SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 268/2012

Sucre, 2 de octubre de 2012

EXPEDIENTE: La Paz 168/2012

PARTES PROCESALES: Ana Lidia Chuquimia de Soliz contra Carlos Jacques De Grandchant Suárez.

DELITO: abuso de confianza.

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Ana Lidia Chuquimia de Soliz (fs. 407 a 409), impugnando el Auto de Vista Nro. 37/2012 de 21 de mayo de 2012 y Auto complementario de 25 de julio del año en curso, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 390 a 396 y 399), en el proceso de acción penal privada seguido por la recurrente contra Carlos Jacques De Grandchant Suárez por la presunta comisión del delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por el art. 346 del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que el recurso interpuesto tuvo origen en los siguientes antecedentes: 1. Sustanciado el mencionado proceso por el Juzgado Quinto de Sentencia en lo Penal de la capital del Departamento de La Paz, dictó Sentencia Nro. 18 de 14 de noviembre de 2011, por la cual absolvió de culpa y pena al imputado Carlos Jacques De Grandchant Suárez en relación al delito de abuso de confianza, tipificado por el art. 346 del Código Penal; 2. La resolución de mérito fue recurrida en apelación restringida por ambas partes (fs. 284 a 287 y 367 a 369), recursos que fueron resueltos por Auto de Vista Nro. 37 de 21 de mayo de 2012, declarando la improcedencia de ambos recursos, confirmando la Sentencia apelada; Auto de Vista, que a solicitud de la querellante, fue complementado mediante Auto de 25 de julio de 2012; dando con ello lugar a la presentación del recurso de casación que es caso de autos, en el cual alega:

a) Denuncia que el Tribunal de Alzada, omitió pronunciarse respecto al agravio reclamado sobre falta de motivación de la Sentencia.

b) El Auto de Vista y el Auto complementario, carecen de motivación y fundamentación, al igual que la Sentencia, no resultando subsanable porque la ausencia de las razones en virtud de las cuales la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz, ha pronunciado la determinación la hace nula por completo y menos ha podido corregir ni aclarar el Auto complementario. La estructura del Auto de Vista, no cumple con el art. 124 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que sus conclusiones carecen de trascendencia jurídica y no se acomodan a la doctrina moderna del derecho penal en lo que se refiere a subsumir la conducta del encausado al tipo penal del que fue debidamente acusado y comprobado.

c) Acusa vulneración del art. 370 del Código de Procedimiento Penal, "... el Auto de Vista omitió pronunciarse respecto a la relación contractual, solo dice Minuta como minimizando" (sic), pretendiendo minimizar la participación del imputado al sostener que ni siquiera participo en la suscripción de la Minuta y Escritura Pública, cuando es la cabeza de esa institución prestataria. La entidad financiera nunca comunicó la existencia de algún impedimento para registrar en Derechos Reales y que hubiesen impedido cancelar a Caja Los Andes y evitar daños irreparables causados, acción omisiva que raya el delito, perpetrado con dolo premeditación y planeamiento que concuerda con los arts. 14, 29 y 346 del Código Penal. El incumplimiento de la efectivización del pago es el ilícito comprobado y confeso, que se agrava cuando en el párrafo 4to del considerando 4to, señala que es cliente asidua y que por la confianza depositada en la anteriores transacciones, al igual que en el caso ha sido malintencionada, omitida o incumplida, siendo que el acusado es el responsable. La violación a la Ley sustantiva, pretenden diseccionar a materia civil, inicialmente fue celebrado en ese campo la escritura Nro. 166, pero al haber sido ilegalmente incumplida, esa acción se convierte en punible, antijurídica, dolosa, de mala fe, demostrando la tipicidad y culpabilidad del imputado.

d) Sobre la valoración de la prueba, el Auto de Vista concluyó sosteniendo que existe detalle de las pruebas judicializadas; detallar no es lo mismo que aplicar la lógica al valorar los medios de prueba, aspecto que en forma incongruente confunde el Tribunal de Alzada. El Auto de Vista impugnado resulta ilegal cuando al referirse a la posible valoración sólo abstractamente, luego de una maratónica cita de la Sentencia Constitucional Nro. 623, dice que la jueza no esta fuera de lógica, cuando se evidencia que la juez natural no valoró con sana crítica, lógica razonable la Escritura Pública Nro. 166/2012, lo que invalida el Auto de Vista.

La motivación para ser completa debe referirse al hecho y al derecho, valorando las pruebas y expresando las conclusiones a las que arribe el Juez, luego del examen sobre la subsunción del hecho comprobado en un precepto penal y sobre la consecuencia jurídica que deriven de su aplicación, lo que falta en la Sentencia Nro. 18/11 y el Auto de Vista Nro. 37/12, lo que la hace nula y constituye defecto absoluto que afectó al derecho a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica, por lo que debe dejarse sin efecto la resolución de alzada y con la doctrina que disponga el Tribunal Supremo se pronuncie nuevo Auto de Vista que debe anular la Sentencia al haber demostrado en el presente recurso que en el fondo no solo afectó al principio de legalidad formal sino material.

Cita en calidad de precedentes contradictorios los Autos supremos Nros.: 412/2006 y 437/2007.

CONSIDERANDO: Que conforme se tiene del Auto Admisorio Nro. 244/2012 de 11 de septiembre de 2012, corresponde en esta fase, efectuar el pronunciamiento conforme a los límites y alcances establecidos en dicho Auto Supremo.

Antes de ingresar al fondo, es preciso expresar que el recurso de casación cumple una función nomofiláctica y unificadora de la jurisprudencia, por ello la importancia de invocar el precedente contradictorio en relación al Auto de Vista impugnado, precisando las situaciones concretas que considera serían contrarias a los precedentes que invocan, a efecto de resolver en derecho el recurso de casación y de evidenciar la contradicción existente, bajo esta premisa y delimitando el marco preceptivo de la finalidad del recurso de casación corresponde analizar lo impetrado por los recurrentes.

Sobre la invocación de precedentes la recurrente en la segunda denuncia del recurso de casación referente a que el Auto de Vista y el Auto complementario, carecen de motivación y fundamentación, al igual que la Sentencia, no resultando subsanable porque la ausencia de las razones en virtud de las cuales la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ha pronunciado la determinación la hace nula por completo y menos ha podido corregir ni aclarar el Auto complementario. La estructura del Auto de Vista, no cumple con el art. 124 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que sus conclusiones carecen de trascendencia jurídica y no se acomodan a la doctrina moderna del derecho penal en lo que se refiere a subsumir la conducta del encausado al tipo penal del que fue debidamente acusado y comprobado; la recurrente invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 412/2006 de 10 de octubre de 2006 y 437/2007 de 24 de agosto de 2007; al respecto es preciso hacer hincapié de que los precedentes invocados como contradictorios para ser aplicados al Auto de Vista impugnado, deben ser similares en cuanto al hecho resuelto; vale decir, que en lo fáctico, histórico y legal deben concurrir elementos comunes que los cataloguen como similares, para así poder establecer si en una situación de hecho similar el sentido jurídico que se le asigna al Auto de Vista objetado no coincide con el o los precedentes, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance, asimismo el parágrafo segundo del art. 416 del Código de Procedimiento Penal establece que: "existe contradicción cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se le asigna al Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance"; bajo esos parámetros señalados, analizado el precedente invocado se concluye que:

El Auto Supremo Nro 412 de 10 de octubre de 2006 no cumple con los requisitos de aplicabilidad; toda vez, que en el precedente invocado se juzgó el delito de transporte de sustancias controladas previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley Nro. 1008; cuya problemática central versa sobre la revalorización de prueba efectuada por el Tribunal de Apelación, revalorización en la que se omitió valorar la prueba pericial que fue introducida en juicio Oral y que determinó la absolución de las imputadas; ante esta situación la Corte Suprema de Justicia emitió la doctrina legal aplicable, que en lo más sobresaliente establece: "De la interpretación del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, se desprende que dicha norma no prevé la posibilidad de revalorización de la prueba por el Tribunal de Apelación, porque éste en aplicación del principio de inmediación no ha percibido, ni comprendido el significado de las pruebas producidas directamente y en aplicación del principio de "contradicción de las partes" en el juicio oral y público: en caso de que el Tribunal de Alzada realice el ejercicio de "revalorizar la prueba", esta actividad jurisdiccional vulnera los principios de igualdad jurídica, seguridad jurídica, debido proceso y tutela judicial efectiva.(....) Que con respecto a la valoración de la prueba existe línea jurisprudencial consolidada por resoluciones emitidas con anterioridad, una de ellas, es el Auto Supremo Nº 317 Sucre 13 de junio de 2003 que estableció: "(...) de acuerdo a la nueva concepción doctrinaria, la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los Jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley. Por ello no existe la doble instancia y el Tribunal de Alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los siguientes aspectos: anular total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; cuando la nulidad sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio; y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente". Dada la jurisprudencia señalada y procediendo a la contrastación con la presente causa, se tiene de la revisión del Auto de Vista y el Auto complementario impugnados, que el Tribunal de Alzada en ningún momento procedió a revalorizar prueba, toda vez, que en el ejercicio del control de legalidad del que esta investido, se circunscribió a las denuncias efectuadas por las partes en los recursos de apelaciones restringidas interpuestos, pronunciándose sobre la acusación de vulneración del art. 370 inc. 1) de la Ley adjetiva penal, respecto a la errónea aplicación de la ley sustantiva, haciendo la debida aclaración de que sin revalorizar prueba, concuerda con el Tribunal de Sentencia de que los hechos no se subsumen a lo tipificado por el art. 346 del Código Penal, asimismo hace mención de cómo se adecuaría el delito de abuso de confianza, no observándose en esta motivación, de que se hubiera procedido a la valoración de pruebas; por otra parte en lo que respecta a la acusación de defectuosa valoración de la prueba y la violación a las reglas de la sana crítica, se tiene que el Tribunal de Alzada hace mención de cómo se configura la violación de las reglas de la sana critica, fundamentación en la cual tampoco se advierte valoración de alguna prueba; de lo expuesto precedentemente se infiere que los hechos del Auto Supremo invocado no son similares al caso de auto; puesto que en primer lugar, los tipos penales son distintos, y por otro lado las circunstancias fácticas y las acusaciones en este proceso son diferentes a las establecidas en el Auto de Supremo invocado, al no existir revalorización de la prueba por parte del Tribunal de Alzada; por lo que el fallo de mérito citado no contradice al caso sub lite.

Asimismo es preciso hacer referencia que en cuanto a la invocación de este Auto Supremo, el recurrente trató de que este Tribunal incurriera en error; toda vez, de que se advierte que en el Auto Supremo acompañado al recurso de casación cursante a fojas 403 se transcribe la doctrina legal de otro Auto Supremo, aspecto que hace entrever a este Máximo Tribunal de que el recurrente estuviere actuando de mala fe.

En lo relativo al Auto Supremo Nro. 437 de 24 de agosto de 2007, la Corte Suprema de Justicia emitió doctrina legal aplicable, en la que estableció que: "es una premisa consolidada que toda resolución, como la emitida por el Tribunal de Alzada, debe ser debidamente fundamentada, vale decir, es necesario que el Tribunal de Apelación, emita los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentran en el recurso de casación, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos en cuyo caso, es necesario que en la fundamentación se vierta los criterios jurídicos del por qué dicho acto se considera defecto absoluto y que principios constitucionales fueron afectados. La falta de fundamentación en las resoluciones jurisdiccionales constituye un defecto absoluto, porque afecta al derecho a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva; de ahí, que es necesario que cada resolución brinde a las partes procesales y a terceras personas interesadas, los razonamientos jurídicos esenciales del por qué se ha dispuesto de una u otra manera la resolución del conflicto penal; además, con la fundamentación jurídica, el Juez o Tribunal legitima sus actos, esa motivación no puede ser sustituida por una repetición de frases hechas sobre el alcance del recurso o los requisitos de su fundamentación, sino que, en verdad debe descansar en la expresión del razonamiento requerido por la norma procedimental de forma imperativa. La jurisprudencia penal tiene sentada una línea con respecto a la falta de fundamentación en las resoluciones; al respecto, el Auto Supremo Nº 141 de 22 de abril de 2006, establece "(...) el Tribunal de Apelación al circunscribir su competencia a los puntos impugnados o a los defectos absolutos, los mismos deben encontrarse con el fundamento respectivo, obligación que debe cumplir ineludiblemente, la falta de fundamento en uno de ellos en la resolución emitida por el Tribunal de Alzada vulnera los principios de tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y debido proceso" doctrina emitida en virtud a que el Auto de Vista en su fundamentación hubiese remplazado su motivación con la trascripción de algunas partes de la Sentencia, que concluyen sobre los argumentos del recurso del imputado que no explican de manera expresa cuál es el iter lógico que siguió el Tribunal de Alzada para determinar la improcedencia del recurso planteado, circunstancias que no son similares a la presente causa, toda vez, de que de la revisión del Auto de Vista y el Auto complementario impugnados se evidencia que el Tribunal de Alzada fundamentó de manera razonada y congruente las apelaciones restringidas interpuestas por los apelantes conforme a los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal; no siendo evidente de que el Tribunal de Alzada hubiese remplazado su motivación con la transcripción de partes de la Sentencia, puesto que la resolución hace referencia a las acusaciones del imputado, así como a las de la querellante pronunciándose sobre la vulneración del art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal, la defectuosa valoración de la prueba, respecto a la declaración de temeridad acusado por el procesado, y los precedentes citados en apelación restringida; por lo que no contradice al precedente invocado.

Por otra parte es menester referir que en la especie, el Tribunal de Apelación en el ejercicio del control de legalidad del que esta investido, cumplió con las exigencias de la fundamentación previstas en el art. 124 del Código de Procedimiento Penal, pues las resoluciones que emitió se encuentran adecuadamente motivadas, de modo que permite conocer el razonamiento que desarrollaron los Vocales a efectos de determinar de que la Sentencia no incurrió en los defectos previstos en los incs. 1) y 6) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal referentes a defectuosa valoración probatoria e inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, no siendo evidente que la motivación sea insuficiente, incoherente o contradictoria, como alega el recurrente, pues no debe entenderse por adecuada fundamentación o motivación, la extensión de la exposición de motivos, sino el pronunciamiento expreso sobre el hecho en base al cual se asume una decisión, mas aún si la formulación de las acusaciones alegadas en apelación restringida son inconsistentes y meramente enunciativas, pues el recurrente realizó de manera impropia una argumentación general, obviando precisar en cuanto a la denuncia de defectuosa valoración de la prueba y las reglas de la sana crítica, cuáles de las reglas de la sana crítica fueron obviadas, soslayadas o vulneradas, puesto que el Tribunal de Alzada al no estar facultado para revalorizar prueba solo puede pronunciarse respecto a que si el Tribunal de Sentencia aplicó en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica o por el contrario se violaron las mismas; como bien lo ha determinado el Auto Supremo Nro. 504 de 11 de octubre de 2007, por lo que los Vocales están en lo correcto al manifestar de que en la Sentencia emitida no se observa que el Tribunal de Sentencia en la valoración de la prueba se hubiesen basado en afirmaciones que se encuentren fuera de la lógica o que las mismas hayan sido analizadas de forma arbitraria o en hechos imposibles.

Por otra parte en cuanto a la denuncia de que el Tribunal de Alzada omitió pronunciarse respecto al agravio reclamado sobre la falta de motivación de la Sentencia, es preciso referir que esta acusación no es evidente, ya que de la revisión del recurso de apelación restringida interpuesta por la apelante Ana Lidia Chuquimia de Soliz se advierte que en su memorial sólo se acusó que no hubo una valoración correcta de las pruebas, es decir defectuosa valoración de la prueba previsto por el art. 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal y la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva del art. 370 inc. 1) del mismo Código, no constándose ninguna denuncia referente a la falta de fundamentación de la Sentencia, por lo que esta acusación resulta falsa.

En lo que concierne a la vulneración del art. inc. 1) del artículo 370 del Código de Procedimiento Penal, es preciso señalar que el recurrente no invocó precedente alguno para realizar la posible contradicción con el Auto de Vista; siendo que el recurso de casación tiene la función nomofiláctica y unificadora, y al no contar con precedente que contradiga al Auto impugnado, no se puede resolver en base a derecho objetivo la posible contradicción.

En cuanto a la denuncia de falta de fundamentación de la Sentencia, es preciso manifestar que el recurrente omitió referir esta acusación en el recurso de apelación interpuesto por memorial de 5 de diciembre de 2011, asimismo se hace hincapié de que en la etapa de casación, en cuanto a la denuncia de falta de fundamentación de la Sentencia se exige que el recurrente precise con claridad cuál es la motivación que extraña si la descriptiva, la intelectiva o bien la jurídica, no siendo suficiente denunciar de manera genérica falta de fundamentación sin precisar cuál de ellas es la que se extraña, lo que ocurre precisamente en autos, ya que la recurrente sólo se limita a señalar falta de fundamentación de la Sentencia por lo que no se puede ingresar a considerarse; en ese entendido se tiene que las denuncias formuladas sobre la supuesta vulneración al debido proceso y la seguridad jurídica están formuladas de manera general e imprecisa, resultando infundadas.

En base a lo anteriormente expuesto, permite colegir que los de alzada efectuaron una correcta aplicación de la normativa contenida en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, por lo que no siendo evidentes las denuncias formuladas en el Recurso de Casación que se analiza, y no existiendo contradicción entre el Auto de Vista impugnado con los precedentes invocados, en los términos exigidos por el art. 416 y la segunda parte del art. 419 de la Ley Nro. 1970, corresponde declarar infundado el recurso.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y la disposición contenida en el art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Ana Lidia Chuquimia de Soliz (fs. 407 a 409), impugnando el Auto de Vista Nro. 37/2012 de 21 de mayo de 2012 y Auto complementario de 25 de julio del año en curso, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 390 a 396 y 399), en el proceso de acción penal privada seguido por la recurrente contra Carlos Jacques De Grandchant Suárez por la presunta comisión del delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por el art. 346 del Código Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

Jorge Isaac Von Borries Mendez.

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.