SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 348/2012

Sucre, 28 de noviembre de 2012

EXPEDIENTE: Cochabamba 199/2012

DEMANDANTES: Jose Luis Hernandez Medrano, Juan Rioja Grageda, Zacarías Condori Ancasi, Alberta Reyes de Rodríguez contra Roxana Saavedra Ramirez, Yolanda Ramirez Salazar, Freddy Alviz Rojas, Fermin Rocha Mercado, René Davila Avendaño, Felipe Mena Siacara.

Demanda de calificación de responsabilidad civil.

MAGISTRADO RELATOR: Jorge I. von Borries Mendez.

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VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por Primo Oporto Enríquez, Juan Rioja Grageda y Zacarías Condori Ancasi (fs. 3181 a 3183), Freddy Alvis Rojas (fs. 3189 a 3190), Felipe Mena Siacara (fs. 3195 a 3196) y el recurso de casación y nulidad formulado por Freddy Parra Trujillo, abogado defensor de oficio de Yolanda Ramírez (fs. 3201 a 3202), impugnando el Auto de Vista Ptda. Nro. 3 emitido el 3 de agosto de 2012 (fs. 3171 a 3178) por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en la demanda de calificación de responsabilidad civil, emergente del fenecido proceso penal seguido por Primo Oporto Enríquez, Alberta Reyes de Rodríguez, Walter Salguero Villagomez, Zacarías Condori Ancasi, Juan Rioja Grágeda, José Luis Hernández Medrano y Raúl Careaga Ramos contra Gina Roxana Saavedra, Yolanda Ramírez Salazar, Freddy Alviz Rojas, Olga Rocha de Alviz, Fermin Rocha Mercado, Rene Davila Avendaño y Felipe Mena Siacara por comisión del delito de estafa.

CONSIDERANDO: Que la demanda de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Que el Juzgado de Partido en lo Penal y de Sustancias Controladas Liquidador de la capital del Departamento de Cochabamba, dictó Sentencia Nro. 003/2011 de 17 de mayo de 2011 (fs. 3052 a 3062), declarando probada la demanda de calificación de la responsabilidad civil (fs. 2106) interpuesta por los apoderados José Luis Hernández Medrano, Juan Rioja Grageda, Zacarias Condori Ancasi, Alberta Reyes de Rodríguez, calificando la misma en la suma de $us. 156.636,21 (Ciento cincuenta y seis mil, seiscientos treinta y seis 21/100 dólares americanos), ordenado que los condenados paguen: Fermín Rocha Mercado la suma de $us. 2.870,64 a favor de Victoria Vargas, Julieta Núñez de Alarcón, Florencio Careaga Ramos; Freddy Alviz Rojas, la suma de $us. 6.171,41 a favor de Florencio Careaga Ramos, Yolanda Ramírez Salazar la suma de $us. 11.927,8 a favor de Celia Guzmán de Quisbert y Juan Gualberto Rioja Grageda; Felipe Mena Siacara la suma de $us. 7.168,11 a favor de todos los depositantes referidos en los incisos F) y G) y Roxana Saavedra Ramírez en calidad de apoderada y esposa de Rene Dávila Avendaño la suma de $us. 128.498,25 a favor de todos los depositantes referidos en los incisos D), E), F) y G). Declara improbada la demanda a favor de Olga Rocha de Alviz y sanciona con costas a Maria Asteria Valdivia de Mendoza en favor de Fermín Rocha y Freddy Alviz.

Contra dicha sentencia, interpusieron recursos de apelación ambas partes: Julio Cesar Anturiano Hurtado en representación de Gina Roxana Saavedra como los demandados Primo Oporto Enriquez y Juan Rioja Grágeda (fs. 3072 a 3074), Freddy Parra Trujillo representante de Gina Roxana Saavedra (fs. 3078 a 3079), Fermin Rocha representado por Freddy Parra Trujillo (fs. 3082), Freddy Alvis Rojas (fs. 3087 a 3088) y (fs. 3093 a 3095); resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba por Auto de Vista Ptda. Nro. 3 de 3 de agosto de 2012 (fs. 3171 a 3178) declarando improcedentes las apelaciones presentadas por Primo Oporto Enríquez, Juan Rioja Grageda, Freddy Parra Trujillo como abogado defensor de oficio de los condenados Yolanda Ramírez y Fermín Rocha Mercado, Freddy Alvis Rojas, Felipe Mena Siacara y parcialmente procedente la apelación de la demandada Gina Roxana Saavedra Ramírez, en consecuencia revocó en parte la Sentencia Nro. 003/2011 de 17 de mayo de 2011, por lo cual modificó en cuanto: a) El monto del daño civil que debe cancelar la condenada Gina Roxana Saavedra Ramírez en la suma de $us. 103.686,89 a favor de los depositantes, consignados en los incisos D), E), F) y G); y b) todos los condenados deberán cancelar los montos que corresponden al tercero día de ejecutoriado el presente fallo, en la cuota parte que les corresponde a favor de las víctimas referidas en los incisos A), B), C), D), E), F) y G), bajo conminatoria de ley, quedando subsistente el resto de la resolución impugnada, dando origen a los recursos de casación, caso de autos, que corresponden al siguiente detalle:

A. Primo Oporto Enríquez, Juan Rioja Grageda y Zacarias Condori Ancasi, interponen recurso de casación, objeto de análisis, con los siguientes argumentos:

1) Señalan que el Tribunal de Alzada pronunció resolución con inobservancia, error e indebida aplicación de disposiciones legales toda vez que la calificación de la responsabilidad civil, conforme a los arts. 327 y siguientes del Código de Procedimiento Penal de 1972, aplicables al caso, se tramita a simple petición de parte en mérito a la sentencia condenatoria. Que el procedimiento no establece que el trámite tenga que iniciarse en base a una demanda observando el art. 327 del Código de Procedimiento Civil, error en el que se incurre en el segundo considerando de la resolución impugnada toda vez que ante la inobservancia de dicha norma legal por parte del Tribunal A quo correspondía que, en apelación, se anule la sentencia, empero, el Tribunal pasó por alto esta inobservancia incumpliendo su obligación de revisar de oficio el proceso conforme lo establece el art. 15 de la Ley Nro. 1455 y art. 17 de la Ley del Órgano Judicial.

2) Sostiene que el Tribunal de Alzada incurre en contradicciones al señalar que para la calificación de la responsabilidad civil debió observarse lo previsto por el art. 327 del Código de Procedimiento Civil, no obstante tal irregularidad, no la corrige, anulando y reponiendo obrados, más bien se pronuncia en el fondo cuando debió dar aplicación a los arts. 237 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil y 278 del Código de Procedimiento Penal abrogado.

3) Prosigue afirmando que el art. 514 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso por disposición del art. 355 del Código de Procedimiento Penal, establece que las sentencias basadas en autoridad de cosa juzgada se ejecutarán sin alterar ni modificar su contenido por los jueces de primera instancia que hubieren conocido del proceso. Que la Sentencia de 2 de diciembre de 2002 condenó a la procesada Olga Rocha de Alvis a cumplir seis años de pena más costas al Estado, a la parte civil y resarcimiento de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia.

4) Asimismo, la sentencia es terminante al condenar al procesado René Avila Avendaño de un mismo modo, cuando la petición fue realizada en forma separada, siendo que en ningún momento se solicitó que la calificación se la realice en contra de su apoderada Gina Roxana Saavedra, reflejando un error de los Tribunales inferiores, al no tomar en cuenta que la calificación de la responsabilidad recae en cada uno de los condenados y Gina Roxana Saavedra fue también condenada y es también responsable del daño ocasionado a los actores civiles. Que el Tribunal de Alzada debió corregir estos errores y no incurrir en otro al proceder con un nuevo cálculo de la responsabilidad civil correspondiente a esta última.

Concluye solicitando al Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista recurrido e imponga a los condenados una justa responsabilidad en base a la sentencia condenatoria en su contra.

B. El demandado Felipe Mena Siacara, formula recurso de casación, alegando lo siguiente:

1) Que dentro de las diferentes etapas, el acusado ahora recurrente señaló que él no era propietario, ni socio de la vendedora, sino un dirigente por lo cual era la Asamblea quien determinaba cuando se debía pagar a la señora Saavedra.

2) Que las bases nombraron al acusado ahora recurrente como dirigente, así como fueron ellos quienes determinaron su participación en la cuenta que se tenía en el banco, por lo cual cualquier firma de cheque, desembolso o pago, era previa consulta de los socios, por lo cual él también tiene calidad de comprador.

3) Que no tiene responsabilidad civil económica, toda vez que la responsabilidad civil no constituye una nueva demanda al ser tramitada dentro de la misma y para la ejecución de la sentencia.

4) Que los demandantes han estado y están en posesión de los terrenos por más de diez años, lo que significa que no fueron afectados económicamente, este aspecto fue probado en la inspección de visu, y ratificado en su apelación con relación a la mala valoración de las pruebas.

5) Que no se consideró los montos ínfimos aportados por alguno de los demandantes, habiéndose demostrado que se encuentran asentados y viven actualmente ahí, toda vez que el objeto es el hecho punible y no se juzgan figuras abstractas, careciendo de demostración fáctica.

Concluye señalando que se revoque el Auto de Vista motivo de impugnación y "determinar que se me excluya de dicho pago por concepto de resarcimiento" (sic).

C. Freddy Alvis Rojas, plantea recurso de casación, bajo los siguientes argumentos:

1) Que el Auto de Vista motivo de impugnación no cumple con los requisitos exigidos por ley, habiendo apelado dicho Auto de Vista, toda vez que la Sentencia de reparación de daños civiles, vulnera el art. 330 del Código de Procedimiento Penal y derechos constitucionales, siendo que la resolución no cumple con lo establecido por el art. 327 de la antigua ley adjetiva penal.

2) Que otro punto motivo de su recurso de apelación es el referido a que el acusado ahora recurrente ya cumplió su condena, "empero ninguno de estos aspectos ha sido cumplidas conforme a derecho." (sic).

3) Que ha apelado la sentencia de responsabilidad civil, por no existir una relación entre la Sentencia pronunciada y la prueba documental, siendo la misma de importancia para determinar el daño económico sufrido, haciendo referencia a montos inexistentes, toda vez que tanto la norma penal abrogada y la actual, señala que "el requisito único seria la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada, por lo que el recurso de apelación no tiene ningún fundamento legal..."

D. Así también Freddy Parra Trujillo abogado defensor de oficio de Yolanda Ramírez, interpone recurso de casación, objeto de análisis, con los siguientes alegatos:

1) Que en antecedentes no cursa ninguna prueba que demuestre que Yolanda Ramírez haya recibido dinero alguno, más aun cuando se preguntó a los testigos y el perito, respondiendo que no tienen conocimiento y que no cursa en antecedentes ninguna prueba al respecto, aspecto reconocido por el abogado de la querellante quien no solicito ningún pago de daños con relación a la señora Yolanda Ramírez.

2) Que el Tribunal de Alzada no hace una valoración de todos los actuados, limitándose a revisar la Sentencia en primera instancia, sin una adecuada fundamentación, señalando que la responsabilidad civil es emergente de una sentencia condenatoria, pero como en el caso de autos puede existir una responsabilidad penal sin daños civiles.

Habiendo el caso radicado en Sala Penal Primera de este Tribunal Supremo de Justicia en fecha 9 de octubre del presente año 2012, fue pasado en Vista Fiscal, el Fiscal General del Estado, emitió criterio mediante requerimiento de fecha 5 de noviembre del año en curso (fs. 3213 a 3217) en sentido de que se declaren infundados dichos recursos.

CONSIDERANDO: Que efectuado el respectivo análisis de los fundamentos de los recursos de casación, se llega a las siguientes conclusiones:

En el caso de autos, se tiene que el mismo es tramitado de acuerdo a la disposición transitoria primera de la Ley Nro.1970 de 25 de marzo de 1999 - Código de Procedimiento Penal publicado el 31 de mayo de 1999 que señala: "Primera.- (Causas en trámite). Las causas en trámite continuarán rigiéndose por el Código de Procedimiento Penal anterior, Decreto Ley 10426 de 23 de agosto de 1972 y la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, salvo lo previsto en las siguientes disposiciones."

Con relación al recurso de casación interpuesto por Primo Oporto Enríquez, Juan Rioja Grageda y Zacarias Condori Ancasi, se tiene que:

Si bien el recurso fue presentado dentro del término establecido por el art. 331 del Código de Procedimiento Penal de 1972, se tiene que los recurrentes no obstante formular recurso de "casación en el fondo" (sic), no invoca ninguna de las cuatro causales previstas en el art. 298 del Código de Procedimiento Penal de 1972 que hacen referencia a la violación e infracción de ley sustantiva, contrario a ello, lo que impugnan es el error de interpretación y la aplicación indebida de normas procedimentales penales y civiles, omitiendo señalar en términos concretos así como invocar, la normativa con la cual se pretende casar el Auto de Vista impugnado, revelándose que en la motivación del recurso, los recurrentes confunden el recurso de casación con el de nulidad, este último concebido para los casos de inobservancia de formas procesales prescritas bajo pena de nulidad, pretendiendo erróneamente utilizar el recurso de casación para impugnar la presunta violación de ley adjetiva en desconocimiento de las causales contempladas en el ya mencionado art. 298 del Código de Procedimiento Penal de 1972. Así también se tiene que lo solicitado por los recurrentes no tiene relación con los puntos señalados en su recurso ya que no puede solicitarse casar el Auto de Vista cuando no se alega la infracción de norma sustantiva, realizando su solicitud para que se tome como base la Sentencia condenatoria misma que fue impugnada por los ahora recurrentes, incumpliendo el mandato del art. 301 del antiguo procedimiento penal de 1972 en cuanto a la falta de especificación de las causales de casación, deviene aplicable el art. 307 inc.1) de la norma adjetiva citada.

Debiendo tomar en cuenta lo establecido en el Auto Supremo Nro. 104 de 14 de febrero de 2000, referido a un proceso de responsabilidad civil, que señala: "Que el recurso de nulidad o casación regulado por el art. 296 y sgtes. del Cod. Pdto. Pen. por estar equiparado a una demanda nueva de puro derecho, conforme ha sostenido la uniforme jurisprudencia, debe estar debidamente fundamentado especificándose los motivos (...)". "Que dentro el marco legal el recurso de casación de fs. 409 no hace ninguna fundamentación en los términos señalados por el art. 301 del adjetivo penal, precepto que impone al recurrente el deber de citar en términos, concretos y precisos, la ley o leyes infringidas o aplicadas erróneamente, especificando y fundamentando en que consiste la violación....". Es así que al no haber dado cumplimiento al art. 301 del Código de Procedimiento Penal de 1972, no corresponde su consideración.

En cuanto al recurso de casación interpuesto por Freddy Alvis Rojas, se tiene que:

Si bien el recurso es interpuesto en el término establecido por ley, se tiene que el recurrente enfoca su recurso, en reclamaciones sin fundamento jurídico, como ser el hecho de que ya cumplió su condena, cuando la demanda de calificación de responsabilidad civil deviene justamente de la ejecutoria de una Sentencia en la cual se impuso una condena, asimismo se limita a señalar que la Sentencia no tiene relación con la prueba, omitiendo referir cuales fundamentos o partes de la Sentencia no estarían relacionados a una determinada prueba, sea de descargo o de cargo, teniendo que tomar en cuenta el Auto Supremo Nro. 641 de 7 de noviembre de 2000, referido a responsabilidad civil, el cual señala: "Para ello, de acuerdo a lo previsto en el art. 258 -2) del Cod. Pdto. Civ., aplicable por imperio del art. 355 del Cod. Pdto. Pen. y art. 301 del adjetivo penal citado, el recurrente no solo debe limitarse a efectuar una relación de hechos y una simple citación de leyes infringidas o erróneamente aplicadas, sino que debe especificar en que consiste el quebrantamiento de las normas procesales o la violación de las leyes sustantivas y como debían aplicarlas". En consecuencia al no dar cumplimiento al art. 301 del Código de Procedimiento Penal de 1972, no se puede considerar el recurso.

Respecto al recurso de casación interpuesto por Felipe Mena Siacara:

Que aunque el recurso fue presentado dentro del término establecido en el art. 331 del Código de Procedimiento Penal de 1972, se tiene que el recurrente omite dar cumplimiento al art. 301 de la norma penal adjetiva de 1972, toda vez que el mismo carece de fundamento legal siendo genérico, y omitiendo realizar denuncias concernientes al Auto de Vista, limitándose a señalar que se ".....aplicó en forma errónea tanto la norma sustantiva, como la norma adjetiva" (sic) o como que "Hasta el cansancio he tratado de hacer ver a las autoridades jurisdiccionales del proceso en sus diferentes etapas, que mi persona no era propietario, ni socio de la vendedora....." (sic), o que su "actuar era determinado por las bases siendo ellos quienes determinaban cuando pagar"(sic), debiendo abocarse a señalar qué prueba o elementos fueron aportados para determinar lo expuesto y en qué medida fue valorada o no, efectuando cualquier consideración, pero con relación a la forma procedimental o al fondo del problema, debiendo tomar en cuenta lo señalado en la doctrina por Fernando De La Rua en su libro titulado La Casación Penal, Pg. 224, cual señala: "El recurso de casación debe ser motivado, y esta motivación debe ser suministrada por la parte recurrente en el mismo escrito de interposición, determinando concretamente el agravio, tanto referido al vicio que denuncia como al derecho que lo sustenta".

Así también se tiene señalado en el Auto Supremo Nro. 77 de 5 de febrero de 2000, referido a la calificación de responsabilidad civil, cual señala: "Que dentro de la concepción doctrinaria, en el recurso extraordinario, aceptada por la abundante jurisprudencia nacional, según el art. 259-2) del Cod. Pdto. Civ., concordante con el 301 del adjetivo penal, el recurrente tiene la carga de citar en términos claros, concretos y precisos, la ley o leyes infringidas o aplicadas erróneamente, especificando y fundamentando en qué consiste la violación, falsedad o error, haciendo constar, no sólo las fojas en que aparecen las infracciones, sino también si el recurso ataca en el fondo, la forma o ambos extremos." Habiendo omitido dar cumplimiento al art. 301 del Código de Procedimiento Penal, no se puede considerar el recurso.

Finalmente sobre el "recurso de casación y nulidad" interpuesto por Freddy Parra Trujillo abogado defensor de oficio de Yolanda Ramírez, se tiene que:

De la revisión de antecedentes se evidencia que el recurso fue presentado dentro del término establecido por ley, se establece que el recurrente omite dar aplicación a lo establecido en el art. 301 del Código de Procedimiento Penal de 1972, toda vez que el recurso es planteado de manera conjunta como recurso de casación y nulidad, sin señalar a que causal de los numerales de los arts. 297 y 298 de la antigua ley adjetiva penal (causales de nulidad y causales de casación).

Así también se tiene que no señala que artículos hubieran sido violados y cuál tendría que haber sido el proceder y en base a que norma legal, toda vez que el recurrente no señala ningún artículo o norma como violada o que tendría que aplicarse, debiendo el recurrente tomar en cuenta el Auto Supremo Nro. 90 de 19 de marzo de 2008 señala: "Que efectuado el análisis de los puntos expuestos como motivación del recurso, se pudo apreciar que la cita de disposiciones legales mencionadas como infringidas no constituye señal suficiente, pues no se indicó en forma concreta cuál es la disposición legal erróneamente aplicada y, además, se combinaron en el planteamiento causales de casación con causales de nulidad, manifestando en una parte que no hubo prueba alguna que justificara condena y expresando en otra que no se hizo una apreciación adecuada de los hechos para los fines de fijación de pena". Entonces se tiene que "el recurso de casación y nulidad" presentado por el abogado defensor de oficio Freddy Parra Trujillo, no cumple con lo dispuesto en el art. 301 del Código de Procedimiento Penal de 1972, toda vez que en el antiguo procedimiento existen dos figuras de recurrir la de Nulidad y Casación (arts. 297 y 298 del Código de Procedimiento Penal) siendo las mismas diferentes jurídicamente.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 42 inc. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 307 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal de 1972, declara IMPROCEDENTES los recursos de casación interpuestos por Primo Oporto Enríquez, Juan Rioja Grageda y Zacarías Condori Ancasi (fs. 3181 a 3183), Freddy Alvis Rojas (fs. 3189 a 3190), Felipe Mena Siacara (fs. 3195 a 3196) y el recurso de casación y nulidad formulado por Freddy Parra Trujillo, abogado defensor de oficio de Yolanda Ramírez (fs. 3201 a 3202), impugnando el Auto de Vista Ptda. Nro. 3 emitido el 3 de agosto de 2012 (fs. 3171 a 3178) por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en la de calificación de responsabilidad civil, emergente del fenecido proceso penal seguido por Primo Oporto Enríquez, Alberta Reyes de Rodríguez, Walter Salguero Villagomez, Zacarías Condori Ancasi, Juan Rioja Grágeda, José Luis Hernández Medrano y Raúl Careaga Ramos contra Gina Roxana Saavedra, Yolanda Ramírez Salazar, Freddy Alviz Rojas, Olga Rocha de Alviz, Fermin Rocha Mercado, Rene Davila Avendaño y Felipe Mena Siacara por comisión del delito de estafa.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

Jorge Isaac Von Borries Mendez.

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.

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