SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 238/2012

Sucre, 6 de septiembre de 2012

EXPEDIENTE: Oruro 145/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Roberto Martin Morales Mejía contra Daniel Vargas Aparicio.

DELITO: violación.

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Daniel Vargas Aparicio (fs. 96 a 99), impugnando el Auto de Vista Nro. 16/2012 emitido el 8 de mayo de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 79 a 84), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de Roberto Martín Morales Mejia contra el recurrente, por el delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que el recurso de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Concluido el juicio oral, público y contradictorio el Tribunal Primero de Sentencia de Oruro, por Sentencia Nro. 02/2012 de 25 de enero de 2012 (fs.44 a 60), condenó a José Daniel Vargas Aparicio a la pena privativa de libertad de catorce años, por el delito de violación previsto y sancionado por la primera parte del art. 308 del Código Penal, pena a ser cumplida en la Cárcel de San Pedro de la ciudad de Oruro, asimismo se le condenó al pago de costas y responsabilidad civil a favor del Estado y el acusador particular, a ser averiguables en ejecución de Sentencia.

Sentencia contra la que el procesado José Daniel Vargas Aparicio interpuso recurso de apelación restringida (fs. 63 a 70); recurso que fue resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro por Auto de Vista Nro. 16/2012 de 8 de mayo de 2012 (fs. 79 a 84), mediante el cual se declaró improcedente el recurso de apelación restringida, confirmando la Sentencia impugnada.

El procesado José Daniel Vargas Aparicio recurrió de casación el Auto de Vista referido (fs. 96 a 99) alegando:

a) Que la Sentencia impugnada lo condena por el delito de violación previsto en el art. 308.I del Código Penal, empero el Tribunal de Sentencia realiza la subsunción sin mayores fundamentaciones técnicas y jurídicas al respecto, puesto que no se encuentra razonamiento lógico ni de derecho para imponerle la pena, aspectos que debían ser valorados por el Tribunal de Sentencia, máxime si se tiene en cuenta que las resoluciones que imponen sanción penal deben describir adecuadamente la conducta del imputado, al contrario en el presente caso se presume que se mantuvo relaciones con la víctima, hecho de acceso carnal que nunca fue demostrado en el proceso del juicio oral con elementos de prueba, al igual que la presunta violencia física y amenazas, por lo que la falta de subsunción adecuada también hace a la falta de fundamentación de la Sentencia, en ese entendido la Sentencia no se encuentra fundamentada adecuadamente, tanto en lo concerniente a la subsunción del tipo penal, en cuanto a las agravantes, ni menos en la imposición de la pena contradiciendo los Autos Supremos Nros. 431 de 11 de octubre de 2006, 329 de 29 de agosto de 2006 y 315 de 25 de agosto de 2006; de ahí que la falta de fundamentación hace nula la Sentencia, pues infringe el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa y presunción de inocencia.

b) Que la Sentencia así como el Auto de Vista no cuentan con debida fundamentación relativa a la subsunción al tipo penal condenado, así como al valor otorgado a cada uno de los medios de prueba, defecto de Sentencia establecido en el art. 370 inc. 5) del Código de Procedimiento Penal, puesto que no existe la coherente y correcta valoración de los elementos de prueba, pues la Sentencia no debe contener una simple relación o enunciación de hechos, debiendo contar con fundamentación que desglose de manera adecuada y pormenorizada las circunstancias desarrolladas en el juicio, dando o no valor a cada una de las pruebas, aspecto que no fue cumplido vulnerando lo establecido por el art. 124 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo se tiene que existe la falta de aplicación de las reglas de la sana crítica, la falta de justificación y fundamentación adecuada de las razones por las que el Tribunal otorga determinado valor a los medios de prueba contradiciendo los Autos Supremos Nros.: 214 de 28 de marzo de 2007, 314 de 25 de agosto de 2006, 166 de 12 de mayo de 2005 y 474 de 8 de diciembre de 2005.

Concluye pidiendo se anule el Auto de Vista impugnado y la Sentencia, reponiendo la audiencia del juicio oral mediante el reenvío de la causa mediante la autoridad jurisdiccional correspondiente.

CONSIDENRANDO: Conforme se tiene del Auto Admisorio Nro. 214/2012 de 16 de agosto de 2012, corresponde en esta fase, efectuar el pronunciamiento conforme a los límites y alcances establecidos en dicho Auto Supremo, por lo que el análisis se circunscribirá a los precedentes que fueron debidamente invocados.

Antes de ingresar al fondo, es preciso expresar que el recurso de casación cumple la función nomofiláctica y unificadora de la jurisprudencia, por ello la importancia de invocar el precedente contradictorio en relación al Auto de Vista impugnado, precisando las situaciones concretas que considera serían contrarias a los precedentes que invocan, a efecto de resolver en derecho el recurso de casación y de evidenciar la contradicción existente, bajo esta premisa y delimitando el marco preceptivo de la finalidad del recurso de casación corresponde analizar lo impetrado por la recurrente .

Referente a las denuncias realizadas, el recurrente invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros.: 431 de 11 de octubre de 2006, 329 de 29 de agosto de 2006, 214 de 28 de marzo de 2007 y 314 de 25 de agosto de 2006; al respecto es preciso hacer hincapié que los precedentes invocados como contradictorios para ser aplicados al Auto de Vista impugnado, deben ser similares en cuanto al hecho resuelto; vale decir, que en lo fáctico, histórico y legal deben concurrir elementos comunes que los cataloguen como similares, para así poder establecer si en una situación de hecho similar el sentido jurídico que se le asigna al Auto de Vista objetado no coincide con el o los precedentes, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance, asimismo el párrafo segundo del art. 416 del Código de Procedimiento Penal establece que "existe contradicción cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance"; bajo esos parámetros señalados, analizado el precedente invocado se concluye que:

En cuanto a la denuncia referente a que el Tribunal de Alzada no valoró ni analizó que el Tribunal de Sentencia realizó la subsunción de los hechos sin mayores fundamentaciones técnicas y jurídicas, al no encontrarse con razonamiento lógico ni de derecho en la imposición de la pena, cuando las resoluciones que imponen sanción penal deben describir adecuadamente la conducta del imputado; por lo que la falta de subsunción adecuada del tipo penal, también hace a la falta de fundamentación de la Sentencia, infringiendo el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa y presunción de inocencia, el recurrente invocó los Autos Supremos Nros.: 431 de 11 de octubre de 2006 y 329 de 29 de agosto de 2006; de ahí que la falta de fundamentación hace nula la Sentencia.

En lo relativo al Auto Supremo Nro 431 de 11 de octubre de 2006; es preciso manifestar de que no cumple con los requisitos de aplicabilidad; toda vez, que en el precedente invocado se juzga el delito de suministro de sustancias controladas previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley Nro. 1008) en cuya doctrina legal aplicable se establece que:"la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito; es necesario tomar en cuenta que la conducta general descrita por el tipo penal se encuentra en la norma, mientras que la conducta particular se identifica por la descripción de sus peculiaridades, si estas se subsumen a todos los elementos constitutivos de un tipo penal, recién podrá calificarse el hecho como delito incurso en tal normativa; en caso de que falte la adecuación de un elemento constitutivo del tipo penal, el hecho no constituye delito o en su caso se adecua a tentativa u otra figura delictiva.", doctrina cuya problemática central versa en que el procesado alega que existe tentativa de suministro de sustancias controladas; toda vez, que fue detenido por los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico momentos previos a la comercialización de la droga, desbaratándose todo el andamiaje que tenia preparado para cometer el ilícito, en cuyo mérito el Tribunal Supremo señaló que el acto de suministrar sustancias controladas conlleva la existencia de otra persona quien se constituye en suministrada, que mientras no se consuma la provisión de sustancias controladas el hecho se constituye en tentativa; cuando la sustancia controlada haya pasado de manos del proveedor a la persona o personas requirentes, entonces el hecho se subsume al delito incurso en el art. 51 de la Ley Nro. 1008; de lo expuesto precedentemente se infiere que los hechos no son similares; puesto que los tipos penales son distintos, y por otro lado las circunstancias fácticas así como las normas legales acusadas en este proceso, son diferentes a las establecidas en el Auto Supremo invocado al referirse a la tentativa, aspecto que no ocurre en la presente causa. Por otra parte es preciso señalar que el Tribunal de Alzada en la labor del control de la Sentencia, realizó adecuada verificación de la subsunción del tipo penal efectuada por el Tribunal de mérito y la aplicación correcta de la ley sustantiva; toda vez, que se encuentra en lo correcto al señalar que la Sentencia contiene debida motivación fáctica y jurídica en lo relativo a la subsunción de la conducta del acusado a la norma prevista, por que primeramente se describe el hecho para posteriormente comparar las características de la conducta ilícita a los elementos constitutivos del delito adecuando y subsumiendo de esta manera la conducta particular a la conducta general descrita por el tipo penal que es el art. 308 con relación al num. 2) del art. 310 del Código Penal; por lo tanto, se tiene que el Auto Supremo citado como contradictorio al Auto de Vista impugnado no contradice al caso sub lite.

Con referencia al Auto Supremo Nro. 329 de 29 de agosto de 2006, referente al delito de tráfico de sustancias controladas la Corte Suprema de Justicia, estableció doctrina legal aplicable señalando en lo más sobresaliente que: "La calificación del delito en el Código de Procedimiento Penal, se entiende como la apreciación que cada una de las partes hace de los hechos, de las leyes aplicables y de la resultante relacionada al acusado, y, cuando no se la califica adecuadamente, se genera una errónea aplicación de la ley sustantiva, por la errónea calificación de los hechos (tipicidad), porque la adecuación de la conducta humana a la descripción objetiva del o de los delitos endilgados, debe ser correcta y exacta. Por otra parte, conviene recordar que el Auto Supremo Nº 417/03 de 19 de agosto de 2003, estableció que la "tipicidad, es la adecuación de la conducta del sujeto al tipo penal, es decir que el hecho se adecua al tipo". Doctrina que no cumple con los requisitos de aplicabilidad al caso de autos; toda vez, de que en el precedente invocado se juzga el delito de tráfico de sustancias controladas previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc m) de la Ley Nro. 1008, en el que se determina que no existen los elementos constitutivos del tipo penal de tráfico de sustancias controladas, sino mas bien el de transporte, al encontrarse el imputado transportando la droga en un motorizado de servició público, en ese entendido se tiene que los hechos no son similares al caso de autos; al ser los tipos penales y circunstancias fácticas distintas; asimismo en la presente causa que es tramitada por el delito de violación, se determinó después de la celebración del juicio oral contradictorio y sobre la base de las pruebas; la existencia de todos los elementos constitutivos del tipo penal del delito de violación, subsumiéndose la conducta particular del imputado a todos los elementos constitutivos del tipo penal establecidos en el art. 308 con relación al inc. 2) del art. 310 del Código Penal, en consecuencia se aplicó correctamente la ley sustantiva; por lo tanto, el fallo supremo de mérito citado como contradictorio al Auto de Vista impugnado no contradice al caso de autos.

Respecto a la denuncia de que la Sentencia así como el Auto de Vista no cuentan con debida fundamentación relativa a la subsunción al tipo penal condenado, así como al valor otorgado a cada uno de los medios de prueba donde no se aplicaron las reglas de la sana crítica, defecto de Sentencia establecido en el art. 370 inc. 5) del Código de Procedimiento Penal, que vulnera lo establecido por el art. 124 del Código de Procedimiento Penal, el recurrente invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 214 de 28 de marzo de 2007 y 314 de 25 de agosto de 2006.

El Auto Supremo Nro. 214 de 28 de marzo de 2007 estableció doctrina legal en el sentido que, "las características fundamentales de la sana crítica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento. El avenimiento de nuestro sistema procesal a este método de valoración de prueba, exige una adecuada fundamentación de la Sentencia lo que permite controlar las inferencias lógicas del juzgador, por eso que los razonamientos de los jueces deben tener un sustento acorde a las normas propias del entendimiento humano, al grado tal que una Sentencia pueda ser entendida en su elemental lógica hasta por un lego. Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una Sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio. Para que la fundamentación de una Sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto, en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda. El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de Alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio (.....)". En lo que respecta al Auto Supremo Nro. 314 de 25 de agosto de 2006 el Tribunal Supremo estableció doctrina legal aplicable que en su partes pertinentes señala: " Es obligación de los administradores de justicia, en resguardo de la garantía constitucional y procesal a la segunda opinión, que a tiempo de dictar sus resoluciones, provean en sus fallos todos los elementos que objetivicen la aplicación efectiva del método de la sana crítica en cuanto a la valoración de la prueba, realizando una completa descripción de los medios de prueba, refiriendo qué elementos de prueba rescata de cada medio de prueba, asignándoles el valor correspondiente, relacionando estos elementos en su conjunto y finalmente realizando una fundamentación jurídica coherente, aspectos que hacen al debido proceso y al derecho fundamental a la seguridad jurídica.La motivación es una parte estructural de las resoluciones y su ausencia hace presumir que el juzgador ha asumido una decisión de hecho y no de derecho, vulnerando la garantía del debido proceso y dando razonables motivos a las partes, para dudar de la correcta actividad del titular del órgano jurisdiccional, al desconocer cuales son las razones para que se declare en tal o cual sentido". Dada la jurisprudencia y doctrinas legales citadas, se procedió a la revisión de antecedentes, advirtiéndose que los precedentes invocados como contradictorios no son similar al caso de autos; toda vez, que en el proceso se constata que la Sentencia así como el Auto de Vista se encuentran debidamente fundamentados, puesto que el Tribunal de Apelación en el ejercicio del control de legalidad del que esta investido, cumplió con las exigencias de la fundamentación previstas en el art. 124 del Código de Procedimiento Penal, ya que la resolución que emitió se encuentra adecuadamente motivada, de modo que permite conocer el razonamiento que desarrollaron los Vocales a efectos de determinar que la Sentencia cuenta con los requisitos de fundamentación exigidos; asimismo se constata que la Sentencia contiene debida motivación fáctica probatoria y descriptiva de todas las pruebas así como la subsunción del tipo penal, donde el Tribunal de mérito realizó la relación y descripción integral de todos los medios de prueba incorporados al juicio, otorgándole valor a todos los medios probatorios tanto de cargo como de descargo; no siendo evidente que la motivación sea insuficiente, irrisoria, como alega el recurrente, pues no debe entenderse por adecuada fundamentación o motivación, la extensión de exposición de motivos, sino el pronunciamiento expreso sobre el hecho en base al cual se asume una decisión, consiguientemente esta denuncia carece de veracidad, máxime si consideramos que la misma está formulada de manera general, cuando el recurso de casación exige que para atender las denuncias referidas a la falta de fundamentación, el recurrente precise con claridad cual es la motivación que extraña, si la descriptiva, la intelectiva o bien la jurídica, no siendo suficiente denunciar de manera genérica falta de fundamentación y que no se aplicaron las reglas de la sana crítica; toda vez, que cuando se denuncia que el juzgador no aplicó las reglas de la sana crítica o las aplicó de manera incorrecta; se debe señalar en primer término cual de las reglas fueron erróneamente aplicada, (las de la lógica, las de la psicología o las de la experiencia), y al no contarse con esta descripción, no permite a este Tribunal ingresar en un análisis mayor de la crítica formulada a la Sentencia de mérito a través del Auto de Vista, por lo que la denuncia resulta absolutamente insuficiente; en ese entendido se tiene que los precedentes invocados no contradicen al caso de autos.

Que por lo expuesto anteriormente y efectuado el análisis respectivo, se concluye que no existe contradicción entre el Auto de Vista impugnado con los precedentes invocados en los términos exigidos por los arts. 416 y la segunda parte del 419 de la Ley Nro. 1970, por lo que corresponde declarar infundado el recurso.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y la disposición contenida en el art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Daniel Vargas Aparicio (fs. 96 a 99), impugnando el Auto de Vista Nro. 16/2012 emitido el 8 de mayo de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 79 a 84), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de Roberto Martín Morales Mejia contra el recurrente, por el delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

Jorge Isaac Von Borries Mendez.

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.