SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº. 191/2013

Sucre, 11 de julio de 2013

EXPEDIENTE: Tarija 76/2013

PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Leandra Zárate Romero, Lucas Romero Chiri

DELITO:  transporte de sustancias controladas

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

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       VISTOS: El recurso de casación interpuesto por el imputado Lucas Romero Chiri (fs. 348 a 358), impugnando el Auto de Vista Nro. 8/2013 emitido el 28 de febrero de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 334 a 336), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Leandra Zárate Romero y el recurrente, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

Que el recurso de casación  tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Sustanciado el mencionado proceso, el Tribunal Segundo de Sentencia de la capital del departamento de Tarija, que conoció esa causa, dictó Sentencia Nro. 19/2011 el 1 de agosto, declarando a la imputada Leandra Zárate Romero autora del delito de transporte de sustancias controladas previsto y sancionado por el artículo 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, condenándola a la pena privativa de libertad de ocho años de presidio a cumplirse en el penal de Morros Blancos, más el pago de 100 días multa a razón de Bs. 1 por día. Respecto al delito de asociación delictuosa y confabulación, previsto y sancionado por el artículo 53 de la misma norma legal, fue declarada absuelta.

La Sentencia declaró al imputado Lucas Romero Chiri, absuelto de la comisión de los delitos de transporte de sustancias controladas y asociación delictuosa y confabulación descritos y sancionados por los artículos 55 y 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

Dicha Sentencia fue recurrida en apelación restringida por el representante del Ministerio Público (fs. 298 a 301) que fue resuelta por Auto de Vista Nro. 8/2013 de 28 de febrero de 2013, que declaró “con lugar” el recurso de alzada y anuló la Sentencia de manera parcial, disponiendo la reposición del juicio únicamente con relación al imputado Lucas Romero Chiri, manteniéndose firme en cuanto a la imputada Leandra Zárate Romero.

No consta en obrados diligencia de notificación de ningún tipo al imputado Lucas Romero Chiri, sin embargo, presentó recurso de casación en fecha 26 de marzo de 2013 dando con ello origen al recurso que es motivo de examen.

CONSIDERANDO II: (Motivos del recurso de casación)

Que analizado el referido recurso de casación, fue admitido conforme a los argumentos descritos en el Auto Supremo Nro. 115/2013 de 15 de abril de 2013, a efecto de verificar la presunta contradicción existente entre el Auto de Vista recurrido y el Auto Supremo Nro. 5 de 26 de enero de 2007 y según el siguiente motivo:

1. Bajo el epígrafe: “V. DE LOS AGRAVIOS, VULNERACIONES FLAGRANTES EN EL AUTO DE VISTA RECURRIDO”.

       Argumenta que la resolución de Alzada no es expresa, conforme los requisitos exigidos por el Auto Supremo Nro. 5 de 26 de enero de 2007, ya que suplió la fundamentación con la transcripción de actuados y la adecuación de la apelación, que en ningún momento hizo un razonamiento profundo y menos indicó de qué manera deben dar sus votos los jueces ciudadanos, y si los mismos son o no respetados, lo que dice- se halla demostrado cuando se señala: “LOS JUECES CIUDADANOS NO VALORAN LA PRUEBA, EXISTE CONTRADICCIÓN Y NO EXISTE FUNDAMENTACIÓN DE LA MAYORÍA DE LOS JUECES CIUDADANOS” (sic.)

Concluye solicitando se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se determine que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia dicte nueva resolución declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, confirmando la Sentencia recurrida por estar a derecho respetándose el voto de los Jueces ciudadanos, conforme la doctrina legal aplicable.

CONSIDERANDO III: (Verificación de la contradicción con el precedente invocado)

Que conforme el Auto Supremo de Admisión Nro. 115/2013 de 15 de abril de 2013, el análisis del presente recurso, se circunscribirá a la verificación de la denuncia efectuada en la citada resolución, la que se encuentra relacionada con la aparente contradicción incurrida por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, al momento de emitir el Auto de Vista Nro. 8/2013 de 28 de febrero de 2013, con el Auto Supremo Nro. 5 de 26 de enero de 2007, resolución admitida en calidad de precedente contradictorio.

Al respecto es preciso señalar que, el objetivo del recurso de casación es asegurar el exacto y uniforme cumplimiento de la Ley penal en los fallos judiciales en todo el territorio nacional, valiéndose para ello de la competencia atribuida al Supremo Tribunal (la unificación jurisprudencial y nomofilaxis), con la finalidad de garantizar el principio de igualdad ante la Ley, en observancia de la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que es un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales por el Tribunal de Apelación, contrarios a otros precedentes, por lo que se ha dejado establecido que no todo Auto de Vista es recurrible en casación, sino únicamente los que resulten ciertamente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; es decir, para que el planteamiento del recurso sea eficaz, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentar su recurso dentro del plazo establecido por ley y señalar la contradicción en la que incurrió el Tribunal de Alzada, sino, asegurarse que los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, debiendo concurrir elementos comunes que hagan posible su catalogación como similares en cuanto a su naturaleza, contenido y finalidad, lo contrario implica la imposibilidad del Tribunal Supremo de cumplir con su competencia unificadora y nomofiláctica. Con lo previamente señalado, corresponde a este máximo Tribunal de Justicia expresar las conclusiones a las que arribó en el presente caso:

A ese efecto, debe considerarse que la doctrina legal invocada, contenida en el Auto Supremo Nro. 5 de 9 de junio de 2011, establece que: “La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales. De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica. a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión. b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos. c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi. La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia. El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium. d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no está debidamente motivada. e) Lógica : finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia” (sic); en autos, de la lectura del Auto de Vista impugnado y, en especial, del contenido del Considerando III, se advierte que el Tribunal de Alzada no procedió de forma contraria al precedente invocado, ya que habiendo el representante fiscal, en el recurso de apelación restringida de fojas 298 a 301, denunciado que existe suficiente prueba para condenar al imputado Lucas Romero Chiri, en examen de la Sentencia Nro. 19/2011 de 1 de agosto de 2011 -mediante la cual se absuelve al imputado Lucas Romero Chiri por decisión adoptada de los jueces ciudadanos, en el marco del artículo 359 del Código de Procedimiento Penal- sobre la base de los hechos probados y no probados en juicio y los elementos de prueba incorporados al juicio, expresó las razones que respaldan su decisión de asumir que la determinación de los jueces ciudadanos del Tribunal de Sentencia no es correcta al aducir insuficiencia de prueba con respecto al imputado Lucas Romero Chiri, obrando dentro del marco de los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal y limitándose en ejercicio de sus facultades y competencia, conforme determina el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, a disponer la anulación parcial de la Sentencia con referencia al nombrado imputado.

Consiguientemente, el Tribunal de Alzada se pronunció sobre la denuncia descrita precedentemente sin recurrir a la motivación por remisión, más al contrario expresó sus razones en completa correspondencia a los argumentos que contiene el recurso de apelación restringida de fojas 298 a 301, no siendo exigible que la misma sea ampulosa o extensa, sino más bien clara y precisa en sus razonamientos lógico-jurídicos que son la base de su decisorio, conforme al principio de la razón suficiente, de ahí que no resulta evidente que no exista motivación expresa al respecto; sin perjuicio de destacar que la exigencia de fundamentación de la Sentencia vincula a todos los Jueces y Tribunales del Estado Plurinacional de Bolivia, sin que sea admisible su divisibilidad cuando se trata de jueces ciudadanos que integran los Tribunales de Sentencia, conforme se deduce de las inteligencia de los artículos 124 y 360 del Código de Procedimiento Penal.

Por lo expuesto, el Auto Supremo invocado como precedente contradictorio no contradice al caso sub lite, en los términos exigidos por el artículo 416 y la segunda parte del artículo 419 de la Ley Nro. 1970, lo que permite colegir que los de Alzada efectuaron correcta aplicación de la normativa contenida en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal; ante esta situación, corresponde declarar infundado el recurso.

       POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el imputado Lucas Romero Chiri (fs. 348 a 358), impugnando el Auto de Vista Nro. 8/2013 emitido el 28 de febrero de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 334 a 336), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Leandra Zárate Romero y el recurrente, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

       Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

                   Jorge Isaac Von Borries Méndez.

ANTE MÍ.    Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.