SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 46/2013

Sucre, 21 de febrero de 2013

EXPEDIENTE: Santa Cruz 268/2013

PARTES PROCESALES: Elin Saavedra, Jovita López y otros contra María Zulema Dávila Ponce, Sofía Dávila Ponce, Estela Ponce de Dávila, Tito Lijerón Cárdenas y Miguel Angel Parada Pacheco

DELITO: estafa, asociación delictuosa, apropiación indebida, abuso de confianza

MAGISTRADO RELATOR: Jorge I. von Borries Méndez

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       VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Juan Adrian López Rosales, Izabel Bravo Mosciaro, Victoriano Chura, Gladis Montaño de Chura, Mario Capquequi Kantuta, María Angélica Flores Ramallo, Elena Elida Ramirez Moscoso, Gavino Acosta Soleto, Gaby Berbetty de García, Demetrio Nicolas en representación de Daniel Nicolas (fs. 1513), impugnando el Auto de Vista Nro. 175 emitido el 12 de septiembre de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 1504 a 1506), en el proceso penal seguido por Elin Saavedra, Jovita López y otros, contra María  Zulema  Dávila  Ponce,  Sofía  Dávila  Ponce, Estela  Ponce  de  Dávila, Tito Lijerón Cárdenas y Miguel Ángel Parada Pacheco, por la supuesta comisión de los delitos de estafa, asociación delictuosa, apropiación  indebida y abuso de confianza, previstos y sancionados por los artículos 335, 132, 345 y 346 respectivamente del Código Penal.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

       Que de la revisión de los antecedentes venidos en casación, iniciado en sujeción al antiguo Código de Procedimiento Penal de 23 de agosto de 1972 se establece lo siguiente:

       a) En mérito a las denuncias de Elena Elida Ramírez Moscoso, Pablo Leonel Ordoñez Hoyos, Nelly Ureña y otros (fs. 1 a 43), las querellas presentadas por Elin Saavedra, Jovita López y otros (fs. 44 a 46 y 81 a 84), y desarrollado el juicio, por Sentencia Nro. 1/2011 de 4 de noviembre (fs. 1448 a 1449), el Juez Séptimo de Sentencia y Partido Penal Liquidador de la capital del departamento de Santa Cruz, pronunció Sentencia y declaró a las procesadas María  Zulema  Dávila  Ponce,  Sofía  Dávila  Ponce y Estela Ponce de Dávila, autoras y culpables de la comisión de los delitos de estafa, asociación delictuosa, apropiación indebida y abuso de confianza, previstos por los artículos 335, 132, 345 y 346 del Código Penal respectivamente, imponiéndoles la sanción de cinco años de presidio, más 200 días multa, a cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz; al procesado Miguel Ángel Parada Pacheco, autor y culpable de la comisión de los delitos de estafa, asociación delictuosa, apropiación indebida y abuso de confianza en grado de complicidad, previstos por los artículos 335, 132, 345, 346 y 23 del Código Penal, condenándolo a la pena privativa de libertad de tres años de presidio más 100 días multa, a cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz; y, al procesado Tito  Lijerón  Cárdenas, autor y culpable de la comisión de los delitos de estafa, asociación delictuosa, apropiación indebida y abuso de confianza en grado de complicidad, previstos por los artículos 335, 132, 345, 346 y 23 del Código Penal, condenándolo a la pena privativa de libertad de dos años de presidio además de otorgársele perdón judicial por tratarse de su primer delito. Y a todos, al pago de daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia.

b) En audiencia de lectura de Sentencia (fs. 1450) Alberto Guzmán Barja, Defensor de Oficio de María  Zulema  Dávila  Ponce,  Sofía  Dávila  Ponce, Estela  Ponce  de  Dávila y Miguel Ángel Parada Pacheco formuló recurso de apelación; así también Fernando Pedriel Villarroel, abogado de oficio de María  Zulema  Dávila  Ponce,  Sofía  Dávila  Ponce y Estela  Ponce  de  Dávila interpuso recurso de apelación, siendo resueltos mediante Auto de Vista Nro. 175 de 12 de septiembre de 2012 (fs. 1504 a 1506), por el que declaró admisible y procedente la “apelación restringida” interpuesta a fojas 1459; y por consiguiente, anuló totalmente la sentencia, ordenando la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia llamado por Ley.

       c) Notificada la acusación particular con la citada Resolución del Tribunal de Alzada, el 15 de octubre de 2012 conforme diligencia cursante a fs. 1508, interpuso recurso de casación que es motivo de autos, el 22 del mismo mes y año.

       d) Previa providencia de Vista Fiscal de 21 de diciembre de 2012 (fs. 1522), Milton Iván Montellano Roldán, Fiscal Superior de la Fiscalía General del Estado, refiriendo que el proceso fue tramitado con sujeción a las normas procedimentales contenidas en el Código de Procedimiento Penal de 1972, y que el Tribunal de Alzada debió aplicar las referidas normas y no aplicar las normas procedimentales de la Ley Nro. 1970, aspecto que también debió ser observado por los recurrentes; requirió porque se anule obrados hasta fs. 1504 inclusive, y que el Tribunal de Apelación pronuncie nuevo Auto de Vista con sujeción a las normas procedimentales extrañadas.

CONSIDERANDO II:  (Motivos del recurso de casación)

       Que los recurrentes argumentan que el Auto impugnado refiere que el juez no hubiese fundamentado la Sentencia; que sin embargo el Juez ad quo señaló prolija y detalladamente desde las querellas hasta las conclusiones en su considerando primero; y que, en el segundo realizó relación sucinta de los hechos y adecuación del tipo penal, en relación a la conducta de las “imputadas” (sic); que en el tercer, cuarto y quinto considerando realizó valoración de todas las pruebas y “tipificación” (sic) de los mismos; y, que en octavo considerando, está la fundamentación y análisis de todas las pruebas documentales y testifícales producidas en el proceso, que se hace notar la presencia y rebeldía de los imputados; y, la motivación para dictar la Sentencia Nro. 1/2011, cumpliendo con lo establecido en los artículos 173 con relación al 359 de la Ley Nro. 1970. Asimismo señalan que en virtud de los artículos 416, 417 y siguientes no especifican el cuerpo de normas- interponen recurso de casación contra el impugnado Auto de Vista.

CONSIDERANDO III: (Fundamentos jurídicos del Tribunal de Casación)

       Que del examen de obrados, se evidencia que en el acta de audiencia de lectura de sentencia cursante a fojas 1450, el abogado Alberto Guzmán Barja, defensor de oficio de María  Zulema  Dávila  Ponce,  Sofía  Dávila  Ponce, Estela  Ponce  de  Dávila y Miguel Ángel Parada Pacheco formuló recurso de apelación de acuerdo a lo previsto por el artículo 284 del Código de Procedimiento Penal de 1972, la misma que fue concedida en la misma audiencia. Asimismo a fojas 1459, cursa memorial de apelación contra la Sentencia, interpuesta Fernando Pedriel Villarroel, abogado de oficio de Estela Ponce de Dávila, María Zulema Dávila Ponce y Sofía Dávila Ponce, la que mediante auto de 9 de noviembre de 2011 es concedida, indicando “de conformidad a las previsiones contenidas por el art. 85 del C.P.P. de 1972” (sic). Por otra parte, el Tribunal de Alzada, mediante Auto de 17 de agosto de 2012, dispuso que en cumplimiento de la segunda parte del artículo 286 del antiguo Código de Procedimiento Penal, se notifique al Defensor Fernando Pedriel Villarroel a efecto de que se apersone y fundamente su recurso de apelación; sin embargo, el Abogado de Oficio de las referidas procesadas, Fernando Pedriel Villarroel, presentó memorial (fs. 1497 a 1502) que en la suma señala que ratifica y amplía recurso de apelación restringida, término que únicamente se utiliza en el nuevo Código de Procedimiento Penal, vigente mediante Ley Nro.1970; además en su petición refiere que corresponde aplicar el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, y revocar totalmente la Sentencia de “Primera Instancia” y a la luz del artículo 363 incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Penal, declararlas absueltas a sus defendidas, disposiciones que no existen en el Decreto Ley 10426, por lo que hace evidente que aplicó normas distintas a las que correspondía al proceso.

       Por otra parte, el Auto de Vista Nro. 175 de 12 de septiembre de 2012, en su parte Resolutiva, refirió que en aplicación de los artículos 124, 171, 173, 370 incisos 1), 5) y 6), 413 del Código de Procedimiento Penal, declaró admisible y procedente la “apelación restringida” (sic) interpuesta a fojas 1459; y por consiguiente, anuló totalmente la sentencia, ordenando la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia llamado por Ley; en consecuencia, por los dos últimos artículos citados que no existen en el antiguo Código de Procedimiento Penal de 1972 y la disposición de reposición de juicio, que sólo se tiene en el nuevo Código de Procedimiento Penal vigente mediante Ley Nro. 1970, se evidencia que el Tribunal de Alzada, tampoco aplicó la normativa procesal penal que le correspondía al trámite del caso de autos.

       Del análisis del recurso de casación planteado por la acusación particular, se evidencia que el mismo fue presentado dentro el término previsto en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal de 1972; sin embargo, el mismo fue planteado al amparo de otra normativa procesal penal, la vigente mediante Ley Nro. 1970, cuando señaló que la Sentencia Nro. 1/2011 cumplió con lo establecido en el artículo 173 con relación al 359 de la Ley Nro. 1970, además de referir que en virtud de los artículos 416, 417 y siguientes, sin especificar el cuerpo de normas, es interpuesto el recurso de casación contra el Auto de Vista impugnado; por lo que habiéndose procedido a la revisión de los artículos 416 y siguientes del Código de Procedimiento Penal de 1972, se constata que éstas no existen; y por otra parte, los mencionados artículos en la Ley Nro.1970, están referidos al recurso de casación, por lo que permite concluir que aplicaron erróneamente el nuevo Código de Procedimiento Penal, vigente mediante Ley Nro. 1970, por lo que no corresponde ingresar al análisis de fondo del referido recurso.

       En mérito a la disposición transitoria primera de la Ley Nro. 1970 de 25 de marzo de 1999, que establece que las causas en trámite continuarán rigiéndose por el Código de Procedimiento Penal anterior, Decreto Ley 10426 de 23 de agosto de 1972; por consiguiente, en aplicación del art. 355 del Código de Procedimiento Penal de 1972, que señala: “Son aplicables, en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Código, las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil y de la Ley de Organización Judicial”, y considerando que la Ley de Organización Judicial vigente a tiempo de haberse iniciado el trámite del proceso motivo de autos, fue la Ley Nro. 1455 de 18 de febrero de 1993, corresponde tomar en consideración su artículo 15 que dispone que los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar los procesos de oficio a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos; y, por otra parte, el artículo 3 inciso 1) del Código de Procedimiento Civil, señala que: “Son deberes de los jueces y tribunales: 1) Cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad”.

       Consiguientemente, en cumplimiento al artículo 90 parágrafo I. del Código de Procedimiento Civil, que refiere que las normas procesales son de orden público, y por tanto, de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la Ley, y considerando que el trámite del presente proceso fue iniciado en sujeción al Código de Procedimiento Penal de 1972, el que fue aplicado hasta el momento en que mediante Auto de 17 de agosto de 2012, el Tribunal de Alzada dispuso que en cumplimiento de la segunda parte del artículo 286 del antiguo Código de Procedimiento Penal, se notifique al Defensor Fernando Pedriel Villarroel a efecto de que se apersone y fundamente su recurso de apelación; habiendo en consecuencia apersonado el referido Abogado, pero realizando su petición con normas procesales no aplicables al trámite del proceso, situación que no fue observada por el Tribunal de Alzada; mas al contrario, el Auto de Vista Nro. 175 de 12 de septiembre de 2012, incurre en el mismo error, al igual que el recurso de casación planteado por la acusación particular.

       Por lo expuesto, toda vez que la parte apelante hizo uso del derecho que le fue concedido mediante Auto de 17 de agosto de 2012, a objeto de que fundamente su recurso, actuación procesal sujeta a término, la que fue cumplida; y como quiera que el artículo 15 de la citada Ley Nro. 1455 establece la revisión de oficio de los procesos a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron las leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos, exigencia que no abarca a las partes, corresponde anular obrados hasta fojas 1504 inclusive.

       POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo con el requerimiento fiscal (fs. 1525 a 1527) y en aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 1970, los artículos 355 del Código de Procedimiento Penal de 1972, 15 de la Ley Nro. 1455 de 18 de febrero de 1993, 3 inciso 1) y 90 parágrafo I. del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fojas 1504 inclusive, y dispone la devolución del expediente al Tribunal de Alzada para que corrija procedimiento y emita nueva resolución acorde al artículo 290 del Código de Procedimiento Penal de 1972.

       Regístrese, notifíquese y devuélvase.