SALA PENAL PRIMERA


AUTO SUPREMO Nº 85/2013

Sucre, 26 de marzo de 2013

EXPEDIENTE: Chuquisaca 15/2013

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Padilla contra Apolinar Padilla Heredia

DELITO: abuso deshonesto

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Apolinar Padilla Heredia (fs. 706 a 722), impugnando el Auto de Vista Nro. 285/2012 emitido el 26 de noviembre de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (fs. 653 a 665), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Padilla contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de abuso deshonesto, previsto y sancionado por el artículo 312 del Código Penal, modificado por el artículo 18  de la Ley Nro. 054.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

Que el recurso tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Sustanciado el juicio oral, el Tribunal de Sentencia de las provincias Tomina, Belisario Boeto, Azurduy, Zudañez y Yamparaez, con asiento en Padilla, por Sentencia No. 003/2011 de 9 de noviembre de 2011 (fs. 194 a 202) , declaró al recurrente Apolinar Padilla Heredia, autor del delito de abuso deshonesto, condenándolo a la pena de presidio de diez años a cumplir en la Cárcel Pública de Padilla, con costas.

Contra la citada Sentencia el imputado presentó recurso de apelación restringida (fojas 214 a 228), declarado improcedente por el Tribunal de Alzada mediante Auto de Vista Nro. 49/12 de 6 de febrero de 2012 (fs. 285 a 293); resolución ante la cual la parte recurrente solicitó explicación y complementación que fue resuelta por providencia de fecha 13 de febrero del mismo año (fs. 297); contra las citadas resoluciones el imputado recurrió en casación (fs. 360 a 370), resuelto por Auto Supremo Nro. 58/2012 de 30 de marzo (fs. 384 a 388), que dispuso dejar sin efecto el Auto de Vista Nro. 49/2012 de 06 de febrero de 2012, ordenando se emita nueva resolución de alzada conforme la doctrina legal establecida.

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dictó Auto de Vista Nro. 180/12 de 8 de agosto de 2012 (fs. 434 a 444), resolución que nuevamente fue recurrida en casación, generando el Auto Supremo Nro. 242/2012-RRC de 4 de octubre de 2012 (fs. 624 a 627) que dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado. Y en cumplimiento a lo dispuesto por el Supremo Tribunal, se emitió nuevo Auto de Vista Nro. 285/12 de 26 de noviembre de 2012 (fs. 653 a 665), que declaró improcedentes los motivos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del recurso de apelación, confirmando la Sentencia impugnada, dando con ello origen al recurso de casación interpuesto por el imputado Apolinar Padilla Heredia, que es caso de autos.

CONSIDERANDO II: (Motivos del recurso de casación)

         Que el procesado Apolinar Padilla Heredia fundamenta su recurso como sigue:

1. Señala que el Auto de Vista Nro. 285/12 de 26 de noviembre de 2012, resuelve el primer motivo del recurso de apelación restringida con absoluta falta de fundamentación, pertinencia y congruencia, en violación de los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, incurriendo en defecto absoluto previsto en el artículo 169 numeral 3 del Código de Procedimiento Penal por vulnerar el debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, pertinencia congruencia, así como el derecho a la defensa y  tutela judicial efectiva contenidas en los artículos 115 parágrafo II, 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, 8 numeral 1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Refiere que en alzada alegó puntualmente lo siguiente:

       a) En Sentencia se omitió establecer cuales fueron los medios y circunstancias contenidos en los artículos 308, 308 Bis y 308 ter del Código Penal que fueren concurrentes para que el Tribunal de Sentencia concluya que se configuró el delito de abuso deshonesto.

       b) En la Sentencia, el Tribunal no ha realizado una fundamentación sobre el iter criminis, así como no existe juicio motivado de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad como componentes de la teoría del delito y elementos del debido proceso, tampoco se ha fundamentado respecto al dolo y a todos los elementos configuradores del delito de abuso deshonesto. Señala que, en el primer motivo de apelación, desarrolló los agravios en los que incurrió el Tribunal en la fundamentación jurídica no habiendo merecido pronunciamiento pertinente y fundamentado por parte del Tribunal de Alzada.

       Transcribiendo partes del Auto de Vista refiere que respecto al primer motivo se advierte impertinencia e impropiedad en la argumentación, que no se entiende lo que ha querido expresar, que no ingresa al motivo concreto, establece de manera incompleta, general y sin secuencia lógica, cuestiones planteadas en el primer motivo; no es posible establecer ni identificar cuál la premisa mayor, la premisa menor, ni las inferencias lógicas, sin responder a las cuestiones planteadas, adolece de falta de fundamentación, pertinencia y congruencia porque no otorga respuestas puntuales y fundamentadas  sobre cada una de las cuestiones planteadas, se limita a hacer argumentaciones sesgadas, subjetivas, inclusive falsas, incurriendo en incongruencia omisiva dejando imprejuzgadas las cuestiones alegadas, lo que constituye defecto absoluto inconvalidable contenido en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal.

       Solicita que se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se disponga que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca emita nueva resolución con la debida fundamentación, pertinencia y congruencia, respondiendo a cada cuestión planteada en el primer motivo de apelación.

       Invoca en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 12/2012 de 30 de enero (Sala Penal Primera).

       2. Refiere que el Auto de Vista impugnado, al resolver el segundo motivo de apelación restringida, incurre en defecto absoluto previsto en el artículo 169 inciso 3 del Código de Procedimiento Penal al no pronunciarse de manera fundamentada y congruente sobre las cuestiones planteadas, vulnerando el principio de tantum devolution quantum apellation, violando el derecho a la defensa como al debido proceso en sus elementos fundamentación y congruencia contenidos en los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, 115 parágrafo II, 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado.  Explica que en el segundo motivo de apelación alegó:

       a) El Tribunal Sentenciador sostuvo su decisión para condenarle en base a una prueba testifical de cargo indirecta y referencial, respecto a la testigo Elisa Leyton Gonzáles, de la cual únicamente hizo valoración descriptiva omitiendo realizar valoración intelectiva, al igual que de los testigos de descargo Ríos, Padilla, Zárate y Mendieta, respecto a éstos últimos refiere que se desconoce si la valoración es positiva o negativa, cómo ha valorado y cuál el valor otorgado.

       b) Señala que acusó respecto a “la prueba Documental del MºPº - identificando de manera pertinente-,” (sic) el Tribunal sentenciador vulneró el artículo 173 del Código de Procedimiento Penal, al realizar una descripción ligera y parcial, asimismo omitió valorarla de manera individual e ingreso a valorar directamente en su conjunto.

       c) Alega que respecto la prueba signada como “B” documental de descargo, el Tribunal Sentenciador realizó una defectuosa e insuficiente valoración probatoria en franca violación a las reglas de la sana crítica contenidas en el artículo 173 del Código de Procedimiento Penal.

       d) Manifiesta, que ha acusado que “las pruebas PERICIALES de Cargo y Descargo -identificadas-, el Tribunal sentenciador no las ha pesado, menos confrontado para determinar razonablemente cual es la más concluyente y determinante para llegar a la verdad histórica del hecho” (sic), omitió valorarlas en función a las reglas de la sana crítica contenidas en el artículo 173 del Código de Procedimiento Penal.

       Sostiene que, respecto a estas denuncias, el Tribunal de Alzada no se pronunció de forma expresa sobre las cuestiones alegadas, se limitó a realizar argumentos generales para arribar a conclusiones directas que dan por sobreentendido que el elenco probatorio se encuentra motivado, refiere que no sabe de que parte de la Sentencia sacó esa conclusión; puntualiza que el Tribunal de Alzada no se refirió respecto a la falta de valoración intelectiva de las pruebas identificadas, como tampoco lo hizo respecto a la prueba testifical indirecta y referencial, concluye que en alzada no se emitió un fallo motivado, congruente, pertinente, debido a que sus argumentos no logran “aterrizar al caso concreto de las cuestiones planteadas en los cuatro numerales que contiene el referido segundo motivo de la apelación restringida” (sic), quedando imprejuzgadas, lo que constituye incongruencia omisiva y violación al principio  tantum devolutum quantum apellatum que son elementos del debido proceso, por tanto constituyen defectos absolutos violatorios de derechos fundamentales.

       Respecto a este motivo solicita se deje sin efecto el Auto de Vista  impugnado, se establezca doctrina legal y se disponga que el Tribunal recurrido emita nuevo Auto de Vista con la debida fundamentación, pertinencia y congruencia, respondiendo a todos los motivos  del recurso de apelación restringida.

       Invoca en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 12/2012 de 30 de enero, 214 de 28 de marzo de 2007, 417 de 19 de agosto de 2005 y 6 de 26 de enero de 2007; cita también Sentencias Constitucionales.

       3) Como motivo tercero alega que el Auto de Vista impugnado al resolver el tercer motivo del recurso de apelación, incurrió en defecto absoluto contenido en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, violando el debido proceso en su elemento derecho a la fundamentación y el derecho a la defensa contenidos en los artículos 124 y 173 del Código de Procedimiento Penal y 115 parágrafo II, 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado. Refiere que en el tercer motivo de apelación acusó que la fundamentación jurídica de la Sentencia:

a) No contiene fundamentación en cuanto a los elementos constitutivos del delito respecto a los elementos del tipo penal de abuso deshonesto.

b) La Sentencia no explica el por qué se le considera autor y por qué se le da una condena de reclusión si ha arribado a la conclusión de que adolece de un trastorno mental.

c) No contiene suficiente fundamentación sobre la autoría.

d) No fundamentó conforme el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, simplemente transcribe los artículos 20 y 312 del Código Penal.

       Sostiene que al respecto el Auto de Vista no respondió a las cuestiones planteadas, contrariamente emitió conclusiones genéricas, sin realizar razonamiento argumentativo, ni fundamentación asumió directamente que la subsunción corresponde al tipo penal, respecto a los reclamos manifiesta- que no le dieron respuesta si son o no evidentes las alegaciones planteadas en su recurso de apelación; señala que el Tribunal de Alzada, no sólo incumplió lo establecido en los artículos 124 y 173 del Código de Procedimiento Penal, sino la doctrina de la Sentencia Constitucional Nro. 2039/2010-R, violando de esa manera su derecho al debido proceso previsto en el art. 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

       Solicita que en aplicación del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal se deje sin efecto el Auto de Vista confutado, disponiendo se emita nueva resolución con la debida fundamentación y motivación, respondiendo a todas y cada una de las cuestiones planteadas.

       Invoca en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 12/2012 de 30 de enero, invocado en los dos anteriores motivos.

4. Como cuarto motivo de casación, manifiesta que el Auto de Vista Nro. 285/12 de 26 de enero incurrió en defecto absoluto previsto en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal al resolver el cuarto motivo de la apelación restringida, en violación de los artículos 124 y 362 del Código de Procedimiento Penal vulnerando el debido proceso en su elemento derecho a la fundamentación y motivación razonable establecido en los artículos 115 parágrafo II y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, al respecto refiere que en el cuarto motivo del recurso de apelación restringida acusó que el Tribunal de juicio, en la conclusión primera del numeral V, Considerando V de la Sentencia Nro. 03/2011 de facto incluyó hechos que no estaban descritos en la acusación pública, como:

a) Cuando presuntamente fue abordada la menor ella estaba jugando con otros niños o sus hermanos.

b) El elemento fuerza contra la menor.

Sostiene que esos dos hechos no fueron descritos en la acusación, menos establecidos en el Auto de señalamiento de juicio y que al respecto el Tribunal de Alzada inició su razonamiento a partir de un falso error de compresión del motivo, porque en la exposición del recurso sostuvo que se le juzgó por un delito y condenado por otro, sino que fue juzgado y acusado por el delito de abuso deshonesto, pero en tal juzgamiento se han incluido dos hechos que no formaban parte de la acusación pública, por lo que la conclusión a la que arribó el Tribunal de Alzada es falsa debido a que la inferencia que utiliza es también falsa y equivocada, dejando sin respuesta la problemática planteada. Señala que el Tribunal de Alzada no realizó una debida fundamentación y motivación sobre la alegación planteada, que confundió el condicionamiento jurídico con el condicionamiento fáctico contenido en la acusación, por lo que incurrió en fundamentación aparente, no dio respuesta puntual a la alegación violando su derecho a la defensa y al debido proceso contenido en los artículos 124 del Código de Procedimiento Penal y 115 parágrafo II y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado.

Respecto al cuarto motivo, reitera la solicitud del motivo anterior e invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 12/2012 de 30 de enero, 214 de 28 de marzo de 2007, 417 de 19 de agosto de 2005 y 6 de 26 de enero de 2007; cita también Sentencias Constitucionales.

5. Manifiesta como quinto motivo de casación que el Auto de Vista impugnado al resolver el quinto motivo del recurso de apelación restringida, incurrió en “error in cogitando”(sic) por falta de logicidad en la fundamentación, instituyendo defecto absoluto contenido en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal por violación del debido proceso previsto en los artículos 124 del Código de Procedimiento Penal y 115 parágrafo II, 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado y 8 numeral 2 de la Convención Americana de derechos humanos. Sostiene que expresamente acusó:

a) Que reclamó que no se cumplió con los principios de inmediación de la prueba y de verdad material como elemento del debido proceso, porque el Tribunal de juicio valoró informes y pericias realizadas en la etapa preparatoria violando los citados principios y el derecho a la defensa; sostiene que a parte de la declaración indirecta y referencial de la madre de la menor, el Tribunal para emitir Sentencia condenatoria, basó su decisión en los Informes y Dictámenes periciales PD-8, PD-9, PD-11 Y PD-3, los que fueron realizados en base a las declaraciones de la víctima y a espaldas de su persona; no se hizo conocer a su persona ni a su abogado defensor. Manifiesta que sobre el reclamo, el Tribunal de Alzada no cumplió con su labor de controlar la actividad lógica-jurídica desarrollada por el Tribunal Sentenciador sobre la valoración de los elementos probatorios, las razones que tuvieron para formar convicción sobre la autoría del hecho y la logicidad de las argumentaciones para declararle culpable; manifiesta que contrariamente incurrió en errores in cogitando al resolver el quinto motivo de apelación, que sus argumentos no  guardan coherencia ni logicidad en sus razonamientos; que el hecho de llevar a una menor víctima a juicio, con las debidas medidas de protección y sin la intervención directa del imputado, no puede constituir violación a los derechos a la dignidad, intimidad y privacidad como entiende erróneamente el Tribunal, sino hace a la eficacia del derecho de la víctima a ser oída por el Tribunal, al debido proceso  y garantizando el derecho a la defensa del imputado y su derecho al debido proceso, sustenta que llegó a dicha conclusión, el Tribunal de Alzada, porque partió de una inferencia incorrecta, subjetiva, caprichosa, que abandonó toda racionalidad, que es la razón por la que la deducción a la que arriba no tiene soporte lógico deductivo.

b) Como punto “2” del quinto motivo, citando parte de la Resolución de Alzada, refiere como otra incoherencia lógica en la que incurrió el Tribunal de Alzada, cuando habla de ponderación e interpretación de procesales conforme a la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales, correspondía que acoja su reclamo y declare la procedencia del motivo, porque en el fondo lo que está pidiendo es el respeto a los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política del Estado y los Tratados  Internacionales de Derechos Humanos, sin embargo el Tribunal declaró la improcedencia del quinto motivo.

       c) El punto “3” del motivo “V” del recurso de casación, el impetrante reitera fundamentos del punto “1”; agrega que al haberse introducido a juicio informes y dictámenes periciales, elaborados a sus espaldas, se ha violado el debido proceso y su derecho a la defensa. Citando jurisprudencia internacional respecto al derecho a la defensa, señala que el argumento del Tribunal Ad-quem  respecto al principio de especialidad (transcribe parte del Auto impugnado), no es razonable, puesto que es innegable que la víctima de un delito debe ser protegida en el acceso a la tutela judicial efectiva por parte del Estado, ello no implica que deba prevalecer ese derecho sacrificando los derechos del procesado, de lo que concluye que el razonamiento del citado Tribunal no tiene el debido soporte lógico. Como aspecto que señala haber denunciado en alzada es el relativo a la violación de la garantía de la inocencia, que es violado cuando un procesado es condenado cuando no existe prueba plena (cita jurisprudencia internacional); finalmente refiere que el Tribunal de Alzada al haber declarado improcedente el quinto motivo del recurso de apelación violó derechos fundamentales puesto que resolvió en base a argumentaciones irrazonables, subjetivas, incongruentes, evasivas, carentes de la adecuada logicidad.

       Solicita que se deje sin efecto el Auto de Vista Nro. 285/2012 de 26 de noviembre y se establezca doctrina legal sobre los errores in cogitando, se disponga que la Sala Penal del Tribunal Departamental de Chuquisaca emita nueva resolución con la debida fundamentación, pertinencia y congruencia, “respondiendo el cuarto motivo del recurso de apelación restringida” (sic).

       Finalmente aclara que no pretende eludir la justicia, sino que únicamente exige que en caso de que tenga que ser condenado lo sea en base a una Sentencia válida, legítima, motivada, razonada y ajustada a derecho de la cual pueda entender y comprender las razones y las justificaciones de su condena a una determinada pena, respetando derechos fundamentales de ambas partes.

CONSIDERANDO III: (Verificación de la contradicción con los precedentes invocados)

Que conforme se tiene del Auto Admisorio Nro. 20/2013 de 8 de febrero de 2013, corresponde en esta fase, efectuar el pronunciamiento conforme a los límites y alcances establecidos en el mismo, a tal efecto la resolución se circunscribirá en la contrastación del Auto Supremo Nro  12/2012 de 30 de enero de 2012 y la verificación de  la denuncia de existencia de defectos absolutos, por lo que del estudio y análisis del proceso es menester referir lo siguiente.

El debido proceso es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; la Constitución Política del Estado en su artículo 115, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en un fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución

En lo que respecta al recurso de Casación es preciso manifestar que el objeto del mismo es el de uniformar jurisprudencia, desplegando esa labor de unificación de criterios, con la finalidad de otorgar la seguridad jurídica a las partes en pro al derecho a la igualdad, por eso la obligatoriedad de invocar los precedentes contradictorios al Auto de Vista, que deben ser similares en cuanto al hecho resuelto; vale decir, en lo fáctico, histórico y legal deben concurrir elementos comunes que los cataloguen como similares, para así poder establecer si en una situación de hecho similar el sentido jurídico que se le asigna en el Auto de Vista impugnado no coincide con el o los precedentes, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance, por otra parte el párrafo segundo del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal establece que: existe contradicción cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; bajo esos parámetros, es menester referir lo siguiente:

El recurrente acusó que el Auto de Vista impugnado, es contrario al Auto Supremo Nro 12/2012 de 30 de enero de 2012, en virtud  de que  el Auto de Vista  carece de fundamentación, pertinencia y logicidad  al resolver los primeros cuatro motivos denunciados en la apelación restringida, referentes a la errónea aplicación de la ley sustantiva, valoración defectuosa de la prueba,  insuficiente fundamentación del sentencia, y violación al principio de congruencia previsto en los artículos 362 y 342 del Código de Procedimiento Penal, analizado el precedente invocado se concluye:

El Auto Supremo Nro.12 de de 30 de enero de 2012, resuelve una problemática emergente de la comisión del delito de estafa, en el cual el Tribunal de Alzada a momento de resolver la apelación restringida no emitió una resolución debidamente fundamentada cumpliendo los parámetros de completitud y legitimidad, al no haberse pronunciado ni resuelto la apelación incidental diferida a la eventual apelación restringida, en tal virtud  el Tribunal Supremo de Justicia estableció doctrina legal señalando en lo más sobresaliente que: “Es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos, en cuyo caso, es necesario que en la fundamentación se vierta los criterios jurídicos del por qué dicho acto se considera defecto absoluto y qué principios, derechos o garantías constitucionales fueron afectados. Por lo que no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el o los procesados, lo cual constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal debido a que dicho precepto legal exige la fundamentación de las resoluciones y prohíbe que aquella fundamentación sea remplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimiento de las partes, debiendo los Tribunales de Alzada circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada, ello en estricto cumplimiento del artículo 398 del citado Código de Procedimiento Penal. Por lo que la omisión de pronunciamiento de un aspecto reclamado se constituye en un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva” (sic)”. Dada la jurisprudencia y doctrina legal citada se tiene que el precedente invocado es similar y contradice al Auto de Vista impugnado en cuanto a la falta de fundamentación del primer, segundo y tercer motivo de la apelación restringida; toda vez que el Tribunal de Alzada en el caso de autos no absolvió todos y cada uno de los puntos reclamados en el recurso de apelación restringida, olvidando su obligación de circunscribir la decisión a los puntos acusados por los apelantes a los que se hallan compelidos, puesto que el recurrente en el recurso expuso cinco motivos de apelación, sin embargo los de Alzada si bien se pronunciaron sobre estos cinco motivos; en lo que corresponde a las acusaciones de errónea aplicación de la ley sustantiva y la Sentencia basada en valoración defectuosa de la prueba, realizan una motivación evasiva, incompleta y escueta de las denuncias expuestas por el recurrente, incumpliendo con los parámetros de completitud y legitimidad; toda vez, que no respondieron a las cuestiones planteadas, puesto que en lo que respecta a la errónea aplicación de la ley sustantiva, omitieron pronunciarse sobre la acusación referente a que el Tribunal de mérito no describió las circunstancias y los medios contenidos en los artículos 308, 308 bis y 308 ter del Código Penal, tampoco se pronunciaron sobre la insuficiente fundamentación de la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, la falta de fundamentación del dolo; al contrario de manera genérica se limitaron a motivar esta acusación haciendo referencia a la doctrina del debido proceso y la motivación, concluyendo finalmente que: “no es evidente que en el caso de autos exista defectos previstos en el numeral 3)  del art. 169 del Código de Procedimiento Penal, y que el Tribunal A quo realizó la fundamentación probatoria descriptiva, en cuanto incorporó al fallo los  medios de prueba, explicando del por qué merecieron crédito y de cómo vincula cada uno con el resto del elenco de prueba, llegando al convencimiento de la concurrencia en el accionar del acusado que hacen a los elementos del tipo penal descrito en el art. 312 del Código Sustantivo“, fundamentación que no es suficiente para dar respuesta a las alegaciones cuestionadas por el recurrente, generándose un estado de incertidumbre e indeterminación.

Lo mismo acontece con la acusación del segundo y tercer motivo de la apelación restringida referente a la valoración defectuosa de la prueba e insuficiente fundamentación de la Sentencia, ya que el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista resolvió las denuncias cuestionadas, sin embargo el pronunciamiento adolece de adecuada y suficiente fundamentación, toda vez que se acude a argumentos evasivos que no resuelven las cuestiones alegadas, siendo que en la denuncia de defectuosa valoración probatoria se acusó que “el Tribunal Aquo omitió realizar la valoración individual de cada prueba”; sin embargo el Tribunal de Alzada resolvió esta denuncia abocándose en la apreciación conjunta de la prueba  e infracción a las reglas de la sana crítica; y en lo que respecta a la fundamentación de la Sentencia hizo énfasis a la subsunción del tipo penal y la fundamentación probatoria, cuando debió responder de manera congruente y completa a las alegaciones del recurrente, aspecto que se constituye en una argumentación evasiva al fondo de la acusación, puesto que no se hace referencia a los puntos estrictamente cuestionados. Por lo que se infiere que los argumentos sobre motivos primero, segundo y tercero de la apelación restringida, resueltos en los puntos  primero, segundo y tercero del Auto de Vista de 26 de noviembre de 2012 no fueron emitidos conforme exigen los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, lo que implica violación al debido proceso y al derecho a la defensa, correspondiendo establecer doctrina legal aplicable.

En lo que respecta a la acusación inserta en el motivo cuarto de la casación referente a que los de Alzada, no realizaron una debida motivación sobre la alegación planteada en el cuarto motivo de la apelación restringida referente a la violación del principio de congruencia, se advierte que esta denuncia no es evidente, puesto que si emitieron una respuesta a la problemática planteada, describiendo adecuadamente el principio de congruencia y  señalando que los hechos que se tienen como probados son la conclusión arribada de la confrontación de las pruebas, motivación que es coherente a la acusación alegada, no siendo cierto que se haya confundido el condicionamiento jurídico con el condicionamiento fáctico, puesto que la resolución en lo que respecta a este punto, cumplió con las exigencias de la fundamentación previstas en el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que permite conocer el razonamiento que desarrollaron los Vocales a efectos de determinar que no existe infracción del art. 362 del Código de Procedimiento Penal, puesto que no observaron incongruencia en la sentencia dictada por el Tribunal de mérito, ya que el procesado no fue juzgado por otro delito al atribuido y acusado en el juicio, motivación que es correcta y suficiente, pues no debe entenderse por adecuada fundamentación o motivación, la extensión de la exposición de motivos, sino el pronunciamiento expreso sobre el hecho en base al cual se asume una decisión; por lo que esta denuncia resulta ser infundada.

En lo que respecta a la acusación de que el Auto de Vista al resolver el quinto motivo del recurso de apelación restringida incurre en error in cogitando, por falta de logicidad en la fundamentación, puesto que resuelve en base a argumentaciones irrazonables, subjetivas, incongruentes, evasivas, carentes de logicidad, es preciso manifestar que los errores incogitando se dan cuando “existen razonamientos judiciales defectuosos y hay vicios del razonamiento que son derivados de la infracción de los principios y reglas de la argumentación, motivándose con infracción de los principios lógicos, máximas de la experiencia y congruencia, dándose las figuras de motivación aparente, motivación insuficiente y motivación defectuosa”;  el recurrente en el caso de autos si bien manifestó que en la resolución de la acusación no se guardó coherencia ni logicidad, y que es inverosímil al partir de una inferencia incorrecta, caprichosa que abandona toda racionalidad y no tiene soporte lógico deductivo; obvió establecer cuáles fueron las infracciones a los principios lógicos, por otra parte no identificó que figura del error in cogitando fue soslayada, no obstante a esta omisión se procedió a la revisión de la motivación efectuada por los señores Vocales en el Auto de Vista al resolver la denuncia del parágrafo V del recurso de apelación restringida referente a la violación al artículo 330 del Código de Procedimiento Penal, el debido proceso y la defensa, advirtiéndose que no es evidente que exista error in cogitando en la motivación de este punto, toda vez que los de Alzada  resolvieron  la denuncia en concordancia a las normas tanto nacionales e internacionales y la Sentencia Constitucional Nro.1015/2004 de 2 de julio de 2004, velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente establecido por el artículo 60 de la Constitución Política del Estado, que realizaron la ponderación de derechos, contraponiendo los derechos del imputado por un lado y los derechos de la víctima menor de edad por otro lado, sopesando el valor respectivo del derecho y de los argumentos para sacrificarlos, hecho que no implica el desconocimiento del derecho de la otra persona que implique vulneración al derecho a la defensa, sino una valoración preferente, en atención a que los derechos fundamentales no son absolutos, al estar limitados por los derechos de los demás, más aún si en el caso en particular al tratarse de un delito contra la libertad sexual de una menor de cinco años de edad, se tiene que la misma se encontraba en una situación de desventaja psicológica y emocional frente al imputado quien es una persona  mayor, lo cuál justifica el deber de darle un trato que la proteja de volver a sentir la degradación a la que fue sometida, más aún si la Ley Nro. 2033 (Ley de protección a las víctimas de libertad sexual) en el artículo 15 inciso 4) reconoce los derechos de las víctimas a: “no comparecer como testigo, si considera que los elementos de prueba que presenta o que se presentaron, son suficientes para probar los elementos del delito y la responsabilidad del imputado” y el inciso 11) le da derecho a renunciar al careo con el imputado. De lo señalado se infiere que el Tribunal de Alzada resolvió esta acusación con argumentos razonables y lógicos, inexistiendo violación a derechos fundamentales, no siendo evidente que la motivación haya sido irrazonable, subjetiva o incongruente, toda vez que la misma se encuentra acorde y respaldada por la normativa contenida en la Constitución Política del Estado, Convenios de Tratados Internacionales, y la Ley Nro. 2033 de 29 de octubre de 1999, por lo que la presente denuncia resulta ser infundada.

De los fundamentos expuestos, se infiere la existencia de contradicción del Auto de Vista con el  Auto Supremo Nro. 12 de 30 de enero de 2012 invocado como precedente contradictorio, en relación a los motivos del recurso de casación señalados en el primer, segundo y tercer  punto de la parte considerativa, correspondiendo en consecuencia en aplicación del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal establecer la siguiente:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

Se considera que existe incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) cuando en el Auto de Vista no se resolvieron todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y en base a argumentos jurídicos individualizados y sólidos, a fin de que se pueda inferir una respuesta con los criterios jurídicos correspondientes al caso en concreto sin que estos sean evasivos o imprecisos, lo contrario constituye infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación que vulnera lo establecido por los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, siendo obligación del Tribunal de Apelación, realizar la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista Nro. 285/2012 emitido el 26 de noviembre de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (fs. 653 a 665), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Padilla contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de abuso deshonesto, previsto y sancionado por el artículo 312 del Código Penal, modificado por el artículo 18 de la Ley Nro. 054; y,  dispone que la misma Sala pronuncie nueva resolución conforme a la doctrina legal señalada precedentemente y las normas constitucionales y legales previstas para el caso concreto.

En aplicación del artículo 420 del Código de Procedimiento Penal, remítase copias del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para el conocimiento de las Salas Penales y Jueces en materia penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

                   Jorge Isaac Von Borries Méndez.

ANTE MÍ.    Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano