SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 335/2012

Sucre, 20 de noviembre de 2012

EXPEDIENTE: Cochabamba 196/2012

PARTES PROCESALES: Felix Olivera Ovidio contra Heraldina Olivera Ovidio, Nemesio Miranda Espinoza, Silva Fernández Olivera, David Heriberto Romero Rodríguez, Ruben Verduguez Claros.

DELITO: falsificación de documento privado, uso de instrumento falsificado, falsedad ideológica y material.

MAGISTRADO RELATOR: Jorge I. von Borries Méndez.

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Félix Olivera Ovidio (fs. 812 a 815) impugnando el Auto de Vista Ptda. 106 emitido el 1 de agosto de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 799 a 807), en el proceso penal seguido por el recurrente contra Heraldina Olivera Ovidio y Nemesio Miranda Espinoza por comisión de los delitos de falsificación de documento privado, uso de instrumento falsificado, falsedad material y falsedad ideológica previstos en los arts. 198, 199, 200 y 203 del Código Penal; Silvia Fernández Olivera y Rubén Verduguez Claros por comisión de los delitos de falsedad material y falsedad ideológica en grado de complicidad previstos en los arts. 198 y 199 del Código Penal; y David Heriberto Romero Rodríguez por comisión del delito de encubrimiento previsto en el art. 171 del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que para los fines de emisión de la resolución que al respecto corresponda, se cuenta con los siguientes antecedentes:

1. El Juez Segundo de Partido en lo Penal de la ciudad de Cochabamba por Sentencia de 18 de febrero de 2004 (fs. 729 a 735), declaró: A Heraldina Olivera Ovidio y Nemesio Miranda Espinoza autores de la comisión de los delitos de falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado, condenándolos a cada uno a la pena privativa de libertad de un año de reclusión, a ser cumplidos en la Cárcel Pública de San Sebastián de Mujeres de Cochabamba a la primera y en la Cárcel Pública de Arocagua de dicha ciudad al segundo, más al pago de costas a favor del Estado, costas y resarcimiento de daños a favor de la parte civil constituida, por existir plena prueba. Asimismo, se los declara absueltos de la comisión de los delitos de falsedad material y falsedad ideológica, por no existir plena prueba.

A Silvia Fernández Olivera y Rubén Verduguez Claros, los declara absueltos de culpa y pena de la comisión de los delitos de falsedad material y falsedad ideológica en grado de complicidad, por no existir plena prueba, con costas al querellante a favor de los declarados absueltos.

También declara absuelto a David Heriberto Romero Rodríguez de la comisión del delito de encubrimiento por no existir plena prueba, con costas al querellante a favor del mencionado imputado absuelto.

2. Los co procesados Rubén Verduguez Claros (fs. 739), Félix Olivera Ovidio (fs. 742), Heraldina Olivera Ovidio (fs. 750), Nemesio Miranda Espinoza y Silvia Fernández Olivera (fs. 753 a 754) interpusieron recursos de apelación contra dicha resolución, los que fueron resueltos por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba mediante Auto de Vista Ptda. 106 de 1 de agosto de 2012 (fs. 799 a 807), que confirmó la Sentencia impugnada en todos sus extremos.

3. Contra el citado Auto de Vista, la parte civil Félix Olivera Ovidio interpuso Recurso de Nulidad o Casación (fs. 812 a 815), el que ahora es objeto de análisis conforme a los siguientes argumentos:

El Auto de Vista recurrido incurre en infracciones del Código Penal y de su Procedimiento, por existir tremendas contradicciones y no guardar relación con los datos del proceso; toda vez que, en todos los juicios los medios de prueba, en cuanto se refiere a los instrumentos o documentos cursantes de fs. 79, 80 y 81 del proceso -que fueron falsificados y usados indebidamente- son sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal, lo cuál no ha sido valorado adecuadamente ya que estos artículos sancionan con privación de libertad de seis años y la sanción mínima impuesta en la Sentencia y Auto de Vista es solamente de un año, situación que constituye un premio a la actividad delincuencial de los condenados. Mismos que son autores directos, quienes después de falsificar las impresiones digitales trataron de hacerlas reconocer ante el Juez Instructor de Sacaba, es más, indica que la condenada prestó juramento de desconocimiento de domicilio para hacer notificar a la parte civil por edictos de prensa, pese a que el recurrente ha vivido y sigue viviendo en la misma casa de quién en vida fue su señora madre y conforme los testigos manifestaron, lo conocen por más de veinte años, estando acreditado que la condenada pretendió sorprender al Juez, lo que no fue analizado y tomado en cuenta ni en la Sentencia, ni en el Auto de Vista, conforme al prudente criterio o sana crítica, según fs. 109 y 117 de obrados. Además, según Informe del Mayor de Policía, José Goitia Durán - Jefe del Laboratorio Criminalístico, se acredita categóricamente que no existen coincidencias en las supuestas huellas digitales de los documentos falsificados de fs. 79, 80 y 81, son dos impresiones distintas, las que no le pertenecen a quien en vida fue la señora madre del recurrente y de la condenada. Y respecto al abogado absuelto David Romero, no se tomó en cuenta la declaración de fs. 155 y 156, donde refirió tener conocimiento de la existencia de otro proceso por falsedad material e ideológica, tramitado en Quillacollo contra Nemesio Miranda Espinoza, siendo reincidente y que además estuvo últimamente en la Cárcel Pública por la comisión de otros delitos.

Por tales motivos, el recurrente alega que la sanción otorgada a los condenados es benigna, al premiar su actividad delincuencial con la pena de un año, ante un juicio que duró más de diez años, se gastó mucho dinero y tiempo, lo que ocasionó muchos perjuicios a la parte civil; por ende, acusa infracciones de la ley, en las que funda su recurso: a) Violación del art. 176 del Código de Procedimiento Penal, por análisis incorrecto de los documentos de fs. 79, 80 y 81, no se hizo una valoración con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales se otorga; b) Violación del art. 194 del Código de Procedimiento Penal, por análisis inadecuado de las deposiciones de los testigos de cargo, que son uniformes, no se apreció, ni valoró correctamente, conforme a las reglas de la sana crítica; c) Inaplicación de los arts. 204 y 349 del Código Penal, porque no se analizó, ni se dio valor al Informe Pericial Dactiloscópico del Mayor de Policía, José Goitia Durán.

Concluye pidiendo se conceda su recurso de nulidad y se case la Sentencia y el Auto de Vista recurrido.

CONSIDERANDO: Que una vez dispuesta la Vista Fiscal por proveído de 4 de octubre de 2012, la Fiscalía General del Estado, mediante Requerimiento de 1 de noviembre de 2012 (fs. 823 a 824) solicitó se declare improcedente el recurso de casación arriba descrito.

En base a dichos antecedentes, este Tribunal Supremo con carácter previo a emitir consideración alguna sobre el contenido del recurso analizado, debe referirse al cumplimiento de los requisitos formales exigibles para la procedencia o no del mismo; en ese sentido, cabe destacar que del recurso ahora analizado y planteado por el recurrente como de "nulidad o casación", se advierte que éste no especifica qué motivos conllevan a la formalización de cada uno de ellos, es decir no efectúa discriminación alguna entre uno y otro, conforme a las exigencias previstas en los arts. 297 y 298 del Código de Procedimiento Penal anterior, Decreto Ley Nro. 10426 de 23 de agosto de 1972.

Al margen de ello, de las infracciones expresamente acusadas por el recurrente, se evidencia que las mismas no son aplicables al caso que nos ocupa, debido a los siguientes motivos: respecto a la presunta violación del art. 176 del Código de Procedimiento Penal, corresponde manifestar que dicha normativa está referida a la continuación del proceso y es aplicable a las cuestiones prejudiciales que fueren interpuestas en defensa del imputado; respecto a la presunta violación del art. 194 del Código de Procedimiento Penal, cabe destacar que dicho artículo prevé los casos en los que procede la detención preventiva, entre las medidas jurisdiccionales que determina el Juez; y respecto a la presunta inaplicación de los arts. 204 y 349 del Código Penal, cabe manifestar que el primer artículo regula el tipo penal de giro de cheque en descubierto, y el segundo trata sobre la agravación y atenuación aplicable para los casos regulados en los arts. 345, 346 y 348 del mismo código sustantivo (apropiación indebida, abuso de confianza y apropiación o venta de prenda).

Consecuentemente, se advierte incumplimiento de las exigencias formales dispuestas en el art. 301 del referido cuerpo adjetivo penal, consistente en la cita de la ley o leyes procesales cuya inobservancia se impugna, o de las leyes sustantivas o de fondo cuya violación se acusa por uno u otro motivo, indicando igualmente la consistencia del quebrantamiento de las primeras y la violación de las segundas; situación que, se encuentra expresamente sancionada con la declaratoria de improcedencia del presente recurso.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo con el Requerimiento Fiscal (fs. 823 a 824), en ejercicio de la atribución conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicialy en aplicación del art. 307 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal de 1972, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Félix Olivera Ovidio (fs. 812 a 815) impugnando el Auto de Vista Ptda. 106 emitido el 1 de agosto de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 799 a 807), en el proceso penal seguido por el recurrente contra Heraldina Olivera Ovidio y Nemesio Miranda Espinoza por comisión de los delitos de falsificación de documento privado, uso de instrumento falsificado, falsedad material y falsedad ideológica previstos en los arts. 198, 199, 200 y 203 del Código Penal; Silvia Fernández Olivera y Rubén Verduguez Claros por comisión de los delitos de falsedad material y falsedad ideológica en grado de complicidad previstos en los arts. 198 y 199 del Código Penal; y David Heriberto Romero Rodríguez por comisión del delito de encubrimiento previsto en el art. 171 del Código Penal, con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

Jorge Isaac Von Borries Mendez.

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.

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