SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 3/2013

Sucre, 31 de enero de 2013

EXPEDIENTE: La Paz 243/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Leonor Chávez Diaz contra Vilma Cristina Guzmán Villarroel.

DELITO: Falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y agravación en caso de víctimas múltiples.        

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Vilma Cristina Guzmán Villarroel (fs. 675 a 677), impugnando el Auto de Vista Nro. 58/2012 emitido el 14 de septiembre de 2012 por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 656 a 662), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y la acusadora particular Leonor Chávez Díaz contra la recurrente por comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y agravación en caso de víctimas múltiples, previstos y sancionados por los artículos 198, 199, 203 y 346 bis del Código Penal.

CONSIDERANDO I : (Antecedentes del recurso de casación)

Sustanciado el mencionado proceso, el Tribunal Cuarto de Sentencia de la capital del Departamento de La Paz, que conoció esa causa, mediante Resolución Nro. 18/2011 de 13 de diciembre de 2011 (fs. 566 a 588), declaró a Vilma Cristina Guzmán Villarroel autora de la comisión del delito de falsedad material, condenándola a la pena privativa de libertad de tres años y dos meses de presidio, a cumplirlos en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de dicha ciudad.   Asimismo, absolvió a la misma de la comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y agravación en caso de víctimas múltiples, sin costas.  

Fallo que fue impugnado por la acusada que interpuso recurso de apelación restringida contra esa Sentencia (fs. 620 a 627), resuelto mediante Auto de Vista Nro. 58/2012 de 14 de septiembre de 2012, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 656 a 662), que declaró improcedentes las cuestiones planteadas y confirmó la Sentencia apelada, lo que posteriormente dio origen a la presentación del recurso de casación que es caso de autos.

CONSIDERANDO II : (Motivos del recurso)

En el recurso que fue admitido por Auto Supremo número 349/2012 se alegó:

Que el Tribunal de Alzada no fundamentó su decisión de declarar improcedente la apelación restringida, sólo realizó una mera descripción de los hechos que la motivaron, sin fundamentar en forma explícita, legal y de fondo el por qué deciden y en qué norma legal se basan para negar cada una de las cuestiones planteadas, contradiciendo el Auto Supremo Nro. 45/2012 de 14 de marzo de 2012, invocado en calidad de precedente contradictorio, el cual determina en su doctrina legal que todos los Autos de Vista deben estar fundamentados y motivados, lo que no se realizó en el caso de autos; razón por la cual, la recurrente alega que aún de oficio las autoridades de este Tribunal deben velar por el respeto de los principios procesales y los derechos de los ciudadanos para que no se incurra en los siguientes defectos procesales:

1. En apelación restringida, la imputada ahora recurrente, denunció vulneración del principio de unidad y continuidad del juicio oral, previstos en los artículos 329, 334, 335, 336 y 338 del Código de Procedimiento Penal, porque existieron reiteradas suspensiones; es más, el 16 de abril de 2011 el querellante interpuso recurso de apelación incidental contra la Resolución Nro. 5/2011, a la cual se le dio curso y así se interrumpió el juicio oral hasta el 11 de octubre de 2011 (por seis meses), incurriendo en dilación procesal y rompiendo el principio de continuidad.   A tal efecto, la recurrente invoca en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 37 de 27 de enero de 2007 alegando que el mismo establece que en el actual procedimiento penal y sistema oral acusatorio es regla general el principio de continuidad de la audiencia de juicio y la excepción a dicho principio es la suspensión de la audiencia por un plazo máximo de diez días y sólo por una vez, conforme al art. 335 del Código de Procedimiento Penal. Contrariamente a ello, continúa alegando, que los de Alzada no dieron correcta aplicación a las normas legales, al determinar que no existió vulneración al principio de continuidad, apoyando su decisión en los Autos Supremos números 422 de 18 de septiembre de 2009 y 93 de 24 de marzo de 2011 y establecer que en atención al principio de continuidad, la reanudación inmediata de la audiencia de juicio en horas hábiles posteriores a la determinación del receso y ante la imposibilidad fáctica de hacerlo en espacios cortos de tiempo, justificada en derecho tal imposibilidad, la reanudación que no es inmediata en tiempo -respecto a la última actuación- no implica infracción al principio de continuidad si existe motivo legítimo. Por tales motivos, la recurrente acusa ausencia de fundamentación debido a que los de Alzada argumentaron que no existió interrupción cuando la fase esencial del juicio no empezó; sin embargo alega, que en apelación restringida se hizo conocer que el juicio fue interrumpido por más de seis meses, cuando lo que debió hacerse era reservarse el derecho de interponer apelación incidental para hacerlo conjuntamente a la apelación restringida y que además, en la tramitación del propio juicio oral, existieron interrupciones y suspensiones sobre las cuales no se pronunciaron, más bien dijeron que no existieron, sin analizar correctamente las cuestiones planteadas.

2. En apelación restringida se denunció errónea aplicación de la ley sustantiva en cuanto concierne a la norma específica que tipifica la conducta de la falsedad material, ya que en toda la fundamentación de la Sentencia sólo se menciona que la imputada estaría en posesión de documentos falsos, empero, el artículo 198 del Código Penal establece que incurre en tal delito el que forjare en todo o en parte un documento público falso o altere uno verdadero de modo que pueda causar perjuicio; situación que, en ningún momento se demostró, es más, los de Alzada presumen que la imputada por el hecho de que supuestamente estuvo en posesión de documentos falsos, presumieron que fue ella quien elaboró tales documentos, vulnerando el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal, que prohíbe la presunción de culpabilidad y garantiza la presunción de inocencia.  Asimismo, la recurrente añade que, conforme lo mencionó en juicio esos documentos fueron entregados a ella por una tercera persona; por lo que, no se comprobó con prueba plena que el accionar de la imputada incurre en delito de falsedad material, lo que implica que debió aplicarse el principio in dubio pro reo.

3. En apelación restringida hizo conocer que se solicitó introducción de prueba extraordinaria, consistente en el Informe de Allanamiento y Secuestro de elementos de convicción elaborados por el Ministerio Público en las oficinas de Julio Estévez, que contenía actas de secuestro de documentos, CPU´s y otros elementos, prueba que era fundamental y favorable a la imputada, que se había obtenido ilícitamente durante las investigaciones y el Fiscal no se opuso en el juicio a su introducción; sin embargo, el Tribunal de Sentencia, de oficio ultra petita rechazó tal introducción de prueba extraordinaria, sin previo trámite de exclusión probatoria.  Extremos atendidos por los de Alzada mediante una fundamentación inconsistente, al rechazar tal reclamo con el argumento de que la imputada no se refiere principalmente a qué elementos secuestrados o documentación se refiere, ni se acredita la necesidad de producir la pretendida prueba extraordinaria exigida por el artículo 335 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal, desconociendo el artículo 171 del referido cuerpo adjetivo penal; por lo que, la recurrente acusa que “el auto de vista impugnado realiza una debida fundamentación.”.       

4. En apelación restringida se denunció defecto procesal por vulneración de los artículos 5, 8, 209 y 210 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que se solicitó exclusión probatoria del Dictamen Pericial del Ministerio Público, porque en la obtención del mismo se vulneró el derecho a la defensa, desconociendo e incumpliendo totalmente el art. 209 del Código de Procedimiento Penal, porque en cuanto se tramitó dicho dictamen, pese a que había requerido se tomen las huellas dactilares, no se condujo a la imputada a la prueba pericial, realizándola sólo el Ministerio Público, sin su presencia, toda vez que la misma se encontraba recluida en el Penal de Obrajes, ni siquiera se le hizo conocer tal dictamen, creando defectos absolutos que deben ser subsanados aún de oficio.  Asimismo, la recurrente alega que solicitó por tres veces consecutivas se le realice un estudio grafotécnico de comparación de rasgos dactilares, a fin de que se demuestre que su persona no fraguó documento alguno, aspecto denegado por el Ministerio Público y siendo de conocimiento del Tribunal de Sentencia, no lo reparó, causándole indefensión en el juicio.

       Concluye, mencionando que todas las cuestiones expuestas no fueron fundamentadas por los de Alzada, careciendo de fundamentación el Auto de Vista recurrido; por lo que, amparado en los artículos 416 y siguientes del Código de Procedimiento Penal solicita se declare admisible su recurso y se deje sin efecto la resolución impugnada.

CONSIDERANDO III: (Verificación  de la existencia de contradicción con los precedentes invocados en el recurso)

Conforme al Auto admisorio corresponde en esta fase, efectuar el pronunciamiento conforme a los límites y alcances establecidos en dicho Auto Supremo, por lo que el análisis se circunscribirá a la verificación de contradicción  con los Autos Supremos Nros. 37 de 27 de enero de 2007 y 45 de 14 de marzo de 2012 a efecto de verificar la presunta falta de fundamentación de  la resolución impugnada.

En lo que respecta al recurso de Casación es preciso manifestar, que el objeto del mismo, es el de uniformar jurisprudencia, desplegando esa labor de unificación de criterios, con la finalidad de otorgar la seguridad jurídica a las partes en pro al derecho a la igualdad, por eso la obligatoriedad de invocar los precedentes contradictorios al Auto de Vista, los que deben ser similares en cuanto al hecho resuelto; vale decir, que en lo fáctico, histórico y legal deben concurrir elementos comunes que los cataloguen como similares, para así poder establecer si en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se le asigna al Auto de Vista impugnado no coincide con el o los precedentes, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance, por otra parte el párrafo segundo del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal establece que existe contradicción cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; bajo esos parámetros señalados, del estudio y análisis exhaustivo del proceso es menester referir lo siguiente:

En el Auto Supremo Nro. 45 de 14 de marzo de 2012  el Tribunal Supremo de Justicia al verificar que el Tribunal de Alzada motivó el Auto de Vista con fundamentación evasiva estableció doctrina legal señalando en lo más sobresaliente que “ todo Auto de Vista debe ser debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida; asimismo es preciso dejar sentado de que toda fundamentación debe circunscribirse a absolver de manera puntual y objetiva el fondo de la denuncia o denuncias realizadas, sin que la argumentación vertida sea evasiva, incongruente o haga alusión a aspectos distintos a los denunciados, toda vez que esta circunstancia deja en estado de indeterminación e incertidumbre a las partes, al no haberse absuelto de manera efectiva sus acusaciones. En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, no siendo suficiente acudir a fundamentos o argumentaciones evasivas, sin que se absuelvan expresamente los cuestionamientos deducidos por el o los procesados, aspecto que deriva en un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal constituyendo un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales" (sic); dada la jurisprudencia y doctrina legal citada, se procedió a la revisión de antecedentes, advirtiéndose que el precedente invocado como contradictorio no es similar al caso de autos; toda vez, que se constata que la fundamentación  del Auto de Vista no es evasivo ni contradictorio, puesto que el Tribunal de Apelación cumplió con las exigencias de la fundamentación previstas en el art. 124 del Código de Procedimiento Penal, ya que la resolución que emitió se encuentra  adecuadamente motivada y en congruencia a los agravios denunciados, permitiendo conocer el razonamiento que desarrollaron los Vocales en total orden y coherencia a la fundamentación de lo denunciado por la apelante, no siendo evidente que la motivación sea insuficiente como se alega, pues no debe entenderse por adecuada fundamentación o motivación, la extensión de exposición de motivos, sino el pronunciamiento expreso sobre el hecho en base al cual se asume una decisión, pronunciamiento que en el caso de autos se encuentra acorde a la motivación realizada en la apelación restringida, pues de la revisión de la misma se advierte que las denuncias efectuadas fueron formuladas de manera general, cuando la recurrente debió exponer con claridad y precisión los fundamentos jurídicos que sustentan su impugnación, identificando uno a uno los principios y criterios que fueron desconocidos o vulnerados así como la lesión  de sus derechos, sin embargo no se advierte la existencia de fundamentación  especialmente en lo que concierne a la denuncia referente a la vulneración del principio de continuidad, puesto que sólo se limitó a señalar que “después de la apertura del juicio oral, formalmente el 19 de enero de 2011 el caso concluyó el 13 de diciembre de 2011 después de varias interrupciones del juicio, sin embargo no hace mención a cuantas veces fue suspendido, en que fechas y  por  cuanto tiempo, haciendo sólo énfasis que la dilación es de  responsabilidad de la querellante, que en forma reiterada interpuso recursos dilatorios mereciendo apelación incidental que dio lugar a que el juicio oral fuera suspendido seis meses”, acusación que así denunciada fue resuelta por el Tribunal de Alzada de manera adecuada haciendo mención que dicha suspensión se encuentra  acreditada por la concesión del recurso de apelación en el efecto suspensivo,  aclarando también que la apelante no concretó si existieron otras interrupciones, aspecto que debió ser señalado expresamente. Asimismo en lo que concierne a la denuncia de defectuosa valoración de la prueba, la recurrente debió también fundamentar y especificar cuáles de las reglas de la sana crítica fueron erróneamente aplicadas (las de la lógica, las de la psicología o las de la experiencia), puesto que al no contarse con estas descripciones, no permite al Tribunal ingresar en un análisis mayor de la crítica formulada a la Sentencia.

En lo que respecta a la denuncia de inobservancia del artículo 335 del  Código de Procedimiento Penal  el Tribunal de Apelación actuó correctamente al señalar que no se indicaron cuáles son los elementos secuestrados que debían producirse como prueba extraordinaria. De lo señalado se concluye que las denuncias formuladas por la apelante sin una debida fundamentación resultaron absolutamente insuficientes y meramente enunciativas, pues el recurrente realizó de manera impropia una argumentación general; por lo que la fundamentación efectuada en el Auto de Vista se encuentra debidamente motivada en congruencia a las denuncias efectuadas, en ese entendido se tiene que el  precedente invocado no contradice al caso de autos.

En lo que concierne al Auto Supremo Nro 37 de 27 de enero de 2007 invocado como precedente, cabe señalar que el mismo fue modulado por Auto Supremo Nro. 93 de 24 de marzo de 2011 y ratificado por  Auto Supremo Nro. 179 de 16 de julio de 2012, por lo que no existe contradicción entre el Auto de Vista impugnado y la resolución citada, en virtud a que los razonamientos expresados en el Auto Supremo Nro. 37/2007 de 27 de enero fueron modulados, obedeciendo a las circunstancias actuales por los que atraviesa el sistema procesal penal; además es preciso volver a traer a colación que la formulación de esta acusación fue inconsistente obviando precisar cuáles fueron las fechas de las audiencias suspendidas injustificadamente y fuera del plazo establecido por el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal, y cual la afectación al principio de inmediación, por lo que el Tribunal de Alzada resolvió  la apelación restringida en base a las denuncias del apelante, sustentadas en la suspensión de la audiencia por la interposición del recurso de apelación incidental.

Que por lo expuesto anteriormente y efectuado el análisis respectivo, se concluye que no existe contradicción entre el Auto de Vista impugnado con los precedentes invocados en los términos exigidos por el artículo 416 y la segunda parte del artículo 419 de la Ley 1970, por lo que corresponde declarar infundado el recurso.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Vilma Cristina Guzmán Villarroel (fs. 675 a 677), impugnando el Auto de Vista Nro. 58/2012 emitido el 14 de septiembre de 2012 por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 656 a 662), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y la acusadora particular Leonor Chávez Díaz contra la recurrente por comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y agravación en caso de víctimas múltiples, previstos y sancionados por los artículos 198, 199, 203 y 346 bis del Código Penal.

       Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

                   Jorge Isaac Von Borries Mendez.

ANTE MÍ.    Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.