SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 319/2012

Sucre, 30 de octubre de 2012

EXPEDIENTE: La Paz 191/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Luzmila Magdalena Chambi Zalles.

DELITO: legitimación de ganancias ilícitas.

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Luzmila Magdalena Chambi Zalles (fs. 340 a 347), impugnando el Auto de Vista Nro. 53 emitido el 9 de agosto de 2012 por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 331 a 337), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luzmila Magdalena Chambi Zalles, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, previsto y sancionado por el art. 185 bis. del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Sentencia Cuarto en lo Penal de la ciudad de El Alto, pronunció Sentencia Nro. 74/2012 de 24 de abril de 2012 declarando a Luzmila Magdalena Chambi Zalles autora del delito de legitimación de ganancias ilícitas, previsto y sancionado por el art. 185 bis del Código Penal, imponiéndole la pena de privación de libertad de seis años a cumplir en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, más el pago de 200 días multa a razón de Bs. 10 por día.

Resolución contra la que formuló apelación restringida la imputada (fs. 319 a 322), y el Tribunal de Alzada mediante Auto de Vista Nro. 53 de 9 de agosto de 2012 (fs. 331 a 337), declaró improcedente dicho recurso, confirmando la Sentencia impugnada, dando origen al recurso de casación que es caso de autos, alegando:

1. Que el Auto de Vista Nro. 53 de 9 de agosto de 2012, evita conminar a que se cumpla con lo que señala el art. 365 del Código de Procedimiento Penal "cuando la prueba aportada sea suficiente", aspecto que sería suficiente para dejar sin efecto la Sentencia y se dicte una nueva por otro Tribunal.

2. Denuncia que el irrito Auto de Vista recurrido afirma "que existe contradicción", lo cual no es evidente porque lo pretendido en apelación restringida esta relacionado con lo dispuesto por la jueza al otorgar el plazo de cinco días al representante del Ministerio Público para subsanar las deficiencias contenidas en la acusación fiscal, debido a que no existía relación circunstanciada del delito imputado y el precepto aplicable a la conducta y al tipo penal, lo cual es admitido por el Fiscal por lo que debía haber ampliado la acusación fiscal contra el propietario del dinero, Delfín Crispin. Dinero que desde el momento que fue detenida la recurrente y aún durante la sustanciación del juicio oral tenía un origen licito.

3. La imputación carecería de fundamentación, hecho que no habría sido observado por el abogado de la defensa, por no contar con recursos económicos, extremo que no convalidaría la existencia de ganancias ilícitas.

4. Que el Tribunal de Alzada no comprendió que la acusada ahora recurrente, no impugnó la mala tipificación, sino la adecuación real de su conducta, toda vez, que ella se encontraba agarrando 707.000 Bs. de manera lícita y que pretendía realizar una transacción lícita, que para la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, debe existir previamente un requisito esencial que sería la ganancia aspecto que no fue probado por la parte acusadora.

5. Que el Auto de Vista recurrido señala que el recurso de apelación restringida es contradictorio, no siendo evidente tal apreciación porque la tipificación de su conducta seria inexistente, toda vez que no existe el delito de "ganancias ilícitas" condenándola por un delito no tipificado, "SIENDO UNA GANANCIA LICITA, NO SE PUEDE LEGITIMAR POR OTRA PERSONA, DEBIDO A QUE ES LEGITIMA POR SI MISMA" (sic).

6. Que el Tribunal de Alzada hace caso omiso respecto a que la acusación no evidenció, que existiría ganancias ilícitas, aspecto que debió ser valorado y revocar la condena injusta impuesta en su contra. Cita la Sentencia Constitucional Nro. 353 de 29 de agosto de 2006, señalando que por esta Sentencia el juez puede realizar un examen de la prueba sólo con su sano juicio, por lo cual el Tribunal de Sentencia Nro. 4 debería cumplir dicho extremo.

7. Que la doctrina penal refiere a la teoría de la prueba con cuatro aspectos el elemento de prueba, órgano de prueba y el objeto de prueba.

8. Que la actividad probatoria es el medio para alcanzar la verificación de la imputación, por lo cual, las partes están obligadas a incorporar elementos probatorios que estimen necesarios, sin embargo el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, lo que implica obtener, ofrecer y producir la prueba de descargo.

9. Que el Tribunal de Alzada no se habría pronunciado sobre las contradicciones infringidas por el testigo Sof. Jhonny Ticona, cuando lo correcto era que el Ministerio Público solicite se de lectura al informe evacuado por el mencionado Oficial de Policía y de esta manera no haber inducido en error al Tribunal de Sentencia.

10. Que el Tribunal de Sentencia debió aplicar el principio in dubio pro reo, toda vez que el Ministerio Público retiró a dos testigos, los mismos que participaron de su aprehensión, bajo el argumento de que uno de ellos falleció y el otro no fungía como policía, cuando lo que se debió haber realizado era expedir los mandamientos de aprehensión para cada uno de ellos.

11. Que la defensa solicitó al Tribunal de Sentencia Cuarto realizar inspección ocular, por cuanto los miembros del Tribunal no conocían el lugar donde habría sido aprehendida y de esta manera verificar los hechos in situ, aspecto que fue negado por el Tribunal de Sentencia, violando de esta manera el derecho a la defensa.

12. Que fue incorporado a juicio un informe de la Unidad de Investigación Financiera bajo el pretexto de prueba extraordinaria, toda vez que nunca fue exhibida a la defensa, presentándola recién en último día de juicio, desconociendo la actuación arbitraria e ilegal para su obtención, toda vez que este hecho no puede servir de fundamento para la justicia penal, más aun cuando el informe incorporado estaría desvirtuado, por las certificaciones emitidas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Impuestos Nacionales y Registro de Antecedentes Penales.

Concluye señalando que nunca se pudo probar la existencia de ganancia ilícita a ser legitimada, señala que se dio errónea aplicación de los arts. 341 incs. 2) y 3), 354 y 362 del Código de Procedimiento Penal, consecuentemente al no existir prueba plena solicita que se revoque el Auto de Vista motivo del presente recurso y se la declare absuelta de pena y culpa.

CONSIDERANDO: Que el referido recurso de casación, fue admitido conforme a los argumentos descritos en el Auto Supremo Nro. 277/2012 de 8 de octubre del presente año 2012, a efecto de verificar la denuncia efectuada por infracción al debido proceso y derecho a la defensa, que se habría cometido al momento de celebrar el juicio oral, cuando se admitió la incorporación de prueba extraordinaria consistente en un informe de la Unidad de Investigación Financiera.

Al respecto es necesario dejar claramente establecido que conforme dispone el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, relativo a los arts. 50 inc. 1) y 51 inc. 2) de la misma norma legal, el recurso de casación procede para impugnar únicamente Autos de Vista emitidos al resolver las apelaciones restringidas planteadas por las partes; en ese entendido, los motivos de casación deben estar dirigidos a cuestionar los fundamentos de dichas resoluciones con la finalidad de que este Tribunal Supremo de Justicia establezca si efectivamente el Tribunal de Alzada cometió infracción a momento de resolver los motivos de apelación restringida que justifique dejar sin efecto dicho fallo.

En el caso de Autos, verificada la denuncia, de la lectura de la apelación restringida se advierte que la impetrante no denunció la infracción en alzada, por lo que el Tribunal de Apelación, no pudo pronunciarse positiva o negativamente al respecto; en consecuencia, la desidia de la impetrante a momento de recurrir en alzada, impide a este Máximo Tribunal de Justicia pronunciarse sobre las supuestas vulneraciones, cuya verificación, únicamente correspondía efectuarse al momento de resolver el fondo del recurso de casación, por lo que se establece que el Recurso de Casación planteado, carece de sustento legal que haga válida la pretensión de la recurrente.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo dispuesto por el parágrafo segundo del art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Luzmila Magdalena Chambi Zalles (fs. 340 a 347), impugnando el Auto de Vista Nro. 53 emitido el 9 de agosto de 2012 por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 331 a 337), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luzmila Magdalena Chambi Zalles, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, previsto y sancionado por el art. 185 bis. del Código Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

Jorge Isaac Von Borries Mendez.

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.

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