SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 367/2012

Sucre, 5 de diciembre de 2012

EXPEDIENTE: Cochabamba 216/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Oscar De La Zerda Santiesteban contra Maria Nelly Ontiveros Chavarria, Rolando Rojas Torrico, René Oscar Uriarte La Torre.

DELITO: daño calificado.

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

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VISTOS: El recurso de casación y nulidad interpuesto, por los procesados Maria Nelly Ontiveros Chavarria y Rolando Rojas Torrico (fs. 1163 a 1171) impugnando el Auto de Vista emitido el 30 de julio de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 1154 a 1156), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Oscar De la Zerda Santisteban contra Rene Oscar Uriarte La Torre y los recurrente, por el delito de daño calificado previsto y sancionado por el art. 358 inc. 2) del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que el recurso de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Celebrado el plenario de la causa, el Juez de Partido Sexto en lo penal liquidador de Cochabamba pronunció Sentencia en fecha 9 de octubre del año 2003 (fs. 806 a 811), declarando a los procesados Maria Nelly Ontiveros Chavarria y Rolando Rojas Torrico autores de la comisión del delito de daño calificado previsto y sancionado por el art. 358 inc. 2) del Código Penal, condenándolos a cumplir cuatro años de reclusión en la Cárcel de San Sebastián Varones y Mujeres, con costas a favor del Estado y la parte civil, así como el pago de daños civiles averiguables en ejecución de Sentencia, por otra parte declaró a Rene Oscar Uriarte La Torre absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de daño calificado.

Contra la mencionada Sentencia, formularon recurso de apelación los procesados Maria Nelly Ontiveros Chavarria y Rolando Rojas Torrico (fs. 1026 a 1033), apelación que fue resuelta por Auto de Vista de 28 de mayo de 2008 (fs.1063 a 1070) pronunciado por la Sala Penal Segunda del ahora Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que confirmó la Sentencia apelada y revocó en parte en cuanto al imputado Rene Oscar Uriarte La Torre declarándolo autor del delito de daño calificado previsto y sancionado por el art. 358 inc. 2) del Código Penal condenándolo a la pena de cuatro años de reclusión en el Recinto Penitenciario de San Sebastián Varones, resolución que fue recurrida en casación por los procesados Rene Oscar Uriarte La Torre (fs. 1076 a 1084) Maria Nelly Ontiveros y Rolando Rojas Torrico (fs.1089 a 1099). Disponiendo la Vista Fiscal a fs. 1103, el Ministerio Público requirió la anulación de obrados con reposición hasta fs. 1085, resolviéndose los recursos por la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo Nro. 085/2012 de 24 de mayo de 2012 ( fs. 1139 a 1141), por el cual se anuló obrados hasta fojas 1065 inclusive, hasta que se dicte nuevo Auto de Vista. En cumplimiento del merituado Auto Supremo la Sala Penal Segunda pronunció Auto de Vista de 30 de julio de 2012 (fs. 1154 a 1156) confirmando la Sentencia de 9 de octubre de 2003.

Los procesados Maria Nelly Ontiveros y Rolando Rojas Torrico notificados con el mencionado Auto de Vista a horas 08:42 del 17 de septiembre de 2012 conforme a la diligencia de fs. 1157, formularon recurso de casación y nulidad motivo de autos (fs. 1163 a 1171) a horas 08:25 del 27 de septiembre del mismo año, en el que exponen los siguientes motivos:

a) Causales de Nulidad.- Señalan los recurrentes que la Sala Penal Segunda en el Auto de Vista de 30 de julio de 2012, vulneró el principio de valoración de la prueba y presunción de inocencia pues bajo el imperio de este principio la valoración que haga el Tribunal de Sentencia de las pruebas que se le presentan debe estar condicionada por una visión desprejuiciada del hecho y del comisor lo cual no se logra, sino por imposiciones colocadas en el ordenamiento en forma de garantías, que obligan al juzgador a que se demuestre la existencia del delito mas allá de la presencia de simples indicios, pruebas circunstanciales e incluso de la misma confesión de hecho por parte del denunciado, asimismo se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad por lo que corresponde la nulidad del Auto de Vista haciendo mención al Auto Supremo Nro 227.

a.1.- Sostienen los recurrentes que no existe fundamentación adecuada de la Sentencia vulnerándose el art. 242 incs. 2), 3), 4) y 5) del antiguo Código de Procedimiento Penal que expresamente señalan la importancia de la obligación de la fundamentación, pues necesariamente debe referirse a los motivos del hecho, la razón del derecho sobre la que esta basando la decisión y el valor otorgado a los medios de prueba; en cuanto al inc. 2) del art. 242 señala que el juez no realizó una fundamentación fáctica de forma clara, precisa y circunstanciada del hecho histórico que se cree acreditado pues no se precisó cuál es el grado de participación o comportamiento en las circunstancias del hecho, no habiéndose individualizado la conducta de manera concreta, con referencia al inc. 3) del mencionado artículo señala que es lógico que la resolución debe contener la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probadas, fueren favorables o desfavorables al imputado observando la norma general del art. 135 de la D.L. 10426 y en lo que respecta al inc. 4) señaló que el Auto de Vista no valoró adecuadamente los elementos de prueba incorporados a la etapa de la instrucción y el plenario, recayendo en insuficiencia de prueba, pues si bien se demuestra que estuvieron en el lugar de los hechos no se llegó a demostrar de manera plena la intervención y supuesta participación delictiva de cada uno de los imputados, vulnerándose el debido proceso.

a.2.- La incorrecta e inadecuada valoración de la prueba en el Auto de Vista, toda vez que el Tribunal de Alzada no realizó ninguna fundamentación pues se limitó a una relación de actuados procesales ya que no explican ni fundamentan cuál ha sido la conducta realizada por cada uno de los imputados, describiendo a su vez los elementos constitutivos del tipo y cuál de las pruebas le permite al Tribunal de Casación, fuera de la duda razonable, condenar a los imputados por el delito de daño calificado, asimismo la Sala Penal no realizó ninguna apreciación respecto a la labor valorativa de las pruebas efectuadas por el Tribunal inferior y consiguientemente no fundamentan que pruebas adquieren mayor relevancia o credibilidad, por otra parte denuncia que los de Alzada no respondieron a los puntos impugnados en la apelación restringida y al no existir plena prueba en su contra el Tribunal lo que hace es describir de forma parcializada parte de las declaraciones de los imputados para, de manera forzada justificar la existencia de una Sentencia condenatoria, sobre este punto señaló el art. 85 del Código de Procedimiento Penal.

b) En lo que respecta a las causales de la casación acusa la infracción directa relativa a la violación de leyes sustantivas por no haberse aplicado correctamente sus preceptos en cuanto a la errónea aplicación del artículo 358 inc. 2) del Código Penal; manifestando que el tipo penal de daño calificado reconoce dos modalidades, en la primera se establece los elementos constitutivos del tipo 1) cuando se cometiere en despoblado y en banda o cuadrilla, 2.- con violencia en las personas o amenazas graves. El objeto material del delito es una cosa mueble o inmueble ajena, pero además es un delito de tipo doloso; de la revisión de la propia denuncia y de los actuados procesales se puede observar que la parte acusadora hizo una relación de hechos sin precisar a cuál de las dos modalidades del art. 358 hace referencia y además reconoce la participación en el supuesto hecho de más de 80 personas y dicha relación fáctica no individualizó a los procesados y menos realizó la subsunción de los supuestos hechos al derecho, existen inconsistencias pues el precepto legal del num. 2 del art. 358 del Código Penal establece que el hecho delictivo se haya cometido en lugar despoblado, sin embargo la urbanización Karkas se encuentra en una zona comprendida en el radio urbano y completamente poblada, con relación a los otros elementos constitutivos como ser la violencia en las personas o amenazas graves durante el desarrollo del proceso no se ha demostrado estos aspectos, es más no se mencionó ni siquiera en la Sentencia mucho menos en el Auto de Vista recurrido, concluyéndose que la parte acusadora no ha demostrado la concurrencia de los elementos constitutivos del tipo penal. Hace referencia a la doctrina legal contenida en los Autos Supremos Nros. 221 de 7 de junio de 2006 y 67 de 27 de enero de 2006 señalando que cualquier calificación errónea de la conducta del imputado en el marco descriptivo de la ley penal constituye defecto absoluto, porque vulnera la garantía al debido proceso, trastoca el principio de legalidad y desconoce el elemento de la tipicidad, asimismo refiere que la ausencia de cualquier elemento constitutivo del delito importa la absolución por no haber acreditado la existencia del delito en todos sus elementos, pues para que un hecho sea considerado delito debe concurrir todos y cada uno de los elementos como la conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad.

En el elemento conducta con relación a Nelly Ontiveros se tiene que únicamente se limitó a la contratación de una maquinaria por orden del Presidente de la Cooperativa para la realización de trabajos de limpieza, en lo que respecta a Rolando Rojas, sólo se encontraba de espectador y observó la limpieza de escombros sin ver el derribo de árboles y muros; sobre la culpabilidad manifiesta que nunca existió la intencionalidad de causar un resultado típico con conocimiento y conciencia, no teniendo nunca la intención de cometer el delito de daño calificado deliberado, intencionalmente es decir que no concurre el elemento del dolo; en lo que concierne a la antijuricidad esta no concurre, pues existe el aspecto negativo, por el ejercicio de un derecho, cargo, oficio, cumplimiento de un deber en el que se encontraban los imputados, en acatamiento a lo ordenado por una norma, en este caso se ha demostrado que la realización de trabajos de limpieza fue resuelta en una asamblea de socios en el cual la Sra. contadora recibió una orden directa y de forma expresa para la contratación de maquinaria.

b.1.- Denuncia infracción directa y violación a las leyes sustantivas de los arts. 20, 37, 38, 40,13,13 quarter, 14,15 del Código Penal manifestando que no existe prueba de la participación y culpabilidad para determinar la responsabilidad de los denunciados, que en el tema de culpabilidad la defensa aportó al proceso importantes elementos tácticos y jurídicos que el Tribunal inferior los ha descartado sin explicación razonable y plausible, al extremo de violar principio básicos del sistema penal, es tan obvia la falta de debida motivación de la Sentencia por incorrecta aplicación de la ley penal material y defectuosa valoración de la prueba, que el Juez de Partido en lo penal liquidador no refiere cuál es el elemento de convicción con relación al animus delicti, dolo específico del daño calificado y resulta tan claro que la Sentencia y el Auto de Vista no están debidamente fundamentados.

Que incurrió en errónea interpretación y aplicación de las reglas de la culpabilidad, pues el Tribunal inferior señala como únicas normas del Código Penal las contenidas en los arts. 37, 38, 40 y 358 inc. 2) lo que demuestra que no ha generado fundamentos relativos a la culpabilidad y antijuricidad arts. 13, 13 quarter, 14 y 15 del Código Penal omisión de citar y fundamentar obligatoriamente las normas que hacen al conjunto de elementos constitutivos, respecto a la incorrecta aplicación del derecho que genera una condición de nulidad de la Sentencia. Que el Auto de Vista no consideró ni fundamentó cuál fue el grado y forma de participación en el hecho denunciado al tratarse de varios imputados, pues es importante individualizar cada caso de acuerdo a la teoría del dominio del hecho y el correspondiente juicio de reproche, el mismo que resulta ser uno de los elementos de la culpabilidad que es componente esencial del delito, ya que es el objeto de prueba en materia penal por lo tanto es objeto del debate del juicio oral, generando la obligación en el órgano judicial de fundamentar su existencia para sostener una convicción de la condena, ya que no basta que la acción sea típicamente antijurídica para agotar la teoría del delito, sino que esta ha de ser culpable. Que la prueba ha sido erróneamente valorada existiendo inobservancia del art. 13 pues el juzgador esta obligado a analizar la conducta del imputado para imponer una condena, extremo que no acontece, demostrando una mala aplicación de las reglas de valoración de la prueba e incurriendo en violación de las reglas contenida en el art. 13 del Código Penal.

c) Acusa que no existe plena prueba con relación a Nelly Ontiveros, quien únicamente se limitó a la contratación de una maquinaria por orden del Presidente de la Cooperativa Sr. Cesar Frias orden que fue cumplida en su condición de empleada de la planta administrativa del Consejo de Administración y Vigilancia de la Cooperativa, con relación a Rolando Rojas solo se encontraba como espectador y observó únicamente la limpieza de escombros, sin embargo no se aplicó lo establecido por el art. 135 del Código de Procedimiento Penal incumpliéndose con las reglas de la sana crítica para la valoración de la prueba que da lugar a la mala aplicación de la ley y las reglas propias de la lógica, las máximas de la experiencia y hasta el sentido común, asimismo refiere que el inmueble en cuestionamiento es de propiedad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para la vivienda Alalay Ltda., derecho propietario que ha sido plenamente consolidado a su favor a través de fallos definitivos e incuestionables en todas sus instancias, lo que demuestra que nunca existió delito alguno.

d) Que el derecho propietario y la condición definitiva de los terrenos se encuentra a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para la vivienda comunal Alalay Ltda. conforme la Sentencia de mejor derecho propietario de fecha 20 de septiembre de 1994 que es confirmado por Auto de Vista de 19 de agosto de 1997 aprobado por la Honorable Alcaldía Municipal del Cercado, lo que determina que la conducta antijurídica no se encuentra en el tipo de delito establecido a través de la querella, sino más bien se ha ejecutado el mandamiento de desapoderamiento en cumplimiento a ordenes judiciales de autoridad competente.

Concluyen pidiendo que se Case la resolución recurrida por existir evidente violación a las leyes sustantivas, pronunciando el correspondiente fallo, en su caso anule obrados hasta el vicio más antiguo, al haberse acreditado las causales previstas en el art. 297 del Código Adjetivo en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 307 incs. 3) y 4) del mismo compilado legal.

Dispuesta la Vista Fiscal por proveído de 22 de octubre de 2012 (fs. 1189), el Fiscal General de la República, a través del requerimiento de fs. 1192 a 1198 solicitó se declare infundado el recurso por no ser evidente la violación de las leyes acusadas.

CONSIDERANDO:Que a efectos del análisis del recurso debe recordarse con carácter previo que, conforme al mandato de los arts. 297 y 298 del Código de Procedimiento Penal, taxativamente son diez las causales de nulidad y cuatro las de casación. En ese marco, por previsión del art. 301 del Código de Procedimiento Penal aprobado por Decreto Ley Nro. 10426 de 23 de agosto de 1972, aplicable al caso, el recurso en examen debe contener la especificación de los motivos con cita de la ley o leyes procesales cuya inobservancia se impugne, o de las leyes sustantivas o de fondo cuya violación se acuse, indicando igualmente en qué consiste el quebrantamiento de las primeras y la violación de las segundas. En concordancia, el art. 307 del mismo cuerpo de leyes establece que el recurso será declarado improcedente por falta de los requisitos señalados en el art. 301 ya referido y por la presentación extemporánea, por su parte el art. 303 del citado Código impone el término de diez días para su interposición, el mismo que corre de momento a momento desde el día de la notificación a la parte interesada con el Auto de Vista.

No puede dejar de mencionarse que, conforme a criterio ya consolidado, este Tribunal Supremo de Justicia, a partir del mandato contenido en el art. 308 del Código de Procedimiento Penal, en la regulación de la actividad procesal defectuosa sostiene que, las formalidades procesales precautelan los derechos y garantías constitucionales de las partes y, en consecuencia, no se puede decretar la nulidad sino cuando esté formalmente prevista por ley y el defecto cause agravio a la parte que la solicita.

Determinado el marco legal y analizado el recurso de autos, se debe hacer notar que el recurso interpuesto acusa infracción de normas procesales, y debido a que es necesario establecer la diferencia entre las causales de nulidad, establecidas en los arts. 297 y de casación previstas por el art. 298 el Código de Procedimiento Penal de 1972, porque por una parte se encuentran las violaciones a las formas procesales y por otra la violación de la ley sustantiva.

Ahora bien, tomando en cuenta que la recurrente interpuso ambos recursos, se debe considerar en primera instancia la denuncia de nulidad referente a que no existe fundamentación adecuada de la Sentencia, aspecto que vulneraría los incs. 2), 3), 4) y 5) del artículo 242 del Código de Procedimiento Penal en los que expresamente se señala la importancia de la obligación de la fundamentación; esta denuncia para ser considerada tendría que corresponder a violaciones de las normas procesales que están prescritas bajo pena de nulidad, conforme establece el art. 296 del mismo Código; por lo que para su consideración se procederá a verificar si el recurrente alega la normativa prescrita bajo pena de nulidad; una vez revisada la norma contrastada con el recurso que nos ocupa se puede evidenciar que la denuncia efectuada se refiere a las reglas y contenido de la Sentencia las mismas que están prescritas bajo pena de nulidad en el artículo 242 del Código de Procedimiento Penal que taxativamente señala^: "la Sentencia se pronunciará en audiencia pública bajo pena de nulidad y contendrá: 1) mención del juicio los nombres de los que en el intervienen y el delito que motiva el juzgamiento, 2) una breve exposición de los hechos que dieron origen a la formación de la causa con indicación de los cargos formulados contra el encausado de la defensa y sus fundamentos, 3) la interpretación y apreciación de los hechos que consideren probados en contra o a favor del encausado, o los que este alegara en su descargo ya para negar su participación, ya para eximirse de la responsabilidad o para atenuar esta, con los fundamentos legales respectivos, 4) la participación de los que hubieren intervenido en la ejecución del hecho punible, mencionando las pruebas pertinentes, 5) la calificación del delito con las leyes penales sustantivas, 6) la fijación de la pena según mayor o menor gravedad del hecho, la personalidad del autor y las circunstancias y consecuencias del delito de acuerdo las previsiones del Código Penal, 7) la imposición de las medidas de seguridad en el caso de ser procedente, 8) la indicación del establecimiento penitenciario donde el encausado debe cumplir su condena, 9) la imposición de costas y responsabilidad civil si hubiere lugar a ello y 10) la expresión del lugar, día y hora que se pronuncia la Sentencia"; de los 10 numerales respecto al contenido de la Sentencia el recurrente acusa la infracción de los incs. 2), 3), 4) y 5) haciendo referencia a que el juez no realizó una fundamentación fáctica de forma clara, precisa y circunstanciada del hecho, que la Sentencia no contiene la exposición lógica, clara y completa de los hechos y circunstancias que se dieron por probadas fueren ellos favorables o desfavorables al imputado, asimismo no precisó el grado de participación de los imputados individualizando la conducta de manera concreta, discriminando y diferenciando el reiterativo grado de participación. Al respecto, de la revisión de los antecedentes venidos en casación y específicamente de la Sentencia de 9 de octubre de 2003 se constata que en lo que respecta a la denuncia de vulneración de los incs. 2) y 3) del art. 242 del Código de Procedimiento Penal, estas no son evidentes; toda vez, que el juez de mérito realiza en un principio una breve exposición de los hechos que dieron formación a la causa indicando además los cargos formulados contra los encausados por el delito de daño calificado, previsto y sancionado por el art. 358 inc. 2) del Código Penal, así se desprende del Considerando I de la Sentencia, por otra parte efectúa una apreciación de los hechos que alegaron los encausados en su descargo para negar su participación y eximirse de la responsabilidad, haciendo referencia también a que se valoró prueba conforme a las reglas de la sana crítica en armonía con lo previsto por el art. 135 del Código de Procedimiento Penal, apreciando e interpretando los hechos probados en contra o a favor de los encausados; aspectos que se encuentran en los fundamentos insertos en los numerales 3 y 4 del Considerando III del Fallo, por lo que estas acusaciones resultan ser ilusorias.

En lo que respecta a la vulneración del inc. 4) del art. 242 del Código de Procedimiento Penal se advierte que esta acusación si tiene sustento y es evidente; toda vez, que en la Sentencia no se advierte la existencia de fundamentación respecto a la participación de los procesados en la ejecución del hecho, ya que no se precisó cuál fue la conducta o el comportamiento de cada uno de los imputados de manera concreta e individualizada, pues si bien se mencionó que estuvieron en el lugar de los hechos no se describió su intervención delictiva, limitándose el Fallo a señalar: "que los elementos aportados apuntan a la autoría de los procesados Maria Nelly Ontiveros Chavarria y Rolando Rojas Torrico y que las declaraciones confesorias apuntan con claridad al igual que las declaraciones testifícales de cargo y descargo, que manifiestan que estuvieron presentes en el lugar de los hechos con el tumulto de socios y sus parientes que llegaron a una cantidad de 400 a 500 individuos, utilizando picotas, palas, derribaron los muros en el predio correspondiente a la Urbanización Ballivián", fundamentos insuficientes que infringen el debido proceso, toda vez que ante la coexistencia de co procesados, resulta primordial la individualización de los hechos para cada uno de ellos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado, tal como lo establece la jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Nros. 222/2001 y 1371/2002, exigencias que no han sido cumplidas por el juzgador, verificándose la infracción del art. 85 del Código de Procedimiento Penal, por tanto la Sentencia no cumple con los requisitos de contenido establecido en el inc 4) del art. 242 del Código señalado; por otra parte es preciso manifestar que este Tribunal, con la facultad conferida por el segundo párrafo del art. 308 del antiguo Código de Procedimiento Penal, de oficio advierte que en la Sentencia tampoco se dio cumplimiento a lo previsto por el inc. 6) del art. 242 del Código de Procedimiento Penal de 1972 ; toda vez, que el juzgador no realizó una debida fundamentación en lo que respecta a la fijación de la pena según la mayor o menor gravedad del hecho, asimismo no describió la personalidad de los autores ni las circunstancias y consecuencias del delito, puesto que sólo se limitó a señalar: "que la base de la imposición de la pena se sustenta en los antecedentes y la apreciación subjetiva de las personalidades de los imputados", omisiones que acarrean la nulidad de la resolución.

Por lo expuesto, siendo evidente la infracción de las leyes procedimentales ya referidas, relativas a las reglas y contenido de la Sentencia, corresponde a este Tribunal dar aplicación a lo establecido por el art. 307 inc. 4) del Código de Procedimiento Penal de 1972 por ser manifiesta la causal de nulidad contenida en el art. 297 inc. 7) del Código de Procedimiento Penal de 1972. En cuanto a la Casación solicitada es preciso manifestar que por la forma de la presente resolución que implica nulidad de actuaciones, no corresponde ingresar al examen de fondo de la casación.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en desacuerdo con el requerimiento fiscal (fs. 1192 a 1200) y de conformidad a la atribución conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 307 inc. 4) del Código de Procedimiento Penal de 1972, ANULA OBRADOS hasta fs. 806 inclusive, debiendo por Secretaría de Sala, devolver el expediente a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba para que remita de manera inmediata al Juez de Partido en lo Penal liquidador de la ciudad de Cochabamba a fin de que haga efectiva la subsanación y pronuncie Sentencia conforme a las reglas establecidas en el art. 242 del Código de Procedimiento Penal de 1972; con responsabilidad al Juez de Partido Penal Liquidador y Vocales signatarios, de la Sentencia de fojas 806 a 811 y Auto de Vista de fojas 1154 a 1156, respectivamente.

En atención al fallo emitido, cumpliendo lo dispuesto por el art. 17 parágrafo IV, remítase copias legalizadas del presente Auto Supremo y partes pertinentes del citado proceso ante el Régimen Disciplinario del Consejo de la Magistratura.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

Jorge Isaac Von Borries Mendez.

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.

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