SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 362/2012

Sucre, 4 de diciembre de 2012

EXPEDIENTE: Santa Cruz 254/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Juan Mamani Mamani contra Luis Alfredo Vaca Jiménez.

DELITO: violación de niño, niña o adolescente con agravantes.

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Luis Alfredo Vaca Jiménez (fs. 278 a 279), impugnando el Auto de Vista emitido el 23 de mayo de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 271 a 274), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y el denunciante Juan Mamani Mamani contra el recurrente con imputación por comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente con agravante, previsto en los arts. 308 bis y 310 inc. 2) del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que el recurso de casación tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Sustanciado el mencionado proceso, el Tribunal de Sentencia Nro. 2 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que conoció esa causa, pronunció Sentencia Nro. 10/2011 de fecha 14 de marzo de 2011 (fs. 249 a 252), declarando al imputado Luis Alfredo Vaca Jiménez autor y culpable de la comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente, previsto y sancionado en el art. 308 bis con la agravante establecida en el art. 310 inc. 2) del Código Penal, condenándole a cumplir la pena privativa de libertad de 20 años de presidio sin derecho a indulto, en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz (Cárcel Pública de Palmasola), con costas a calificarse en ejecución de sentencia.

Contra la citada Sentencia el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs. 257), resuelto por Auto de Vista de fecha 23 de mayo de 2012 (fs. 271 a 274), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que lo declaró admisible e improcedente.

Con el Auto de Vista referido, Luis Alfredo Vaca Jiménez fue notificado en su domicilio procesal el 17 de agosto de 2012 (fs. 275) formulando el recurso de casación, el 22 de agosto de 2012 (fs. 278 a 279), que es caso de autos, con los siguientes motivos:

1) Que el Tribunal de Alzada no se manifestó sobre las observaciones realizadas a la Sentencia, habiendo señalado la violación del art. 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal ya que la Sentencia se sustentó en hechos que nunca existieron y no fueron demostrados en el juicio oral y público, vulnerando los artículos 169 inc. 3) y 172 de la referida ley adjetiva penal, el principio de legalidad, inmediación, congruencia, seguridad jurídica y la garantía constitucional del debido proceso al no haberse cumplido con las formalidades del anticipo jurisdiccional de prueba para que en audiencia sean incorporadas por su lectura, aduciendo el sistema acusatorio como indican las Sentencias Constitucionales Nros. 0406/2007-R, 0103/2004-R, entre otras. Asimismo, señala que el Tribunal de Alzada no realizó ninguna diferencia entre indicio, evidencia y pruebas.

2) Acusa la falta de motivación y fundamentación del Auto de Vista ya que sólo toma en cuenta pruebas subjetivas y supuestos, vulnerando el derecho constitucional al debido proceso, seguridad jurídica, dejándole en indefensión, el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal y la Sentencia Constitucional Nro. 0221/2007-R de 2 de abril.

3) Que la imposición de multa, costas y gastos en Sentencia, ratificado en auto, es ilegal, de conformidad a los arts. 3 inc. 8) de la Ley Nro. 025, 5 de la Ley Nro. 2496 y 108 de la Ley Nro. 1970

Concluye solicitando que se conceda el recurso ante el Excelentísimo Tribunal Supremo de Justicia para que se deje sin efecto la Sentencia y en el Auto de Vista se anule obrados, de conformidad al art. 15 de la Ley de Organización Judicial, o en su defecto se case el Auto de Vista declarando su absolución.

CONSIDERANDO: Que para la admisibilidad del recurso de casación, se debe cumplir con las condiciones formales previstas en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, las cuales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las demás Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, demostrando previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese interpuesto dicho recurso contra la Sentencia por causar agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente; a menos que la sentencia fuera inicialmente favorable a la parte y el agravio hubiere surgido en apelación al dictarse el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

El artículo 417 del citado adjetivo penal concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos, determinará la declaración de inadmisibilidad.

CONSIDERANDO: Que respecto al plazo de interposición, de la revisión de antecedentes procesales se constata que el recurso de casación en examen fue interpuesto por el recurrente dentro del término de cinco días establecido en el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal y adjuntó copia del recurso de apelación restringida, siendo éste el único medio de prueba permitido.

En cuanto a los demás requisitos, debe recordarse que el ejercicio del derecho al recurso de casación está sujeto al cumplimiento de exigencias previstas en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, dado que el motivo que lo torna procedente es que el Auto de Vista impugnado sea contrario a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales o el Tribunal Supremo, situación a partir de la cuál el Tribunal de Casación dirime las interpretaciones disímiles en busca de la unificación de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas; a ese efecto, resulta determinante para su admisibilidad o inadmisibilidad el cumplimiento de la invocación del precedente y el contenido del recurso; sin perjuicio de indicar que la revisión excepcional procede cuando existen violaciones flagrantes al debido proceso y defectos absolutos de procedimiento insubsanables o de la sentencia, conforme determinan los arts. 169 y 370 del Código de Procedimiento Penal.

En el caso, con referencia a los puntos uno y dos de su denuncia, relativo a que el Tribunal de Alzada no se manifestó sobre las observaciones realizadas a la Sentencia, acusando la violación del art. 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal, además de no haber realizado diferencia entre indicio, evidencia y prueba y la falta de motivación y fundamentación del Auto de Vista, el recurrente Luis Alfredo Vaca Jiménez no sólo omite la invocación del precedente contradictorio, puesto que señala Sentencias Constitucionales las que no constituyen precedentes contradictorios por no estar contempladas dentro de los alcances de los arts. 416 y 417 de la Ley Nro. 1970, sino que tampoco expresa de forma puntual y suficiente los motivos de hecho y de derecho por los que considera lesionados sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, limitándose a repetir los argumentos que expuso en su apelación restringida, sus afirmaciones genéricas están desprovistas de adecuados y precisos fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que debió exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el Tribunal de Alzada, toda vez que el recurso de casación esta instituido para impugnar el Auto de Vista, resultando insuficiente la mera relación de hechos y enumeración de las normas legales supuestamente infringidas que contiene el recurso en examen, por cuanto sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente los fundamentos jurídicos del recurso el Tribunal de Casación puede cumplir su función nomofiláctica y garantizar el derecho a la igualdad, función que en el caso resulta imposible de cumplir por la omisión del recurrente.

Ahora, con relación a la denuncia de vulneración del debido proceso, derechos fundamentales y garantías constitucionales y presunto defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal, es menester destacar que el recurrente Luis Alfredo Vaca Jiménez no precisa cuál la restricción o disminución del derecho o garantía, limitándose a enunciarlos de manera referencial omitiendo explicar el agravio o resultado dañoso y su relevancia de connotación en el orden constitucional; incumpliendo con la carga procesal de especificar y acreditar en qué medida dichos aspectos inciden en la presunta vulneración de sus derechos o garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y en el Código de Procedimiento Penal, para que este Tribunal consienta la admisión excepcional del recurso.

Por último, en cuanto a la imposición de multa, costas y gastos en Sentencia que fuera ratificado por Auto de Vista, es preciso destacar que los alcances de los arts. 3 inc. 8) de la Ley Nro. 025, 5 de la Ley Nro. 2496 y 108 de la Ley Nro. 1970 están referidos al acceso a la administración de justicia, como principio del Órgano Judicial, y al servicio de la defensa estatal, como derecho a favor de todo imputado, y no precisamente a las emergencias de la sentencia condenatoria, relativo a las costas, multa y daños y perjuicios que se imponen al condenado, conforme determina el art. 365 del Código de Procedimiento Penal, sin perjuicio de señalar que la facultad de revisión de oficio conferida a los Tribunales y Jueces de Alzada en relación con los de primera instancia extrañada por el recurrente, prescrita en el art. 15 de la Ley Nro. 1455 de Organización Judicial, ha sido abrogada por Ley Nro. 025 del Órgano Judicial, aclarándose que el art. 17 parágrafo II de la Ley de Órgano Judicial, es taxativo al señalar que en grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos; debiendo entenderse entonces, que la facultad antes conferida por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial abrogada, fue limitada por la nueva normativa procesal.

Consiguientemente, resulta en definitiva insuficiente que el recurrente alegue defectos de la sentencia o vulneración de derechos fundamentales o garantías constitucionales, sin cumplir con las obligaciones claramente determinadas mediante la jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo que sostiene que éstas deben estar formuladas en el marco de los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, no habiéndose cumplido con esta exigencia, no es posible, bajo el principio de imparcialidad, que el Tribunal Supremo abra excepcionalmente su competencia.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de sus atribuciones, con la facultad conferida en el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el art. 418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Luis Alfredo Vaca Jiménez (fs. 278 a 279), impugnando el Auto de Vista emitido el 23 de mayo de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 271 a 274), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y el denunciante Juan Mamani Mamani contra el recurrente por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente con agravante, previsto en los arts. 308 bis y 310 inc. 2) del Código Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas. (Presidente)

Jorge Isaac Von Borries Mendez.

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.

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