SALA PENAL PRIMERA

Auto Supremo Nº. 149/2013

Sucre, 29 de mayo de 2013

Expediente: Tarija 80/2013

Partes Procesales: Ministerio Público contra Ivan Walter Arnold Tórrez, Yuri Gerardo Céspedes Ferrufino

Delito: ejercicio indebido de la profesión, uso de instrumento falsificado, falsedad material

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

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       VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Iván Walter Arnold Tórrez (fs. 343 a 349), impugnando el Auto de Vista Nro. 10/2013 emitido el 11 de marzo de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 337 a 340), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Yuri Gerardo Céspedes Ferrufino y el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de ejercicio indebido de la profesión, uso de instrumento falsificado y falsedad material, previstos y sancionados por los artículos 164, 203 y 198 del Código Penal.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

Que de la revisión de los antecedentes remitidos en casación se establece lo siguiente:

               En mérito a la acusación del Ministerio Público de fojas 6 a 9, y desarrollada la audiencia de juicio oral, por Sentencia Nro. 10/2010 de 20 de mayo de 2010 (fs. 280 a 287) emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia de la capital del departamento de Tarija, se declaró a Iván Walter Arnold Tórrez y a Yuri Gerardo Céspedes Ferrufino, absueltos del delito de falsedad material previsto y sancionado por el artículo 198 del Código Penal; asimismo, declaró a Iván Walter Arnold Tórrez autor de los delitos de uso de instrumento falsificado y ejercicio “ilegal” (sic) de la profesión, tipificados y sancionados por los artículos 203 y 164 del Código Penal, respectivamente, sancionándolo a la pena privativa de libertad de dos años de reclusión, concediéndole asimismo perdón judicial, con costas a favor del Estado y reparación del daño a la víctima.

               Contra la referida Sentencia, el imputado Iván Walter Arnold Tórrez interpuso recurso de apelación restringida (fs. 299 a 304); por su parte, el Ministerio Público presentó memorial (fs. 314 a 321) que en la suma indica “SE ADHIERE A LA APELACIÓN RESTRINGIDA” (sic), sin especificar a cuál apelación, siendo resueltos por Auto de Vista Nro. 10/2013 de 11 de marzo de 2013, (fs. 337 a 340) declarando “sin lugar” (sic) el recurso de apelación restringida interpuesto por el referido imputado; asimismo declaró “con lugar la apelación en adhesión del Ministerio Público y la del acusador particular La Sociedad de Ingenieros de Bolivia” (sic) anulando parcialmente la Sentencia y disponiendo la reposición del juicio por el Tribunal de Sentencia Primero de esa capital con relación al imputado Iván Walter Arnold Tórrez, “manteniéndose firme con relación al imputado Yuri Gerardo Céspedes Ferrufino” (sic).

       Notificado el imputado Iván Walter Arnold Tórrez con la citada Resolución del Tribunal de Alzada, el 15 de marzo de 2013 (fs. 341 vuelta), interpuso recurso de casación motivo de autos, el 22 del mismo mes y año, respectivamente.

CONSIDERANDO II: (Motivos del recurso de casación admitidos)

Que conforme el Auto de Admisión Nro. 111/2013 de 15 de abril de 2013, los motivos de casación admitidos son:

1. Ausencia de debida fundamentación o motivación. El imputado Iván Walter Arnold Tórrez argumenta que el Tribunal de Alzada vulneró el debido proceso, al infringir el principio de la debida fundamentación o motivación y el principio de congruencia al no existir coherencia entre la parte considerativa y resolutiva. Posteriormente, el recurrente refiere con relación al Auto de Vista impugnado lo siguiente: “…CARECIENDO DICHO AUTO DE UNA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN, ADEMÁS QUE HA HECHO CASO OMISO A LAS MÚLTIPLES DOCTRINAS APLICABLES COMO ES LA PROHIBICIÓN DE REVALORIZACIÓN DE PRUEBA POR PARTE DEL TRIBUNAL AD-QUEN. SALA PENAL PRIMERA, AUTO SUPREMO Nº.- 206/2012 SUCRE 9 DE AGOSTO DE 2012 EXPEDIENTE TARIJA 120/2012” (sic) luego continúa señalando: “SALA PENAL SEGUNDA, AUTO SUPREMO Nº.- 172/2012-RRC, SUCRE 24 DE JULIO DE 2012 EXPEDIENTE” (sic). Alega que no se evidencia en el Auto de Vista en qué forma se realizó el análisis de los hechos, ni cuáles fueron los elementos probatorios debidamente ponderados y en qué consisten éstos, de acuerdo a su criterio, para determinar su culpabilidad. Indica que su fundamentación no es expresa como lo exige el Auto Supremo Nro. 5 de “26-01-07” (sic), porque el Tribunal de Alzada se dedicó a suplirla por constancias del proceso y alusión de la prueba, “OLVIDANDO QUE LA LEY Y JURISPRUDENCIA EXIGE QUE EL JUZGADOR CONSIGNE LAS RAZONES QUE DETERMINAN SU DECISORIO” (sic) que exprese sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por este tribunal para arribar a la conclusión.

       2. Revalorización de la prueba. Manifiesta que el Tribunal de Alzada hizo nueva valoración de la prueba, al extremo de manifestar que su persona supuestamente hubiera firmado documentos como Ingeniero, alegando el recurrente que no es evidente. También el imputado Iván Walter Arnold Tórrez manifiesta que el Auto de Vista impugnado, estableció que éste, hubiera percibido “un sueldo como profesional, cuando más adelante el propio tribunal establece que para ocupar ese cargo, no era necesario ser un profesional” (sic). Posteriormente, el recurrente refiere con relación al Auto de Vista impugnado lo siguiente: “…CARECIENDO DICHO AUTO DE UNA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN, ADEMÁS QUE HA HECHO CASO OMISO A LAS MÚLTIPLES DOCTRINAS APLICABLES COMO ES LA PROHIBICIÓN DE REVALORIZACIÓN DE PRUEBA POR PARTE DEL TRIBUNAL AD-QUEN. SALA PENAL PRIMERA, AUTO SUPREMO Nº.- 206/2012 SUCRE 9 DE AGOSTO DE 2012 EXPEDIENTE TARIJA 120/2012” (sic) luego continúa señalando: “SALA PENAL SEGUNDA, AUTO SUPREMO Nº.- 172/2012-RRC, SUCRE 24 DE JULIO DE 2012 EXPEDIENTE” (sic).

       CONSIDERANDO III: (Verificación de la existencia de contradicción)

Que conforme el Auto admisorio, el análisis del presente recurso, se circunscribe a la verificación de la existencia de contradicción entre el Auto de Vista impugnado y las resoluciones invocadas en calidad de precedentes contradictorios, es decir, el Auto Supremo Nro. 5 de de 26 enero de 2007 en el primer motivo (Ausencia de debida motivación o fundamentación); y los Autos Supremos Nros. 206/2012 de 9 de agosto y 172/2012 RRC de 24 de julio, que conforme expresa el recurso de casación, fueron invocados para sustentar la prohibición de revalorizar prueba.

Con carácter previo, es necesario señalar que, la reiterada doctrina legal establecida por este máximo Tribunal de Justicia, ha dejado sentado que la falta o indebida motivación y/o fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen defectos procesales que vulneran el debido proceso, en sus componentes, derecho a la debida fundamentación, a la seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva y a la defensa, por lo que es imprescindible que toda autoridad que emita un fallo, fundamente y motive la resolución de manera adecuada, expresando razonamientos lógicos respecto a cada motivo resuelto, el que debe ir respaldado de fundamentación jurídica,

Se debe recalcar que, la exigencia de motivación, no es únicamente inherente a las autoridades que emiten una resolución, sino también a las partes que intervienen en el proceso cuando solicitan el amparo de la Ley, hacen una petición o formulan algún incidente o recurso.

En la interposición de recursos en materia penal, el numeral 3 del artículo 396 del Código de Procedimiento Penal, establece de forma taxativa que los recursos se deben interponer en las condiciones de tiempo y forma determinadas por el citado cuerpo legal, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución; consiguientemente, al plantear recurso de casación, el recurrente, además de dar cumplimiento a los requisitos de admisibilidad, debe cumplir la carga de motivar y fundamentar adecuadamente el recurso; es decir, no solo debe cuidar que el recurso sea admitido, presentándolo dentro de plazo legal y señalar lo que considera contradictorio entre el Auto de Vista y el precedente, a partir de una situación fáctico-jurídica análoga, sino, para que el recurso sea efectivo y el resultado de la resolución de fondo satisfaga su pretensión de justicia, el recurso debe estar formulado con razonamientos y/o criterios jurídicos que componen los precedentes invocados (no limitarse a una transcripción), que demuestren objetivamente las contradicciones con el Auto de Vista impugnado, por lo que es imprescindible que la argumentación del recurso sea clara y puntual (no reiterativa) y, que las denuncias estén motivadas (razonamientos lógicos) y respaldadas con fundamentos legales, estableciendo el nexo entre los argumentos del recurso con los del precedente, de forma tal que permita verificar la existencia de la infracción denunciada; lo contrario significa realizar una relación subjetiva de los actuados del proceso, con simple cita y/o trascripción de normativa legal o doctrina, que no brinda datos suficientes sobre la pretensión del recurrente o si esa pretensión se adecua a la Ley; sino que refleja o aparenta una intención caprichosa de no aceptar lo dispuesto en la resolución impugnada, valiéndose del recurso extraordinario, como medio dilatorio, para eludir responsabilidades o no someterse a la Ley; pues el impetrante no debe olvidar que sobre la base de los argumentos esgrimidos en el recurso, este máximo Tribunal de Justicia, hace efectiva una de sus competencias.

Por otro lado, cuando se denuncia vulneración a principios, derechos o garantías constitucionales que podrían devenir en defectos absolutos, es deber del recurrente identificar correctamente el objeto de infracción (principio, derecho y/o la garantía), el acto (acción u omisión) que lo ocasionó, con especificación, en términos claros, concretos y precisos, de la forma en que se incurrió en la transgresión, el por qué la resolución es violatoria, cual es el resultado dañoso que se ocasionó, por qué constituye defecto absoluto inconvalidable y no relativo (principios de convalidación, especificidad y trascendencia), finalmente, la forma en que considera debe restablecerse el orden legal, debiendo estar los argumentos fundamentados en normativa legal y motivados en razonamientos objetivos y lógicos, tal cual ya fue expuesto precedentemente; caso contrario la denuncia constituye en mera declaración sin sustento alguno.

1. En relación al motivo de ausencia de debida fundamentación o motivación. De la desordenada y confusa redacción del recurso, carente de motivación y fundamentación adecuada, se verifica que para este motivo, únicamente se admitió el Auto Supremo Nro. 5 de 25 de enero de 2007, respecto al cual el recurrente señala que el Auto de Vista impugnado no es expreso tal cual exige la precitada resolución. Del análisis del precedente citado, se tiene que el Tribunal de casación determinó que el recurso de casación fue deducido únicamente por el vicio de incongruencia omisiva, por no haberse dado respuesta a los motivos de apelación restringida en infracción al principio tantum devolutum quantum apellatum; al respecto, estableció doctrina legal señalando: “La motivación en los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica (…) a) Expresa : porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.” (sic).

En el caso en examen, se verifica que las alegaciones en el recurso de casación se encuentran vinculadas con el artículo 124, no con el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, como acontece con el precedente analizado, por lo que no es posible establecer la existencia de contradicción entre el invocado Auto Supremo y el Auto de Vista.

Sin embargo, a pesar de no ser coincidentes las resoluciones, ni en lo fáctico ni en lo legal, se establece, respecto a lo alegado en casación, que el Tribunal de Apelación, en el “CONSIDERANDO III” de la citada resolución, ante las denuncias de alzada referidas a que la Sentencia se basa en hechos inexistentes, no acreditados, o en valoración defectuosa de la prueba, necesariamente tenía que remitirse a la Sentencia, la que en el apartado III VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y VOTO DEL TRIBUNAL ACERCA DE LOS MOTIVOS DE HECHO Y DERECHO, destinado justamente al análisis valorativo de todo lo acontecido en el juicio oral, realizó la fundamentación probatoria intelectiva respecto a cada delito, expresando las conclusiones arribadas; aspectos estos que el Tribunal de Alzada ineludiblemente debió verificar con la finalidad de emitir pronunciamiento sobre las denuncias hechas en apelación restringida, relacionando las partes de la resolución en las que el Tribunal de Sentencia fundamentó y motivó su aprehensión respecto a la existencia de los hechos que consideró acreditados, con base en la valoración de la prueba producida en juicio, que culminó con la condena del imputado; es precisamente esa relación de fundamentos de la Sentencia, realizada por el Tribunal impugnado, la que de manera clara deja entender el por qué no son evidentes las denuncias de alzada. Por otra parte, razonadamente expuso criterios respecto al reclamo del impetrante, referido a que el documento acusado de falso, no causó perjuicio, estableciendo de forma clara que en el caso del delito de uso de instrumento falsificado, el delito se configura en el momento en que se hace uso del documento sabiendo que es falso, que en el caso acusado, conforme las conclusiones de la Sentencia, el imputado usó el documento como parte de sus antecedentes profesionales, por lo que el razonamiento del Tribunal de Alzada resulta completamente lógico. Sumado a ello, es preciso establecer que la exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones, no supone un despliegue ampuloso de cita de normativa legal, o exposición exagerada de criterios jurídicos que pueden resultar redundantes, sino resolver las denuncias en base al derecho objetivo, de forma clara, precisa y suficiente, que son la base de su decisión conforme al principio de razón suficiente; en consecuencia, se evidencia que el Tribunal de Apelación no incurrió en contradicción con el precedente invocado, por lo que el presente motivo deviene en infundado.

En cuanto el argumento de que el Tribunal de Alzada vulneró el debido proceso, al infringir el principio de la debida fundamentación o motivación y el principio de congruencia al no existir coherencia entre la parte considerativa y resolutiva, se tiene que el primer reclamo está vinculado a aspectos resueltos precedentemente, por otro lado, se evidencia que el recurso incumple la exigencia de expresar en términos claros, la existencia de contradicción del Auto de Vista impugnado, a partir de una situación fáctico- jurídica similar, con alguna resolución descrita en el artículo 416 del Código de Procedimiento Penal, pues se limitó a esgrimir argumentos generales sobre supuesta indebida fundamentación o motivación del Auto de Vista, sin tomar en cuenta que ambos términos no son sinónimos, tampoco existe respaldo lógico-jurídico que permitan inferir que los argumentos vertidos por el impetrante, son el producto de un análisis objetivo de la resolución, debidamente fundada en derecho, pues se limita a observar hechos, no así, la normativa legal vulnerada; es más, alega como motivo de casación, revalorización de la prueba, sin embargo de forma contradictoria, al reclamar falta de motivación en el Auto de Vista, señala: “No se puede evidenciar que en el Auto de Vista se explique en qué forma se realizó el análisis de los hechos en función al sorprendente nuevo tipo penal, por parte del Tribunal de Sentencia, por lo que no existe razonamiento lógico ni razonamiento intelectivo, ni explicación jurídica, ni fáctica alguna, de parte de las Vocales de ¿CUALES FUERON LOS ELEMENTOS PROBATORIOS DEBIDAMENTE PONDERADOS Y EN QUE CONSISTEN ÉSTOS DE ACUERDO A SU CRITERIO RACIONAL PARA DETERMINAR MI CULPABILIDAD?. (…) LO QUE SIGNIFICA QUE NO EXISTE RESPUESTA, NI CONSIDERACIÓN ALGUNA” (sic), es decir, el recurrente exige al Tribunal de Alzada, fundamente respecto a los elementos probatorios, que en su criterio debieron ser considerados en apelación para determinar su culpabilidad; sin embargo, se evidencia que fue el Tribunal de mérito el que le declaró culpable por dos de los tres delitos acusados; mismos delitos por los cuales, en alzada, se dispuso el reenvió de juicio a otro Tribunal; por otro lado, el recurrente tampoco señala a que nuevo tipo penal se refiere, mucho menos queda claro cuál de los Tribunales debe explicar la forma en que realizó el análisis de los hechos.

En cuanto a la denuncia por vulneración al principio de congruencia, omite exponer el por qué considera que el Auto de Vista vulneró dicho principio, no señala si la incongruencia es interna (entre la parte considerativa y la resolutiva) o externa (entre lo pedido y lo resuelto); o si se produjo  incongruencia omisiva o ex silentio (cuando se omite pronunciamiento sobre alguna de las pretensiones o motivos alegados); incongruencia extra petitum (cuando el pronunciamiento versa sobre motivos no denunciados), o incongruencia por error (cuando no se existe pronunciamiento sobre la pretensión del recurso, sino que erróneamente  se razona sobre aspectos ajenos a las alegaciones); pues cuando refiere: “VIOLENTÓ (…) EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA POR NO EXISTIR COHERENCIA ENTRE LA PARTE CONSIDERATIVA Y RESOLUTIVA, Y CON RELACIÓN A LA SENTENCIA Y EL AUTO DE VISTA”, (sic.), no deja entender con claridad, a cuál de las resoluciones se refiere, y en el entendido que fuera el Auto de Vista el que incurrió en incongruencia interna, no explica la forma en la que se vulneró dicho principio, no señala la parte del argumento considerativo que dice- incurrió en contradicción con la parte resolutiva, tampoco explica de que forma la resolución de mérito y el Auto de Vista son incongruentes, máxime si el Tribunal de Apelación, en cuanto a los hechos acusados, concluyó que no es evidente que dicha resolución se base en hechos inexistentes, no acreditados o en defectuosa valoración de la prueba, en cambio, en cuanto a la imposición de la pena, dispuso el reenvío del juicio porque consideró que el Tribunal de Sentencia no hizo una correcta apreciación de la Ley sustantiva  en cuanto al hecho, tampoco realizó una adecuada ponderación de las circunstancias no de la calidad del imputado a momento de imponer la pena, y por indebida fundamentación de la resolución en cuanto a la determinación de la pena, de lo que se evidencia la inexistencia de incoherencia o incongruencia.

2. Respecto al motivo de revalorización de la prueba, cuyo argumento central refiere que el Tribunal de Alzada revalorizó prueba, al extremo de que dicho Tribunal manifestó que su persona firmó documentos como Ingeniero y estableció que recibió un sueldo como profesional, sin embargo, más adelante el propio Tribunal señaló que para ocupar ese cargo, no era necesario ser un profesional. Para acreditar contradicción, invocó los Autos Supremos Nros. 206/2012 de 9 de agosto y 172/2012-RRC de 24 de julio, los que analizados arrojaron las siguientes conclusiones:

El Auto Supremo Nro. 206/2012 de 9 de agosto, en cuyo supuesto fáctico el Tribunal de Sentencia condenó a dos de los imputados por el delito de homicidio en riña o a consecuencia de agresión (primera parte del artículo 259 del Código Penal), en alzada, el Tribunal modificó la calificación del tipo penal por el de homicidio, modificando también la sanción inicial impuesta, de cinco años de reclusión a ocho años de presidio. Los recurrentes, por separado, alegaron, el primero: a) Violación al derecho al debido proceso, seguridad jurídica y verdad procesal, por revalorización de la prueba; b) Vulneración al debido proceso, seguridad jurídica, presunción de inocencia, por modificar el tipo penal descrito en el artículo 259 al delito de homicidio sancionado por el artículo 251 del Código Penal; c) Falta de resolución de todos los puntos apelados (incongruencia omisiva); d) Infracción a la tutela judicial efectiva y el debido proceso en su elemento debida fundamentación; e) Existencia del defecto descrito en el artículo 370 numeral 6 del Código de Procedimiento Penal; f) Defecto absoluto por falta de fundamentación probatoria en la Sentencia.

El segundo imputado denunció: a) Violación a normativa legal adjetiva y subjetiva, doctrina y jurisprudencia, tratados y convenios internacionales; b) Insuficiente motivación y fundamentación en el Auto de Vista respecto al principio de tipicidad y la adecuada subsunción (reclamo reiterado); c) Vulneración al principio de la debida fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales y al principio de congruencia por no existir coherencia entre la parte considerativa y resolutiva con relación a la Sentencia y al Auto de Vista, en contradicción con doctrinas legales establecidas, que prohíben revalorizar prueba, además errónea aplicación de la Ley sustantiva, por defectuosa valoración de la prueba; d) Vulneración al principio de seguridad jurídica; e) Revalorización de la prueba, omitiendo el Tribunal de Alzada disponer el reenvío del juicio a otro Tribunal al advertir errónea apreciación de la prueba  en Sentencia.

Sobre los aspectos apelados, el Tribunal de Casación estableció la inexistencia de revalorización de la prueba por el Tribunal de Apelación; en cambio advirtió vulneración al principio de tipicidad, por indebida fundamentación en el Auto de Vista respecto a la modificación del tipo penal efectuada en alzada, lo que derivó en incorrecta subsunción. Estableció también doctrina legal respecto a la obligación de dicho Tribunal de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, cuando en el control de la Sentencia evidencie defectuosa valoración de la prueba, por la aplicación incorrecta de las reglas de la sana crítica en la fundamentación probatoria intelectiva.

En el caso de Autos el recurrente señala que el Tribunal de Alzada revalorizó prueba al sostener que el recurrente firmó documentos como Ingeniero, que percibió un sueldo como profesional, o “al hablar del documento, que mi persona ha trabajado en una institución del Estado, la ex prefectura del Departamento,(…)” (sic), aspecto que no es coincidente con el precedente invocado, pues en el Auto Supremo Nro. 206/2012 de 9 de agosto, se estableció que no hubo revalorización de la prueba, por lo que no se estableció doctrina legal sobre ese aspecto, consiguientemente, no existe contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el precitado Auto Supremo; por otra parte, los argumentos esgrimidos en el apartado “VI” del recurso de casación, resultan incomprensibles y contradictorios cuando señala: “En parte estoy de acuerdo con lo manifestado por Uds. Señores Ministros en el Auto Supremo dictado, pero también es de su conocimiento que existe Autos Supremos , que han creado línea jurisprudencial y que constituyen DOCTRINA LEGAL APLICABLE , que permite a pesar de esta prohibición de valorar prueba y otros aspectos al Tribunal de Alzada, y con esa facultad los anteriores Vocales de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dictan el Auto de Vista Nro.- 06/2012 de fecha 28 de mayo de 2012, que jamás se debió anular parcialmente la Sentencia” (sic), texto incoherente que no expresa revalorización de prueba, mucho menos señala  que prueba fue revalorizada, lo que hace imposible su verificación.

En cuanto al Auto Supremo Nro. 172/2012-RC de 24 de julio, se verifican como motivos del recurso: a) Defecto absoluto por obviar el Tribunal de Apelación expresar fundamentos respecto a seis de los motivos alegados; b) Incongruencia omisiva en el Auto de Vista por omisión de pronunciamientos de seis de los agravios denunciados (reiterativo con el motivo anterior); c) Convalidación de la violación a los principios de celeridad y continuidad. Sobre dichos puntos, el Tribunal de Casación concluyó que en alzada, se señalaron, respecto a los motivos no resueltos, que los mismos resultaban redundantes, que no existieron, no tienen relevancia y que no se ajustan a las previsiones del artículo 407 del Código de Procedimiento Penal, sin explicar las razones por las que arribaron a dichas conclusiones, por lo que estableció doctrina legal respecto a la vulneración de los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, señalando la obligación del Tribunal de Apelación de pronunciarse sobre el fondo de los puntos cuestionados en la apelación restringida, sin acudir a argumentos evasivos, obviando pronunciarse sobre todos los motivos cuestionados.

En el caso de autos el impetrante reclamó revalorización de la prueba, de lo que se tiene que el precedente no resuelve aspectos análogos, ni en cuanto a lo fáctico, mucho menos en lo legal; en consecuencia, este máximo Tribunal de Justicia establece la inexistencia de contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado.

       POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo dispuesto por el parágrafo segundo del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Iván Walter Arnold Tórrez (fs. 343 a 349), impugnando el Auto de Vista Nro. 10/2013 emitido el 11 de marzo de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 337 a 340), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Yuri Gerardo Céspedes Ferrufino y el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de ejercicio indebido de la profesión, uso de instrumento falsificado y falsedad material, previstos y sancionados por los artículos 164, 203 y 198 del Código Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

                   Jorge Isaac Von Borries Méndez.

ANTE MÍ.    Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.