SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 103/2013

Sucre, 10 de abril de 2013

EXPEDIENTE: Chuquisaca 47/2013

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Cristian Nicolás Callejas Ávalos, Dora Ávalos de Callejas, Nicolás Callejas Jiménez, Juan Carlos Vedia Pérez, Gil Vedia Chávez contra Dilma Tórres León, Raúl Condori Pinto, Julio Rodas

DELITO: asesinato, lesiones gravísimas con agravante

MAGISTRADO RELATOR: Jorge I. von Borries Méndez

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       VISTOS: El recurso de casación interpuesto por la imputada Dilma Tórres León (fs. 451 a 452), impugnando el Auto de Vista Nro. 41/2013 emitido el 13 de febrero de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (fs. 436 a 439), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y los acusadores particulares Cristian Nicolás Callejas Ávalos, Dora Ávalos de Callejas, Nicolás Callejas Jiménez, Juan Carlos Vedia Pérez y Gil Vedia Chávez contra Raúl Condori Pinto, Julio Rodas (ambos coimputados declarados rebeldes) y la recurrente por la presunta comisión de los delitos de asesinato y lesiones gravísimas con agravante, sancionados por los artículos 252 inciso 6), 270 inciso 5) y 272 del Código Penal.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

       Que de la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

       El Tribunal de Sentencia Primero de la capital del departamento de Chuquisaca, mediante Sentencia Nro. 12/2012 de 10 de septiembre de 2012 (fs. 360 a 372), declaró a la imputada Dilma Tórres León coautora de la comisión de los delitos de lesiones gravísimas y asesinato -artículos 270 inciso 5) y 252 inciso 6) del Código Penal- y la condenó a la pena privativa de libertad de quince años de presidio, a cumplirlos en la Cárcel Pública de San Roque de la ciudad de Sucre, además la obligación de pagar costas y resarcimiento del daño civil a calificarse en ejecución de sentencia.

       El referido fallo fue impugnado mediante recurso de apelación restringida interpuesto por la imputada (fs. 391 a 393), mismo que fue subsanado (fs. 422 a 426) y resuelto mediante Auto de Vista Nro. 41/2013 de 13 de febrero de 2013, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (fs. 436 a 439), que declaró procedente en parte el recurso y dejó sin efecto la Sentencia apelada, disponiendo se emita una nueva Sentencia debidamente motivada en la que se explique el desarrollo del comportamiento de la acusada vinculado a los tipos penales por los que fue condenada, conforme a las teorías del delito y de la participación criminal, tomando en cuenta el principio de congruencia entre la acusación y la Sentencia. Notificada la imputada Dilma Tórres León con la indicada Resolución del Tribunal de Alzada, formuló recurso de casación que es caso de autos.

CONSIDERANDO II:  (Motivos del recurso de casación)

       Que mediante Auto Supremo Nro. 65/2013 de 7 de marzo de 2013 (fs. 465 a 467), este Tribunal declaró admisible el recurso interpuesto por Dilma Tórres León.

Del memorial de fs. 499 a 501, se extraen los siguientes motivos del recurso de casación:

Violación de los artículos 413 y 398 del Código de Procedimiento Penal.  El Auto de Vista recurrido, al declarar probado el agravio 5 referido en apelación restringida, señaló que no existe fundamentación debida en la Sentencia; empero, en ninguna parte del procedimiento se permite al Tribunal exonerar que falle sobre los demás agravios, contrariamente a ello, debieron resolver todos los motivos de la alzada. Por otra parte, al admitir la evidente falta de fundamentación, dispuso que correspondía al Tribunal de grado dictar nueva Sentencia, señalando cuál el desarrollo del comportamiento de la acusada vinculado a los tipos penales por los que fue condenada y de forma inédita se dejó sin efecto la Sentencia, para contradictoriamente disponer que el Tribunal explique la Sentencia y dicte una nueva de forma completamente antagónica a la naturaleza de la nulidad dispuesta; siendo que, se trata de un defecto grave que no permite resolver el resto del recurso, mal podría corregirse lo que no pasó en el tiempo de deliberación de la Sentencia, cuando la ley no permite tal solución, tratándose del defecto absoluto del artículo 370 inciso 5) del Código de Procedimiento Penal, pues no se puede dictar dos veces Sentencia por un mismo Tribunal.  La otra opción haya sido corregir directamente conforme al artículo 414 del mismo cuerpo legal, lo que no fue declarado así, es más, el defecto verificado impide tal corrección porque violaría la inmediación. Refiere que ordenar una nueva Sentencia supondría una nueva deliberación, fuera de la continuidad y unicidad del momento de la deliberación.

Concluye, alegando defecto absoluto ya que el Tribunal de Alzada violentó la naturaleza y alcances de la falta de fundamentación, ordenando corrección de la Sentencia mediante nueva deliberación, al margen del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal y por no pronunciarse sobre la totalidad del recurso, violando el artículo 398 del adjetivo penal.  Finalmente cita en calidad de precedente contradictorio el Auto de Vista Nro. 156/2012 de 16 de agosto de 2012, donde advirtiendo falta de fundamentación en la sentencia, se dejó sin efecto la misma, empero, no señaló que el mismo Tribunal de Sentencia explique y corrija la resolución anulada, además se pronunció sobre todos los motivos apelados.

CONSIDERANDO III: (Verificación de la contradicción con el precedente invocado)

       Que la recurrente argumentó que el Auto de Vista impugnado es contrario al Auto de Vista Nro. 156/12 de 16 de agosto de 2012, en razón de que el Tribunal de Alzada en el caso de autos, no se pronunció sobre la totalidad de los agravios impugnados, además que pese a haber dejado sin efecto la sentencia, en su parte dispositiva señala que explique y corrija la sentencia anulada, situación que vulnera los artículos 413 y 398 del Código de Procedimiento Penal.

       Del análisis del referido precedente, se evidencia que el mismo adquirió condición de cosa juzgada, puesto que los recursos de casación interpuestos en su contra, fueron declarados infundados mediante Auto Supremo Nro. 260/2012-RRC de 18 de octubre, consiguientemente en condiciones para proceder a su análisis de contrastación.

       Así, se evidencia que el referido precedente y el Auto de Vista impugnado resuelven situaciones de hechos similares emergentes del delito de asesinato, donde la parte recurrente, en ambos casos, en los recursos de apelación restringida denunciaron como agravios la errónea aplicación de la ley penal sustantiva, sentencia basada en hechos inexistentes, no acreditados y en valoración defectuosa de la prueba, insuficiente fundamentación de la sentencia y la inobservancia de las reglas de congruencia entre la sentencia y la acusación, desarrolladas cada una de ellas con las características propias de cada proceso, algunas de ellas desglosadas en varios puntos (a manera de agravios).

       De la revisión de los antecedentes, se evidencia que el Auto de Vista impugnado, es contrario al precedente invocado por la recurrente, toda vez que en la parte resolutiva del Auto de Vista Nro. 41/2013 emitido el 13 de febrero, ahora recurrido, después de declarar procedente en parte el recurso de apelación restringida planteada por la misma recurrente, dejó sin efecto la Sentencia disponiendo que la misma autoridad A quo emita nueva Sentencia debidamente motivada en la cual explique el desarrollo del comportamiento de la acusada vinculada a los tipos penales por la cual fue condenada, de acuerdo a la teoría del delito y a la teoría de la participación criminal tomando en cuenta el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia. En cambio en el precedente invocado, el Tribunal de Alzada, después de anular totalmente la sentencia, ordenó la reposición del juicio por otro Tribunal, en mérito a los argumentos expuestos, entre los que señala: “los errores improcedendo e in iudicando, advertidos” (sic) por ese Tribunal de Alzada, relacionados al actuar del Tribunal de Sentencia referente a la indebida valoración probatoria, así como haber basado la Sentencia en hechos no acreditados con respaldo aprobatorio en base a elementos probatorios, nunca introducidos, “así como en grave error in iudicando, respecto a la subsunción del hecho al tipo penal acusado y establecido en Sentencia” (sic) (las negrillas son nuestras), así como haber incurrido en incongruencia entre la parte considerativa y la parte resolutiva, señalando “errores de magnitud que no pueden ser corregidos por el Tribunal de Alzada” (sic) (las negrillas son nuestras), argumentando asimismo que si ese Tribunal emitiera otra Sentencia corrigiendo los errores advertidos, violaría el principio de inmediatez.

       Al respecto, es de considerar además que el artículo 329 del Código de Procedimiento Penal, establece que el juicio es la fase esencial del proceso, que se realiza sobre la base de la acusación en forma contradictoria, oral, pública y continua, para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado, con plenitud de jurisdicción. En consecuencia, se deduce que toma en cuenta el principio de unidad y continuidad, entendiéndose como el desarrollo de todos los actos y solemnidades sin que medie interrupción, con la finalidad de facilitar la inmediación y garantizar el debido proceso, más aun considerando que en el primer párrafo del artículo 334 del mismo cuerpo de normas adjetivas señala que iniciado el juicio se realizará sin interrupción todos los días hábiles hasta que se dicte sentencia y sólo podrá suspenderse en los casos previstos en el citado Código, la que además estará acorde a lo previsto en el párrafo primero del artículo 361 del Código de Procedimiento Penal.

       También, es de advertir que no existe disposición alguna en el Código de Procedimiento Penal que faculte a un Tribunal de Sentencia, pueda emitir dos Sentencias; en ese mérito el Tribunal de Alzada después de un análisis del caso, se encontraba en la obligación de aplicar las alternativas previstas en el artículo 413 del mismo cuerpo de normas adjetivas, pero no establecer aspectos no regulados por el Código de Procedimiento Penal, más aun considerando que el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista impugnado, señaló: “En el caso que se examina, no existe en Sentencia una explicación debida respecto a la conducta desplegada por la recurrente, vinculada a los tipos penales por las que fue condenada, omisión que impide a este Tribunal de Apelación a ingresar en el fondo de los motivos traídos en apelación respecto a la indebida subsunción del hecho a los tipos penales, por la que la recurrente fue condenada, en especial con los siguientes motivos traídos en apelación: denuncia de errónea aplicación de la Ley sustantiva prevista en el Art. 270-5) del Código Penal, así como el motivo traído en apelación de denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva respecto al Art. 252-6) del Código. Penal.” (sic) (fs. 439) (las negrillas son nuestras), ello permite deducir que existe un reconocimiento del Tribunal de Apelación de no haber resuelto la totalidad de los agravios planteados por la recurrente, limitándose a emitir una resolución que se encuentra al margen de la normativa procesal penal, máxime si pudo haber ingresado al análisis de la totalidad de los motivos del recurso de apelación para tomar una decisión correcta acorde a lo señalado en la citada norma legal (artículo 413 del Código de Procedimiento Penal); y, que si bien, bajo los principios de economía procesal y razonabilidad, podría según el caso, determinar innecesario pronunciarse sobre todos los motivos del recurso, esta posibilidad sólo resulta admisible cuando del análisis de uno de los agravios, detectara defecto absoluto no susceptible de convalidación y que aún resolviendo los demás agravios, no cambiaría la decisión final.

Consiguientemente, se advierte que el Auto de Vista impugnado es contrario al precedente invocado, que anuló totalmente la sentencia, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal, por varias razones, entre las que menciona “los errores improcedendo e in iudicando, advertidos” (sic), “grave error in iudicando, respecto a la subsunción del hecho al tipo penal acusado” (sic) “errores de magnitud que no pueden ser corregidos por el Tribunal de Alzada” (sic), más aun cuando en el caso de autos, el Tribunal de Alzada en su último considerando, señaló: “Siendo diferente ciertamente, a la conclusión a la que arriba el Tribunal de Sentencia, toda vez que jalar de los cabellos con la intención de robarles sus objetos personales que llevaban es incongruente con la acusación y con los tipos penales por las que fue condenada” (sic) (fs. 438 vlta.); por lo tanto, el ahora Auto de Vista impugnado, corresponde sea dejado sin efecto.

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

Toda Resolución del Tribunal de Alzada, debe enmarcarse a lo previsto en el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal en cuanto a las facultades que le otorga, ya sea para anular total o parcialmente la Sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro juez o tribunal, o cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, el Tribunal de Apelación lo resolverá directamente; pero, de ningún modo podrá ordenar al mismo Juez o Tribunal de Sentencia dictar otra Sentencia, por ser atentatoria al principio de continuidad, más aún cuando el artículo 329 del Código de Procedimiento Penal, dispone que el juicio es la fase esencial del proceso y que se realizará sobre la base de la acusación en forma contradictoria, oral, pública y continua para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado, con plenitud de jurisdicción; aspecto acorde a lo previsto en el párrafo primero del artículo 361 del mismo cuerpo de normas adjetivas penales.

       POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista No. 41/2013 emitido el 13 de febrero de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (fs. 436 a 439), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y los acusadores particulares Cristian Nicolás Callejas Ávalos, Dora Ávalos de Callejas, Nicolás Callejas Jiménez, Juan Carlos Vedia Pérez y Gil Vedia Chávez contra Raúl Condori Pinto, Julio Rodas (ambos coimputados declarados rebeldes) y la recurrente por la presunta comisión de los delitos de asesinato y lesiones gravísimas con agravante, sancionados por los artículos 252 inciso 6), 270 inciso 5) y 272 del Código Penal; y, determina que la misma Sala Penal Segunda, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal aplicable.

Y dispone que de conformidad con lo previsto por el artículo 420 del mencionado Código se remitan por Secretaría de Sala copia legalizada del presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del país, para conocimiento de las Salas Penales y Jueces en materia penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas 

                   Jorge Isaac Von Borries Méndez.

ANTE MÍ.    Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano