SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 228/2012

Sucre, 29 de agosto de 2012

EXPEDIENTE: Oruro 155/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Justino Ramos Espinoza, Merlinda Ramos Parraga, Mario Lucana Arroyo contra Elsa Cutipa Soruco.

DELITO: estafa.


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Elsa Cutipa Soruco (fs. 191 a 194), impugnando el Auto de Vista Nro. 19/2012 emitido el 8 de junio de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 152 a 159), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Justino Ramos Espinoza, Merlinda Ramos Párraga y Mario Lucana Arroyo (acusadores particulares) contra la recurrente, por la comisión del delito de estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que el Tribunal Segundo de Sentencia de la capital del Departamento de Oruro, por Sentencia Nro. 09/2012 de 14 de marzo (fs. 91 a 100), declaró a la recurrente Elsa Cutipa Soruco autora de la comisión del delito de estafa, condenándola a la pena privativa de libertad de cuatro años de reclusión, a cumplirlos en el Centro Penitenciario de San Pedro, más el pago de 150 días multa, a razón de Bs.0,50 por cada día, con costas y pago de responsabilidad civil a favor del Estado y de las víctimas, a ser averiguables en ejecución de Sentencia; fallo que fue objeto de recurso de apelación restringida por la acusada (fs. 124 a 134), y el Tribunal de Alzada mediante Auto de Vista Nro. 19/2012 de 8 de junio de 2012, declaró improcedente dicho recurso, confirmando la Sentencia apelada, dando origen a la presentación del recurso de casación que es caso de autos, en el cual alegó:

1. No cursa en juicio prueba plena de que la acusada se haya hecho pasar como abogada, siendo suficiente la ausencia de uno de los elementos constitutivos del tipo penal para su inexistencia. No se precisó el lugar, cuando no se sabe quiénes entregaron el primer monto de dinero y tampoco se indica el momento, puesto que la acusación del Ministerio Público dice que el hecho ocurrió el 25 de septiembre y las víctimas el 26 de septiembre; pero, a criterio de la Sala Penal Segunda está comprobado a través de la valoración de la prueba codificada como MPD 1, MPD 3, MPD 4, MPD 5 y MPD 6. Esta última fue limitada por referir personas extrañas a las partes y ser ilegibles, mereciendo como respuesta del Tribunal de Sentencia que al no haber sido objeto de exclusión probatoria, procede su incorporación, pero con cargo a valoración a momento de pronunciar resolución y a lo largo de la Sentencia no se tiene la razón de su inclusión como prueba plena que demuestre la valoración que mereció, cuando ni la recurrente es mencionada en aquel, entonces cómo define dicha prueba la existencia, momento y lugar del hecho?.

Añade además que, a lo largo del juicio se probó que las víctimas sabían que no podía ponerse el lote a sus nombres, motivo por el cual acordaron devolverlo al vendedor mediante documento, así lo declararon dos testigos y lo acreditó la documental incorporada a juicio oral. También se probó mediante declaración de una testigo que, a la acusada supuestamente se le entregó en Obras Públicas minuta y fotocopia ilegible de una partida, por lo cual no se entiende cómo pudo establecerse el engaño para la obtención de un beneficio, ni el dolo; de esta manera, la recurrente acusa que existe errónea aplicación de la norma sustantiva por falta de concreción de los hechos al marco penal, defecto de Sentencia incurso en el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal.

2. Según el Auto de Vista impugnado, señala que le interesa comprobar la existencia del hecho típico de la acusación, tanto del Ministerio Público como la particular, pero en la Sentencia objeto del recurso no se consideró que ambas acusaciones son diferentes, al igual que las declaraciones de las víctimas y testigos en juicio oral. La Sentencia debe contener enunciación donde conste el tiempo en el que ocurrió el hecho, empero los de Alzada confirman que el hecho fue el 26 de septiembre, sin indicar cuál fue el medio probatorio que demostró eso. Tampoco indica el lugar donde ocurrió, siendo en Obras Públicas para los de Alzada, en juicio las mismas víctimas se contradijeron, entonces de dónde se tiene lo aseverado en Sentencia y cuál el elemento probatorio que determinó el lugar del hecho; por ello, la recurrente indica que existió inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación, situación prevista en el art. 370 incs. 3) y 11) con relación a los arts. 362, 360 num. 2), todos del Código de Procedimiento Penal.

3. La Sentencia está basada en medios de prueba ilegales, defecto incurso en el art. 370 inc. 4) del Código de Procedimiento Penal, porque se denunció en juicio y en apelación que se valoró prueba ilegal, al ser obtenida y realizada una vez concluida la investigación, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa. El nombre que aparece como prueba que confirma las acciones de la acusada es el de Eva Estrada, quien no fue testigo de ninguna de las partes, ni aparece en ninguna prueba documental; empero, los de Alzada consideran que probablemente por un lapsus no se borró dicho nombre, en una resolución no puede existir tal error, menos aceptar que sean elaboradas en plantillas, sino que deben ser realizadas en base a un juicio.

4. El Auto de Vista recurrido, respecto a la insuficiente fundamentación de la Sentencia e inadecuada valoración probatoria, si bien reconoce la existencia de que mucho de los argumentos son repetitivos, tampoco describe cuáles los elementos que constituyen la motivación. Además, continúa la recurrente, respecto a que presuntamente no se indica qué prueba fue defectuosamente valorada, en puntos anteriores se reconoce los medios probatorios que no fueron valorados adecuadamente. El lapsus antes referido viola la sana crítica y contradice la resolución recurrida, por ser de imposible existencia y tampoco cursa razonamiento alguno sobre la verificación de que la prueba fue valorada conforme a principios de razonabilidad, acorde al art. 173 del Código de Procedimiento Penal.

Asimismo, la recurrente alega defecto absoluto por ausencia total de fundamentación de la pena, toda vez que presuntamente el Auto de Vista no refiere acerca de lo reclamado, limitándose sólo recalcar que se incumplió el art. 408 del Código de Procedimiento Penal, en lugar de tomar en cuenta especialmente los hechos precedentes, circunstancias y condiciones de vida del imputado, según el Auto Supremo Nro. 109 de 29 de abril de 2010.

5. El Auto de Vista recurrido contiene defectos insubsanables, porque analiza una Sentencia de otro Tribunal y resuelve otra Sentencia, porque refiere y reitera que la Sentencia fue pronunciada por el Tribunal de Sentencia Nro. 1; empero, en el por tanto confirma la Sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Nro. 2. Y el rótulo del Auto de Vista está sellado por el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; sin embargo, en el por tanto resuelve la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia.

Además, data del 8 de junio de 2012, empero fue registrado el 27 de julio de 2012 (44 días después), o sea después de las vacaciones judiciales (del 2-Jul-2012 al 26-Jul-2012) y sorteado el 11 de mayo de 2012, según sello de fs. 144; en ese entendido, debió ser emitido hasta el 4 de junio de 2012 y no 4 días después y el Libro Diario tampoco registra Auto de Vista alguno con fecha 8 de junio de 2012. Además el 8 de junio referido, ingresó un memorial de apersonamiento de Merlinda Ramos, sin entender si el mismo salió el 8 o el 11 de junio, por qué no se procedió con su notificación a las partes, culminando la recurrente a sostener que: "(...), lo que quiere decir que, para el 8 de junio la resolución al Auto de Vista ya se encontraba lista y salió de despacho, pero se decide registrarla recién el 27 de julio.", incumpliendo así los arts. 123 par. IV. y 411 par. II. del Código de Procedimiento Penal en cuanto la fecha en que se dictó, existiendo contradicción en su contenido, sin guardar relación con el sorteo y registro del Libro Diario.

Culmina sus alegaciones acusando que, si era criterio de los de Alzada que la apelante incumplió con lo normado en el art. 408 del Código de Procedimiento Penal, previo a la admisión del recurso, debieron recomendarle aclarar si se trataba de inobservancia, errónea aplicación de la ley o vicios, bajo conminatoria de tenerse por no subsanado aquello, lo cual tampoco sucedió.

Finalmente, refiere en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 421 de 10 de octubre de 2006, 231 de 4 de julio de 2006 (errónea aplicación de la norma sustantiva por inadecuada y errónea concreción del marco penal) y 241 de 1 de agosto de 2005 (fundamentación jurídica en la Sentencia) y pide: "(...) declarar procedente el mismo, debiendo disponerse la modificación de la Sentencia", porque presuntamente no es posible que esta se base en hechos que demuestran parte de los elementos del tipo, cuando también se busca demostrar la inocencia de la acusada.

CONSIDERANDO: Que para la admisibilidad del recurso de casación, resulta menester observar y cumplir con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, los cuales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, demostrando previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese interpuesto dicho recurso contra la sentencia por causarle agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente.

Ahora bien, respecto al recurso de casación referido líneas arriba, se evidencia que si bien éste impugna el Auto de Vista inicialmente descrito, y que además fue presentado dentro del plazo legal previsto por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal; empero, la recurrente a momento de invocar precedentes contradictorios -Autos Supremos Nros. 421 de 10 de octubre de 2006, 231 de 4 de julio de 2006 y 241 de 1 de agosto de 2005- se limita únicamente a enunciarlos, es decir, omite señalar la presunta contradicción en términos precisos, que pudiera existir entre aquellos y el Auto de Vista recurrido, ese incumplimiento a los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal se encuentra expresamente sancionado con la inadmisibilidad del recurso, al no poderse establecer el sentido jurídico contradictorio.

Asimismo, es menester añadir que al margen de la desordenada e imprecisa exposición de los motivos de casación contenidos en el recurso analizado, a efecto de la admisibilidad de la denuncia por defecto absoluto, la recurrente omite identificar el elemento que acusa ausente para la configuración del tipo penal, o cuál el medio probatorio no incorporado legalmente a juicio y contradictoriamente acusa insuficiente fundamentación, y, a su vez ausencia total de la misma, por presunta vulneración del art. 370 incs. 1), 4) y 5) del Código de Procedimiento Penal respectivamente; de tal manera, incumple con su deber de expresar la debida fundamentación del presunto defecto, la decisión judicial u omisión de procedimiento que considera le causa agravio, conforme a la exigencia prevista en el art. 167 in fine del Código de Procedimiento Penal.

Toda vez que, quien pretende la nulidad de un acto -además de acreditar la concurrencia de los principios de: especificidad o legalidad, finalidad del acto, trascendencia y convalidación- debe demostrar su interés legítimo y ser el directo perjudicado, acreditando el agravio emergente del presunto vicio de nulidad, condiciones que deben ser fundamentadas, señalando en forma clara, precisa y concreta la existencia del perjuicio que le haya causado el acto impugnado a la recurrente, mencionando y demostrando expresamente los medios de defensa de los que se vio privada de oponer, o los que no pudo ejercitar con la amplitud debida, toda vez que la nulidad debe tener un fin práctico y no meramente teórico o académico, pues el perjuicio debe ser cierto, concreto, real y además grave, debido a que las normas procesales son para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos o entorpecer la resolución, actuar contrario a ello implicaría incumplir con la carga procesal de especificar y acreditar en qué medida dichos aspectos inciden en la presunta vulneración de sus derechos o garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en el Código de Procedimiento Penal, situación que impide a este Tribunal consentir la admisión del presente recurso de casación, con carácter excepcional.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia de Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultar conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el art. 418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por interpuesto por Elsa Cutipa Soruco (fs. 191 a 194), impugnando el Auto de Vista Nro. 19/2012 emitido el 8 de junio de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 152 a 159), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Justino Ramos Espinoza, Merlinda Ramos Párraga y Mario Lucana Arroyo (acusadores particulares) contra la recurrente, por la comisión del delito de estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas. (Presidente)

Jorge Isaac Von Borries Mendez.

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.