SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº. 150/2013

Sucre, 5 de junio de 2013

EXPEDIENTE: Cochabamba 84/2013

PARTES PROCESALES: Luis Auza Villalba, Lucía Alanes viuda de Mamani contra Ricardo Mencia Mendoza, Pastor Vargas Cartagena, David Baptista Paniagua, Simón Apaza Castillo, Andrés Mamani Velasco

DELITO:  estafa

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

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       VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Ricardo Mencia Mendoza (fs. 993 a 998), impugnando el Auto de Vista Nro. 02/2013 emitido el 2 de enero de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 942 a 949), en el proceso penal de acción privada por conversión de acciones seguido por Luis Auza Villalba y Lucia Alanes viuda de Mamani contra Pastor Vargas Cartagena, David Baptista Paniagua, Simón Apaza Castillo, Andrés Mamani Velasco y el recurrente por la presunta comisión del delito de estafa, previsto y sancionado por el artículo 335 del Código Penal.

       CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

       Que el recurso de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:        Sustanciado el juicio oral, público y contradictorio, el Juzgado Primero de Sentencia de la primera sección Quillacollo de la provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba, dictó Sentencia el 17 de noviembre de 2008 (fs. 554 a 571), declarando al procesado Ricardo Mencia Mendoza autor del delito de estafa, previsto y sancionado por el artículo 335 del Código Penal, condenándolo a la pena privativa de libertad de tres años y medio de reclusión a cumplir en la Cárcel Pública de San Pablo, sección varones de la ciudad de Quillacollo con costas a favor de las partes, además de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia. Absolviendo de culpa y pena de la comisión del delito de estafa a los  procesados Pastor Vargas Cartagena, David Bautista Paniagua, Simón Apaza Castillo y Andrés Mamani Velasco, en razón a que la prueba aportada no fue suficiente para generar convicción acerca de la responsabilidad penal, con costas, disponiéndose la cesación de las medidas cautelares personales que hubieran podido ser adoptados  en su contra.

El  procesado Ricardo Mencia Mendoza interpuso recurso de apelación restringida contra esa Sentencia (fs. 575 a 580), obteniendo como resultado que el Tribunal de Alzada conformado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba mediante Auto de Vista Nro. 02/2013 de 2 de enero de 2013, la confirme declarando improcedente el recurso interpuesto; dando con ello origen al recurso de casación, que es caso de autos.

CONSIDERANDO II: (Motivos del recurso de casación)

Que analizado el referido recurso de casación, fue admitido conforme a los argumentos descritos en el Auto Supremo Nro. 120/2013 de 26 de abril de 2013, únicamente a efecto de verificar la presunta contradicción existente entre el Auto de Vista recurrido y el Auto Supremo Nro. 333 de 9 de junio de 2011, según el siguiente motivo:

Que en el recurso de apelación restringida ampliada y corregida se hizo referencia a defectos de la Sentencia previstos en el artículo 370 incisos 5), 6) y 8) del Código de Procedimiento Penal, es decir por insuficiente fundamentación de la Sentencia, por valoración defectuosa de la prueba y por existir contradicciones entre la parte dispositiva y considerativa; en lo que respecta a la insuficiente fundamentación de la  sentencia  se hizo referencia que este aspecto constituye defecto absoluto que vulnera la garantía constitucional del debido proceso, como lo ha entendido la jurisprudencia pronunciada en la Sentencia Constitucional Nro. 0207/2004 R de 9 de febrero en concordancia con el Auto Supremo  Nro. 562 de 1 de octubre de 2004; en cuanto a la defectuosa valoración de la prueba, se manifestó que los fundamentos jurídicos de la Sentencia resultan ininteligibles, contradictorios, vagos, amplios, que no valoró de forma íntegra las pruebas documentales, asimismo no se explicó por qué el Juez de Sentencia no valoró la prueba de descargo, aspecto que vulnera los  artículos 171 y 173 del citado adjetivo penal y constituye de igual modo un defecto absoluto insubsanable; porque esta parte no pretende una segunda valoración como erróneamente refiere el Tribunal de Alzada, sino lo que pretende es que el Tribunal haga un correcto uso de la facultad discrecional de valoración de la prueba en mérito a las reglas de la sana crítica que implique la obligatoriedad de pronunciarse y valorar cada uno de los elementos de prueba incorporados al juicio, ya que esta omisión acarrea vicios insubsanables  como ha ocurrido en el caso presente.

Existiendo una clara contradicción entre el Auto de Vista apelado y la doctrina legal aplicable al caso, así como en la fundamentación contenida en el memorial de 3 de diciembre de 2008, y el memorial de corrige y amplía recurso de apelación restringida de 29 de noviembre de 2012, debiendo haber sido considerados más aún conforme a la última doctrina aplicable establecida en los Autos Supremos  Nros. 333 de 9 de junio de 2011 y 100 de 25 de febrero de 2011, puesto que en el caso presente se advirtieron defectos de procedimiento que vulneran derechos y garantías del imputado, siendo que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre los mismos con el único argumento de no haber estado referidos en el memorial del primer recurso de apelación restringida del año 2008.

Finaliza pidiendo se case el Auto de Vista impugnado anulando obrados ante la constatación de graves errores in procedendo que afecten el debido proceso, al derecho a la defensa, con vicios de nulidad insalvables y constatando la grave inobservancia de la ley y su errónea aplicación se ordene la reposición del juicio ante otro Juez de Sentencia.

CONSIDERANDO III: (Verificación de la contradicción con el precedente invocado)

Que conforme el Auto Supremo de admisión Nro. 120/2013 de 26 de abril de 2013, el análisis del presente recurso, se circunscribirá a la verificación de la denuncia efectuada en la citada resolución. Al respecto es preciso señalar que, el objetivo del recurso de casación es asegurar el exacto y uniforme cumplimiento de la Ley penal en los fallos judiciales en todo el territorio nacional, valiéndose para ello de la competencia atribuida al Supremo Tribunal (la unificación jurisprudencial y nomofilaxis), con la finalidad de garantizar el principio de igualdad ante la Ley, en observancia de la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que es un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales por el Tribunal de Apelación, contrarios a otros precedentes, por lo que se ha dejado establecido que no todo Auto de Vista es recurrible en casación, sino únicamente los que resulten ciertamente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; es decir, para que el planteamiento del recurso sea eficaz, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentar su recurso dentro el plazo establecido por ley y señalar la contradicción en la que incurrió el Tribunal de Alzada, sino, asegurarse que los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, debiendo concurrir elementos comunes que hagan posible su catalogación como similares en cuanto a su naturaleza, contenido y finalidad, lo contrario implica la imposibilidad del Tribunal Supremo de cumplir con su competencia unificadora y nomofiláctica. Con lo previamente señalado, corresponde a este máximo Tribunal de Justicia expresar las conclusiones a las que arribó en el presente caso:

A ese efecto, debe considerarse que la doctrina legal invocada, contenida en el Auto Supremo Nro. 333 de 9 de junio de 2011, establece que: “en mérito a lo previsto por los artículos 396 inciso 3) y 398 del Código de Procedimiento Penal; el Tribunal de Segunda instancia está en la obligación de adecuar las resoluciones que dicte a los puntos apelados por las partes, y a los aspectos cuestionados de la Resolución apelada. Caso contrario, se estarían resolviendo aspectos fuera del contexto legal y de los puntos impugnados. Exceptuando los casos de vulneración de derecho fundamental defectos absolutos, en los cuales puede pronunciarse de oficio. Debiendo realizar un análisis pormenorizado de todo lo obrado y en caso de no ser ciertas las aseveraciones de las partes confirmar la Sentencia, corrigiendo los errores de derecho como se tiene referido precedentemente. Más aún cuando el art. 414 del Código de Procedimiento Penal, dispone que los errores de derecho que en la fundamentación de la resolución impugnada, que no hayan influido en la parte dispositiva, no la anularán, pero serán corregidos en la nueva Sentencia, así como los errores u omisiones formales y los que se refieran a la imposición o el cómputo de las penas. Asimismo le faculta al Tribunal de Alzada a realizar una fundamentación complementaria, sin anular obrados ni revalorizar la prueba”; en autos, de la lectura del Auto de Vista impugnado y, en especial, del contenido del Considerando II, se advierte que el Tribunal de Alzada no procedió de forma contraria al precedente invocado, siendo que al tenor del artículo 17 parágrafo II de la Ley Nro. 025 del Órgano Judicial: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberían pronunciarse solo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”, más al contrario, en ejercicio de sus facultades y competencias sometió su criterio plasmado en dicho Auto de Vista a las normas legales adjetivas aplicables, cuando se pronunció sobre todas las denuncias en que se fundó el recurso de apelación restringida de fojas 575 a 580, ampliado y corregido por memorial de fojas 926 a 933, obrando dentro del marco de los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, concerniente a las denuncias sobre los defectos de la Sentencia por insuficiente fundamentación de la Sentencia, aludiendo el principio in dubio pro reo, por defectuosa valoración de la prueba, indicando el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica, y por existir contradicción entre la parte dispositiva y la parte considerativa, previsto en el artículo 370 incisos 5), 6) y 8) del Código de Procedimiento Penal, y la personería de la parte querellante.

       Consiguientemente, el Tribunal de Alzada se pronunció sobre todas las denuncias descritas precedentemente, en completa correspondencia a los argumentos que contiene el recurso de apelación restringida de fojas 575 a 580, ampliado y corregido por memorial de fojas 926 a 933, no siendo exigible que la misma sea ampulosa o extensa, sino más bien clara y precisa en sus razonamientos lógico-jurídicos que son la base de su decisorio, conforme al principio de la razón suficiente, de ahí que no resulta evidente que no exista pronunciamiento al respecto.

Ahora, con respecto a la denuncia de supuestos defectos absolutos referida en el memorial de amplía y corrige recurso de apelación restringida de fojas 926 a 933, con motivo de la conminatoria dispuesta por auto de fecha 5 de noviembre de 2012, en aplicación del artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, y que según el recurrente no mereció pronunciamiento en el Auto de Vista impugnado por parte del Tribunal de Alzada, es menester destacar que de la lectura del Auto de Vista impugnado y, en especial, del contenido del Considerando II, se advierte que el Tribunal de Alzada se pronunció sobre la mencionada denuncia concerniente a presuntos defectos absolutos in procedendo, sin que proceda de forma contraria al precedente invocado, considerando la finalidad del citado artículo 399 que implica por una parte que el Tribunal de Alzada no puede rechazar el recurso de apelación  restringida por defectos de forma subsanables y por otra parte que el recurrente cuenta con la facultad de ampliar y corregir los defectos de forma subsanables vinculados a la presentación del recurso, sin que importe ampliar denuncias fuera de las denuncias expuestas en el recurso de apelación restringida, conforme se deduce de la inteligencia de los artículos 407 y 408 del citado adjetivo penal.

Por lo expuesto, el Auto Supremo invocado como precedente no contradice al caso sub lite, en los términos exigidos por el artículo 416 y la segunda parte del artículo 419 de la Ley Nro. 1970, lo que permite colegir que los de Alzada efectuaron correcta aplicación de la normativa contenida en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal; ante esta situación, corresponde declarar infundado el recurso.

       POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Ricardo Mencia Mendoza (fs. 993 a 998), impugnando el Auto de Vista Nro. 02/2013 emitido el 2 de enero de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 942 a 949), en el proceso penal de acción privada por conversión de acciones seguido por Luis Auza Villalba y Lucia Alanes viuda de Mamani contra Pastor Vargas Cartagena, David Baptista Paniagua, Simón Apaza Castillo, Andrés Mamani Velasco y el recurrente por la presunta comisión del delito de estafa, previsto y sancionado por el artículo 335 del Código Penal.

       Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas 

                   Jorge Isaac Von Borries Méndez.

ANTE MÍ.    Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano