SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 6/2013

Sucre, 6 de febrero de 2013

EXPEDIENTE: Cochabamba 1/2013

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra Luis Adolfo Pinto Montero

DELITO: violación de niño, niña o adolescente

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por el acusado Luis Adolfo Pinto Montero (fs. 270 a 276), impugnando el Auto de Vista Ptda. Nro. 84 emitido el 4 de octubre de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 252 a 255), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y el acusador particular Clemente Maire Salvatierra representado legalmente por la Casa del Adolescente e Infante, contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente, previsto y sancionado por el artículo 308 bis del Código Penal, con la agravante del artículo 310 incisos 2) y 4) del mismo cuerpo legal.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

Que el recurso de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Sustanciado el mencionado proceso, el Tribunal de Sentencia Primero de la capital del departamento de Cochabamba, que conoció esa causa, mediante Sentencia Nro. 3/2012 de 8 de marzo de 2012 (fs. 209 a 214), declaró al imputado ahora recurrente autor y culpable de la comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente, condenándolo a la pena privativa de libertad de veintidós años de presidio, a cumplirlos en el Centro de Rehabilitación San Sebastián (varones) de dicha ciudad, con costas a favor del Estado y de la víctima una vez que la Sentencia adquiera la calidad de firme.  

Fallo contra el cual el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 223 a 230), y el Tribunal de Alzada mediante Auto de Vista de 4 de octubre de 2012 (fs. 252 a 255), lo declaró improcedente, confirmando la Sentencia apelada; dando con ello origen a la presentación del recurso de casación que es caso de autos.  

       CONSIDERANDO II: (Motivos del recurso de casación)

Que al interponer el enunciado recurso de casación, el recurrente argumenta lo siguiente:

1. Defectos absolutos no susceptibles de convalidación, establecidos en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, con relación a los artículos 116 y 123 de la Constitución Política del Estado y a la aplicación de la Ley Nro. 054 de 8 de noviembre de 2010.  La Sentencia, en su Considerando III. (Fundamentación Jurídica), citó de manera ilegal y fundó su condena en una norma -con la prohibición del artículo 4 del Código Penal- que por precepto constitucional es inaplicable, al establecer la modificación de la agravante del delito de violación prevista en la Ley Nro. 054 de 8 de noviembre de 2010 de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes; toda vez que, de lo relatado en la Acusación el presunto hecho delictivo se hubiese cometido el 1 de diciembre de 2007 y sin embargo el Tribunal de Sentencia aplicó la agravante de la pena inobservando lo dispuesto por los artículos 116 y 123 de la Constitución Política del Estado, que establecen que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible y que la ley sólo dispone para lo venidero, sin tener efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando beneficie al imputado.  Por tales motivos, el recurrente alega ilegal aplicación de la Ley Nro. 054 de 8 de noviembre de 2010, al recibir injustamente una pena de veintidós años de presidio; situación que, fue corroborada por el Auto de Vista cuando concluye en el Por Tanto que: “(…) la condición agravante establecida en el art. 310 num. 4) del CP incrementa la pena en 5 años más.” y omite determinar expresamente de acuerdo a lo fundamentado en lo concerniente a la sanción sin derecho a indulto, lo que resulta contradictorio a la parte resolutiva, siendo que no puede efectuar la reforma en perjuicio del único apelante, conforme a lo determinado por el artículo 400 del Código Penal, debiendo disponerse la nulidad de la resolución impugnada y de la Sentencia, más el reenvío al estar frente a defectos absolutos no susceptibles de convalidación.

2. Defectos absolutos no susceptibles de convalidación establecidos en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, con relación al artículo 115 parágrafo II. y 119 parágrafo II. (garantía constitucional del derecho a la defensa).  Durante la preparación del juicio, el recurrente alegó haber presentado la prueba pericial, empero, sin respetar su derecho a la defensa y a su inviolabilidad en juicio no fue atendido; ya que, con dicha prueba pretendía rebatir y establecer el contenido inserto en el Certificado Médico Forense no sometido a contradicción, cuya negativa conlleva a la vulneración de su derecho a la defensa, lo que constituye defecto absoluto.

  3. Vicio de Sentencia establecido en el artículo 370 inciso 3), por falta de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada.

El Tribunal de Alzada, omitió fundamentar los dos aspectos acusados como vicios de la Sentencia (falta de enunciación del hecho y falta de determinación circunstanciada), así como señalar cuál la aplicación que pretendía; de este modo, actuó en desconocimiento de lo establecido en el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, el cual establece que los requisitos de forma exigidos por los artículos 407 y 408 del adjetivo penal tienden a facilitar a la autoridad superior el conocimiento cabal y objetivo de la pretensión del recurrente, por lo que tiene el plazo de tres días para subsanar omisiones, corregir o complementar su recurso, lo contrario implica vulnerar las normas que garantizan el debido proceso y fundamentalmente el derecho a la defensa irrestricta, entre los que se encuentra el de recurrir o impugnar y contar así con una tutela judicial efectiva.  Por tal motivo, invoca en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 724 de 26 de noviembre de 2004, haciendo referencia de que toda resolución debe estar debidamente fundamentada, lo que no ocurre en el Auto de Vista recurrido que vulnera el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal.

4. Defecto de la Sentencia establecido en el artículo 370 inciso 5), por no existir fundamentación o que sea insuficiente y contradictoria.

En el recurso de apelación restringida se denunció como vicio de Sentencia la falta de fundamentación de la misma o que esta es insuficiente y contradictoria, con relación a las pruebas F-6 (Informe Social) y F-1 (Certificado Médico Forense) por la contradicción entre dichas pruebas, debido a que la menor indica que nunca tuvo relaciones sexuales y el Forense establece que la misma tiene desgarro antiguo de himen; por ello, el imputado solicitó que los de Alzada constaten el iter lógico de la fundamentación con las pruebas señaladas empero ello nunca fue de conocimiento del ad quem.  Es más, por dicha denuncia el Auto de Vista impugnado sostuvo como respuesta que el imputado pretendía valorar nuevamente la declaración de la víctima (F-6), lo cual no puede realizarse, empero, atendiendo la valoración de las pruebas y la logicidad contenida en las conclusiones arribadas por los de Sentencia, no se advierte contradicción entre las pruebas referidas.  Asimismo, el recurrente alega contradicción entre la mencionada prueba F-1 y la F-7 (Dictamen Pericial de Laboratorio de Genética Forense) donde se acredita no haber cometido el hecho denunciado; sin embargo, no se detectó ningún perfil genético o prueba científica que determine su participación o exclusión en el presente caso, por lo que no existe fundamentación respecto a los elementos de prueba, al contrario, el Acta de Inspección que debió ser una prueba relevante no dice nada sobre los hechos y sólo refiere que la habitación fue modificada desde la presunta violación.  Continúa refiriendo que, el Auto de Vista es contradictorio a los Autos Supremos Nros. 263/2009 de 27 de abril, 62/2007 de 27 de enero, 242/2006 de 6 de julio y refiere haber invocado el Auto Supremo Nro. 183 de 6 de febrero de 2007, el cual prevé que en el juicio oral, público y contradictorio los Tribunales de Sentencia o el Juez deben emitir la Sentencia fundamentada consignando todos y cada uno de los hechos debatidos, con un análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporadas legalmente al proceso, debiendo la fundamentación ser clara y sin contradicción entre la parte considerativa y resolutiva, más la indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo, constituyendo su omisión defectos de Sentencia insubsanables al tenor del artículo 370 incisos 1), 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal.  Cuya contrariedad radica en que no existió igualdad de condiciones en la valoración de su Certificado de Matrimonio y Certificado de sus hijos al establecerles y calificarles “valor probatorio ninguno”, inobservando y contradiciendo los artículos 37 y 38 del Código Penal.  De este modo, la falta de fundamentación es casi nula y contradictoria, no tomó en cuenta toda la prueba desfilada, ni siquiera existe una fundamentación respecto al por qué se fija determinada pena y cuánto es por la agravante establecida en el artículo 310 inciso 4); vicio de Sentencia que, se extiende al Auto de Vista, estando presente la falta de motivación y su contradicción como vicio de Sentencia que vulnera el artículo 370 inciso 5) y 124 del Código de Procedimiento Penal.

5. Defecto de la Sentencia establecido en el artículo 370 inciso 6) del Código de Procedimiento Penal, por basarse en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba.

Pues el Tribunal de Sentencia concluyó señalando una grave contradicción al manifestar que: “este hecho se ha probado por medio de la declaración de la menor”, afirmación temeraria al basarse en una simple declaración de la presunta víctima que implica desconocer los principios básicos del debido proceso, la presunción de inocencia, su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva.  A su vez, respecto a la valoración defectuosa de la prueba impugnada en apelación restringida, alega que el presunto hecho delictivo data del 1 de diciembre de 2007, empero el Certificado Médico Forense que es del 5 del mismo mes y año establece desgarros antiguos y acceso carnal, con presencia de espermatozoides y de líquido seminal con fosfatasa positivo, a lo que el recurrente pregunta cuál la explicación lógica para dichos desgarros antiguos cuando el presunto hecho se perpetró días antes, cómo descartar su participación en una denuncia temeraria, cuando se sometió a un Dictamen Pericial de Genética Forense, debiendo generarse la duda respecto a su participación, siendo que ese día salió a trabajar, conforme lo manifestado por los testigos de descargo.  Por ello acusa que, la fundamentación de la Sentencia es contradictoria al valorar y analizar sólo la declaración de la menor, desnaturalizando y condenando a toda persona que sufre cualquier sindicación por este tipo de hechos, constituyendo una defectuosa valoración probatoria, sin respaldo de otros medios, como ser un Informe Psicológico de la veracidad del testimonio de la menor y otros medios que sustenten la injusta Sentencia; ante ello, el Tribunal ad quem omite pronunciarse respecto a este motivo, haciendo evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) y en consecuencia, infringe el principio tantum devolutum, quantum apellatum, el deber de fundamentación y el artículo 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado que vulnera el debido proceso, siendo inexistente la respuesta dispuesta por el artículo 398.

6. La apelación restringida, dentro del marco del artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, estableció como defecto de Sentencia la existencia de contradicción entre su parte dispositiva o entre ésta y la parte considerativa.

Vicio de Sentencia que resulta contradictorio cuando en el Considerando III. Fundamentación Jurídica, refiere que “este hecho fue probado por medio de la declaración de la menor”, sin que exista otra prueba científica que respalde dicha afirmación, con el mero afán de justificar y menospreciar la declaración de los testigos de descargo forzaron e interpretaron contradictoriamente las mismas, al afirmar que no son valederas para desvirtuar el hecho porque la doctrina establece que la incapacidad del menor es una presunción legal que no admite argumento.  Contradiciéndose luego, cuando mencionan que las atestaciones de descargo y otras, han llevado al convencimiento a ese Tribunal de que el imputado es autor de la comisión del hecho atribuido.  Por ello, invoca en calidad de precedente contradictorio a la resolución impugnada el Auto Supremo Nro. 214/2007 de 28 de marzo, el cual trata sobre el sistema de valoración probatoria y de la sana crítica, a cuya doctrina legal aplicable no da cumplimiento el Tribunal de Apelación, siendo el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar los razonamientos plasmados en la Sentencia.  Además, añade que el Auto Supremo Nro. 172/2012 estableció que no existe fundamentación, ni congruencia cuando en la resolución impugnada se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados, siendo insuficiente escudarse en argumentos evasivos de responsabilidad para absolver expresamente los cuestionamientos deducidos por los recurrentes, aspecto que vulnera los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, cuyo defecto absoluto no es susceptible de convalidación; de este modo, el Auto de Vista pretende evadir su labor encomendada de realizar la revisión y de observar conforme manda el artículo 399 y de dar la oportunidad al recurrente de enmendar su recurso para así acceder a la tutela judicial efectiva, siendo que al no haberlo realizado ello implica vulnerar su derecho a la defensa. 

Concluye pidiendo se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido y se establezca la doctrina legal aplicable, resolviendo el caso con arreglo a la ley y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de justicia, disponiendo que el Tribunal de Alzada cumpla su labor de garantizar la tutela judicial efectiva, el derecho de impugnar en juicio y las establecidas en la norma procesal adjetiva.

CONSIDERANDO III: (Requisitos de admisibilidad que debe cumplir el recurso de casación)

Que para la admisibilidad del recurso de casación, resulta menester observar y cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, los cuales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, demostrando previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese interpuesto dicho recurso contra la sentencia por causarle agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente.

Ahora bien, respecto al recurso de casación referido líneas arriba, se evidencia que el recurrente impugna el Auto de Vista de 4 de octubre de 2012 (fs. 252 a 255) y que dicho recurso fue presentado dentro del plazo legal previsto por el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal. 

Al margen de ello, se observa que: el motivo 1. omite invocar precedente contradictorio alguno, así como fundamentar la presunta contradicción existente entre el mismo y la resolución impugnada, cuyo incumplimiento se encuentra sancionado con la inadmisibilidad del recurso al no poderse establecer el sentido jurídico contradictorio, conforme a los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal.  Sin embargo, acusa y fundamenta la presunta vulneración de los artículos 116 y 123 de la Constitución Política del Estado al aplicar la agravante de violación prevista en la Ley Nro. 054 de 8 de noviembre de 2010 al hecho juzgado que data de 2007, correspondiendo admitir excepcionalmente la presente denuncia; el motivo 2. omite invocar precedente contradictorio alguno y fundamentar la presunta contradicción existente entre el mismo y la resolución impugnada.  A su vez acusa el defecto absoluto previsto en el artículo 169 inciso 3) por presunta vulneración de los artículos 115 parágrafo II y 119 parágrafo II de la Constitución Política del Estado (derecho a la defensa), empero esta tenue alegación incumple con la carga procesal de precisar e identificar cuál la causal de defecto absoluto en la que presuntamente incurrió el Tribunal de Alzada a momento de emitir la resolución recurrida, cuya situación implique inobservancia de formalidad o condición alguna prevista en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y en el Código de Procedimiento Penal, correspondiendo su inadmisibilidad, conforme a la previsión establecida en el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal; el motivo 3. invoca en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 724 de 26 de noviembre de 2004, empero el mismo no emerge de un hecho similar al motivo analizado al presente, porque aquél deviene de un proceso penal seguido por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, a su vez, deja sin efecto la resolución impugnada debido a la inobservancia de los requisitos esenciales que debe contener la sentencia apelada, misma que al ser confirmada por los de alzada -con la modificación de disminuir la pena impuesta a la co-procesada- en casación se determinó que no existió una correcta fundamentación por falta de pronunciamiento en la resolución impugnada.  Sin embargo, acusa y fundamenta la presunta vulneración del principio de impugnación previsto en el artículo 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, por desconocer el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal al fundamentar su denuncia de apelación restringida correspondiente al vicio de Sentencia previsto por el artículo 370 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, correspondiendo admitir excepcionalmente el presente motivo; el motivo 4. invoca en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 183 de 6 de febrero de 2007, empero entre sus fundamentos no precisa si acusa inexistencia, insuficiencia y/o contradicción en la fundamentación, consecuencias procesales diversas que emergen de supuestos diversos, haciendo ininteligible la presunta contradicción.  Asimismo, se entiende que el recurrente alega valoración defectuosa de la prueba, motivo cuya admisibilidad será analizada en el siguiente motivo casacional.  Y acusa inobservancia y contradicción de los artículos 37 y 38 del Código Penal en la fijación de la pena, sin invocar precedente contradictorio alguno.  Finalmente, no acusa, ni identifica, mucho menos fundamenta inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, Convenciones  o Tratados Internacionales vigentes, resultando inadmisible la presente reclamación; el motivo 5. omite invocar precedente contradictorio, así como fundamentar la presunta contradicción existente entre el mismo y la resolución impugnada.  Empero, se entiende que acusa y fundamenta la presunta valoración defectuosa probatoria, prevista en el artículo 370 inciso 6) del Código de Procedimiento Penal, lo que ocasionó omisión de pronunciamiento, cuyo vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) vulneró el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, el debido proceso, la presunción de inocencia, su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, correspondiendo admitir excepcionalmente la presente denuncia; el motivo 6. invoca en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 214/2007 de 28 de marzo, empero el mismo no emerge de un hecho similar al motivo analizado al presente, porque aquél deviene de un proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de robo agravado, cuyo contenido regula el sistema de valoración probatoria, las reglas de la sana crítica y el iter lógico, doctrina legal relacionada más bien con el vicio de sentencia previsto en el artículo 370 inciso 6) del adjetivo penal, el cual ha sido admitido en el motivo que antecede.  Finalmente, tampoco acusa, ni identifica, mucho menos fundamenta inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, Convenciones  o Tratados Internacionales vigentes, resultando inadmisible el presente motivo casacional.    

Consecuentemente, en base a las consideraciones arriba expuestas, corresponde admitir el presente recurso de casación, respecto a los motivos 1., 3. y 5. arriba descritos, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia de Estado Plurinacional de Bolivia, en aplicación de los artículos 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto el acusado Luis Adolfo Pinto Montero (fs. 270 a 276), impugnando el Auto de Vista Ptda. Nro. 84 emitido el 4 de octubre de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 252 a 255), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y el acusador particular Clemente Maire Salvatierra representado legalmente por la Casa del Adolescente e Infante, contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente, previsto y sancionado por el artículo 308 bis del Código Penal, con la agravante del artículo 310 incisos 2) y 4) del mismo cuerpo legal.

Por Secretaría de Sala, remítase copias legalizadas de la Sentencia, el Auto de Vista y el presente Auto Supremo a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, para que se inhiban de dictar resoluciones en las que se debaten las mismas cuestiones de derecho, hasta que se les haga conocer la resolución emergente de este recurso de casación, todo conforme prevé el citado artículo 418 en su parágrafo segundo del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese y notifíquese.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas. (Presidente)

                   Jorge Isaac Von Borries Méndez.

ANTE MÍ.    Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.