SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº. 203/2013

Sucre, 16 de julio de 2013

EXPEDIENTE: Santa Cruz 86/2013

PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Aída Balderrama Acuña

DELITO: suministro de sustancias controladas

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Aída Balderrama Acuña, (fs. 204 a 207), impugnando el Auto de Vista Nro. 11/2012 emitido el 1 de marzo de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 188 a 191), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Aída Balderrama Acuña por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 51 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

Que el recurso de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Sustanciado el juicio, el Tribunal Cuarto de Sentencia de la capital del departamento de Santa Cruz, que conoció esa causa, dictó Sentencia Nro. 22/2011 el 22 de julio de 2011, declarando a la imputada Aída Balderrama Acuña absuelta de la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 51 de la Ley Nro. 1008.

Dicha Sentencia fue recurrida en apelación restringida por el representante del Ministerio Público (fs. 173 a 175) que generó el Auto de Vista Nro. 11/2012 de 1 de marzo, en el que se declaró admisible y procedente el recurso de alzada y en aplicación del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, revocó la Sentencia absolutoria y declaró a la acusada Aída Balderrama Acuña autora y culpable de la comisión del delito de suministro de sustancias controladas, previsto por el artículo 51 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, condenándola a sufrir pena privativa de libertad de ocho años de presidio, en la cárcel pública de Palmasola sección mujeres, más al pago de 200 días multa a razón de Bs. 2 por día, y costas a regularse en ejecución de Sentencia.

Cursa a fojas 192 diligencia de notificación a la imputada Aída Balderrama Acuña, el 25 de mayo de 2012. La prenombrada, presentó recurso de casación en fecha 30 de mayo de 2012, dando con ello origen al recurso que es motivo de examen.

CONSIDERANDO II: (Motivos del recurso de casación)

Que conforme cursa en antecedentes se tiene que, por Auto Supremo Nro.122/2013 de 6 de mayo, de forma excepcional, fue admitido el recurso de casación interpuesto por la imputada Aída Balderrama Acuña, cuya denuncia está referida a resolución ultra petita por parte del Tribunal de Apelación, el que de oficio se habría pronunciado sobre el defecto de Sentencia Señalado en el inciso 1) del artículo 370, aspecto que considera vulneratorio al debido proceso, cuando únicamente fueron denunciados los defectos contemplados en los incisos 5) y 8) del citado artículo.

CONSIDERANDO III: (Verificación de la denuncia por violación de derechos y garantías constitucionales)

Que conforme el precitado Auto de Admisión (A.S. Nro. 122/2013 de 6 de mayo), el análisis del presente recurso, se circunscribe a la verificación de la existencia de defecto absoluto por pronunciamiento ultra petita, denunciado en casación, por haber resuelto el Tribunal de Azada aspectos relacionados con el defecto de Sentencia descrito en el inciso 1) del artículo 370 del Código de Procedimiento Penal, cuando en apelación restringida únicamente fueron denunciados los incisos 5) y 8) del mismo artículo; al respecto, con carácter previo, corresponde hacer las siguientes puntualizaciones:

El  parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado, garantiza la aplicación del debido proceso en el Estado Boliviano, que a su vez se constituye en garantía de seguridad jurídica, que precautela el juzgamiento adecuado, justo, equitativo, oportuno, efectivo y eficaz, a través de un conjunto de garantías, cuyo objeto es asegurar que cualquier persona involucrada en un proceso, reciba del órgano competente o administradores de justicia, la protección oportuna de sus derechos, reflejada en una decisión justa, ecuánime, constituyéndose así en una limitante al poder del Estado, que en sometimiento al principio de legalidad (componente del debido proceso), está obligado a hacer únicamente lo que la Ley manda.

Así, en el proceso penal boliviano, en etapa impugnatoria, el Tribunal de Apelación, por mandato de los artículos 398 del Código de Procedimiento Penal y parágrafo II de la Ley del Órgano Judicial, debe circunscribir sus resoluciones únicamente a los aspectos cuestionados en alzada, lo contrario es actuar fuera de competencia en infracción a la garantía del debido proceso.

En el caso de autos, de la revisión de la apelación restringida, del Auto de Vista y del recurso de casación, este máximo Tribunal de Justicia arribó a las siguientes conclusiones:

1. En alzada, el Ministerio Público a través de su representante, alegó:

       a) En la parte subtitulada como “MOTIVOS, EXPRESIÓN DE AGRAVIOS O VIOLACIÓN DE LA NORMATIVA” (sic), denunció la existencia de defectos de la Sentencia previstos en los incisos 5) y 8) del artículo 370, además de la infracción de los artículos 171, 173, 363 inciso 2) y 365 del Código de Procedimiento Penal.

       b) El Tribunal de Apelación, al emitir el Auto de Vista, en el primer “CONSIDERANDO”, respecto las denuncias de alzada, señaló que el representante del Ministerio Público, apoyado en lo previsto por los artículos 130, 171, 173, 365 y 413 del Código de Procedimiento Penal, denunció que la Sentencia incurrió en los defectos descritos en los incisos 5) y 8)  del artículo 370 de la citada Ley, indicando que dicha resolución no se encuentra debidamente fundamentada y que existe contradicción entre la parte considerativa con la resolutiva, delimitando así su competencia a las citadas denuncias.

       En el segundo “CONSIDERANDO”, al resolver el primer motivo de la apelación restringida presentada por el Ministerio Público, señala: “con relación a la denuncia del recurrente que el Tribunal 4ro. de Sentencia en lo penal de la capital habría incurrido en el defecto previsto en los incisos 1) y 5) del artículo 370 del Código de Procedimiento Penal, es cierto y evidente, ya que el Tribunal  inferior no ha realizado una adecuación correcta de la conducta antijurídica de la acusada dentro de los alcances  del artículo 51 de la Ley 1008 (…)” (sic), es decir, de forma ultra petita, inaplicando la previsión contenida en el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, sin que exista denuncia al respecto, concluyó la existencia de inadecuada subsunción en la Sentencia, defecto descrito en el inciso 1) del artículo 370 del Código de Procedimiento Penal.

       EL Tribunal de Alzada, sostuvo también: “(…) que el Ministerio Público logró demostrar con objetividad que se ha cometido el delito previsto en el artículo 51 de la Ley 1008, por cuanto también existe tipicidad en la configuración penal del delito acusado, la conducta antijurídica de la acusada Aída Balderrama Acuña se adecua a la tipicidad mencionada, concurriendo todos los elementos constitutivos del delito, toda vez que en fecha 7 de abril de 2009, se recepcionó en oficinas de la FELCN una denuncia en el sentido  que en el interior del mercado El Abasto se estaban realizando actividades propias del narcotráfico indicando a una persona  de nombre Aída Balderrama Acuña (…) hecho que se encuentra respaldado por las pruebas de cargo, ya que la imputada expendía a los posibles compradores, consumidores en los alrededores del mercado El Abasto para distribuir el alcaloide; en ese entendido, la Teoría finalista menciona que para probar el hecho de suministrar a otros la sustancia controlada, basta con que se haya probado la existencia de la marihuana o cocaína en posesión de una persona.-” (sic), conclusiones que, sin lugar a dudas, emergen de la revisión de la prueba producida en audiencia de juicio oral.

       En el tercer “CONSIDERANDO”, sobre la base del análisis de la prueba realizada y los criterios de valor expresados por los Vocales recurridos, el Tribunal impugnado, efectuó la subsunción de los hechos que consideró probados, al tipo penal descrito en el artículo 51 de la Ley Nro. 1008 (fs. 189 vuelta), aspecto que no fue denunciado ni solicitado en el memorial de apelación restringida.

       Del análisis precedente, se establece que el Tribunal de Alzada, incurrió en la vulneración del debido proceso por pronunciamiento ultra petita (otorgar más de lo pedido), toda vez que, conforme lo alegado en casación, los Vocales recurridos, se pronunciaron respecto a la infracción del inciso 1) del artículo 370 del Código de Procedimiento Penal cuando dicho aspecto no fue parte de alzada; exceso que se desprende del mismo Auto de Vista, ya que los citados Vocales, no sólo concluyeron la existencia de valoración defectuosa de la prueba (motivo de apelación restringida), sino también la incorrecta adecuación de la conducta de la imputada al tipo penal acusado, y sobre la base de su percepción respecto a los hechos acusados, los que consideraron probados, realizaron la subsunción al delito de suministro de sustancias controladas, descrito y sancionado por el artículo 51 de la Ley Nro. 1008, aspecto que influyó en el resultado final del Auto de Vista, que resolvió revocar la Sentencia absolutoria y en su lugar, emitir Sentencia condenatoria, sancionando a la acusada a ocho años de presidio, aspectos que se reitera- no fueron parte de las alegaciones de alzada, consecuentemente se establece la vulneración al debido proceso en su vertiente seguridad jurídica por infracción al artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, lo que constituye actividad procesal defectuosa al tenor del artículo 167, que ante la imposibilidad de ser convalidada hace aplicable el inciso 3) del artículo 169 de la misma Ley que señala: "no serán susceptibles de convalidación los defectos que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstas en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el Código Penal Adjetivo”, por lo que corresponde establecer la siguiente:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

El debido proceso, derecho y garantía constitucional establece que toda persona involucrada en un litigio, tiene derecho a que éste se lleve a cabo dentro del marco de la legalidad, equidad y justicia, en observancia de los derechos, principios y garantías procesales y constitucionales de las partes; así, el artículo 115 de la Constitución Política del Estado garantiza la aplicación del derecho al debido proceso, reconocido como tal por el artículo 180 parágrafos primero de la misma norma legal.

En materia penal, en la etapa de impugnación, el Tribunal de Alzada, se encuentra constreñido a emitir resoluciones enmarcadas en la normativa legal, por lo que su competencia se encuentra limitada por los artículos 398 del Código de Procedimiento Penal y parágrafo II del artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial; en consecuencia, cuando el citado Tribunal se pronuncia sobre aspectos que no fueron cuestionados en el recurso de alzada, infringe la citada normativa legal y vulnera el debido proceso en su componente seguridad jurídica, enmarcando su actividad en defecto absoluto inconvalidable conforme previene el inciso 3 del artículo 169 del Código de Procedimiento Penal.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista Nro. 11/2012 emitido el 1 de marzo de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 188 a 191), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Aída Balderrama Acuña por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 51 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; ordenando que la misma Sala Penal Segunda, pronuncie de forma inmediata nueva resolución conforme a la doctrina legal señalada precedentemente y las normas constitucionales y legales previstas para el caso concreto.

En aplicación del artículo 420 del Código de Procedimiento Penal, remítase copias del presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para el conocimiento de las Salas Penales y Jueces en materia penal.

       Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

                   Jorge Isaac Von Borries Méndez.

ANTE MÍ.    Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.