SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 302/2012

Sucre, 24 de octubre de 2012

EXPEDIENTE: Oruro 209/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Juan Marcelo Martínez Zambrana.

DELITO: tráfico de sustancias controladas.

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Juan Marcelo Martínez Zambrana (fs. 82 a 84), impugnando el Auto de Vista Nro. 23/2012 emitido el 24 de septiembre de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 71 a 74), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por los arts. 48 y 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

CONSIDERANDO: Que el Juzgado de Sentencia Penal Nro. 1 del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Sentencia Nro. 03/2012 de 29 de febrero (fs. 41 a 48), declaró al acusado Juan Marcelo Martínez Zambrana autor de la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, imponiéndole la pena de quince años de presidio, a cumplirlos en el penal de San Pedro de esa ciudad, más pago de 500 días multa a razón de Bs. 1, con costas y responsabilidad civil a favor del Estado, a ser averiguable en ejecución de sentencia.

Fallo que fue impugnado mediante recurso de apelación restringida, interpuesto por el acusado (fs. 51 a 54), resuelto mediante el Auto de Vista Nro. 23/2012 de 24 de septiembre emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 71 a 74), declarando improcedente y deliberando en el fondo confirma la Sentencia, lo cual da origen a la presentación del recurso de casación que es caso de autos, alegando lo siguiente:

El Auto de Vista recurrido, al confirmar la Sentencia y afirmar que ésta cumple con la debida fundamentación, vulnera sus derechos a un juicio justo, a una resolución debidamente motivada y fundamentada, exigible desde el punto de vista de las reglas del debido proceso; toda vez que, no considera que la falta de fundamentación se debe a que en el presente caso no existe ninguna fundamentación sobre la modalidad de tener un depósito o almacenamiento, previsto en el art. 33 inc. m) de la Ley Nro. 1008, por lo que también fue condenado. De esta forma, continua alegando, los de Alzada pretenden justificar la fundamentación de la Sentencia con fundamentos subjetivos, mismo que no pueden suplir las circunstancias fácticas, probatorias y jurídicas de la modalidad de tener en depósito o almacenamiento, previstas en el art. 33 inc. m) referido.

Concluye alegando que dichos extremos dieron lugar a que se dicte una resolución generalizada y ficticia, basada en cuestiones inexistentes y subjetivas, que en definitiva constituyen vulneración flagrante a la garantía del debido proceso en uno de sus elementos, como es la motivación de sus resoluciones, prevista en el art. 370 inc. 5) del Código de Procedimiento Penal, conforme se acredita en la doctrina legal sentada mediante los Autos Supremos Nros. 724 de 26 de noviembre de 2004, 314 de 25 de agosto de 2006, 242 de 6 de julio de 2006 y 14 de 26 de enero de 2006.

CONSIDERANDO: Que para la admisibilidad del recurso de casación, resulta menester observar y cumplir con los requisitos establecido en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, los cuales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, demostrando previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese interpuesto dicho recurso contra la Sentencia por causarle agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente.

Ahora bien, respecto al recurso de casación referido líneas arriba, se evidencia que éste impugna el Auto de Vista inicialmente descrito, además que fue presentado dentro del plazo legal previsto por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal y que si bien el recurrente invocó precedentes contradictorios (Autos Supremos Nros. 724 de 26 de noviembre de 2004, 314 de 25 de agosto de 2006, 242 de 6 de julio de 2006, 14 de 26 de enero de 2006, 82 de 30 de enero de 2006, 349 de 28 de agosto de 2006 y 256 de 26 de julio de 2006), empero se limita a mencionarlos, omitiendo señalar la presunta contradicción en términos precisos, existente entre aquellos y el Auto de vista recurrido, cuyo incumplimiento a los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal se encuentra expresamente sancionado con la inadmisibilidad del recurso, al no poderse establecer el sentido jurídico contradictorio.

A su vez acusa vulneración flagrante a la garantía del debido proceso en su elemento de la motivación en las resoluciones, cuyo presunto daño adquiriría relevancia de connotación constitucional; por lo que, este Tribunal Supremo opta por abrir su competencia y declarar la admisibilidad del presente recurso, únicamente a efecto de determinar la existencia o no de aquella presunta vulneración.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la regla contenida en el art. 418 del Código de Procedimiento Penal, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Juan Marcelo Martínez Zambrana (fs. 82 a 84), impugnando el Auto de Vista Nro. 23/2012 emitido el 24 de septiembre de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 71 a 74), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por los arts. 48 y 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

Por Secretaría de Sala, remítase copias legalizadas de la Sentencia, el Auto de Vista y el presente Auto Supremo a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, para que se inhiban de dictar resoluciones en las que se debaten las mismas cuestiones de derecho, hasta que se les haga conocer la resolución emergente de este recurso de casación, todo conforme prevé el citado art. 418 en su parágrafo segundo del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese y notifíquese.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas. (Presidente)

Jorge Isaac Von Borries Mendez.

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.

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