SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 309/2012

Sucre, 29 de octubre de 2012

EXPEDIENTE: La Paz 190/2012

PARTES PROCESALES: Silvia Quiroga Reyes, Lorena Carla Vera Montaño en representación de IGENAR Bolivia S.R.L. contra Rzoset Mónica Morales Vera.

DELITO: cheque en descubierto.

MAGISTRADO RELATOR: Jorge I. von Borries Méndez.

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por la procesada Rzoset Mónica Morales Vera (fs. 314 a 319), impugnando el Auto de Vista Nro. 12/2012 emitido el 22 de marzo de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 290 a 291), en el proceso penal seguido por Silvia Quiroga Reyes y Lorena Carla Vera Montaño en representación de IGENAR Bolivia S.R.L. contra la recurrente por el delito de cheque en descubierto previsto y sancionado por el art. 204 del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que el recurso de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Concluido el juicio oral, público y contradictorio el Juez Sexto de Sentencia de la ciudad de La Paz, por Sentencia Nro. 224/2011 de 29 de septiembre de 2011 (fs.224 a 227) declaró a Rzoset Mónica Morales Vera autora de la comisión del delito de cheque en descubierto previsto y sancionado en el art. 204 del Código Penal, condenándola a cumplir la pena de reclusión de tres años y seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, más el pago de 100 días multa a razón de Bs. 5 por día, así como el resarcimiento del daño civil y costas a favor de la parte querellante a calificarse en ejecución de Sentencia.

Sentencia contra la que la procesada Rzoset Mónica Morales Vera interpuso recurso de apelación restringida (fs. 232 a 248); recurso que fue resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por Auto de Vista Nro. 12/2012 de 22 de marzo de 2012 (fs. 290 a 291), declarándolo improcedente y confirmando totalmente la Sentencia impugnada.

Que siendo esos los antecedentes, la recurrente formuló recurso de casación contra el Auto de Vista referido (fs. 314 a 319) alegando:

a) Que el Auto de Vista en su estructura y fundamento contradice a la doctrina legal aplicable establecida en el Auto Supremo Nro. 308 de 25 de agosto de 2006 (se realiza trascripción de la doctrina legal aplicable, sin realizar la contradicción con el Auto de Vista).

b) Que en el recurso de apelación como primer motivo se expuso la aplicación de las reglas de la sana critica, determinándose que la Sentencia debería ser reflejo de un análisis armónico de la prueba, hecho que no se realizó en el presente caso, ya que se Sentencia con insuficiencia de prueba, mencionándose simplemente la prueba de cargo y de descargo de forma discrecional sin indicarse su contenido, sin siquiera describir su valor y como se lograría convencimiento en el juez para la determinación de la responsabilidad penal; aspecto que no fue considerado por los Vocales a momento de emitir el Auto de Vista, intentándose suplir la fundamentación con el solo hecho de la mención de la prueba, aspecto qué debió ser fiscalizado por el Tribunal de Alzada, ya que el juzgador de grado solo aplicó el libre convencimiento y no así la sana crítica, teniendo la Sentencia deficiencia en lo que respecta a la apreciación de pruebas de cargo y descargo, hecho que es convalidado por el Auto de Vista.

c) Que la Sentencia impone pena de reclusión de tres años y seis meses sin considerar la personalidad y aspectos profesionales de su persona, en virtud a que no tiene antecedentes policiales ni judiciales, falencia que no es tomada en cuenta por los Vocales puesto que no controlan la valoración del juzgador de origen; toda vez, que no fundamenta ni explica el por qué de la imposición grave punitiva, actuando de forma inquisitiva, debiendo disminuirse la penalidad gravosa por lo menos a tres años, ya que el Auto de Vista se halla violando el principio de inocencia y la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, al no considerarse las pruebas de descargo para la atenuación de la pena, Auto de Vista que es contradictorio a la doctrina legal aplicable en lo que respecta a la valoración de la prueba que corresponde al juzgador de origen, puesto que no se ha fiscalizado la labor del juzgador de instancia, siendo contradictorio a la línea jurisprudencial establecida en los Autos Supremos Nros. 384 de 26 de septiembre de 2005, 515 de 16 de noviembre de 2006, 63 de 27 de enero de 2006, 242 de 6 de julio de 2006, 183 de 6 de febrero de 2007, 214 de 28 de marzo de 2007, Sentencia Constitucional 478-R de 23 de julio de 2006 y Auto Constitucional Nro. 58 de 23 de enero de 2007, ya que los Magistrados en el momento de fallar o sentenciar deben aplicar este método, que consiste en fundar su resolución no en su convencimiento personal o en lo que ellos piensan, sino que deben hacerlo de una forma razonada y aplicar el principio de razonabilidad, donde el convencimiento debe realizarse mediante las pruebas aportadas al proceso, y no apartándose de ellas como ocurre en especie, cuando el Tribunal de origen solo refiere a la prueba sin razonarla y sin aplicar la sana crítica, incurriendo el Auto de Vista en el mismo error, pues deja de lado que toda Sentencia debe contar con un razonamiento de certeza, no controlando y fiscalizando la valoración de la prueba incumpliendo con la doctrina legal aplicable respecto a la exigencia de controlar la actividad de valoración de la prueba y de fundamentar las resoluciones bajo las pruebas del proceso aplicando la sana crítica judicial.

d) Que el Tribunal de Alzada no cumple su rol procesal de control y fiscalizar la actividad procesal desarrollada en el juicio, así como el control de la Sentencia de grado en lo que respecta al cotejo de las actas y la Sentencia ya que se emite resolución con basamentos no acreditados en contradicción de los Autos Supremos Nros. 214 de 28 de marzo de 2007, 515 de 16 de noviembre de 2006, 63 de 27 de enero de 2006, 478 de 23 de julio de 2006 y Auto Constitucional Nro 58/2007 de 23 de enero de 2007 y 308 de 25 de agosto de 2006.

e) Que no se explicó por qué se hace una diferencia en la imposición de la pena, desde el punto de vista de esposos pertenecientes a la tercera edad y con derecho a una vejez digna, acorde a los Autos Supremos Nros. 256 de 26 de julio de 2006, 314 de 25 de agosto de 2006, 14 de 26 de enero de 2007, 242 de 6 de julio de 2006, 183 de 6 de febrero de 2007, 256 de 26 de julio de 2006, 314 de 25 de agosto de 2006.

f) El Tribunal de Alzada no se pronunció legalmente en la resolución Nro. 12/2012 de 22 de marzo de 2012 sobre todos los motivos planteados en el recurso de apelación restringida, incumpliendo con su rol de control y fiscalización, peor aún al no advertir los vicios de la Sentencia, en infracción al principio tantum devolutium quantum apellatium y al deber de fundamentación constituyéndose en un vicio de incongruencia omisiva, que contradice el Auto Supremo Nro. 411 de 20 de octubre de 2006.

Concluyó pidiendo se case el Auto de Vista en apego a la justicia y a las formalidades de ley.

CONSIDERANDO: Conforme se tiene del Auto Admisorio Nro. 275/2012 de 4 de octubre de 2012, corresponde en esta fase, efectuar el pronunciamiento conforme a los alcances establecidos en el mismo, por lo que el análisis se circunscribirá a los Autos Supremos Nros. 384 de 26 de septiembre de 2005, 515 de 16 de noviembre de 2006, 63 de 27 de enero de 2006 y 411 de 20 de octubre de 2006.

Señalando en primera instancia que el debido proceso es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; la Constitución Política del Estado en su art. 115, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en un fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución.

En lo que respecta al recurso de Casación es preciso manifestar que el objeto del mismo es el de uniformar jurisprudencia, desplegando esa labor de unificación de criterios, con la finalidad de otorgar la seguridad jurídica a las partes en pro al derecho a la igualdad, por eso la obligatoriedad de invocar los precedentes contradictorios al Auto de Vista, los que deben ser similares en cuanto al hecho resuelto; vale decir, que en lo fáctico, histórico y legal deben concurrir elementos comunes que los cataloguen como similares, para así poder establecer si en una situación de hecho similar el sentido jurídico que se le asigna al Auto de Vista impugnado no coincide con el o los precedentes, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance, por otra parte el párrafo segundo del art. 416 del Código de Procedimiento Penal establece que "existe contradicción cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance"; bajo esos parámetros señalados, del estudio y análisis exhaustivo del proceso es menester referir que previamente a considerase las denuncias de los incs. c) y d) se resolverá la denuncia plasmada en el inc. f) en virtud a que hace referencia a cuestiones de previo pronunciamiento, en ese entendido es menester referir lo siguiente:

1.- En lo concerniente a la denuncia plasmada en el inciso f) referente a que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los puntos planteados en el recurso de apelación restringida, incumpliendo con su rol de control y fiscalización en infracción al principio tamtum devolutum quantum apellatum la recurrente invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 411 de 20 de octubre de 2006 donde el Tribunal Supremo de Justicia al constatar de que en el Auto de Vista emitido por el Tribunal de Apelación se inobservó la previsión contenida en los arts. 398 y 124 del Código de Procedimiento Penal, al no haberse circunscrito a los puntos que fueron motivo de la apelación restringida, establecieron doctrina legal señalando que: "  Al no haberse pronunciado el tribunal ad quem sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta fáctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación. Esta actividad se constituye en vicio absoluto que atenta contra al derecho a la defensa y al debido proceso, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones respondiendo efectivamente a las cuestiones planteadas por los recurrentes, cuya omisión constituye un defecto de la resolución que no puede convalidarse". Dada la jurisprudencia y doctrina legal citada se tiene que el precedente invocado contradice al Auto de Vista impugnado; toda vez que los hechos son similares ya que el Tribunal de Alzada en el caso de autos tampoco resolvió todos y cada uno de los puntos reclamados en el recurso de apelación restringida planteado, olvidando su obligación de circunscribir la decisión a los puntos acusados por los apelantes a los que se hallan compelidos, puesto que la recurrente en el recurso expuso diez motivos de apelación, sin embargo los de Alzada sólo hacen referencia en una evasiva y escueta motivación a la denuncia de errónea aplicación a las reglas de la sana crítica y sobre la utilización de la declaración de la acusada en la Sentencia, acusaciones expuestas en el primer y séptimo motivo del recurso de apelación restringida, asimismo el Tribunal de Alzada se aboca a realizar una descripción doctrinal de las nulidades, omitiendo pronunciarse sobre las otras ocho denuncias del recurso de apelación referentes a la insuficiente prueba de cargo para la condena, la violación del principio de motivación de ser expresa, clara y legítima, insuficiente motivación descriptiva, intelectiva y probatoria de la Sentencia, que esta se basa en hechos inexistentes, la no aplicación del in dubio pro reo, la incoherencia en los fundamentos de la imposición de la pena al no tomarse en cuenta las atenuantes especiales y la vulneración del principio de continuidad e inmediación; deduciéndose que el Tribunal de Alzada incurrió en la vulneración de los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que el Auto de Vista impugnado carece de correcta y adecuada fundamentación, al no haber resuelto todos los puntos cuestionados y al no haber ceñido la resolución de fondo a motivaciones claras y suficientes; de ahí que se colige que sólo se resolvieron dos puntos de la apelación restringida, sin embargo los argumentos vertidos son insuficientes, resolución que sobre el punto en cuestión es contradictoria al precedente invocado por la recurrente.

2.- En mérito a que se evidenció que en el caso de autos se infringió el debido proceso y que corresponde establecer doctrina legal aplicable, es preciso señalar que a este Tribunal no incumbe pronunciarse respecto a las denuncias de los incs. c) y d), porque estas denuncias también fueron planteadas en apelación restringida las cuales no fueron resueltas, y teniendo presente que el Tribunal de Alzada debe resolver todos y cada uno de los puntos denunciados en apelación restringida, corresponde a este su pronunciamiento.

De lo expuesto amerita en aplicación del art. 419 del Código Adjetivo, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, y establecer la siguiente:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

Se considera que existe incongruencia omisiva (citra petrita o ex silentio) cuando en el Auto de Vista no se resolvieron todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y en base de argumentos jurídicos individualizados y sólidos, a fin de que se pueda inferir una respuesta con los criterios jurídicos correspondientes al caso en concreto sin que estos sean esquivos o imprecisos, lo contrario constituye infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, siendo obligación del Tribunal de Apelación, realizar la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y la disposición contenida en el art. 419 del Código de Procedimiento Penal, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista Nro. 12/2012 emitido el 22 de marzo de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 290 a 291), en el proceso penal seguido por Silvia Quiroga Reyes y Lorena Carla Vera Montaño en representación de IGENAR Bolivia S.R.L. contra la recurrente por el delito de cheque en descubierto previsto y sancionado por el art. 204 del Código Penal.

Y dispone que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronuncie nueva resolución conforme a la doctrina legal establecida precedentemente y las normas constitucionales y legales previstas para el caso concreto.

En aplicación del art. 420 del Código de Procedimiento Penal, remítase copias del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para el conocimiento de las Salas Penales y Jueces en materia penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

Jorge Isaac Von Borries Mendez.

NTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.