SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº. 227/2013

Sucre, 15 de agosto de 2013

EXPEDIENTE: Beni 148/2013

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Representación Distrital del Consejo de la Judicatura del Beni, Ercilia Torrico Rojas contra Mauricio Martínez Camacho, Carmen Roca Rey

DELITO: peculado, encubrimiento e incumplimiento de deberes

****************************************************************************************************************


VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por la acusadora particular Ercilia Torrico Rojas representada legalmente por Hans Soruco Suárez (fs. 1098) y el imputado Mauricio Martínez Camacho (fs.  1151 a 1157), impugnando el Auto de Vista Nro. 016/2013 emitido el 15 de abril de 2013,  pronunciado por la Sala Penal  del Tribunal Departamental de Justicia del Beni (fs. 1081 a 1088), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, la Representación Distrital del Consejo de la Judicatura del Beni y acusación particular de Ercilia Torrico Rojas contra Carmen Roca Rey y Mauricio Martínez Camacho por  la presunta comisión de los delitos de peculado, encubrimiento e incumplimiento de deberes,  previstos y sancionados por los artículos 142, 154 y 171 del Código Penal.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

Que los recursos de referencia tienen origen en los siguientes antecedentes:

1. Sustanciado el juicio, el Tribunal de Sentencia en lo Penal de San Borja, provincia Ballivián del departamento del Beni, pronunció la  Sentencia  Nro. 01/2011 de 3 de junio de 2011 (fs. 609 a 612), declarando a Carmen Roca Rey autora de la comisión del delito de peculado, previsto y sancionado por el artículo 142 del Código Penal, con costas, condenándola a cinco años de privación de libertad a ser cumplida en el Centro de Orientación Femenina de Trinidad; declarando absuelto de culpa y pena del delito de peculado en grado de complicidad al co-acusado Mauricio Martínez Camacho, declarándolo a su vez, culpable de la comisión de los delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes previstos y sancionados por los artículos 154 y 171 del Código Penal, imponiéndole la pena privativa de libertad de cuatro años, a cumplir en el Centro Penitenciario de Mocoví, con costas a calificarse en ejecución de sentencia, sin lugar a la sanción de inhabilitación del ejercicio de la abogacía, por no haberse demostrado la existencia de menosprecio de los derechos y deberes inherentes al cargo que desempeñaba.

2. Contra la referida Sentencia recurrieron de apelación restringida Ercilia Torrico Rojas a través de su abogado apoderado Hans Soruco Suárez (fs. 636 a 638), Carmen Roca Rey (fs. 661 a 664) y Mauricio Martínez Camacho (fs. 670 a 689), resueltas por Auto de Vista Nro. 010/2012 (fs. 773 a 778), que declaró improcedentes los recursos de apelación deducidos por Ercilia Torrico Rojas y Carmen Roca Rey e inadmisible el interpuesto  por Mauricio Martinez Camacho, confirmando la sentencia apelada; resolución de alzada que recurrida de casación tanto por la acusadora particular, cuanto por ambos imputados, fue dejada sin efecto por Auto Supremo Nro. 152/2012-RCC de 5 de julio de 2012 (fs. 846 a 8 49).

3. En cumplimiento de dicho Auto Supremo, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni dictó el Auto de Vista Nro. 014/2012 de 5 de octubre de 2012 (fs. 919 a 927), declarando improcedentes los recursos de apelación restringida interpuestos por Ercilia Torrico Rojas, Carmen Roca Rey y Mauricio Martínez Camacho, confirmando la Sentencia recurrida, dando lugar al recurso de casación planteado por la víctima Ercilia Torrico Rojas representada por su Abogado apoderado (fs. 1000 a 1004) y por el co-imputado Mauricio Martínez Camacho (fs.1037 a 1045), siendo declarado inadmisible el primero y admisible el segundo, resolviéndose este último por Auto Supremo Nro. 389 de 21 de diciembre de 2012 (fs. 1064 a 1070), que dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado y dispuso que el Tribunal de Alzada sin espera de turno y previo sorteo dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal aplicable.

       4. Cumpliendo esta última resolución, el Tribunal de Apelación pronunció el Auto de Vista Nro. 016/2013 de 15 de  abril de 2013 (fs. 1081 a 1088), mediante el cual declaró improcedentes los recursos de apelación interpuestos por Ercilia Torrico Rojas, Carmen Roca Rey y Willians Mauricio Martínez Camacho, confirmando la sentencia recurrida, con la modificación de la pena impuesta a Carmen Roca Rey a tres años de privación de libertad, por la comisión del delito de peculado, previsto y sancionado por el artículo 142 del Código Penal y de dos años de privación de libertad a Williams Mauricio Martínez Camacho, por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y encubrimiento, previstos y sancionados por los artículos 154 y 171 del Código Penal, pudiendo gozar de los beneficios establecidos por ley que le correspondan; resolución que mereció el Auto de fojas 1091, que resolvió la solicitud de complementación y enmienda formulada por el apoderado legal de la víctima Ercilia Torrico Rojas (fs. 1090); ocasionando que la nombrada acusadora particular y el co-procesado Mauricio Martínez Camacho interpongan recursos de casación contra el indicado Auto de Vista (fs. 1098 vlta. y 1151 a 1.157), motivo de autos.

       CONSIDERANDO II: (Motivos de los recursos de casación)

          I. Recurso de casación interpuesto por Hans Soruco Suárez en representación de Ercilia Torrico Rojas. La recurrente aduce que demuestra la contradicción existente entre el Auto de Vista recurrido y el precedente invocado en el recurso de apelación restringida, Auto Supremo Nro. 093 de 24 de marzo de 2011, referida a la inhabilitación especial, porque ni el Tribunal de Sentencia de San Borja, ni la Sala  Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, ni el Tribunal Supremo de Justicia a través de los Autos Supremos Nros. 343/2012 y 389/2012, se pronunciaron sobre la inhabilitación especial solicitada desde un principio, violando por  ello a decir de la recurrente- el acceso a la justicia, principio de congruencia entre lo pedido y lo resuelto, razonamiento que tiene sustento en el principio iura novit curia; por lo que transcribiendo parcialmente el texto del  parágrafo VI del CONSIDERANDO III del Auto Supremo No. 093 de 24 de marzo de 2011, relativa a la aplicación adicional de la pena accesoria de inhabilitación especial, señala “que la previsión contenida en el art. 36 del Código Penal establece la aplicación de la inhabilitación especial cuando el delito cometido importe un abuso de las profesiones o actividades a que hace referencia el inc.2) del art. 34 del Código Punitivo, por lo cual deberá aplicarse la pena accesoria  de inhabilitación especial a todos los delitos cometidos por funcionarios públicos, mandatarios, comisionados en el ejercicio de sus funciones, estableciendo el tiempo de inhabilitación para la función pública dentro de los límites establecidos por el art. 36 del Código Penal” (sic).

       Concluye solicitando que el recurso sea admitido y el Tribunal Supremo de Justicia aplique la respectiva inhabilitación en contra de Williams Mauricio Martínez  Camacho, con costas.

II. Recurso de casación interpuesto por Mauricio Martínez Camacho: Luego de realizar una relación cronológica de los actuados procesales ejecutados hasta la dictación del Auto de Vista recurrido, el impugnante aduce.

       1. Contradicción respecto a la irretroactividad de la ley penal. Señala que el Auto de Vista impugnado es contradictorio con el Auto Supremo Nro. 389 de 21 de diciembre de 2012,  porque no obstante la clara línea de razonamiento expuesta por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 0770/2012, refrendada por el Tribunal Supremo de Justicia, los Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia  del Beni, aplicaron retroactivamente la Ley Nro. 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, como justificativo normativo de rechazo a la observación realizada sobre la participación del  Presidente del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, así como del encargado del Consejo de la Judicatura hoy de la Magistratura, en calidad de querellantes, aspecto reclamado en el punto  3 del recurso de apelación restringida y que fue rechazado en el Auto de Vista Nro. 016/2012, aplicando retroactivamente la Ley 004, en directa contradicción a la doctrina legal aplicable en el precedente invocado.

         2. Contradicción respecto al cumplimiento obligatorio de la doctrina legal aplicable emitida por el Tribunal Supremo. Al epígrafe sostiene que el  Auto de Vista recurrido es contrario al Auto Supremo  Nro. 037/2013-RRC de 14 de febrero de 2013, debido a que la Resolución de Alzada desconoció la doctrina legal aplicable desarrollada por el Auto Supremo Nro. 389/2012, que impuso la obligación de considerar la irretroactividad de la ley penal y su aplicación bajo el principio de favorabilidad, porque al contrario de dicha doctrina, el Tribunal de Alzada aplicó arbitrariamente la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz al considerar correcta la intervención de los representantes del Tribunal Departamental de Justicia del Beni y del Consejo de la Magistratura como querellantes y rechazar la impugnación efectuada por su  persona al respecto.

3. Contradicción respecto a la exigencia de congruencia en las resoluciones (incongruencia omisiva). Indica que el Auto de Vista impugnado es contrario al Auto Supremo Nro.49 de 16 de marzo de 2012, porque omite resolver los puntos observados en el escrito de apelación restringida, como el referido a la excepción de falta de acción deducida ante el Juez de Instrucción en lo Penal, reclamada en el punto uno del recurso de apelación y sobre el cual no existe pronunciamiento expreso  en el Auto de  Vista recurrido, pese a que en el numeral I, punto c) del acápite denominado fundamentación fáctica de los recursos planteados del Auto de Vista, los Vocales refieren como parte de los argumentos de la apelación restringida, la negativa del Juez cautelar de considerar la excepción de falta de acción, empero, a tiempo de responder a la misma, omiten exponer consideraciones al respecto, situación que agrede de forma directa su derecho a la defensa.

       Así tambien, en el mismo motivo y bajo el subtítulo de otra omisión en que incurre el Auto de Vista Nro. 16/2013, también acusa que la excepción de incompetencia en razón de la materia reclamada en el parágrafo III del recurso de apelación restringida, referida a que el Tribunal de Sentencia de San Borja, sin tomar juramento a los Jueces ciudadanos a solicitud del Ministerio Público, con adhesión de la acusadora particular, no obstante la oposición fundamentada de su persona, en total transgresión de las normas procedimentales, decide remitir el proceso a conocimiento del Juez Instructor a objeto de que lleve a cabo la audiencia conclusiva; no fue objeto de pronunciamiento en el Auto de Vista Nro. 016/2013.

4. Contradicción respecto a la prohibición de silencio o ambigüedad en las resoluciones. Aduce que el Auto de Vista es contrario al Auto Supremo Nro. 83/2013 de 26 de marzo de 2013, debido a que en el mismo existe silencio y ambigüedad, que lo mantiene en la incertidumbre respecto a la aplicación o no de la audiencia conclusiva en el presente proceso, ambigüedad generada, cuando los Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni en el punto c) inciso 5) del Auto de Vista, respondiendo a la observación de falta de competencia del Juez Instructor para llevar adelante la audiencia conclusiva, respecto a la irretroactividad de la Ley 007 -que estuvo fortalecida por la negativa de dicho Juez de  tramitar una excepción de falta de acción, alegando que no es competente para ello-, sin embargo, los Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, alegan que el Juez Instructor es competente para llevar a cabo la audiencia conclusiva, puesto que la Ley 007 al ser de contenido procesal, sería de aplicación inmediata; sin embargo resulta ambigua dicha respuesta, por un evidente silencio “debido a que el mismo Auto de Vista omite responder a la denuncia sobre la negativa del Juez Instructor de tramitar una excepción de falta de acción, por no ser competente para llevar a cabo la audiencia conclusiva. Por ello se encuentra en total incertidumbre sobre si era posible llevar a cabo la audiencia conclusiva o no, puesto que el Juez Instructor dijo que no, negativa refrendada por el mismo Auto de Vista por su silencio; empero, los Vocales del Tribunal Departamental del Beni le dicen que sí, en el punto 5) de sus razonamientos” (sic).

Culmina señalando que siendo evidentes las contradicciones con los  Autos Supremos propuestos, se declare la nulidad del Auto de Vista para garantizar la aplicación del principio de seguridad jurídica.

CONSIDERANDO III: (Requisitos de admisibilidad que debe cumplir el caso de autos)

Que para la admisibilidad del recurso de casación, resulta imprescindible observar y cumplir los requisitos exigidos por los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal y que  se constituyen en:

1) Que se interponga contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia hoy Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos claros y  precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados y precisar la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando se  hubiese interpuesto dicho recurso contra la sentencia por causarle agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el o los precedentes contradictorios.

Así también, de manera extraordinaria y únicamente ante denuncias expresas de violación a derechos y/o garantías constitucionales que suponen  defectos absolutos y nulidad de actos procesales, este Tribunal, resuelve sobre la base de los derechos alegados como vulnerados y las acciones u omisiones descritas como conculcatorias de esos derechos, no siendo suficiente invocar la infracción de garantías constitucionales o defectos absolutos; sino, acreditar de manera concreta y precisa  el daño sufrido, por lo que las denuncias deben encontrarse debidamente fundadas para ser atendidas, caso contrario, el máximo Tribunal de Justicia a momento de resolver en el fondo, no puede resolver en base al derecho objetivo. El incumplimiento de estos requisitos por parte del recurrente, impide abrir la competencia de este máximo Tribunal.

       CONSIDERANDO IV: (Cumplimiento de requisitos de admisibilidad en el caso de autos)

Que el acceso a los recursos se encuentra garantizado por el principio de impugnación consagrado en la Constitución Política del Estado en el artículo 180 parágrafo II, acceso que se halla condicionado al cumplimiento de  los requisitos establecidos de forma taxativa en el artículo 394 del Código de Procedimiento Penal, cuyas reglas generales se encuentran descritas en el artículo 396 de la misma norma legal adjetiva.

De manera específica, el recurso de casación, a momento de su interposición, debe cumplir estrictamente los requisitos exigidos para su admisibilidad; es decir, en la forma y condiciones descritas en el considerando anterior y conforme las exigencias contenidas en los artículos 416 y 417 del Código Adjetivo Penal; recurso que además debe ser deducido dentro del plazo legal conferido, el recurrente no debe limitarse únicamente a citar o transcribir el o los precedentes contradictorios, sino, debe precisar de forma fundamentada la situación de hecho similar y establecer el sentido jurídico contradictorio entre el Auto de Vista recurrido y los precedentes invocados; exigencia fundamental cuyo cumplimiento es obligatorio, para que a partir de ello, este máximo Tribunal, desplegando su función nomofiláctica, establezca la doctrina legal aplicable en los términos que regula el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal.

Conforme  a las consideraciones efectuadas anteriormente y analizados los argumentos expuestos por los recurrentes, éste Máximo Tribunal arriba a las siguientes conclusiones:

       I. La recurrente Ercilia Torrico Rojas fue notificada a través de su Abogado Apoderado con el Auto de Vista impugnado a hrs. 11:00 del día 7 de mayo de 2013 (fs. 1089) y presentó el recurso  de casación  a hrs. 20:15 del 14 del mismo mes y año, es decir, dentro del plazo de los cinco días previsto por el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal. Aconteciendo lo mismo, en cuanto al recurso de casación interpuesto por el co-imputado Mauricio Martinez Camacho, debido a que el mismo fue personalmente notificado con el Auto de Vista a hrs. 10:10 del 19 de junio de 2013 (fs.1117) y presentó el recurso de casación ante Notario de Fe Pública a hrs. 09:02 del 26 de junio de 2012, regularizada dicha presentación ante la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, a hrs. 10:15 del 15 de julio del año en curso (fs. 1159-1160), ello, debido a la vacación colectiva anual de la que gozaron los Distritos Judiciales del país, incluido el del Beni, que se desarrolló desde el 24 de junio al 12 de julio de la presente gestión. Ambos recurrentes anexaron  copia de la apelación restringida, advirtiéndose la invocación de precedentes contradictorios sólo en el recurso de apelación restringida  interpuesto por  la víctima Ercilia Torrico  Rojas.

       II. Con relación a los demás  requisitos de admisibilidad:

          En el caso del recurso de casación interpuesto por Hans Soruco Suárez en representación de Ercilia Torrico Rojas. Si bien la recurrente menciona que está demostrando la contradicción existente entre el Auto de Vista recurrido y el Auto Supremo Nro. 093 de 24 de marzo de 2011, invocado en el recurso de apelación restringida, sin embargo omite identificar claramente cuál la situación de hecho similar y la supuesta contradicción que presuntamente existe entre el Auto de Vista que impugna y el precedente, así como tampoco precisa normativamente porque considera que se han violado su derecho de acceso a la justicia y el principio de congruencia, limitándose simplemente a señalar que ni el Tribunal de Sentencia de San Borja, ni la Sala  Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni y menos el Tribunal Supremo de Justicia a través de los Autos Supremos Nros. 343/2012 y 389/2012, se pronunciaron sobre la inhabilitación especial solicitada desde un principio, transcribiendo parcialmente el texto del parágrafo VI del CONSIDERANDO III del Auto Supremo Nro. 093 de 24 de marzo de 2011, relativo a la aplicación adicional de la pena accesoria de inhabilitación especial; interposición inadecuada del recurso de casación efectuado por la nombrada recurrente, que imposibilita se abra la competencia de este Tribunal para cumplir con su función nomofiláctica. Deviniendo el mismo en inadmisible. Máxime si la misma, confundiendo totalmente la naturaleza jurídica del recurso de casación, solicita que este Tribunal aplique la respectiva inhabilitación en contra del co-acusado Mauricio Martínez Camacho.

Respecto al recurso de casación interpuesto por Mauricio Martínez Camacho:

Con relación al primer motivo del recurso, relativo a contradicción respecto a la irretroactividad de la ley penal. El recurrente aduce que el Auto de Vista impugnado es contradictorio con el Auto Supremo Nro. 389 de 21 de diciembre de 2012,  porque no obstante la clara línea de razonamiento expuesta por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 0770/2012, refrendada por el Tribunal Supremo de Justicia, los Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia  del Beni, aplicaron retroactivamente la Ley Nro. 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, como justificativo normativo de rechazo a la observación realizada sobre la participación del  Presidente del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, así como del encargado del Consejo de la Judicatura hoy de la Magistratura, en calidad de querellantes, aspecto reclamado en el punto 3 del recurso de apelación restringida y que fue rechazado en el Auto de Vista Nro. 016/2012, aplicando retroactivamente la Ley Nro. 004, en directa contradicción a la doctrina legal aplicable establecida en el precedente invocado. Al respecto el impugnante cumple con precisar el hecho similar y la supuesta contradicción existente entre el Auto de Vista recurrido y el precedente invocado, mismo que no se exige su invocación en apelación restringida, por devenir de un hecho supuestamente generado al momento de pronunciarse el Auto de Vista recurrido, por lo que este motivo es admisible.

         Respecto al segundo motivo del recurso, referido a contradicción en el cumplimiento obligatorio de la doctrina legal aplicable emitida por el Tribunal Supremo. El impugnante señala que el  Auto de Vista recurrido es contrario al Auto Supremo  No. 037/2013-RRC de 14 de febrero de 2013, debido a que la resolución de alzada desconoció la doctrina legal aplicable desarrollada por el Auto Supremo No. 389/2012, que impuso la obligación de considerar la irretroactividad de la ley penal y su aplicación bajo el principio de favorabilidad, porque contrariando dicha doctrina legal, el Tribunal de Alzada aplicó arbitrariamente la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz al considerar correcta la intervención de los representantes del Tribunal Departamental de Justicia del Beni y del Consejo de la Magistratura como querellantes y rechazar la impugnación efectuada por su  persona sobre dicha intervención. Al efecto, el recurrente también cumple con señalar y precisar el hecho similar y la supuesta contradicción  existente entre el Auto de Vista recurrido y el precedente invocado, mismo que tampoco se exige su invocación en apelación restringida, por devenir de un hecho supuestamente generado al momento de la dictación  del Auto de Vista recurrido, por lo que este motivo deviene en admisible

En relación al tercer motivo del recurso, relativo a la exigencia de congruencia en las resoluciones (incongruencia omisiva). Aduce que el Auto de Vista impugnado es contrario al Auto Supremo Nro. 49 de 16 de marzo de 2012, porque omite resolver los puntos observados en el escrito de apelación restringida, como el referido a la excepción de falta de acción deducida ante el Juez de Instrucción en lo Penal y reclamada en el punto uno del recurso de apelación y sobre el cual no existe pronunciamiento expreso  en el Auto de  Vista recurrido, pese a que en el numeral I, punto c) del acápite denominado fundamentación fáctica de los recursos planteados del Auto de Vista, los Vocales refieren como parte de los argumentos de la apelación restringida, la negativa del Juez cautelar de considerar la excepción de falta de acción, empero, a tiempo de responder a la misma, omiten exponer consideraciones al respecto, situación que agrede de forma directa su derecho a la defensa.

       Así también, en el mismo motivo, bajo el subtítulo de otra omisión en que incurre el Auto de Vista Nro. 16/2013, también acusa que la excepción de incompetencia en razón de la materia reclamada en el parágrafo III del recurso de apelación restringida, referida a que el Tribunal de Sentencia de San Borja, sin tomar juramento a los Jueces ciudadanos a solicitud del Ministerio Público, con adhesión de la acusadora particular -no obstante la oposición fundamentada de su persona- en total transgresión de las normas procedimentales, decide remitir el proceso a conocimiento del Juez Instructor a objeto de que lleve a cabo la audiencia conclusiva; tampoco fue objeto de pronunciamiento en el Auto de Vista Nro. 016/2013. Al respecto, si bien el recurrente explica y precisa la situación de hecho similar y la supuesta contradicción existente entre el Auto de Vista recurrido y el precedente invocado, empero, olvida que los hechos reclamados en el presente motivo, al devenir de impugnaciones incidentales así sean reservadas para apelación restringida, de ninguna manera pueden ser objeto del recurso de casación, conforme lo establecen los artículos 50-1), 51-1), 403-2), 406 y 416 del Código de Procedimiento Penal y la doctrina legal establecida por este Máximo Tribunal en los Autos Supremos Nros. 397 de 23 de julio de 2004, 628 de 27 de noviembre de 2007, 078/2012-RA de 23 de abril de 2012 y 9 de 3 de febrero de 2013, dado que el recurso de casación no procede contra otro tipo de resolución judicial pronunciada por las Cortes Superiores hoy Tribunales Departamentales de Justicia en el ámbito de su competencia y de manera específica respecto a aquellas que resuelven los recursos de apelación incidental conforme a las previsiones del artículo 403 del Código de Procedimiento Penal, sin que este criterio signifique una vulneración al derecho a recurrir, toda vez que el recurso de casación solamente puede ser ejercido en los casos que la ley ha previsto expresamente como manda el artículo 394 del citado cuerpo legal; por lo que este motivo deviene en manifiestamente inadmisible.

En cuanto al cuarto motivo del recurso, relativo a contradicción respecto a la prohibición de silencio o ambigüedad en las resoluciones, el recurente indica que el Auto de Vista es contrario al Auto Supremo Nro. 83/2013 de 26 de marzo de 2013, debido a que en el mismo existe silencio y ambigüedad, que lo mantiene en la incertidumbre respecto a la aplicación o no de la audiencia conclusiva en el presente proceso, ambigüedad generada, cuando los Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni en el punto c) inciso 5) del Auto de Vista, respondiendo a la observación de falta de competencia del Juez Instructor para llevar adelante la audiencia conclusiva, con relación a la irretroactividad de la Ley Nro. 007  -que estuvo fortalecida por la negativa de dicho Juez de  tramitar una excepción de falta de acción, alegando que no es competente para ello-,  en el Auto de Vista se alega que el Juez Instructor es competente para llevar a cabo la audiencia conclusiva, puesto que la Ley Nro. 007 al ser de contenido procesal, sería de aplicación inmediata; sin embargo resulta ambigua su respuesta, por un evidente silencio “debido a que el mismo Auto de Vista omite responder a la denuncia sobre la negativa del Juez Instructor de tramitar una excepción de falta de acción, por no ser competente para llevar a cabo la audiencia conclusiva. Por ello se encuentra en total incertidumbre sobre si era posible llevar a cabo la audiencia conclusiva o no, puesto que el Juez Instructor dijo que no, negativa refrendada por el mismo Auto de Vista por su silencio; empero, los Vocales del Tribunal Departamental del Beni le dicen que sí, en el punto 5) de sus razonamiento” (sic). Al respecto, los fundamentos expuestos al momento de resolver el tercer motivo del presente recurso también valen para el presente, al tratarse de un reclamo emergente de un hecho también reclamado vía apelación incidental reservada para apelación restringida que de ninguna manera puede ser objeto del recurso de casación; por lo que este motivo también es inadmisible.

       POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y aplicando la disposición contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLE  el recurso de casación interpuesto por Ercilia Torrico Rojas representada por Hans Soruco Suárez (fs. 1098 vlta.) y ADMISIBLES sólo los motivos 1 y 2 del recurso de casación interpuesto por el co-imputado  Mauricio Martínez Camacho (fs.1151 a 1157), impugnando el Auto de Vista Nro. 016/2013 emitido el 15 de abril de 2013 por la Sala Penal  del Tribunal Departamental de Justicia del Beni (fs. 1081 a 1088), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, la Representación Distrital del Consejo de la Judicatura del Beni y acusación particular de Ercilia Torrico Rojas contra Carmen Roca Rey y Mauricio Martínez Camacho por  la presunta comisión de los delitos de peculado, encubrimiento e incumplimiento de deberes,  previstos y sancionados por  los artículos 142, 154 y 171 del Código Penal.

Por Secretaría de Sala, remítase copias legalizadas de la Sentencia, el Auto de Vista y el presente Auto Supremo a las Salas Penales de los Tribunales  Departamentales de Justicia del país, para que se inhiban de dictar resoluciones en las que se debatan las mismas cuestiones de derecho, hasta que se les haga conocer la resolución emergente de este recurso de casación, todo de conformidad a lo previsto por el artículo 418 parágrafo II del Código de Procedimiento Penal.

       Regístrese y notifíquese.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Presidente)

                   Jorge Isaac Von Borries Méndez.

ANTE MÍ.    Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.