR CUELLAR GALLO, las Sras.  miembros del Tribunal de Sentencia no realizaron una valoración correcta de todos los hechos y pruebas aportadas por el Ministerio Público, y consiguientemente los declaran absueltos de culpa y pena, favoreciendo de esta manera a los procesados, lo que constituye inobservancia y errónea aplicación de la ley de parte del Tribunal de Sentencia, por cuanto las pruebas demuestran que los imputados participaron en el ilícito y por lo tanto son responsables de la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, elementos que no fueron valorados por los señores jueces” y continúa “Asimismo el Tribunal no ha valorado el hecho de que se haya encontrado en el cuarto de los acusados la droga porque supuestamente ellos no vivían en esa casa (según el Tribunal) porque ellos nunca han referido que no vivían en ese domicilio, si no fuera así entonces qué hacían en ese inmueble en el momento que la FELCN ingresó al domicilio sorprendiendo en flagrancia a los acusados, ellos nunca dijeron nada al respecto porque no declararon, pero el tribunal toma en cuenta de manera positiva lo que dijeron los acusados en el último momento del juicio oral, sin que lo mencionado sea corroborado en ningún momento durante el juicio ni documentalmente y menos testificalmente pero el tribunal da fe ciega a lo dicho por la acusada” (sic). Consiguientemente, no  es cierto que el  Tribunal de Apelación haya actuado ultra o extra petita, resolviendo un hecho que no fue motivo de apelación, como se alega en el recurso en exámen y menos que se hubiera apartado del deber impuesto por los artículos 17 parágrafo II de la Ley del Órgano Judicial y 398 del Código de Procedimiento Penal, como también se aduce; por lo que el Auto de Vista recurrido no contradice el precedente invocado, deviniendo el presente motivo en infundado.

En lo que concierne al segundo motivo del recurso.- Los recurrentes aducen que el Auto de Vista recurrido es contradictorio al Auto Supremo Nro.119 de 29 de abril de 2010, porque el  Tribunal de Alzada señaló que la Sentencia absolutoria se basó en una mala valoración de las declaraciones de los funcionarios policiales al ir en contra de la lógica y la experiencia, aspecto que según los impugnantes- denota una revalorización de las pruebas y que los argumentos del Tribunal de Alzada fueron  expresados en contra de la lógica, al afirmar que la palabra de un funcionario  policial es irrefutable frente a la de los otros testigos, expresando que: “el valor de las declaraciones de los funcionarios policiales por el ejercicio de funciones en el cumplimiento del deber tienen mayor credibilidad que la palabra del imputado y de testigos de cargo…” (sic) y que por ello, al haber el Tribunal de Alzada revalorizado prueba vulneró los artículos 169 inciso 3) y 330 del Código de Procedimiento Penal.

       Realizada la contrastación, se advierte que el Auto Supremo Nro. 119 de 29 de abril de 2010, resolvió aspectos relativos a  un proceso penal sustanciado por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina y lesiones gravísimas, en el que el Tribunal de Sentencia absolvió de culpa y pena al imputado, en Alzada  el Tribunalde Apelación anuló la Sentencia y dispuso el reenvío del juicio y en casación este máximo Tribunal decidió dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado al advertir que el Tribunal de Apelación incurrió en revalorización de prueba; estableciendo doctrina legal que en lo fundamental señaló:  “El recurso de apelación restringida tiene por objeto el control de legalidad para decidir si las sentencias incurren en infracción legal o efectúan una defectuosa aplicación de la Ley. Al Tribunal de Alzada le corresponde realizar ese control, dejando a salvo el conocimiento de los hechos y la prueba al órgano del juicio, porque en el sistema acusatorio no existe doble instancia. El proceso penal persigue el descubrimiento de la verdad real o histórica para cuyo efecto el único medio científico y legalmente admitido para hacerlo es la prueba. Tal actividad se encuentra a cargo de la parte acusadora, gozando el imputado del principio de inocencia reconocido por la Constitución Política del Estado”.

       Existiendo situación de hecho similar, se pasa a resolver el fondo de este motivo.

Al efecto, se considera pertinente establecer que, conforme lo determina la Ley (artículo 124 del Código de Procedimiento Penal) y la uniforme doctrina legal desarrollada por este máximo Tribunal (Autos Supremos Nros. 5 de 9 de junio de 2011 y 191 de 11 de julio de 2013), toda resolución judicial debe ser suficientemente y debidamente fundamentada, es decir, debe ser: 1. Expresa: porque el Juez o Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarla por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión. 2. Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos. 3. Completa: El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa de pedir. 4. Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. 5.- Lógica: finalmente se exige que la resolución cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión. En autos, de la revisión de antecedentes, fundamentalmente de la sentencia, recurso de apelación restringida y del Auto de Vista impugnado, se evidencia que el Ad quem no contradijo el precedente invocado en el presente recurso, debido a que siendo motivo del recurso de apelación la existencia de prueba suficiente para demostrar la culpabilidad de los imputados en la comisión del delito de tráfico, que no fue correctamente valorada por el Tribunal de Sentencia de la localidad de Yacuiba, en el marco de lo establecido por el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal y la competencia conferida por el artículo 398 del mismo Código, sobre la base de los hechos probados y no probados en juicio y los elementos de prueba incorporados al juicio, el Tribunal de Apelación en el parágrafo III.3 del CONSIDERANDO III del fallo impugnado concluyó en lo siguiente: “Cabe referir que de la revisión del acta de registro de audiencia de juicio oral se tiene las declaraciones de los policías de la FELCN, que efectuaron la intervención;coinciden en manifestar que el ambiente donde se encontró la sustancia ilícita se encontraba habitado por los acusados junto a un menor; teniéndose la declaración de Etelvina García Moreno “en ese inmueble habitaban la pareja con el niño, los demás ambientes estaban vacíos, luego fui a investigar por la zona, los cuales me manifestaron que la pareja vivían solos”, “en una cómoda se encuentra dos armas de fuego, documentos de compra venta de vehículo, motocicleta, terrenos, factura de agua, luz, otras facturas de cable a nombre de Ursula”. Milton Armando Cortéz: “ingresamos realizamos una requisa en el primer ambiente encontramos en el ropero en el tercer cajón  37 cápsulas, este ambiente es el dormitorio de los señores aquí presentes, porque había una cama, un velador y fotografías familiares”, así mismo manifiestan que, “siendo la razón para determinar la absolución por parte del Tribunal ad quo, la duda sobre la propiedad de la sustancia controlada con relación a otras personas que hubieran podido habitar el ambiente donde se encontró la sustancia controlada; cuando los funcionarios policiales afirman que investigaron que los acusados vivían solos en el inmueble y que al momento del allanamiento los otros ambientes se encontaban vacíos; en contra de la lógica y la experiencia el Tribunal Ad quo, tiene por no ciertas éstas afirmaciones con relación a las declaraciones de los testigos de cargo”, por lo que concluye, “considera el Tribunal de Alzada que no existe una correcta valoración de los elementos de prueba, puesto que no otorga el valor a las declaraciones de los funcionarios policiales, que se encuentran en ejercicio de sus funciones y no tienen ánimo o desánimo en contra de los acusados y sólo buscan se conozca la verdad histórica de los hechos y emerge del cumplimiento del deber; de otro modo otorgan mayor credibilidad a los propios acusados como a los testigos de descargo cuya solvencia a efectos de establecer la veracidad de su testimonio no se encuentra avalada, ni explicada por parte del Tribunal Ad quo” (sic), adviertiéndose que el Tribunal de Alzada sólo expresó las razones que respaldan su decisión de asumir que la determinación adoptada por el Tribunal de Sentencia de mérito no es la correcta al aducir insuficiencia de prueba para demostrar a quien pertenecía la droga hallada en el lugar de los hechos y otorgar mayor credibilidad a la declaración de uno de los imputados y otros testigos, sin considerar la calidad de éstos y el interés que pudieran tener en el proceso, en desmedro de otras pruebas y  testigos de cargo y  sin justificar en debida forma dicha actividad valoratoria; actuando el Tribunal de Alzada dentro del marco y la  obligación exigidas por los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, limitando y ejerciendo sus facultades y competencia, conforme  lo determina el párrafo primero del artículo 413 del mismo Código Adjetivo, al  anular la Sentencia recurrida y disponer el reenvío del juicio por otro Tribunal. Constatando este máximo Tribunal que en la referida labor, el Tribunal de Alzada sólo se pronunció de manera completa y debidamente razonada respecto de la denuncia referida a errónea valoración de prueba, sin realizar la revalorización de prueba acusada, expresando sus razonamientos en correspondencia a los argumentos que contiene el recurso de apelación restringida de fojas 156 a 158, conforme al principio de la razón suficiente, de ahí que no resulta evidente que dicho Tribunal hubiera incurrido en revalorización de prueba y menos que hubiera incurrido en inobservancia de los artículos 169 inciso 3) y 330 del Código de Procedimiento Penal. Por lo que este motivo también es infundado. Máxime si el impugnante no identifica qué medio probatorio fue supuestamente revalorizado por el Tribunal de Alzada, limitándose a señalar que: “ha ingresado a valorar nuevamente las declaraciones policiales” (sic), sin precisar y menos individualizar cuál declaración policial fue revalorizada y de qué manera.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Oscar Cuéllar Gallo y Ursula Amanda Saldaña Castillo, a través de su representante legal Aldo Wilfredo Velasco Martínez (fs. 187 a 195), impugnando el Auto de Vista Nro. 26 de 20 de junio de 2013, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs.171  a 174), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

              Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

                   Jorge Isaac Von Borries Méndez.

ANTE MÍ.    Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.