SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 292/2012

Sucre, 22 de octubre de 2012

EXPEDIENTE: Santa Cruz 205/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Francisco Valencia Aguilar, Victor Antonio Onofre Muñoz, Leopoldo David Chanduvi Rodríguez.

DELITO: tráfico de sustancias controladas.

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Leopoldo David Chanduvi Rodriguez (fs. 216 a 217), impugnando el Auto de Vista Nro. 24/2012 de 25 de mayo de 2012 (fs. 207 a 210) emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Francisco Valencia Aguilar, Victor Antonio Onofre Muñoz y el recurrente con imputación por comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

CONSIDERANDO: Que el recurso de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes: Concluido el juicio oral, público y contradictorio el Tribunal Tercero de Sentencia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por Sentencia Nro. 07/2011 de 9 de abril de 2011 (fs. 175 a 181) declaró a Leopoldo David Chanduvi Rodríguez autor y culpable del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, imponiéndole la pena privativa de libertad de presidio de catorce años a cumplir en el Centro de Rehabilitación de Santa Cruz, más el pago de 500 días multa a razón de Bs. 3 por cada día, así como costas a ser calificados en ejecución de Sentencia, por otra parte declaró a Francisco Valencia Aguilar absuelto de culpa y pena del delito de tráfico de sustancias controladas disponiendo la cesación de todas las medidas cautelares de carácter personal conforme lo dispuesto por el art. 364 del Código de Procedimiento Penal. Sentencia contra la cual el procesado Leopoldo David Chanduvi Rodríguez interpuso recurso de apelación restringida (fs. 191 a 192); recurso que fue resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz por Auto de Vista Nro 24/2012 de 25 de mayo de 2012 (fs. 207 a 210), declarándolo improcedente confirmando en consecuencia la Sentencia impugnada. Contra el mencionado Auto el procesado interpuso recurso de casación (fs. 216 a 217) alegando:

a) Que el Tribunal de Sentencia ha incurrido en error in iudicando, y en defectos de la Sentencia como previene el art. 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal, por que dicho fallo contiene errores sustanciales, toda vez que se basa, valora y fundamenta en hechos probatorios no incorporados legalmente y en pruebas inexistentes, no aportadas ni producidas en el juicio, considerándose las pruebas que no tienen valor como la documental Nro. 1 a 23, prueba instrumental Nro. 2 que fue presentada en fotocopia simple sin guardar las formalidades legales, por lo tanto no tienen el valor probatorio previsto por el art. 172 del Código de Procedimiento Penal, conculcando de este modo el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia constituyéndose en defecto absoluto que no pueden ser convalidados;

b) Que el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista de fecha 25 de mayo de 2012 al declarar el recurso de apelación restringida improcedente ha convalidado los defectos absolutos y violación de la norma en que se incurre, no sólo en el trámite del proceso, sino en la misma Sentencia objeto de apelación, asimismo no ha cumplido con su obligación de revisar el proceso para verificar y conocer si el Tribunal inferior en el trámite del proceso a respetado formalidades legales y norma de orden público y la Ley del Organo Judicial;

c) Que existe incoherencia y aplicación indebida de la Ley Nro. 1008 del art. 48 primero en la Sentencia de primera instancia y luego en el Auto de Vista, porque en ambos se me condena en forma exagerada por un hecho antijurídico cuya pena mínima es de diez años, sin que exista prueba legalmente incorporada al proceso, valorando y dando credibilidad a fotocopias simples incurriendo en violación de los arts. 110, 115, 116 y 121 de la Constitución Política del Estado, arts. 1, 6, 13, 167, 172 y 173 del Código de Procedimiento Penal incurriendo en defecto de Sentencia tal cual prescribe el art. 370 inc. 6) del mismo cuerpo legal, lo que constituye inobservancia y violación a garantías y derechos constitucionales, ocasionándole inseguridad jurídica, por haberse violentado el debido proceso, así como también el derecho a la defensa, cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 331 de 22 de julio de 2003, 369 de 22 de junio de 2004, 287 de 13 de mayo de 2004, 320 de 14 de junio de 2003. Concluye pidiendo que se deje sin efecto el Auto de Vista así como la Sentencia de Primera instancia, absolviendo o rebajando la condena al mínimo legal por falta de prueba original en su contra.

CONSIDERANDO: Que para la admisibilidad del recurso de casación, se debe cumplir con las condiciones formales previstas en los arts. 416 y 417 de Código de Procedimiento Penal, las causales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia, ahora Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, demostrando previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese presentado dicho recurso contra la Sentencia por causar agravio, debiendo acompañarse como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente.

Por otra parte se tiene que de forma extraordinaria y sólo ante las denuncias referidas de vulneración de garantías y derechos fundamentales que podrían devenir en defectos absolutos y la consiguiente nulidad de obrados, el Tribunal de Casación podrá resolver dicha vulneración que debe ser debidamente fundamentada y exponer de manera expresa el derecho, la acción u omisión que fuere trasgredido; puesto que ante este incumplimiento se impide abrir la competencia de este Tribunal, en mérito de lo establecido en el art. 17 de la Ley Nro. 025.

En ese sentido analizando los argumentos expuestos por el recurrente se establece las siguientes conclusiones:

I. Que el recurso de casación fue presentado dentro el plazo de los cinco días previsto por el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal, al mismo no se anexó copia de apelación restringida, sin embargo de la revisión de este se advierte que el recurrente no citó los precedentes contradictorios ahora invocados, incumpliendo con lo previsto por el párrafo segundo del artículo señalado.

II. Que el recurrente en casación citó como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 331 de 22 de julio de 2003, 369 de 22 de junio de 2004, 287 de 13 de mayo de 2004, 320 de 14 de junio de 2003, los mismos que no cumplen con lo dispuesto por la segunda parte del art. 417 del Código de Procedimiento Penal; toda vez, que no son invocados con carácter de especificidad a los fines del art. 419 del Código de Procedimiento Penal ya que son simplemente mencionados, omitiendo señalar en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, asimismo se obvió establecer el nexo de identidad o situación de hecho similar, limitándose simplemente a realizar la cita de los Autos Supremos, cuando el recurrente tenía la carga procesal de invocar los precedentes de manera específica y con la debida motivación señalando en términos claros la contradicción con el Auto de Vista recurrido; consecuentemente la formulación del recurso de casación al incumplir con lo previsto por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, resulta defectuoso al ignorarse los objetivos y fines de la impugnación casatoria

III. Por otra parte si bien el Tribunal Supremo ha consentido como una causal para la admisión del recurso de casación las denuncias referidas a la existencia de defectos absolutos en el trámite del proceso; empero, las mismas deben estar plenamente demostradas, resultando insuficiente manifestar la violación al debido proceso, a la seguridad jurídica, al derecho a la defensa y presunción de inocencia sin que el recurrente cumpla previamente con la carga procesal de detallar con precisión y probar objetivamente cuál es el acto procesal que ha restringido el derecho o garantía vulnerado y explicar el resultado dañoso que ha sido emergente del defecto, pues no sólo se debe referir a la vulneración del sub elemento de la valoración de la prueba, sin señalar de que forma se hubieran efectuado dichas vulneraciones; toda vez, de que se debe demostrar cuál es el agravio, explicando el resultado dañoso ocasionado, pues quien pretende la nulidad de un acto debe acreditar la concurrencia de los principios de especificidad y trascendencia, lo que no ocurrió en especie; por lo que esta omisión involucra incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa procesal para la admisibilidad del recurso.

De lo señalado se tiene que si bien el recurrente interpuso el recurso de casación dentro el término previsto por ley, no se cumplieron con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, lo que deviene en inviable.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y dando aplicación a la disposición contenida en el art.418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Leopoldo David Chanduvi Rodriguez (fs. 216 a 217), impugnando el Auto de Vista Nro. 24/2012 de 25 de mayo de 2012 (fs. 207 a 210) emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Francisco Valencia Aguilar, Victor Antonio Onofre Muñoz y el recurrente con imputación por comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas. (Presidente)

Jorge Isaac Von Borries Mendez.

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.