SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 338/2012

Sucre, 21 de noviembre de 2012

EXPEDIENTE: Cochabamba 232/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Nery Moreira Rodríguez contra Jaime Juan Terrazas Moreira.

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Jaime Juan Terrazas Moreira (fs. 316 a 323), impugnando el Auto de Vista Ptda. 82 emitido el 4 de octubre de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 295 a 300), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de Nery Moreira Rodríguez contra el recurrente con imputación por comisión del delito de estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que el recurso de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Concluido el juicio oral, público y contradictorio el Tribunal Segundo de Sentencia de la capital del Departamento de Cochabamba, por Sentencia Nro. 03/2012 de 21 de enero de 2012 (fs. 236 a 246), declaró a Jaime Juan Terrazas Moreira autor de la comisión de los delitos de estafa y estelionato previstos por los arts. 335 y 337 del Código Penal, condenándolo a cumplir la pena de privación de libertad de cuatro años y seis meses de reclusión en el Centro Penitenciario de San Sebastián, más costas a y resarcimiento de daños civiles a favor del Estado y víctima a instancia de parte.

Sentencia contra la cual el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 253 a 260); recurso que fue resuelto por el Tribunal de Alzada mediante Auto de Vista Ptda. 82 de 4 de octubre de 2012 (fs. 295 a 300), declarándolo parcialmente procedente y de conformidad a los arts. 413 y 414 del Código de Procedimiento Penal dicta nueva Sentencia aplicando el principio iura novit curia, declarando a Jaime Juan Terrazas Moreira autor del delito de estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal, imponiéndole la pena de cuatro años de reclusión a cumplir en el Recinto Penitenciario de San Sebastián - sección varones, con costas y responsabilidad civil averiguables en ejecución de Sentencia, más 150 días multa a razón de Bs. 1 por día.

Contra dicho Auto de Vista el procesado interpuso recurso de casación (fs. 316 a 323) que ahora es objeto de análisis, en el cual alega:

a) Que el Tribunal Segundo de Sentencia no obstante de existir una acusación únicamente por el delito de estelionato, en el ejercicio del principio iura novit curia pronuncia Sentencia condenatoria contra su persona por los delitos de estafa y estelionato previstos por los arts. 335 y 337 del Código Penal, imponiéndole la pena privativa de libertad de cuatro años y seis meses; ante este hecho presentó apelación restringida contra la referida Sentencia por inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva y procesal penal, valoración defectuosa de la prueba y que la misma está basada en hechos inexistentes o no acreditados (Transcribe el recurso de apelación restringida); ante este recurso la Sala Penal Primera pronuncia Auto de Vista citando los Autos Supremos Nros. 196 de 3 de junio de 2005 y 111 de 31 de enero de 2007 manifestando que no pueden valorar las pruebas que se produjeron en juicio oral, menos aún las cuestiones de hecho; asimismo convalida la aplicación del principio iura novit curia respecto a que el Tribunal adecuó la conducta del imputado al delito de estelionato no obstante de no preexistir el elemento subjetivo del dolo, y también adecuó la conducta del imputado al delito de estafa, pese a que no se había acusado por este delito.

El Tribunal de Alzada más allá de buscar a toda costa la punidad y la eficacia jurídica debió compulsar que ambos tipos penales estafa y estelionato son excluyentes entre si como lo señalan los Autos Supremos Nros. 59 de 27 de enero y 43 de 27 de enero de 2007, puesto que ello importaba que no obstante de pertenecer y proteger el mismo bien jurídico ambos delitos son abismalmente diferentes y por ende excluyentes entre sí. Por lo que aplicar el principio iura novit curia en el presente proceso, atañe una grosera vulneración al debido proceso en su elemento al derecho a la defensa plasmado en el art. 115 de la Constitución Política del Estado, puesto que la parte acusada se defendió y se ratificó en el Auto de Vista que no concurrían los elementos constitutivos del delito de estelionato, empero al aplicar radicalmente este principio subsumiendo al tipo penal de estafa se ocasionó un estado de indefensión, toda vez que la prueba de descargo no estaba orientada a demostrar la existencia del ardid o engaño sino la inexistencia del delito de estelionato, tanto es así que el mismo Tribunal de Sentencia indicó taxativamente que la parte acusada no presentó prueba idónea en contra, razonamiento que demuestra que la defensa fue sorprendida con la subsunción a otro tipo penal que implicó no se presente prueba o estrategia para defenderse de un tipo penal no acusado.

A tal efecto en cuanto al derecho a la defensa como parte integrante del debido proceso cita las Sentencias Constitucionales Nros.1274/01, 1637/2010, 400/2003 y 0006/2010 señalando que la Sala Penal debió considerar a efectos de evitar este tipo de vulneración lo establecido por el art. 335 del Código de Procedimiento Penal que establece la posibilidad del Fiscal y querellante de ampliar su acusación, precautelando que no se ponga en indefensión al imputado, cuando prevé que pueda solicitar la suspensión por un plazo no mayor a diez días con la finalidad de prepararse y defenderse en igualdad de armas y oportunidades.

b) Que existe por parte del Tribunal de Alzada una mala aplicación de la ley sustantiva, toda vez que la nueva pena impuesta carece de equilibrio y proporcionalidad y vulnera los lineamientos que rigen las penas establecidas en el Auto Supremo Nro. 114 de 20 de abril de 2006, ya que el Auto de Vista toma como parámetros los elementos de culpabilidad, debiendo considerar en virtud que la media de este delito es de tres años, de acuerdo a la dosimetría penal, y al existir más atenuantes que agravantes, debiendo modificar la sanción máxima a dos años.

Concluye pidiendo que el Tribunal de Apelación dicte resolución anulando totalmente la Sentencia y dicte Sentencia absolutoria citando en el Otrosí 3ro. del memorial como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 166 de 12 de mayo de 2005, 316 de 28 de agosto de 2006, 338 de 5 de abril de 2007, 222 de 28 de marzo de 2007, 214 de 28 de marzo de 2007, 210 de 28 de marzo de 2007, 114 de 20 de abril de 2006, 59 de 27 de enero y 43 de 27 de enero de 2007.

CONSIDERANDO: Que para la admisibilidad del recurso de casación, se debe cumplir con las condiciones formales previstas en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, las cuales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia, ahora Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, demostrando previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese presentado dicho recurso contra de la sentencia por causar agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente.

Por otra parte se tiene que de forma extraordinaria y sólo ante las denuncias referidas de vulneración de garantías y derechos fundamentales que podrían devenir en defectos absolutos y la consiguiente nulidad de obrados, el Tribunal de Casación podrá resolver dicha vulneración que debe ser debidamente fundamentada y exponer de manera expresa el derecho, la acción u omisión que fuere trasgredido; puesto ante este incumplimiento se impide abrir la competencia de este Tribunal, en mérito de lo establecido en el art. 17 de la Ley Nro. 025.

En ese sentido analizando los argumentos expuestos por el recurrente se establecen las siguientes conclusiones:

I. Que en cuanto al plazo de interposición, el recurso de casación fue presentado dentro el plazo de los cinco días previsto por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal, anexando al mismo la copia de apelación restringida en el cuál se cita los precedentes contradictorios ahora invocados conforme determina el párrafo segundo del artículo referido.

II. Que en el recurso de casación se hace mención a las Sentencias Constitucionales Nros. 1274/01, 1637/2010, 400/2003 y 0006/2010, al respecto debemos manifestar que las mismas no se constituyen en precedentes contradictorios al tenor del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que los precedentes contradictorios son aquellos emanados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia.

III. En cuanto a las denuncias insertas en los incisos a) y b) el recurrente invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 59 de 27 de enero, 43 de 27 de enero de 2007 y 114 de 20 de abril de 2006, los mismos que no cumplen con el requisito previsto por el segundo párrafo del art. 417 del Código de Procedimiento Penal, toda vez; que se omite señalar en términos precisos la contradicción existente con el Auto de Vista impugnado, puesto que se advierte sólo la trascripción de una parte de los fundamentos del Auto Supremo y la doctrina legal aplicable, cuando el recurrente debió señalar en términos precisos la contradicción existente con el Auto de Vista recurrido y establecer el nexo de identidad o situación de hecho similar. Respecto a los Autos Supremos invocados el Otrosi 3ro. del memorial, estos son simplemente citados no pudiendo ni siquiera establecerse a cuál de las acusaciones son pertenecientes, asimismo se obvia establecer el nexo de identidad o situación de hecho similar; carga procesal que tiene el recurrente a momento de interponer su recurso, ya que se encuentra en la obligación de invocar el precedente con la debida motivación, señalando en términos claros la contradicción con el Auto de Vista recurrido, lo que no ocurre en el sub lite, por lo que se evidencia de que el recurrente ha incumplido los requisitos de admisibilidad del recurso, previstos por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal.

IV. Que si bien el recurso de casación no cumple con los requisitos previstos por los artículos precedentemente citados se advierte que el recurrente denunció la existencia de vulneración al debido proceso en su elemento al derecho a la defensa plasmado en el art. 115 de la Constitución Política del Estado al habérsele ocasionado indefensión, sobre esta denuncia el recurrente señaló distintas Sentencias Constitucionales que aunque las mismas no constituyen precedentes contradictorios, son citadas para reforzar su pretensión jurídica, por lo que corresponde revisar la posible existencia de aquellas violaciones denunciadas a los derechos y garantías constitucionales insertas en el inciso a) de los alegatos transcritos en la presente resolución, correspondiendo a éste Tribunal Supremo abrir su competencia excepcionalmente, debiendo declararse la admisibilidad del recurso de casación interpuesto.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el art. 418 del Código de Procedimiento Penal, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Jaime Juan Terrazas Moreira (fs. 316 a 323), impugnando el Auto de Vista Ptda. 82 emitido el 4 de octubre de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 295 a 300), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de Nery Moreira Rodríguez contra el recurrente con imputación por comisión del delito de estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del Código Penal

Regístrese y notifíquese.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas. (Presidente)

Jorge Isaac Von Borries Mendez.

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.