SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº. 204/2013

Sucre, 16 de julio de 2013

EXPEDIENTE: Pando 103/2013

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Gobierno Autónomo Departamental de Pando contra Lorena Azad Bucett

DELITO: peculado, conducta antieconómica

MAGISTRADO RELATOR: Jorge I. von Borries Méndez

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       VISTOS: El recurso de casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando a través de su apoderado legal Richard Méndez Barboza (fs. 76 a 84), impugnando el Auto de Vista emitido el 23 de diciembre de 2012, pronunciado por la Sala Penal  y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando (fs. 57 a 60), en el proceso penal seguido por  el Ministerio Público y la Entidad recurrente contra Lorena Azad Bucett, por los delitos de peculado y conducta antieconómica, previstos y sancionados por los artículos 142 y 224 del Código Penal.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

Que el recurso de referencia tuvo origen en  los siguientes antecedentes:

Sustanciado el  juicio, el Tribunal de Sentencia Nro. 1 en lo penal de la capital del departamento de Pando, pronunció la  Sentencia Nro. 3/2012, leída la parte resolutiva el 7 de agosto de 2012 y de forma íntegra el día 10 del mismo mes y año (fs. 14 a 20), por la que se absolvió de culpa y pena a la imputada del delito de peculado y la declaró culpable de la comisión del delito de conducta antieconómica, condenándola a sufrir la pena privativa de libertad de seis años, a cumplir en el recinto penitenciario de “Villa Busch”, más costas, daños y perjuicios a ser averiguados en ejecución de Sentencia.

Dicho fallo judicial  fué  recurrido por la incriminada Lorena Azad Bucett (fs. 33 a 37), resuelto el recurso por Auto de Vista de 23 de diciembre de 2012 (fs. 57 a 60), pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que declaró procedente la apelación restringida y dispuso anular la Sentencia recurrida, ordenando la reposición del juicio por el Tribunal Segundo de Sentencia de la capital.

De esta última Resolución el representante legal del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, solicitó explicación, complementación y enmienda (fs. 66), resuelta por Auto Complementario de 22 de marzo de 2013 (fs. 68 a 69), aceptándose enmendar el error en la numeración de la Sentencia consignada en el Auto de Vista pronunciado, denegándose en los demás aspectos cuya explicación, complementación y enmienda se solicitó, ocasionando que la señalada Institución Autónoma mediante su apoderado legal interponga  recurso de  casación (fs. 76 a 84), que  admitido, es motivo de autos.

       CONSIDERANDO II: (Motivos del recurso de casación)

Que conforme al Auto Supremo Nro. 151/2013 de 5 de junio de 2013 (fs. 92 a 95), el recurso fue admitido por el siguiente motivo:

Motivo Uno: La Entidad recurrente acusa inobservancia del artículo 411 del Código de Procedimiento Penal y artículo 25 inciso 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque el Tribunal de Alzada emitió la Resolución de Alzada fuera del plazo, conllevando pérdida de competencia, porque efectuada la audiencia el “23 de noviembre del año en curso” (sic), el Auto de Vista recién fue emitido el 23 de diciembre de 2012, habiendo vencido el plazo de diez días, por lo que -a decir del recurrente- la resolución recurrida es contraria al Auto Supremo Nro. 344 de 17 de septiembre de 2002, que invoca como precedente contradictorio.

       CONSIDERANDO III: (Verificación de la contradicción con el precedente invocado)

Que antes de ingresar al fondo, resulta necesario dejar establecido que el recurso de casación cumple la función de unificar y establecer la doctrina legal que debe ser obligatoriamente aplicada y observada por los Jueces y Tribunales  en materia penal del país, de ahí la importancia de invocar el precedente contradictorio en relación al Auto de Vista impugnado, precisando las situaciones concretas que se consideran contrarias a los precedentes que se invocan, a efecto de resolver en derecho el recurso de casación, así como de evidenciar la contradicción existente; también se debe hacer hincapié que los precedentes invocados como contradictorios al Auto de Vista recurrido, deben ser similares en cuanto al hecho resuelto para así poder establecer si en una situación de hecho similar el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista impugnado no coincide con el o los precedentes que se invocan, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; al respecto el párrafo segundo del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal establece que: "existe contradicción cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que  le asigna  el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance";  bajo dicha premisa y delimitando el marco finalista del recurso de casación corresponde analizar lo impetrado por la Institución recurrente y a ese fin se tiene:

Motivo Uno: La Entidad impugnante alega que el Auto de Vista es contrario al Auto Supremo Nro. 344 de 17 de septiembre de 2002, porque el Tribunal de Alzada inobservó el artículo 411 del Código de Procedimiento Penal y art. 25 inciso 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque emitió la Resolución de Alzada fuera del plazo previsto en la parte in fine de la primera norma legal señalada, conllevando pérdida de competencia, debido a que efectuada la audiencia el “23 de noviembre del año en curso” (sic), el Auto de Vista recién fue emitido el 23 de diciembre de 2012, habiendo vencido el plazo de diez días.

Al respecto y efectuada la revisión de antecedentes, se constata que el recurso de apelación restringida fue sorteado el 30 de noviembre de 2012 (fs. 56) y se pronunció el Auto de Vista recurrido el día 23 de diciembre del mismo año, es decir, dentro del plazo previsto por el último párrafo del artículo 411 del Código de Procedimiento Penal.

No obstante de lo señalado, es preciso hacer hincapié que la doctrina legal  desarrollada en el Auto Supremo Nro. 344 de 17 de septiembre de 2002, invocado como precedente contradictorio en este motivo, fue modulada y superada por este máximo Tribunal a  partir del nuevo entendimiento asumido en los Autos Supremos Nros. 110 de 31 de marzo de 2005, 517 de 16 de noviembre de 2006, 342 de 5 de abril de 2007, 172 de 31 de marzo de 2011, 117 de 18 de mayo de 2012 y 222 de 22 de agosto de 2012, estableciendo en lo fundamental: “…que si bien el A.S. Nº 344 de 17 de septiembre de 2002, señala como precedente que la omisión de la dictación del fallo en el plazo previsto por Ley se sanciona con la nulidad, dicho precedente ha variado y ha sido modulado por el Máximo Tribunal a partir del A.S. Nº 110 Sucre 31 de marzo de 2005, aplicando el art. 420 del Código de Procedimiento Penal, estableciéndose que en el recurso de apelación restringida, el sorteo debe hacerse necesaria e inmediatamente después de concluida la audiencia de fundamentación oral de la apelación, si es que ésta se hubiere celebrado; empero el incumplimiento de los plazos establecidos para fallar en esa norma de orden procedimental no acarreará la pérdida de competencia por parte del Tribunal que incumple el plazo, pues, atendiendo el interés de las partes procesales, no fuera justo erogarles mayores perjuicios cuando la negligencia es responsabilidad del órgano jurisdiccional, en cuyo caso lo que corresponde es dar lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente. Razonamiento que se funda en que la interpretación puede variar en beneficio de la correcta administración de justicia y (…) que según la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Casación, en materia procesal penal no existe pérdida de competencia, la misma fue sustituida por el concepto de retardación de justicia que implica responsabilidad disciplinaria y/o penal para el funcionario negligente…” (sic). Última doctrina legal que también encuentra  sustento en lo que establece el artículo 135 del Código de Procedimiento Penal, que prevé que el incumplimiento de los plazos sólo da lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente, no estando prevista la pérdida de competencia ante dicha eventualidad, como acontece en el ámbito civil. Por lo que a partir de ello, resulta necesario establecer que el entendimiento doctrinal asumido en un determinado momento puede variar, ser modulado y/o superado en beneficio de la correcta, pronta y oportuna administración de justicia y que la doctrina vinculante y de aplicación obligatoria, es  la que se encuentra vigente. En cuyo mérito, este Tribunal no  advierte  que el Tribunal de Alzada haya inobservado los artículos 411 del Código de Procedimiento Penal y  25 inciso 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la forma aludida por el recurrente y menos que el Auto de Vista recurrido sea contrario al precedente invocado. Por consiguiente, el recurso de casación es manifiestamente infundado.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando a través de su apoderado legal Richard Méndez Barboza (fs. 76 a 84), impugnando el Auto de Vista emitido el 23 de diciembre de 2012, pronunciado por la Sala Penal  y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando (fs. 57 a 60), en el proceso penal seguido por  el Ministerio Público y la Entidad recurrente contra Lorena Azad Bucett, por los delitos de peculado y conducta antieconómica, previstos y sancionados por los artículos 142 y 224 del Código Penal.

              Regístrese, notifíquese y devuélvase.        

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

                   Jorge Isaac Von Borries Méndez.

ANTE MÍ.    Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.