SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº. 139/2013

Sucre, 27 de mayo de 2013

EXPEDIENTE: Santa Cruz 63/2013

PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Luis Oscar Amestica Villegas, Rufino Gonzáles

DELITO: Violación agravada en estado de inconciencia

MAGISTRADO RELATOR: Jorge I. von Borries Méndez

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       VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Luis Oscar Amestica Villegas  (fs. 796 a 801), impugnando el Auto de Vista Nro. 77 emitido el 1 de noviembre de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de  Santa Cruz (fs. 788 a 794), en el proceso penal seguido por  el Ministerio Público contra Rufino Gonzáles y el recurrente,  por la presunta comisión del delito de  violación en estado de inconciencia, previsto y sancionado por el artículo 308 ter del Código Penal.

       CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

          Que el recurso interpuesto tiene su origen en los siguientes antecedentes:

Sustanciado  el  mencionado proceso,  el Tribunal de  Sentencia Nro. 2  en lo penal de la capital del departamento de  Santa Cruz,  pronunció  Sentencia  Nro. 12 de 8 de agosto de 2012 (fs. 627 a  639), declarando al procesado Luis Oscar Amestica Villegas, autor del delito de violación agravada en estado de inconciencia, previsto y sancionado en el artículo 308 ter del Código Penal,  condenándolo a veinte años de presidio a cumplir en la Cárcel Pública de “Palmasola” y al co-procesado Rufino Gonzáles, absuelto de la comisión del indicado ilícito.     

Dicha Sentencia  fue  recurrida por Luis Oscar Amestica Villegas  (fs. 737 a  749),  recurso  resuelto   por Auto de Vista  No. 77 de 01 de noviembre de 2012 (fs. 788 a 794), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declarando improcedente el recurso de apelación restringida, ocasionando que el señalado procesado interponga recurso de  casación (fs. 796 a 801), que  admitido,  es  motivo de autos.

CONSIDERANDO II: (Motivos del recurso de casación)

Que conforme  al Auto Supremo Nro.  97//2013 de  3 de abril de 2013 (fs. 812 a  815), el recurso fue admitido por los siguientes motivos:

1. Vulneración del artículo 399 del Código de Procedimiento Penal,  porque en el Auto de Vista impugnado se señaló que el recurrente no cumplió con lo dispuesto por el artículo 408 del Código de Procedimiento Penal, declarando la improcedencia del recurso de apelación restringida interpuesto por el ahora recurrente, por carecer de fundamentación y por no señalar el medio de prueba que no fue debidamente valorado, así como no identificar la fundamentación intelectiva que realizó el titular del órgano jurisdiccional, siendo ese el caso, el Tribunal de Alzada no observó el recurso ni otorgó el plazo dispuesto en el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, para corregirlo. Invocando como precedente contradictorio al Auto Supremo Nro. 87 de 28 de marzo de 2006.

2. Falta de pronunciamiento  del Tribunal de Alzada sobre los agravios denunciados en el recurso de apelación restringida, como ser: 1)  El segundo motivo del recurso de apelación restringida, relativo a la denuncia de que el Tribunal de Alzada restó credibilidad a la “pericia de ADN”, siendo que la misma develó que existen tres tipos de semen y que ninguno guarda similitud con el tipo de ADN del acusado recurrente, sobre el particular el Tribunal de Alzada entiende que nada puede criticar del Tribunal inferior;   aspecto que resquebraja la lógica y razonamiento forense; 2) En el tercer motivo de la apelación restringida se denunció que el Tribunal de Sentencia hizo una abstracción de las declaraciones de los testigos de cargo, entre ellos del testigo Richard Torres Hooper quien señaló que vio a la víctima en estado de ebriedad; asimismo la Dra. Vanessa Salinas quien  atendió a la víctima en la Clínica UCEBOL y  refirió haber percibido que la misma tenía aliento alcohólico y que le suministró diazepan, es decir benzodiacepina para tranquilizarla, además de suero y complejo “B” para desintoxicarla; 3) Sobre el cuarto motivo de la apelación restringida, referida a las reglas de deliberación y redacción de Sentencia y  4) Nada dice sobre el quinto motivo de  la apelación restringida, referido a que no existió una individualización de las conductas acusadas.

Culmina acusando que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre los agravios referidos, vulnerando los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, invocando como precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 349 de 28 de agosto de 2006.

CONSIDERANDO III: (Verificación del defecto absoluto)

       1) Con relación a la denuncia de que el  Auto de Vista recurrido vulneró el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal al declarar improcedente el recurso de apelación, con el argumento de que el recurrentre no señaló el medio de prueba que no fue debidamente valorado, así como no identificó la fundamentación intelectiva que realizó el titular del órgano jurisdiccional. Efectuada la respectiva contrastación con el precedente invocado, se evidencia que el Auto Supremo Nro. 87 de 28 de marzo de 2006, fue pronunciado resolviendo problemática referida a que este máximo Tribunal ante la constatación de que el Tribunal de Alzada declaró improcedente el recurso de apelación restringida por defectos de forma, sin haber  previamente  otorgado el plazo señalado por ley para la subsanación del mismo, estableció doctrina legal aplicable que en lo más sobresaliente indicó: “… En el caso de autos, se ha evidenciado que la Sala Penal Primera de la Corte Superior de La Paz, ha restringido el derecho que tiene la recurrente de subsanar las omisiones o corregir los defectos de su recurso de apelación restringida. Esta actividad jurisdiccional se ha convertido en vicio absoluto que atenta el derecho que le asiste a las imputadas en mérito al artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, de manera que, el Tribunal de Apelación debe circunscribir su actuación a los puntos apelados y en caso de que haya omisión o defectos de forma, deberá conceder el plazo de tres días para que subsanen o corrijan lo observado, bajo apercibimiento de rechazo”; efectuada la revisión del Auto de Vista impugnado, se constata que el Tribunal de Alzada,  al momento de resolver el tercer motivo del recurso de apelación restringida, relativo a violación del artículo 370 inciso 6) del Código de Procedimiento Penal, vinculada a  defectuosa valoración de las pruebas de cargo y de descargo, en el último considerando señaló: (…) “ asimismo cuando se argumenta la actividad valorativa del Juez o Tribunal que dictó la sentencia, es obligación del recurrente individualizar dentro del proceso, el medio probatorio que considera no ha sido debidamente valorado, identificando la fundamentación probatoria intelectiva que es la apreciación que realiza el órgano jurisdiccional de los medios de prueba, por lo que en el presente caso el acusado recurrente simplemente se limita a exponer sus argumentos en unas pruebas supuestamente mal valoradas; sin embargo el acusado en su apelación restringida también hace alusión al defecto previsto en el art. 370 inc.6) de la Ley 1970, pero no ha tenido en cuenta que en su apelación restringida el acusado debió precisar dentro del proceso, el medio probatorio que considera no ha sido valorado (…) siendo imposible que un Tribunal desprovisto de la inmediación, pueda emitir un criterio de hecho sobre la prueba, dada la naturaleza del sistema acusatorio oral - concluyendo- que en el caso, no se presenta el defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del C.P.P.”; observaciones que de ninguna manera constituyen cuestiones de forma, como erróneamente entiende el recurrente, sino, aspectos de fondo íntimamente ligados a los  contenidos en los artículos 413 y 414 del Código Adjetivo de la materia que debieron ser inexcusablemente cumplidos al momento de deducirse el recurso de apelación restringida, advirtiéndose que el Auto de Vista no contradice el precedente invocado.  Por lo que este motivo deviene en infundado.

2.- Con relación a la denuncia de  que el Auto de Vista impugnado incurrió en defecto absoluto por haber omitido resolver  los agravios segundo, tercero, cuarto y quinto  denunciados en el recurso de apelación restringida; efectuada la revisión del fallo impugnado, respecto al segundo  agravio acusado en la apelación restringida, relativo a la denuncia de que el Tribunal de Sentencia restó credibilidad a la “pericia de ADN”, siendo que la misma develó que existen tres tipos de semen  y que ninguno guarda similitud con el tipo de ADN del acusado recurrente, sobre el particular el Tribunal de Alzada entiende que nada puede criticar del Tribunal inferior;  aspecto que según éste, resquebraja la lógica y razonamiento forense ((sic), se constata que el Tribunal de Alzada, sí se pronunció sobre dicho cuestionamiento, cuando en el penúltimo considerando del Auto de Vista indicó: “…asimismo es evidente  que la prueba de ADN informa que se obtuvo un perfil genético de dos individuos varones diferentes a los imputados Luis Oscar Amestica Villegas y Rufino Gonzáles, sin embargo el Tribunal inferior no les asignó fiabilidad ni veracidad a dicha prueba pericial indicando que es una prueba aislada que no armoniza ni es concomitante con las otras pruebas de cargo que fueron analizadas y valoradas conforme a las atribuciones otorgadas por los arts. 124, 171 y 173 del Código de Procedimiento Penal, cuya valoración es facultad privativa del Tribunal inferior dentro del juicio oral, y que no puede ser nuevamente valorada por este tribunal de Alzada teniendo en cuenta que no existe doble instancia” (textual), por lo que no es evidente que no se haya atendido y resuelto el citado agravio, constatándose que en este punto, el Auto de Vista recurrido no contradice el Auto Supremo Nro. 349 de 28 de agosto de 2006, invocado como precedente, debido a que en la precitada Resolución este máximo Tribunal ante la constatación de que el Tribunal de Alzada declaró improcedente el recurso de apelación restringida, sin resolver todos los agravios acusados, dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado y estableció doctrina legal, que en lo más fundamental estableció “Por otra parte, se deja en "indefensión" a las partes y se viola la garantía constitucional del "debido proceso" cuando el Auto de Vista deviene en "infrapetita" es decir cuando el Tribunal de apelación omite pronunciarse respecto a cada uno de los puntos de reclamación que contiene el recurso de apelación restringida”, que no es el caso. Más aún, cuando el impugnante cuestiona el argumento del Tribunal de Alzada de que nada puede criticar del Tribunal inferior respecto de la valoración de la prueba de ADN, señalando que dicho argumento resquebraja la lógica y razonamiento forense,  empero, no precisa qué norma del entendimiento humano fue desconocida por el Tribunal de Alzada al sostener aquello; por lo que la  presente denuncia es infundada.

Ahora bien,  con relación a la acusación de que el Tribunal de Alzada incurrió en falta de fundamentación al no resolver el tercer agravio del recurso de apelación restringida, relativa a que el Tribunal de Sentencia hizo una abstracción de las declaraciones de los testigos de cargo, entre ellos del testigo Richard Torres Hooper quien señaló que vio a la víctima en estado de ebriedad; así como de  la Dra. Vanessa Salinas quien  atendió a la víctima en la Clínica UCEBOL y  refirió haber percibido que la misma tenía aliento alcohólico y que le suministró diazepan, es decir benzodiacepina para tranquilizarla, además de suero y complejo “B” para desintoxicarla”, lo que supone defectuosa valoración de la prueba; hecha la revisión de la resolución impugnada, se constata que el Tribunal de Alzada sí se pronunció y resolvió dicho agravio, cuando en el último considerando (fs.793), refirió: “Respecto a los argumentos expuestos por el acusado Luis Oscar Amestica Villegas en su apelación restringida, debemos indicar que cuando se alega valoración defectuosa de la prueba por parte del recurrente, no corresponde a este Tribunal de Alzada examinar la existencia o inexistencia de la prueba, sino examinar si existe error en la operación misma de la valoración de conforme a los principios de la sana crítica, tal como lo ha establecido la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Auto Supremo Nro. 088 de fecha 18 de marzo de 2.008 (…),  asimismo cabe indicar que el acusado recurrente tiene el deber de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, debe vincular su crítica con el razonamiento adoptado en el fallo, porque si el Tribunal de la causa se encuentra obligado a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana crítica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico jurídicos….” (textual), por lo que se advierte, que el Auto de Vista recurrido no contradice el precedente contradictorio invocado, debido a que el mismo, resolvió la problemática relativa a la falta de atención y resolución de los motivos del recurso de apelación restringida, estableciendo doctrina legal en el sentido de que los Tribunales de Alzada se encuentran obligados a resolver todos y cada uno de los agravios acusados y en el caso concreto, sí existe atención y resolución por parte del Tribunal de Alzada; añadiéndose a ello, la omisión en que efectivamente incurrió el recurrente al no identificar cuál de las normas de la sana crítica fue inobservada por el Tribunal de Alzada al valorar el acerbo probatorio, conforme también lo exige la doctrina legal establecida en el Auto Supremo Nro. 214 de 28 de marzo de 2007, que en lo sustancial estableció que: “El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio”; por lo que este motivo, también es infundado.

De la misma manera, respecto de la denuncia de no haber resuelto el cuarto motivo del recurso de apelación restringida, referido a defecto de sentencia por inobservancia de las reglas de sentencia, previsto en el artículo 370 inciso 10) del Código de Procedimiento Penal, efectuada la revisión del Auto de Vista recurrido, se evidencia  que dicho agravio también  fue resuelto por el Tribunal de Alzada, dado que a fojas 794 concluyó  que: “…la sentencia ha sido leída en su integridad y las partes han sido notificadas en forma debida y tuvieron conocimiento cierto y evidente  de la misma (…) no habiéndose incurrido en ninguno de los defectos que argumenta el recurrente previsto en el art. 370 incs.1), 5), 6), 10) y 11) del Código de Procedimiento Penal…”; por lo que  en esta parte el Auto de Vista recurrido, no contradice el precedente invocado, deviniendo dicha acusación en  infundada.

Por último, con relación a la denuncia referida a que el Tribunal de Alzada nada dice sobre el quinto motivo de la apelación restringida, denuncia referida a que en la Sentencia no existió individualización de las conductas acusadas; de la revisión de  obrados, se advierte que el  impugnante bajo el epígrafe de inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación, acusó que el Tribunal de Sentencia para condenarlo por el delito de violación agravada en estado de inconciencia, estableció que en el hecho delictivo también participaron otras personas, como el caso de la persona que ayudó al imputado Luis Oscar Amestica Villegas a subir a la víctima inconciente hasta la pieza del alojamiento Don Francisco, sin embargo, la acusación formal del Ministerio Público, así como la acusación particular fueron presentadas sólo en contra de su persona y de Rufino Gonzáles, este último absuelto por el Tribunal de Alzada, no estableciéndose otros supuestos partícipes o autores del hecho, ni que hubiese algún prófugo en el proceso (sic).

También denunció incongruencia de la Sentencia recurrida, porque con las mismas pruebas con las que se le condenó, se absolvió al otro co-imputado Rufino Gonzáles, con el argumento de que la prueba de cargo producida e incorporada al juicio oral no fue suficiente para generar convicción y certeza de la culpabilidad del mismo.

       Concluye, que bajo el principio de congruencia y favorabilidad debió aplicarse lo más favorable para su persona, así como los principios pro homine reconocido por los artículos 5 y 29 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el in dubio pro reo (sic).

            Efectuada la contrastación del Auto de Vista impugnado, se advierte que el Tribunal  de Alzada,  a fojas 794 concluye que: “…la prueba de cargo como de descargo ha sido valorada correctamente  - y que-  “…la sentencia tiene plena congruencia con la acusación fiscal y particular” (textual); consiguientemente no es evidente que el Tribunal de Alzada no haya dicho nada sobre el quinto motivo del recurso de apelación restringida y que tampoco lo haya resuelto, como erróneamente sostiene el recurrente, por lo que en este aspecto el Auto de Vista recurrido tampoco contradice el precedente contradictorio invocado, debido a que el mismo, resolvió problemática relativa a la falta de atención y resolución de los motivos del recurso de apelación restringida, estableciendo doctrina legal en el sentido de que los Tribunales de Alzada se hallan obligados a resolver todos y cada uno de los agravios acusados y en el caso en concreto, sí existe pronunciamiento por parte del Tribunal de Alzada en proporción a la fundamentación del motivo quinto del recurso de apelación restringida deducido por el recurrente Luis Oscar Amestica Villegas. Máxime si el nombrado  impugnante tanto en el recurso de apelación restringida, cuanto en el recurso motivo de autos, no precisa de manera fundamentada qué normas del correcto entendimiento humano hubieran sido inobservadas por el Tribunal de Alzada al pronunciar el Auto de Vista recurrido, no siendo suficiente denunciar la existencia de errores y contradicciones de manera genérica o acusar defectos absolutos, sin especificar de manera precisa qué normas legales fueron incumplidas o inaplicadas por el Tribunal de Apelación, que supongan vulneración de derechos, principios y garantías con relevancia constitucional. No habiendo tomado en cuenta el recurrente, que las Sentencias Constitucionales Nros.0006/2010-R y 0112/2010-R, que refiere en el recurso de apelación restringida,  no constituyen precedente contradictorio, conforme a lo previsto por el artículo 416 del Código de Procedimiento Penal. Por lo que este motivo también es infundado.

       POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Luis Oscar Amestica Villegas (fs. 796 a 801), impugnando el Auto de Vista Nro. 77 emitido el 1 de noviembre de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de  Santa Cruz (fs. 788 a 794), en el proceso penal seguido por  el Ministerio Público contra Rufino Gonzáles y el recurrente,  por la presunta comisión del delito de  violación en estado de inconciencia, previsto y sancionado por el artículo 308 ter del Código Penal.

       Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

                   Jorge Isaac Von Borries Méndez.

ANTE MÍ.    Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.