SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 337/2012

Sucre, 20 de noviembre de 2012

EXPEDIENTE: Tarija 212/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra Yeison Lidio Romero Rueda.

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Yeison Lidio Romero Rueda (fs. 141 a 143), impugnando el Auto de Vista Nro. 27 emitido el 17 de agosto de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 125 a 127), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra Yeison Lidio Romero Rueda, con imputación por comisión del delito de estupro agravado, previsto y sancionado por el art. 309 con relación al art. 310 num. 3 del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que el recurso de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Sustanciado el mencionado proceso, el Tribunal Primero de Sentencia de la ciudad de Yacuiba - Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, que conoció la causa, pronunció Sentencia Nro. 07/2011 de 1 de abril de 2011 conforme al art. 365 del Código de Procedimiento Penal y en aplicación del principio iura novit curia, declaró a Yeison Lidio Romero Rueda, autor del delito de violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal modificado por la Ley Nro. 2033, imponiéndole la pena de privación de libertad de seis años a cumplir en la Cárcel Publica de la ciudad de Yacuiba, más el pago de 500 días multa a razón de 1 Bs. por día; resolución contra la cual el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs.106 a 111), que fue declarado sin lugar por el Tribunal de Alzada confirmando la Sentencia impugnada, originando así el recurso que es caso de autos, en el cual alega lo siguiente:

1. Que el Auto de Vista recurrido señala: "que el Tribunal de Sentencia por unanimidad de sus miembros, asumió la convicción sobre los hechos acusados" (sic), cuando en juicio oral no fue introducida ninguna prueba científica que fundamente la acusación, asimismo ingresa a revalorizar prueba al referirse a las declaraciones de los testigos de cargo y acta del lugar de los hechos, dejando de lado los testigos de descargo, por otro lado el Tribunal de Alzada sostiene que no existiría defecto de Sentencia ni nulidad por violación del principio de continuidad.

Citando como precedente los Autos Supremos Nros. 153 de 2 de febrero de 2007 y 37 de 27 de enero de 2007 (relacionados al principio de continuidad), 317 de 13 de junio de 2003, 722 de 26 de noviembre de 2004 y 635 de 20 de octubre de 2004. (referidos a la valoración de la prueba por el Tribunal de Alzada).

2. Que el Auto de Vista motivo del presente recurso no realiza fundamentación sobre alguno de los puntos del recurso de apelación restringida, siendo uno de ellos el de in dubio pro reo. Invoca como precedente contradictorio los Autos Supremos Nros. 724 de 26 de noviembre de 2004 y 562 de 1 de octubre de 2004;

3. Que el Tribunal de Alzada revaloriza prueba "que funda en su pretensión de aumentar la pena, pero sin embargo la prohibición de la reforma en perjuicio, mantener la pena de 6 años por el delito de estupro agravado" (sic) violando los principios de inmediación, concentración y los arts. 407 y 413 del Código de Procedimiento Penal. Señalando como precedente contradictorios el Auto Supremo Nro. 317 de 13 de junio de 2003.

Concluye pidiendo admitan el recurso planteado y dicten resolución determinando la doctrina legal aplicable, dejando sin efecto el Auto de Vista Nro. 27/2012 u ordene el reenvio a otro tribunal de sentencia o en su caso determinen la absolución de culpa y pena del delito que se le acusa.

CONSIDERANDO: Que analizado el referido recurso de casación, fue admitido conforme a los argumentos descritos en el Auto Supremo Nro. 305/2012 de 24 de octubre de 2012, a objeto de verificar la denuncia referida en el punto 2, relativo a que el Auto de Vista motivo del presente recurso no realizó fundamentación sobre alguno de los puntos del recurso de apelación restringida, siendo uno de ellos el de in dubio pro reo, invocando contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes contradictorios contenidos en los Autos Supremos Nros. 724 de 26 de noviembre de 2004 y 562 de 1 de octubre de 2004:

A ese efecto, debe considerarse que la doctrina legal invocada, contenida en el Auto Supremo Nro. 724 de 26 de noviembre de 2004, en lo sustancial y pertinente establece: "Que el juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio. En su desarrollo las partes asumen el papel protagónico de someterse a las reglas del debido proceso en igualdad de condiciones. Los Tribunales de Sentencia o el Juez deben emitir la sentencia fundamentada consignando todos y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con un análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporadas legalmente en el proceso, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo requisitos que toda sentencia debe contener, constituyendo su omisión defectos de sentencia insubsanables al tenor del artículo 370 incisos 3) y 5) del Código de Procedimiento Penal, por lo que en esos casos corresponde aplicar el primer parágrafo del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal"; en autos, sin embargo de no comprobarse supuestos fácticos similares en cuanto a la aplicabilidad de la doctrina legal invocada, de la revisión del Auto de Vista recurrido, en el Considerando III, se verifica que el Tribunal de Alzada se pronunció sobre todos los motivos en que se fundó el recurso de apelación restringida (fs. 106 a 111), obrando dentro del marco de los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, relativo a las denuncias acusadas:

a) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, cuando concluye que no se tiene demostrado suficientemente los elementos constitutivos del tipo penal descritos en el artículo 308 del Código Penal, relativo a la violencia e intimidación, modificando la calificación por el delito de estupro agravado, previsto en el artículo 309 con relación al artículo 310 inc. 3) ambos del Código Penal, verificando la indebida adecuación del tipo penal en cuanto a la calificación del hecho;

b) Violación del principio de continuidad, celeridad procesal e inmediatez, cuando señala que las dos suspensiones de la audiencia del juicio oral y ordinario, una atribuible a la petición del Ministerio Público, y otra a la inconcurrencia de la menor, son absolutamente comprensibles que no pueden ser consideradas como agravios unilaterales para el imputado;

c) Falta de fundamentación, cuando indica que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundamentada, al margen de la adecuación al tipo penal e imposición de la pena, razonando sobre la prohibición de reforma en perjuicio, habiéndose ejercitado en la parte considerativa y dispositiva la comparación de las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito de violación y sus agravantes y estos con la conducta del imputado,

d) Valoración subjetiva y parcializada de la prueba de cargo, cuando precisa que la Sentencia Nro. 03/2012 de 8 de febrero de 2012 se encuentra suficientemente fundamentada en relación al proceso de subsunción y el detalle valorativo de los elementos de convicción, sin que se base en hechos inexistentes, ni en una apreciación subjetiva ni parcializada;

e) Defectos absolutos por vulneración del derecho a la defensa, cuando concluye que el fallo impugnado obedece a la prueba, habiéndose asignado valor a cada uno de los elementos probatorios para asumir convicción sobre el hecho y la consecuente responsabilidad penal, sin que se manifieste las circunstancias del artículo 169 del Código de Procedimiento Penal;

f) Aplicabilidad del principio in dubio pro reo, cuando advierte en la Sentencia Nro. 03/2012 de 8 de febrero de 2012 el estado de certeza para dictarse sentencia condenatoria en su contra, sin que exista duda razonable sobre el hecho o el autor, pues la decisión del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yacuiba, obedece a la prueba y a la asignación de valor de cada uno de los elementos probatorios, de ahí que siendo punto impugnado a través del recurso de casación fue resuelto por el Tribunal de Alzada, en sujeción a los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad,no siendo exigible que la misma sea ampulosa o extensa, sino más bien clara y precisa en sus razonamientos lógico - jurídicos que son la base de su decisorio, conforme al principio de la razón suficiente,toda vez que conforme a la doctrina legal aplicable, establecida en el Auto Supremo Nro. 046/2010 de 9 de marzo de 2010: "Para una decisión de condena no es necesario que la culpabilidad del imputado deba establecerse sobre la base de la totalidad de pruebas de cargo presentadas, sino que por la evaluación del conjunto expuesto, incluyendo indicios y presunciones, puede quien juzga llegar a la certeza moral de una plena convicción más allá de toda duda razonable. La absolución sólo debe surgir de una imparcial consideración de toda la evidencia del caso de la falta de suficiente prueba en apoyo de la acusación"; consiguientemente, no resulta evidente que no exista pronunciamiento al respecto, y;

g) Vulneración de la ley sustantiva, cuando señala que la falta de demostración de los elementos violencia o intimidación que exige el artículo 308 del Código Penal no determina que la conducta desplegada por el actor no sea punible, si bien no alcanza para el citado delito, pero sí para el delito de estupro, recordando que lo que se juzga no son delitos ni tipos penales, sino hechos, razón por la que el Tribunal de Alzada modificó la parte resolutiva de la Sentencia; realizando una nueva subsunción sobre la base de los hechos tenidos como probados en juicio oral y ordinario, enmarcando la conducta del imputado en la descripción hecha para el delito de estupro agravado, al haber concluido que no existen elementos que caracterizan al tipo penal descrito en el artículo 308 del Código Penal; por lo que, el Auto Supremo invocado como precedente no contradice al caso sub lite.

En cuanto a la doctrina legal invocada, contenida en el Auto Supremo Nro. 562 de 1 de octubre de 2004, establece que: "Las normas procesales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio; si en obrados se observan defectos de procedimiento que constituyen defectos absolutos y atentan derechos fundamentales, deben ser corregidos de oficio por el Tribunal de Alzada o el de Casación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, aunque el recurrente no hubiera efectuado reclamo oportuno para su saneamiento, facultad que está restringida para casos donde se encuentren violaciones flagrantes al debido proceso y existan defectos absolutos que determinen nulidad. Además en ningún fallo puede omitirse la fundamentación del mismo, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa con la resolutiva"; en el caso, de la lectura del Auto de Vista impugnado y, en especial, del contenido del Considerando III, se advierte que el Tribunal de Alzada no procedió de forma contraria al precedente invocado, siendo que al tenor del artículo 17 parágrafo II de la Ley del Órgano Judicial: "En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberían pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos", mas al contrario, en ejercicio de sus facultades y competencias sometió su criterio plasmado en dicho Auto de Vista a las normas legales adjetivas aplicables, sin ingresar en incongruencia o contradicción, cuando se pronunció sobre todos los motivos en que se fundó el recurso de apelación restringida (fs. 106 a 111),cumpliendo con lo normado en los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal.

En base a lo anteriormente expuesto, permite colegir que los de Alzada efectuaron correcta aplicación de la normativa contenida en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, por lo que no siendo evidente la denuncia formulada en recurso de casación que se analiza en cuanto a la vulneración del principio in dubio pro reo, y no existiendo contradicción entre el Auto de Vista impugnado con los precedentes invocados, en los términos exigidos por el art. 416 y la segunda parte del art. 419 de la Ley Nro. 1970, corresponde declarar infundado el recurso.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Yeison Lidio Romero Rueda (fs. 141 a 143), impugnando el Auto de Vista Nro. 27 emitido el 17 de agosto de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 125 a 127), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra Yeison Lidio Romero Rueda, con imputación por comisión del delito de estupro agravado, previsto y sancionado por el art. 309 con relación al art. 310 num. 3 del Código Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

Jorge Isaac Von Borries Mendez.

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.

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