SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 282/2012

Sucre, 15 de octubre de 2012

EXPEDIENTE: Santa Cruz 177/2012

PARTES PROCESALES: Leonardo Ipamo Salvatierra contra Rocht Guerrero Muñoz.

DELITO: despojo.

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Rocht Guerrero Muñoz (fs. 297 a 301), impugnando el Auto de Vista Nro. 100 emitido el 29 de mayo de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 293 a 294), en el proceso penal seguido por Leonardo Ipamo Salvatierra contra Rocht Guerrero Muñoz, por la presunta comisión del delito de despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que el Juzgado Segundo de Sentencia en lo Penal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pronunció Sentencia Nro. 13/2011 de 12 de noviembre de 2011 declarando a Rocht Guerrero Muñoz autor y culpable del delito de despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal, imponiéndole la pena de tres años de reclusión a cumplir en el Centro de Rehabilitación "Palmasola", sección varones, más el pago de costas a calificarse en ejecución de sentencia.

Resolución contra la cual el acusado formuló recurso de apelación restringida (fs. 245 a 275), y el Tribunal de Alzada mediante Auto de Vista Nro. 100 de 29 de mayo de 2012 (fs. 293 a 294), lo declaró inadmisible, dando origen al recurso de casación que es caso de autos, en el cual alega:

Que el Auto de Vista impugnado vulnera el derecho a la doble instancia como garantía procesal, porque si bien los plazos procesales contribuyen a la celeridad en la tramitación de las causas deben ser analizados desde el derecho al debido proceso considerando que atenta al restringir el derecho a la seguridad jurídica puesto que el plazo es una cuestión formal para la interposición del recurso que no constituye el incumplimiento de dicho plazo un acto jurídico que reconozca la calidad de cosa juzgada a los actos arbitrarios. Puesto que los derechos y garantías constitucionales tienen como finalidad su materialización efectiva en razón del interés público, más aún si en el recurso de apelación restringida se encontraban fundamentos que impugnaban no sólo la Sentencia condenatoria sino la improcedencia de la extinción de la acción penal por prescripción. De ahí que el Tribunal de Alzada al realizar análisis de oficio incumple lo dispuesto por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial.

Asimismo aduce que el Auto de Vista incurre en incongruencia omisiva debido a que en su contenido, hace mención a la existencia de un incidente de nulidad de notificación, siendo ese aspecto erróneo ya que sólo realizó una solicitud por la negativa arbitraria del Juez Segundo de Sentencia con relación a su derecho a ser notificado, y que posteriormente fue notificado personalmente en Secretaria de Juzgado constando dicho aspecto en obrados. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros: 100 de 24 de marzo de 2005 y 453 de 17 de septiembre de 2001.

De igual forma entre otros de sus fundamentos expresa respecto a los presupuestos legales de admisibilidad del recurso de casación que en el caso concreto al no encontrarse prevista la negativa en la admisión del recurso de apelación restringida no citó precedente contradictorio por lo cual al tratarse de situación emergente debe la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, atender y abrir su competencia de forma excepcional, en tal sentido transcribe como jurisprudencia parte de los Autos Supremos Nros.: 437 de 15 de octubre de 2005 y 401 de 18 de agosto de 2003.

Concluye solicitando que se admita el recurso interpuesto y se deje sin efecto el Auto de Vista motivo del presente recurso.

CONSIDERANDO: Que el recurso de casación en análisis fue admitido por Auto Supremo Nro. 254/2012 de 18 de septiembre de 2012, corresponde en esta fase, efectuar el pronunciamiento conforme a los límites y alcances establecidos en dicho Auto Supremo de manera excepcional solamente a efectos de verificar la presunta vulneración de derechos y garantías constitucionales respecto a la falta de pronunciamiento que tiene que ver con el derecho al debido proceso en su vertiente de debida fundamentación.

Así en cuanto a la denuncia realizada en relación al derecho a recurrir en su elemento del derecho a la defensa; el acusado ahora recurrente, señala; "atención a el incumplimiento de un plazo procesal se restringiera el derecho de la parte recurrente a la seguridad jurídica, resultando previsible que ante una cuestión de forma como lo es el plazo de interposición del recurso de la persona se vea impedida no solo de ejercer su derecho al recurso..." (sic).

El Auto de Vista Nro. 100 de fecha 29 de mayo de 2012 señala; "... por lo que revisados los mismos se establece que con el fallo motivo de la apelación restringida el sentenciado ha sido notificado en fecha 15 de noviembre de 2011, tal como consta por la diligencia de fs. 231 de obrados, sin embargo el acusado interpuso el recurso de apelación restringida contra la sentencia condenatoria en fecha 23 de diciembre de 2011, es decir después de los 15 días que establece el Art. 408 y 130 parágrafos 3) y 4) del Código de Procedimiento Penal..."

A efectos de resolver el recurso en análisis, resulta pertinente efectuar las siguientes precisiones:

Examinados los fundamentos del recurso de casación, se evidencia de la lectura íntegra del fundamento expuesto por el recurrente que no señala cuál seria el defecto de la notificación efectuada a fs. 231, por lo cuál no tendría o carecería de validez, toda vez que efectuada la revisión se tiene que la misma cumple con lo establecido en el art. 163 último parágrafo del Código de Procedimiento Penal, así se tiene señalado en una línea jurisprudencial, por citar alguno se tiene el Auto Supremo Nro. 81 de 28 de febrero de 2009 cual señala: "Que es necesario señalar que en cuanto a la notificación personal, el último párrafo del artículo 163 del Código de Procedimiento Penal, establece que es válida la notificación en el domicilio real del interesado, cuando no fuere encontrado, dejando copia de la resolución, en presencia de un testigo idóneo que firmará dicha diligencia", concluyéndose que no existe ningún defecto en la notificación de fs. 231, al haber sido practicada según lo establecido en el ultimó parágrafo del art. 163 del Código de Procedimiento Penal (Si el interesado no fuera encontrado, se la practicará en su domicilio real, dejando copia de la resolución y de la advertencia en presencia de un testigo idóneo que firmará la diligencia) siendo practicada en el mismo domicilio (real) en el cuál se realizó la primera notificación al acusado con los primeros actuados del proceso (fs. 37), por lo cual al haber sido notificado en fecha 15 de noviembre de 2011 (fs. 231) cuando el término para la presentación del recurso de apelación vencía el 2 de diciembre de 2012, siendo los 15 días determinados en el art. 408 del Código de Procedimiento Penal como también en el Auto Supremo Nro. 107 de 29 de abril de 2010 cual señala: "En el caso de autos el momento en que se debe computar el plazo de 15 días para interponer el recurso de apelación restringida previsto en el artículo 408 de la Ley 1970, es a partir del primer día hábil siguiente a la notificación con el Auto Complementario de la Sentencia, computo que concluye a las 24 horas del último día, 19 de septiembre de 2007, sin contar los días domingos y feriados.", no existiendo defecto alguno o apreciación errónea realizada por el Tribunal de Alzada.

Con relación a que se vulnera el derecho a recurrir por ser el plazo una cuestión de forma, se tiene que tomar en cuenta; la doctrina legal establecida en el Auto Supremo Nro. 72/2012 de 12 de abril de 2012 cual señala: "El ejercicio del derecho de impugnación resulta inherente a las partes procesales que se consideran agraviadas por alguna resolución; sin embargo, tal derecho opera a través de la activación del medio o mecanismo idóneo de impugnación, el cual debe cumplir con todos los requisitos formales o de contenido que se encuentren estatuidos en la normativa adjetiva penal. En el caso del recurso de apelación restringida, para su interposición los recurrentes deben cumplir con lo dispuesto en los arts. 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal, entre cuyos requisitos se encuentra el referido al plazo, que tiene como máximo quince días, conforme a los párrafos segundo y siguientes del art. 130 del adjetivo penal, computables a partir del primer día hábil siguiente a la notificación con la sentencia y en caso de existir Auto de Explicación, Complementación y Enmienda dicho plazo se computa una vez se notifique con dicha actuación y de igual manera vence a las veinticuatro horas del último día hábil señalado. Por lo que, una vez notificado personalmente el recurrente, o de no ser encontrado en su domicilio real, habiéndose dejado copia de la resolución, más la advertencia acerca de los recursos posibles y el plazo para interponerlo, en presencia de un testigo idóneo que firma la diligencia, si omitiere ejercer su aludido derecho a impugnar, opera la ejecutoriedad de la resolución o sentencia, adquiriendo ésta la calidad de cosa juzgada, la cual es inmutable e inmodificable en razón a la limitación de extemporaneidad, resultando las impugnaciones posteriores ineficaces."

La Sentencia Constitucional Nro. 0666/2007-R de Sucre, 2 de agosto de 2007 señala: "De lo dispuesto por la citada norma legal, se colige entonces que, entre otros actuados procesales, la primera Resolución que se dicte respecto a las partes, debe ser notificada en forma personal, señalando claramente la norma que si el interesado no fuera encontrado, se practicará la notificación en su domicilio real, dejando copia de la resolución y de la advertencia en presencia de un testigo idóneo que firmará la diligencia, lo que significa que efectuada la notificación con las citadas formalidades, la misma es válida y legal".

De lo expuesto se concluye que el Auto de Vista Nro. 100 de 29 de mayo de 2012 realizó una correcta fundamentación y valoración respecto al hecho de la notificación, no existiendo nulidad alguna en la notificación con la Sentencia al recurrente (fs. 231).

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo dispuesto por el parágrafo segundo del art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Rocht Guerrero Muñoz (fs. 297 a 301), impugnando el Auto de Vista Nro. 100 emitido el 29 de mayo de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 293 a 294), en el proceso penal seguido por Leonardo Ipamo Salvatierra contra Rocht Guerrero Muñoz, por la presunta comisión del delito de despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

Jorge Isaac Von Borries Mendez.

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.