SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 304/2012

Sucre, 24 de octubre de 2012

EXPEDIENTE: Santa Cruz 207/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Sandra Mercado de Chilo, José Luis Huancachoque Velásquez, Víctor Hugo Chilo Gutiérrez, Patricia Yabeta contra Juan Carlos Arrazola López, Héctor Arrazola López, Teresa Arrazola López, Rita López Montero, Roly Yasmany Arrazola López, Alí Arrazola López, Juan Arrazola Gutiérrez, Carmen Cielito Arrazola López, Katherine Arrazola López.

DELITO: asociación delictuosa, lesiones graves y leves.

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Juan Carlos Arrazola López, Héctor Arrazola López, Roly Yasmany Arrazola López, Teresa Arrazola López y Rita López Montero, (fs. 1033 a 1038), impugnando el Auto de Vista Nro. 53 emitido el 16 de agosto de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 996 a 1001), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, Sandra Mercado de Chilo, José Luís Huancachoque Velásquez, Víctor Hugo Chilo Gutiérrez y Patricia Yabeta contra Alí Arrazola López, Juan Arrazola Gutiérrez, Carmen Cielito Arrazola López, Katherine Arrazola López y los recurrentes por comisión de los delitos de asociación delictuosa más lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los art. 132, 271 concordante con el art. 45 del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que dicho recurso tuvo origen en los siguientes antecedentes:

1.- Sustanciado el juicio por el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dictó Sentencia Nro. 17 de 28 de noviembre de 2011 (fs. 879 a 896) por la cual declaró a Juan Carlos Arrazola López autor y culpable de la comisión de los delitos de asociación delictuosa y lesiones graves y leves tipificados por los arts. 132 y 271 con relación al 45 del Código Penal, condenándolo a la pena de cuatro años de reclusión a cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz, sección varones más el pago de 500 días multa a razón de Bs. 1.- por día y costas a tasarse en ejecución de Sentencia.

Declaró a los co imputados Héctor Arrazola López, Roly Yasmany Arrazola López, Teresa Arrazola López y Rita López Montero, autores y culpables de los delitos de lesiones leves y asociación delictuosa en concurso real, previstos y sancionados por los arts. 271 y 132 con relación al 45 del Código Penal, condenándolos a la pena de tres años de reclusión a cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz, así como al pago de 300 días multa a razón de Bs. 1 por día y costas regulables en ejecución de Sentencia, y los absolvió de la comisión del delito de lesiones graves.

A Juan Arrazola Gutiérrez, Carmen Cielito Arrazola López, Catherine Arrazola López y Alí Arrazola López, los declaró absueltos de culpa y pena de los delitos de lesiones graves y leves y asociación delictuosa en concurso real, tipificados por los arts. 271, 132 con relación al 45 del Código Penal, al no haberse demostrado objetivamente su participación en los hechos imputados y porque la prueba aportada por el Ministerio Público y la acusación particular no han sido suficientes para generar convicción sobre la responsabilidad penal.

2.- Resolución que fue objeto de recurso de apelación restringida por los co imputados Juan Carlos Arrazola López, Héctor Arrazola López, Roly Yasmany Arrazola López, Teresa Arrazola López y Rita López Montero (fs. 931 a 941), y el Tribunal de Alzada mediante Auto de Vista número 53 de 16 de agosto de 2012, declaró dicho recurso admisible e improcedente al igual que la apelación incidental presentada contra el auto que rechaza la excepción de extinción de la acción penal al no darse las condiciones exigidas por el art. 133 del Código de Procedimiento Penal.

Contra el citado Auto de Vista, los mencionados recurrentes, interpusieron recurso de casación, en que alegan:

a) El Auto de Vista impugnado, "señala erróneamente que el juicio se llevó a cabo con absoluto respeto a las garantías y derechos constitucionales de los imputados y correcta fundamentación de la Sentencia, lo que no es evidente", porque se violó el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de legalidad previsto en el art. 169 inc. 3) de la Ley Nro. 1970, pues: El Ministerio Público presentó acusación sin acompañar la querella ni las declaraciones de los imputados, el Auto de radicatoria no se notificó a la "parte civil" (sic); Alí, Carmen y Roly Yasmany Arrazola López interpusieron extinción de la acción por duración máxima del proceso, que fue negada después de ocho días señalando que se resolverá en juicio oral, y por no haber resuelto en el plazo señalado se les privó del derecho a recurrir.

El Ministerio Público subsanó su omisión aunque recién en fecha 1 de febrero de 2011, cuatro meses después de la conminatoria de 21 de octubre de 2010. En fecha 18 de noviembre de 2010 Juan Arrazola Gutiérrez y Rita López Montero, solicitan la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, que fue resuelta el 14 de junio de 2011 señalando que se resolverá en juicio oral, vulnerando los arts. 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal. Juan Carlos, Yasmany, Héctor y Katherine Arrazola López por separado, interpusieron nulidad de notificaciones al no cumplirse con lo prescrito por el arts. 163 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal, la cual es negada, privándoles de su derecho de presentar prueba documental en su defensa, contradiciendo lo señalado en los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, violando el debido proceso, además porque del 18 de marzo al 24 de mayo se dictó una resolución fuera de todo procedimiento. El 16 de julio de 2011 de forma "sui-generis" (sic), se les notifica a todos con una sola notificación que dio lugar a que no estuvieran en la audiencia de Constitución de Tribunal, privándoles de su derecho a recusar a los ciudadanos con los que no estuvieran de acuerdo. Finalmente la Sentencia no especifica quién agredió a quién y se castiga en forma genérica, aspecto que el Tribunal de Alzada no toma en cuenta.

El Tribunal de Alzada no se pronunció sobre el cuestionamiento realizado al Tribunal de Sentencia respecto a la improcedencia de la excepción de la acción por duración máxima del proceso y la ilegal resta de días para establecer que no había transcurrido tres años, vulnerando el art. 398 del Código de Procedimiento Penal.

Se solicitó aplicación de la Sentencia Constitucional Nro. 221/2007, pero no se tomó en consideración, ni siquiera es mencionada, incurriendo en violación de lo establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal y los arts. 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado.

Todos esos actos violan el debido proceso, la legítima defensa y contradicen al art. 119 de la Constitución Política del Estado concordante con la Sentencia Constitucional Nro. 50/2007 de 7 de febrero, relacionadas implícitamente con los defectos absolutos previstos por el art. 169 inc. 3) -no señala normativa legal-, relacionado con los arts. 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado, debieron ser resueltas por el Tribunal de Alzada en el ámbito de aplicación de la apelación restringida y las Sentencias Constitucionales Nros. 1075/2003 y 1056/2003. Cita además el Auto de Vista de 15 de noviembre de 2010 dictado por la Sala Penal Primera (no señala Distrito Judicial).

b) En el Auto de Vista impugnado señalaron que no se fundamentó la excepción de extinción de la acción por duración máxima del proceso, por lo que no se habilitó su consideración en el fondo, lo que no es evidente, ya que en la apelación restringida, de 27 de diciembre de 2011, se señalan claramente "donde se perdió el tiempo." (sic).

c) Sobre la errónea aplicación de la Ley, el art. 133 del Código de Procedimiento Penal, referente a los descuentos de días en el cómputo para la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, el Tribunal de Alzada debió pronunciarse de manera objetiva sobre su petición atendiendo al principio constitucional de generalidad, igualdad jurídica, que implica el derecho a ser tratado sin ninguna discriminación, omisión que constituye defecto de procedimiento, que al haber recurrido y al hacer reserva de recurrir, el Tribunal no puede dejar de fallar sobre dicho motivo, debe resolver respondiendo a los agravios cuestionados. Citaron los Autos de Vista de 25 y 28 de febrero de 2009, los Autos Supremos Nros. 175 de 24 de mayo de 2005, 208 de 15 de junio de 2005, 223 de 23 de julio de 2005 y 227 de 23 de junio de 2005; las Sentencias Constitucionales Nros. 34/2006 y 23/2007, el Auto Supremo emitido por Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de 17 de julio de 2008.

Finalizaron solicitando que se declare la extinción de la acción por duración máxima del proceso, o en su defecto se anule obrados hasta el vicio más antiguo que es la notificación con la acusación.

En el "Otrosí 1ro.-" invoca el Auto de Vista de 15 de noviembre de 2010, (adjunta al recurso), reiterando que el Auto de Vista no se pronunció respecto a la abundante prueba por violación al debido proceso, tampoco respecto a la ilegal resta de 335 días por vacación y por jubilación. Sin identificar debidamente, solicita "tome en cuenta el A.S. siguiente:", realizando a continuación lo que parece la trascripción de una resolución. En el "Otrosí 2do.-"manifiesta que acompaña prueba en fotocopias simples, cuyos originales cursan en obrados.

CONSIDERANDO: Que para la admisibilidad del recurso de casación, resulta menester observar y cumplir con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, los cuales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, demostrando previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese interpuesto dicho recurso contra la sentencia por causarle agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente.

En ese contexto, debe entenderse que el recurso de casación, es un medio impugnatorio de carácter extraordinario y formal, de naturaleza excepcional, cuya reglamentación es restrictiva y limitativa, pues sólo procede contra las infracciones cometidas por los Vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia (antes Cortes Superiores de Distrito) al emitir Autos de Vista en ejercicio de la competencia reconocida por el art. 51 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal, incurriendo en contradicción con otras resoluciones pronunciadas por Tribunales homólogos o por el máximo Tribunal de Justicia (art. 416 del Código de Procedimiento Penal). La resolución del conflicto está atribuida al órgano único y superior de justicia de Estado (Tribunal Supremo de Justicia), cuya competencia o función, al tenor del art. 420 del Código de Procedimiento Penal es la de unificar la jurisprudencia nacional, estableciendo la doctrina legal aplicable en los casos en que efectivamente se verifique contradicción entre el Auto de Vista recurrido y los precedentes invocados, cuya observancia y aplicación es de carácter vinculante para los tribunales inferiores en grado en situaciones de hechos análogos, garantizando así la aplicación uniforme de la ley mediante interpretación de la norma legal; coligiéndose consecuentemente, que no es una tercera instancia, ya que versa únicamente sobre aspectos jurídicos y no sobre aspectos fácticos.

Para poder ser utilizado el recurso se precisa no sólo la lesividad o gravamen con la resolución recurrida, sino la presencia de motivos determinados contrarios a la Ley, los que deben ser debidamente identificados y motivados, debiendo el Tribunal Casacional limitarse a considerar las alegaciones formuladas por el recurrente, siempre que se formulen en apego y acatamiento estricto a su carácter formal; es decir cumpliendo los requisitos exigidos por la misma Ley adjetiva penal.

Entonces, su objetivo es asegurar el exacto y uniforme cumplimiento de la Ley en todo el territorio nacional, valiéndose para ello de la competencia atribuida al Supremo Tribunal (la unificación jurisprudencial y nomofilaxis), con la finalidad de garantizar el principio de igualdad ante la Ley, en observancia de la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que es un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales por el Tribunal de Apelación al resolver la apelación restringida; en ese entendido, para que el planteamiento del recurso sea eficaz, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentar su recurso dentro el plazo establecido por ley, sino señalar de forma clara, expresa, motivada y/o fundamentada la contradicción en la que incurrió el Tribunal de Alzada a momento de emitir su fallo. Es decir, señalar por qué el sentido jurídico que se asignó en el fallo recurrido, es contrario a la doctrina legal aplicable establecida en los precedentes invocados, precisando si se aplicaron normas distintas a las aplicadas en un caso similar o una misma norma con diverso alcance; por consiguiente no basta la simple mención, invocación, trascripción o adjuntar alguna copia del precedente, tampoco sirve la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación para satisfacer sus expectativas; sino, adecuarse indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia.

De igual manera, los impetrantes deben asegurarse que los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, debiendo concurrir elementos comunes que hagan posible su catalogación como similares en cuanto a su naturaleza, contenido y finalidad, por lo que únicamente pueden ser invocadas resoluciones expedidas en procesos penales, resuelto por una de las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia o el Máximo Tribunal de Justicia dentro el actual régimen procesal penal, lo contrario, implica la imposibilidad del Tribunal Supremo de cumplir con su competencia unificadora y nomofiláctica.

Por otra parte, de forma extraordinaria y sólo ante denuncias referentes a la vulneración de garantías y/o derechos fundamentales, que podrían devenir en defectos absolutos y la consiguiente nulidad de actos, el Tribunal de Casación, admite dichos recursos dentro los límites de su competencia (arts. 50, 416 y 421 del Código de Procedimiento Penal, 184 nral. 1 de la Constitución Política del Estado), al efecto, las denuncias deben ser expresas (art. 17 parágrafo II de la Ley del Órgano Judicial), deben encontrarse debidamente fundamentadas, identificando plenamente la garantía constitucional o el derecho que reclama como transgredido y la acción u omisión que considere vulneratoria a ese derecho, acreditando normativa y objetivamente el daño causado (principio de trascendencia); el incumplimiento de estos requisitos por parte del impetrante, impide abrir la competencia del Tribunal de Casación ante denuncias al respecto.

Bajo los criterios expuestos, se debe considerar que el incumplimiento de uno o más de los requisitos señalados, tiene como efecto que el Tribunal de Casación declare la inadmisibilidad del recurso.

CONSIDERANDO: Que conforme las consideraciones precedentes, analizados los argumentos expuestos por los recurrentes a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, este Máximo Tribunal de Justicia concluye:

I. Los recurrentes presentaron el recurso de casación dentro del plazo previsto por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal, contra el Auto de Vista Nro. 53 de 16 de agosto de 2012.

II. Anexaron copia de apelación restringida, en la que invocaron los Autos Supremos Nros. 175 de 24 de mayo de 2005, 208 de 15 de junio de 2005, 223 de 23 de julio de 2005 y 227 de 23 de junio de 2005; y el Auto de Vista de 25 de febrero de 2009. En etapa casacional invocaron los Autos de Vista de 15 de noviembre de 2010 dictado por la Sala Penal Primera, de 25 de febrero de 2009 y de 28 de febrero de 2009; los Autos Supremos Nros. 175 de 24 de mayo de 2005, 208 de 15 de junio de 2005, 223 de 23 de julio de 2005 y 227 de 23 de junio de 2005 y el Auto Supremo emitido por Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de 17 de julio de 2008.

Respecto a las citadas resoluciones hay que señalar que: Los Autos de Vista de 15 de noviembre de 2010 dictado por la Sala Penal Primera, de 25 de febrero de 2009 y de 28 de febrero de 2009, no se encuentran debidamente identificados a efectos de su ubicación y su correspondiente verificación, pues debe tomarse en cuenta, que al existir nueve Distritos Judiciales, en cada uno de ellos, una o más Salas Penales que pudieron haber emitido dichos fallos, por lo que no pueden constituir precedentes contradictorios. Sin embargo, habiendo acompañado copia del Auto de Vista de 15 de noviembre de 2010 dictado por la Sala Penal Primera, hace posible su verificación en el fondo.

Con relación a los Autos Supremos Nros. 175 de 24 de mayo de 2005, 208 de 15 de junio de 2005, 223 de 23 de julio de 2005 y 227 de 23 de junio de 2005, omitió su obligación de fundamentar en términos claros y precisos, la forma en que el Tribunal de Alzada hubiera incurrido en contradicción con referencia a las resoluciones invocadas, negligencia que no puede ser suplida de oficio, por constituir precisamente ese requisito la base del recurso; omisión que impide abrir la competencia de este Tribunal Supremo de Justicia para verificar en el fondo la existencia de contradicciones, por no haber sido expresadas en el presente recurso; sobre la Sentencia (Auto Supremo) emitida por Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de 17 de julio de 2008, tampoco puede ser considerado para su contrastación en fondo, toda vez que no se encuentra dentro las resoluciones admitidas en tal calidad por el art. 416 del Código de Procedimiento Penal.

Por otra parte, es imprescindible aclarar que las Sentencias Constitucionales invocadas, al igual que las resoluciones emitidas por cualquier otra Sala, que no sea la Penal del Tribunal Supremo de Justicia o Tribunales Departamentales de Justicia, no constituyen precedentes contradictorios por no encontrarse entre las Resoluciones señaladas en el art. 416 del Código de Procedimiento Penal.

III. Existiendo denuncia expresa por defecto absoluto incurso en el art. 169 inc. 3), vulneración al debido proceso, derecho a la defensa y el principio de legalidad previstos en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal y los arts. 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado, en que habría incurrido el Tribunal de Alzada, corresponde su admisión para su consideración en el fondo. Se deja establecido que únicamente fue admitido en calidad de precedente contradictorio el Auto de Vista de 15 de noviembre de 2010 dictado por la Sala Penal Primera, invocado en la primera alegación y en el "Otrosí 1ro.".

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y aplicando la disposición contenida en el art. 418 del Código de Procedimiento Penal, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Juan Carlos Arrazola López, Héctor Arrazola López, Roly Yasmany Arrazola López, Teresa Arrazola López y Rita López Montero, (fs. 1033 a 1038), impugnando el Auto de Vista Nro. 53 emitido el 16 de agosto de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 996 a 1001), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, Sandra Mercado de Chilo, José Luís Huancachoque Velásquez, Víctor Hugo Chilo Gutiérrez y Patricia Yabeta contra Alí Arrazola López, Juan Arrazola Gutiérrez, Carmen Cielito Arrazola López, Katherine Arrazola López y los recurrentes por comisión de los delitos de asociación delictuosa más lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los art. 132, 271 concordante con el art. 45 del Código Penal.

Por Secretaría de Sala, remítase copias legalizadas de la Sentencia, el Auto de Vista y el presente Auto Supremo a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, para que se inhiban de dictar resoluciones en las que se debaten las mismas cuestiones de derecho, hasta que se les haga conocer la resolución emergente de este recurso de casación, todo conforme prevé el citado art. 418 en su parágrafo segundo del mismo cuerpo legal.

Regístrese y notifíquese.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas. (Presidente)

Jorge Isaac Von Borries Mendez.

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.

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