SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 83/2013

Sucre, 26 de marzo de 2013

EXPEDIENTE: Potosí 17/2013

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Juan Arturo Portanda Laredo en su condición de representante del Comité de Vigilancia de Uyuni y Froilan Condori Ancasi en su condición de Alcalde del Gobierno Municipal de Uyuni contra Eucebio Jallaza Mamani, Blanca Eva Zaconeta Gallardo de Bellot, Vidal López Pérez, Elba Crespo Portillo de Copa, Jaime Wilfredo López Pérez

DELITO: incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, falsedad material

MAGISTRADO RELATOR: Jorge I. Von Borries Méndez

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       VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público (fs. 1070 a 1071), los acusados Eusebio Jallasa Mamani y Blanca Eva Zaconeta Gallardo de Bellot (fs. 1093 a 1097), Vidal López Pérez (fs. 1111 a 1112), Elba Crespo Portillo (fs. 1114 a 1116) y Jaime Wilfredo López Pérez (fs. 1120 a 1126), impugnando el Auto de Vista Nro. 35/2012 emitido el 25 de octubre por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 1050 a 1067), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y los acusadores particulares Juan Arturo Portanda Laredo en su condición de ex representante del Comité de Vigilancia de Uyuni y Froilan Condori Ancasi en su condición de Alcalde del Gobierno Municipal Autónomo de Uyuni contra Eucebio Jallaza Mamani, Blanca Eva Zaconeta Gallardo de Bellot, Vidal López Pérez, Elba Crespo Portillo y Jaime Wilfredo López Pérez, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y falsedad material, previstos en los artículos 154, 224, 221 y 198 del Código Penal.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

       Que de la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

       Sustanciado el juicio oral, el Tribunal de Sentencia Segundo de la capital del departamento de Potosí, que conoció esa causa, por Sentencia Nro. 07/2012 de 15 de mayo de 2012 (fs. 833 a 868), declaró a los acusados: Vidal López Pérez autor de la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, imponiéndole la pena de un año, a cumplir en el Penal de Readaptación Productiva de Cantumarca, asimismo se dispuso el perdón judicial, absolviéndolo de culpa y pena de la comisión del delito de conducta antieconómica; a Eucebio Jallaza Mamani y Blanca Eva Zaconeta Gallardo de Bellot autores de la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, imponiéndoles la pena de tres años, a cumplir en el Penal de Readaptación Productiva de Cantumarca, y en aplicación del artículo 366 del Código de Procedimiento Penal dispuso la suspensión condicional de la pena para ambos procesados; a Jaime Wilfredo López Pérez absuelto de la comisión del delito de falsedad material; e igualmente, Elba Crespo Portillo de Copa absuelta de la comisión del delito de contratos lesivos al Estado.

       Contra la mencionada Sentencia, interpusieron recurso de apelación restringida: el Ministerio Público (fs. 873 a 877) al que se adhirió Juan Pablo Castro Martínez, en representación de Froilán Condori Ancasi (fs. 938), el acusador particular Juan Arturo Portanda Laredo (fs. 882 a 887) y los acusados Vidal López Pérez (fs. 890 a 894), Eusebio Jallasa Mamani y Blanca Eva Zaconeta Gallardo de Bellot (fs. 897 a 913) y resuelto por Auto de Vista Nro. 35/2012 de 25 de octubre de 2012, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 1050 a 1067), que declaró procedente en parte los recursos interpuestos y anuló totalmente la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio en el Tribunal de Sentencia Segundo de la capital, con responsabilidad a los jueces ciudadanos que conformaron el Tribunal de Sentencia consistente en una multa de Bs.100.- a ser descontados por habilitación.

       Contra ese fallo, el Ministerio Público, los acusados Eusebio Jallasa Mamani, Blanca Eva Zaconeta Gallardo de Bellot, Vidal López Pérez, Elba Crespo Portillo y Jaime Wilfredo López Pérez interpusieron recurso de casación que es motivo de autos. 

CONSIDERANDO II:  (Motivos del recurso de casación)

Que mediante Auto Supremo Nro. 22/2013 de 8 de febrero (fs. 1151 a 1157), este Tribunal declaró admisibles los recursos interpuestos por el Ministerio Público, los acusados Eusebio Jallaza Mamani y Blanca Eva Zaconeta Gallardo de Bellot, y Jaime Wilfredo López Pérez, conforme a los límites expuestos en la referida Resolución.

II.1. Fundamentos del recurso de casación del Ministerio Público (fs. 1070 a 1071).

El Auto de Vista recurrido incumple con su labor de uniformar la jurisprudencia y de no pronunciar resoluciones contradictorias a los precedentes ya emitidos, citando en tal calidad los Autos Supremos Nros. 74 de 18 de marzo de 2008 (Sala Penal Segunda) y 178 de 26 de abril de 2010 (Sala Penal Primera); mismos que, en su doctrina legal aplicable establecen claramente que la resolución que resuelve la apelación restringida no es el medio impugnativo idóneo para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho a cargo de los jueces o tribunales inferiores, no existiendo doble instancia en el actual sistema procesal penal, por ende el Tribunal de Alzada está obligado a ajustar su actividad jurisdiccional anulando total o parcialmente la Sentencia y ordenando la reposición del juicio sólo cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio por no requerir la práctica de la prueba de ninguna naturaleza, entonces podrá resolver directamente.

Posteriormente acusa la existencia de contradicción porque lamentablemente los de Alzada lo primero que hicieron fue anular la Sentencia y ordenar la reposición del juicio, sin tomar en cuenta que los defectos que fueron fundamentados podrían fácilmente ser subsanados, sin que ello haya constituido revaloración probatoria, ni doble instancia; siendo que, tenían el deber de verificar que el Tribunal inferior desarrolló la debida labor de motivación y de constatar fundamentación insuficiente (artículo 370 inciso 5) del Código de Procedimiento Penal), además dispusieron multa a los jueces ciudadanos, sin justificación jurídica. Otorgaron más de lo pedido, no adecuaron su fallo a lo planteado, cuando señalan que no se estableció si los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado se refieren a una actitud dolosa o culposa, cuando se acusó dolo, asimismo, incumplieron el plazo para emitir el Auto de Vista, mismo que si bien data del 25 de octubre de 2012, recién fue notificado el 23 de noviembre de 2012, o sea un mes después. Realizaron revalorización probatoria, cuando concluyeron señalando que para la prescripción de la acción penal no opera lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado, al no existir daño económico al Estado. 

II.2. Fundamentos del recurso de casación de los imputados Eusebio Jallasa Mamani, Blanca Eva Zaconeta Gallardo de Bellot (fs. 1093 a 1097).

Invocan el Auto Supremo Nro. 443 de 11 de octubre de 2006, alegando que el mismo se refiere a la no nulidad por nulidad; empero, la fundamentación del Auto de Vista recurrido, respecto al primer agravio (artículo 370 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal) declaró la improcedencia sin ningún fundamento, sin establecer en qué tipo de omisión hubiera incurrido, siendo que actuaron conforme al artículo 12 de la Ley Nro. 2028 y tampoco fundamentó cuáles son los agravios que hubieren existido, ni cuáles los presuntos vicios insubsanables e inadecuada redacción, lo que hace de la resolución recurrida una repetición de frases, sin el razonamiento, ni a la altura del Código de Procedimiento Penal.

Concluye pidiendo que “al existir flagrante violación a los derechos y garantías constitucionales de error in adjudicando e impro-cedendy” (sic.), se anule totalmente el Auto de Vista y se emita uno nuevo.

II.3. Fundamentos del recurso de casación del imputado Jaime Wilfredo López Pérez (fs. 1120 a 1126).

II.3.1. Incongruencia en el Auto de Vista recurrido porque no guarda coherencia y simetría entre los razonamientos de la parte considerativa y la dispositiva (artículo 370 inciso 8) del Código de Procedimiento Penal).  Toda vez que el recurrente fue absuelto en Sentencia por unanimidad, al considerar que su conducta no se subsumió al ilícito de falsedad material. El Fiscal tampoco apeló por dicha absolución, sólo el acusador particular apeló mediante una inadecuada fundamentación, pidiendo que el recurrente sea condenado en Sentencia por el delito de uso de instrumento falsificado, sin embargo, no se presentó acusación alguna por tal delito, por lo que se rechazó tal apelación; por ello acusa que, existe incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva del Auto de Vista recurrido, que si bien considera no existir motivo para anular la Sentencia, dispone el reenvío para un nuevo juicio, debiendo en ese caso haber confirmado en parte la Sentencia apelada.  A su vez, describe el contenido de una doctrina legal aplicable, sin referir el Auto Supremo de donde emerge la misma.

II.3.2. Falta de fundamentación del Auto de Vista recurrido, defecto absoluto que vulnera el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.  Siendo necesario que toda resolución brinde a las partes procesales los razonamientos jurídicos esenciales del por qué se dispuso de una u otra manera la solución del conflicto penal, empero el Auto de Vista impugnado declara procedente en parte y anula totalmente la Sentencia; y, que si procedió a la referida anulación, debió establecer de manera concreta la base del nuevo juicio. Señala que esta situación rompe la lógica del precedente contradictorio inserto en el Auto Supremo Nro. 443 de 11 de octubre de 2006, cuya doctrina está referido a la debida fundamentación. El recurrente indica que no es anular por anular la Sentencia, haciendo finalmente referencia que la falta de fundamentación, vulnera el debido proceso.

Concluye pidiendo que “al existir flagrante violación a los derechos y garantías constitucional de error inad-judicando e impro-cedendy” (sic.), se anule totalmente el Auto de Vista y se emita uno nuevo.

Con relación a las peticiones planteadas por los recurrentes, el Ministerio Público señala se remita antecedentes ante los superiores jerárquicos para que procedan a dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado y determinar que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental  de Justicia de Potosí, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida; por su parte los imputados Eusebio Jallasa Mamani y Blanca Eva Zaconeta Gallardo de Bellot, indican en su petitorio que se pronuncie “Resolución, ANULANDO TOTALMENTE EL AUTO DE VISTA y pidiendo que emita nuevo Auto conforme la doctrina legal aplicable” (sic); y finalmente el imputado Jaime Wilfredo López Pérez, en su petitorio refiere similar solicitud al de los imputados precedentemente indicados.

CONSIDERANDO III: (Verificación de la contradicción con los precedentes invocados y de la flagrante violación de derechos y garantías constitucionales)

Que de la revisión de los antecedentes, se concluye lo siguiente:

       III.1. Con relación al recurso de casación del Ministerio Público. El recurrente alega que el Auto de Vista recurrido incumplió con su labor de uniformar la jurisprudencia y de no pronunciar resoluciones contradictorias a los precedentes ya emitidos, citando en tal calidad los Autos Supremos Nros. 74 de 18 de marzo de 2008 y 178 de 26 de abril de 2010, además de alegar que existe contradicción porque el Tribunal de Alzada anuló la Sentencia y ordenó la reposición del juicio, sin tomar en cuenta que los defectos que fueron fundamentados podrían fácilmente ser subsanados, sin que ello haya constituido revaloración probatoria, ni doble instancia, refiriendo asimismo que otorgó más de lo pedido, además de referir que incumplió el plazo para emitir el Auto de Vista y que realizó revalorización probatoria cuando concluyó que para la prescripción de la acción penal no opera lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado, al no existir daño económico al Estado.

       Que de la revisión del Auto Supremo Nro. 74 de 18 de marzo de 2008 invocado como precedente, se evidencia que en el mismo, la Corte Suprema de Justicia de entonces, constató que la revalorizaron de la prueba efectuada por el Tribunal de Apelación no sólo influyó en la parte dispositiva del fallo, sino que el tribunal cambio la situación jurídica de uno de los imputados, porque el mismo fue absuelto por el Tribunal de la causa; pero además con relación a los otros dos imputados procedió a recalificar el hecho estableciendo que eran autores de los delitos de estafa y estelionato cuando el tribunal de la causa arribó a una conclusión diferente como fue la de establecer que los nombrados eran autores del delito de apropiación indebida, por lo que siendo evidente la infracción procesal, emitió doctrina legal aplicable determinando: “El recurso de apelación restringida es el medio legal para impugnar la errónea aplicación o interpretación de la ley sustantiva o adjetiva, y no resulta ser un medio o recurso jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que fueron de conocimiento de los jueces o tribunales inferiores. Que al no existir la doble instancia el tribunal de alzada esta obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a anular total o parcialmente la sentencia ordenando la reposición del juicio, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; esta posibilidad no puede ser entendida como una facultad que le permita al tribunal de alzada cambiar diametralmente la parte dispositiva de la sentencia, pues para realizar dicha actuación el tribunal de apelación tendría que considerar y valorar los aspectos fácticos o de hecho que fueron presentados ante el tribunal de la causa; esto significa que no se considera dentro del alcance del artículo 413 última parte del Código de Procedimiento Penal la posibilidad de que el Tribunal de apelación cambie directamente la determinación de la condena o absolución del imputado, porque para ello se requiere imprescindiblemente valorar la prueba.” (sic).

       De lo anterior, se concluye que el Ministerio Público se equivoca al señalar en el recurso de casación que el precedente citado hubiere concluido “…cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, se entiende por no requerir la práctica de prueba de ninguna naturaleza, podrá resolver directamente. Así lo establecen los AA.SS. Nros. 74 de 18 de marzo de 2008, Sala Penal Segunda, 178 de 26 de abril del 2010 Sala Penal Primero” (sic) (fs. 1070 vuelta); por el contrario, la doctrina legal aplicable del Auto Supremo Nro. 74 de 18 de marzo de 2008 finalizó indicando: “no se considera dentro del alcance del artículo 413 última parte del Código de Procedimiento Penal la posibilidad de que el Tribunal de Apelación cambie directamente la determinación de la condena o absolución del imputado, porque para ello se requiere imprescindiblemente valorar la prueba” (sic) (las negrillas son nuestras).

       Verificado así el contenido de la doctrina legal aplicable del Auto Supremo Nro. 74 de 18 de marzo de 2008, se evidencia, que no es contraria al Auto de Vista impugnado, toda vez que en el caso de autos, no dictó una nueva sentencia en la que se haya cambiado la determinación de la condena o absolución del o los imputados como en el citado precedente, sino que ajustó su actividad jurisdiccional a lo que la misma doctrina legal aplicable del referido precedente señaló: “…al no existir la doble instancia el tribunal de alzada esta obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a anular total o parcialmente la sentencia ordenando la reposición del juicio, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación…” (sic). Más aún cuando en la parte de la fundamentación, el Tribunal de Alzada -en el caso de autos- indicó: “Conclusiones que denotan infracción a las reglas de la sana crítica cuando los jueces ciudadanos contrariamente a estas conclusiones absuelven a la imputada …” (sic) (fs. 1055 vuelta); “Conclusiones que denotan infracción a las reglas de la sana crítica cuando los jueces ciudadanos contrariamente a estas conclusiones absuelven al imputado” (sic) (fs. 1056 vuelta); “…resulta que no sólo ha existido error en la fijación judicial de la pena sino también en la concreción del marco penal” (sic) (fs. 1056 vuelta); “…resulta que no sólo ha existido error en la fijación judicial de la pena sino también en la concreción del marco penal” (sic) (fs. 1057); “…sólo condenan a este último, cuando ambos firman el cuestionado adendum, lo que indudablemente constituye infracción a las reglas de la sana crítica” (sic) (fs. 1058); “…lo que indudablemente constituye infracción a las reglas de la sana crítica, máxime se toma en cuenta que con la misma, prueba fueron condenados los imputados…” (sic) (fs. 1058 vuelta); “…el tribunal a quo ha incurrido en el defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del Cod.” (sic) (fs. 1058 vuelta); “…dando como resultado la infracción del inc. 8 del art. 370 del C.P.P.” (sic) (fs. 1059).

       Con relación al Auto Supremo Nro. 178 de 26 de abril de 2010 invocado con el mismo motivo que el anterior precedente, de su revisión se establece que el mismo no contiene doctrina legal aplicable, porque en su parte resolutiva declara INFUNDADO el recurso deducido por el Ministerio Público. Por otra parte, -en el caso de Autos- tampoco se encuentra entre sus fundamentos, lo que el recurrente sostiene, toda vez que el citado precedente resuelve un caso por delito de tráfico de sustancias controladas en el que en Sentencia se condenó al imputado, posteriormente el Tribunal de Apelación anuló totalmente la Sentencia, disponiendo la reposición del juicio. La parte recurrente, en recurso de casación, arguyó que el Tribunal de Apelación realizó una errónea aplicación del artículo 48 con relación al artículo 33 inciso m) de la Ley Nro. 1008 y la Corte Suprema de Justicia de entonces -ahora Tribunal Supremo de Justicia-, al resolver ese recurso, entre sus conclusiones señaló que el Tribunal Ad-quem, en virtud a los puntos de la Apelación Restringida determinó que las circunstancias fácticas, sumada a la conducta del imputado no podían dar como resultado la subsunción de la conducta de éste en la descripción legal del tipo previsto por el artículo 48 con relación al artículo 33 inciso m), ambos de la Ley Nro. 1008. Por otra parte, que el referido Tribunal Ad-quem, actuó dentro del marco previsto por el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, no siendo evidente la revalorización de la prueba. Consiguientemente, con relación al caso de autos, no se advierte contradicción por las razones que tuvo el Tribunal de Alzada para anular la Sentencia y que fueron expuestas en párrafo precedente, que son muy distintas a las del Auto Supremo Nro. 178 de 26 de abril de 2010, que está relacionado a la errónea subsunción del hecho al tipo penal, aspecto que determinó al Tribunal de Alzada disponer el reenvío, decisión ratificada en casación al resolver el recurso como infundado.

       III.2. Con relación al recurso de casación planteado por los imputados Eusebio Jallaza Mamani, Blanca Eva Zaconeta Gallardo de Bellot.

       Que los recurrentes invocaron el Auto Supremo Nro. 443 de 11 de octubre de 2006, alegando que el mismo se refiere a la no nulidad por nulidad, porque el Auto de Vista recurrido, respecto al agravio previsto en el artículo 370 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal, declaró la improcedencia sin ningún fundamento, sin establecer en qué tipo de omisión hubiera incurrido, siendo que actuaron conforme al artículo 12 de la Ley Nro. 2028 y que tampoco fundamentó cuáles son los agravios que hubieren existido, ni cuáles los presuntos vicios insubsanables e inadecuada redacción, lo que hace de la resolución recurrida una repetición de frases, sin el razonamiento, ni a la altura del Código de Procedimiento Penal.

       De la verificación del citado precedente, se evidencia que éste resuelve un caso por delito de lesión seguida de muerte, donde la parte recurrente denunció que el Tribunal Ad-quem al modificar el quantum de la pena privativa de libertad de tres a cuatro años de reclusión, aplicó erróneamente el artículo 37 y siguientes del Código Penal en cuanto se refiere a la determinación de la pena, al ser excesiva la pena impuesta sin considerar sus fines como la enmienda y readaptación del sancionado. La Corte Suprema de Justicia del entonces -ahora Tribunal Supremo de Justicia- evidenció que el Auto de Vista impugnado no señaló las razones o fundamentos para incrementar la pena impuesta en Sentencia, violando la garantía del debido proceso, por lo que en su doctrina legal aplicable estableció que uno de los elementos esenciales del debido proceso es la fundamentación de las resoluciones, las que deben ser motivadas, individualizando la responsabilidad penal del imputado y tomando en cuenta atenuantes y agravantes; y, que el omitir dichos razonamientos constituye defecto absoluto.

       Sin embargo, no se advierte contradicción alguna del referido precedente A.S. Nro. 443 de 11 de octubre de 2006- con relación al Auto de Vista impugnado -en el caso de autos-, toda vez que el Tribunal de Alzada, en los razonamientos que realiza para responder a la apelación restringida planteada por el Ministerio Público (fs. 1054 a 1059), señala las razones por las que tomó decisión, argumentando básicamente que en Sentencia hubo infracción a las reglas de la sana crítica y concretamente con relación a los ahora recurrentes -Eusebio Jallasa Mamani, Blanca Eva Zaconeta Gallardo de Bellot-, que hubo error en la fijación de la pena y en la concreción del marco penal (fs. 1057), además que respondiendo al tercer agravio del Ministerio Público, concluyó que hubo infracción al artículo 370 inciso 8) del Código de Procedimiento Penal; y, con relación a la denuncia de estos recurrentes Eusebio Jallasa Mamani y Blanca Eva Zaconeta Gallardo de Bellot, en sentido de que el Tribunal de Alzada no habría fundamentado con relación al agravio que plantearon referido a lo previsto en el artículo 370 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal, se observa que el Tribunal Ad quem, se pronunció realizando la correspondiente fundamentación, señalando: “… Fundamentos con los cuales el tribunal llega a la convicción de que los imputados son autores del delito de  incumplimiento de deberes, convicción que no puede ser objetada por tribunal de apelación bajo pena de incurrir en revalorización de la prueba…” (sic) (fs. 1065 vuelta); “Fundamentos con los cuales el tribunal llega a la convicción de que los imputados son autores del delito de conducta antieconómica…” (sic) (fs. 1066 vuelta); “…no encuentra vulneración alguna respecto a la decisión de condenar a los recurrentes por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; sin embargo conforme también ya analizado en las apelaciones del Ministerio Público y la parte querellante encuentra violación a las reglas de la sana crítica en la actividad de valoración de la prueba en la absolución del imputado…” (sic) (fs. 1066 vuelta a 1067). Consiguientemente, al no evidenciarse contradicción en los términos expuestos en el artículo 416 párrafo tercero del Código de Procedimiento Penal, el recurso de estos imputados, deviene en infundado.

       III.3. Con relación al recurso de casación del imputado Jaime Wilfredo López Pérez.

III.3.1. Con relación al defecto absoluto expuesto por el recurrente Jaime Wilfredo López Pérez, por incongruencia en el Auto de Vista recurrido el mismo que, en su criterio, no guarda coherencia y simetría entre los razonamientos de la parte considerativa y la dispositiva (artículo 370 inciso 8) del Código de Procedimiento Penal), toda vez que el recurrente fue absuelto en Sentencia por unanimidad, al considerar que su conducta no se subsumió al ilícito de falsedad material y que el Fiscal tampoco apeló por dicha absolución, sino sólo el acusador particular apeló pidiendo que el recurrente sea condenado en Sentencia por el delito de uso de instrumento falsificado, sin embargo, no se presentó acusación alguna por tal delito, por lo que se rechazó tal apelación; y refiere que existe incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva del Auto de Vista recurrido, porque si bien considera que no existe motivo para anular la Sentencia, dispuso el reenvío para un nuevo juicio, debiendo en ese caso haber confirmado en parte la Sentencia apelada.

Al respecto, de la revisión de obrados, se evidencia que el Ministerio Público, en su recurso de apelación restringida (fs. 873 a 877) -al que se adhirió Juan Pablo Castro Martínez, en representación de Froilán Condori Ancasi (fs. 938)- no impugnó con relación a la situación de Jaime Wilfredo López Pérez; por otra parte, el Tribunal de Alzada, en sus conclusiones respecto a los tres primeros agravios del recurso planteado por el  querellante Juan Arturo Portanda Laredo, señaló: “Con relación al agravio alegado por no haberse dictado sentencia condenatoria en contra del imputado Jaime Wilfredo López Pérez, no estando comprendido el delito de uso de instrumento falsificado ni en el auto de apertura del proceso de fs. 568 ni en la sentencia, no podía el tribunal a quo pronunciar sentencia condenatoria menos este tribunal de apelación, porque importaría revalorizar la prueba que es competencia exclusiva del tribunal de instancia.” (sic) (fs. 1060). “Con relación al imputado Jaime Wilfredo López Pérez, no es evidente la infracción toda vez como ya se dijo, el delito de instrumento falsificado no se encuentra comprendido en el auto de apertura del proceso” (sic) (fs. 1060 vuelta). “Con relación al imputado Jaime Wilfredo López Pérez, la actividad de valoración de la prueba del tribunal giró entorno al delito de falsedad material por el que fue acusado el imputado y no de uso de instrumento falsificado que no está comprendido ni en el auto de apertura de juicio ni en la sentencia de donde resulta no evidente el agravio aludido,…” (sic) (fs. 1061). Sin embargo, con relación al cuarto agravio planteado por el apelante Juan Arturo Portanda Laredo en el que se denuncia inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la sentencia (artículos 359 y 370 inciso 10) del Código de Procedimiento Penal) manifestando en lo principal que el Tribunal A quo no realizó fundamentación congruente para no atribuir la comisión del delito de uso de instrumento falsificado al imputado Jaime Wilfredo López Pérez -entre otros delitos además co imputados que los menciona- al respecto, el Tribunal de Alzada no se pronunció concretamente con relación a la situación del este citado imputado, hecho que determina que no es cierto lo manifestado por el recurrente Jaime Wilfredo López Pérez en sentido de que hubo “rechazo” a la apelación, ya que con relación a este agravio, no existe pronunciamiento del Tribunal de Alzada con relación al mencionado imputado, incurriendo en incongruencia omisiva, aspecto que constituye defecto absoluto que atenta el derecho fundamental al debido proceso, ya que deja a Jaime Wilfredo López Pérez en una situación de incertidumbre vulnerándose así su derecho a la defensa, al no existir pronunciamiento que defina si es procedente o no el referido recurso en cuanto a este agravio denunciado por el apelante con relación al ahora recurrente, considerando además que ninguna conclusión puede darse por sobreentendida, sino que debe ser expresa y clara a momento de pronunciarse sobre los motivos que son sometidos a su consideración; en consecuencia, este Tribunal Supremo después de haber detectado en este análisis defecto absoluto no susceptible de convalidación que se enmarca dentro la previsión del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, no puede omitir pronunciarse al respecto, máxime si la falta de ese pronunciamiento impide al Tribunal conocer la situación jurídica del ahora recurrente, por lo que corresponde que la resolución impugnada sea dejada sin efecto hasta que exista un pronunciamiento concreto con relación a Jaime Wilfredo López Pérez, respecto al referido agravio (último) planteado por Juan Arturo Portanda Laredo en su recurso de apelación restringida.

       III.3.2. Con relación al argumento del recurrente referido a la falta de fundamentación del Auto de Vista recurrido, toda vez que necesario que toda resolución brinde a las partes procesales los razonamientos jurídicos esenciales del por qué se dispuso de una u otra manera la solución del conflicto penal; que, sin embargo, la Resolución impugnada declaró procedente en parte y anuló totalmente la Sentencia, indicando también el recurrente que si procedió a la referida anulación, debió establecer de manera concreta la base del nuevo juicio, y que no se puede anular por anular la Sentencia, haciendo finalmente referencia que la falta de fundamentación, vulnera el debido proceso; al respecto, el precedente invocado, Auto Supremo Nro. 443 de 11 de octubre de 2006, no es contrario al Auto de Vista impugnado porque se evidencia que el Tribunal de Alzada, en los razonamientos que realizó al pronunciarse sobre las apelaciones restringidas planteadas por las partes, verificó que no todos los planteamientos eran ciertos, es así que en relación a la apelación planteada por el Ministerio Público, evidenció defectos en la Sentencia; y, por el contrario, a los agravios expuestos en la apelación planteada por Eusebio Jallaza Mamani y Blanca Eva Zaconeta Gallardo de Bellot, no determinó la existencia de inobservancia o errónea aplicación de la ley alegados por esta parte en sus pretensiones, resultando su improcedencia, por lo que -sin necesidad de ingresar a mayor análisis con relación a las otras apelaciones restringidas- sólo en estos dos recursos, se advierte diferencia en las conclusiones a las que arribó el Tribunal de Alzada con relación a los agravios que cada uno de los recurrentes expuso, por lo que el Ad quem, en su parte resolutiva no pudo declarar procedente, tampoco improcedente, por la diferencia de conclusiones a las que arribó a cada una de las apelaciones restringidas que le fueron sometidas a su consideración, resultando entendible y razonable haya declarado procedente en parte y anule totalmente la sentencia, considerando además que un solo defecto absoluto puede dar lugar a dicha determinación. Sin embargo, como se tiene expuesto en el punto III.3.1. de este Auto Supremo, se advierte que existe falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, al no haber definido el cuarto agravio planteado Juan Arturo Portanda Laredo en su recurso de apelación restringida con relación al imputado Jaime Wilfredo López Pérez, motivo por lo que como se tiene señalado en el referido punto, corresponde que la Resolución recurrida sea dejada sin efecto.

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

El Tribunal de Apelación se encuentra en la obligación de circunscribir sus actos jurisdiccionales a los puntos apelados de conformidad a los artículos 396 inciso 3) y 398 del Código de Procedimiento Penal, más aún cuando el Estado garantiza el derecho al debido proceso conforme se encuentra previsto en el artículo 115 parágrafo II. de la Constitución Política del Estado; consiguientemente, está en la obligación de no incurrir en defectos absolutos no susceptibles de convalidación como el previsto en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, por lo que el Tribunal de Alzada, tiene el deber de pronunciarse y fundamentar sobre todos los agravios que le fueron expuestos y establecer con claridad la situación en que pudieran encontrarse cada una de las partes, de manera tal que no dé lugar a incertidumbres o interpretaciones diversas por el silencio o ambigüedad en sus razonamientos y decisiones.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista Nro. 35/2012 emitido el 25 de octubre por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 1050 a 1067), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y los acusadores particulares Juan Arturo Portanda Laredo en su condición de ex representante del Comité de Vigilancia de Uyuni y Froilan Condori Ancasi en su condición de Alcalde del Gobierno Municipal Autónomo de Uyuni contra Eucebio Jallaza Mamani, Blanca Eva Zaconeta Gallardo de Bellot, Vidal López Pérez, Elba Crespo Portillo y Jaime Wilfredo López Pérez, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y falsedad material, previstos en los artículos 154, 224, 221 y 198 del Código Penal; y dispone que la misma Sala pronuncie nueva resolución conforme a la doctrina legal señalada precedentemente y las normas constitucionales y legales previstas para el caso concreto.

En aplicación del artículo 420 del Código de Procedimiento Penal, remítase copias del presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para el conocimiento de las Salas Penales y Jueces en materia penal.

       Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

                   Jorge Isaac Von Borries Méndez.

ANTE MÍ.    Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano