SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 207/2012

Sucre, 9 de agosto de 2012

EXPEDIENTE: Cochabamba 139/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, José Antonio Alvarez Ledezma, Emilia Ledezma de Alvarez contra Lucas Corrales Balderrama, Raúl Corrales Zurita.

DELITO: homicidio en grado de tentativa.


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Lucas Corrales Balderrama y adhesión de Raúl Corrales Zurita (fs. 506 a 510 y 525 a 526), impugnando el Auto de Vista de 25 de mayo de 2012 emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 490 a 496) en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y José Antonio Álvarez Ledezma y Emilia Ledezma de Alvarez contra Lucas Corrales Balderrama y Raúl Corrales Zurita por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa previsto y sancionado por el art. 251 relacionado con el art. 8 ambos del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que el recurso interpuesto tuvo origen en los siguientes antecedentes: 1. Sustanciado el caso por el Tribunal de Sentencia de Sacaba, provincia Chapare del Departamento de Cochabamba, dictó Sentencia Nro. 15/2011 en fecha 23 de noviembre de 2011, declarando a los imputados Lucas Corrales Balderrama y Raúl Corrales Zurita absueltos de pena y culpa de la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa (fs. 354 a 369); 2. La resolución de mérito fue recurrida en apelación restringida por el Ministerio Público y por los acusadores particulares José Antonio Álvarez Ledezma y Emilia Ledezma de Alvarez (fs. 431 a 432; 435 a 446 y 393 a 402 respectivamente); 3. El recurso de alzada fue resuelto mediante Auto de Vista de 25 de mayo de 2012 declarando la procedencia de las apelaciones restringidas planteada por el Ministerio Público y los acusadores particulares (fs. 490 a 496); contra el mencionado Auto de Vista, Lucas Corrales Balderrama (imputado) interpuso recurso de casación, recurso al cual Raúl Corales Zurita hizo su adhesión, correspondiendo a este Tribunal el análisis a efectos de la admisión.

El recurrente a momento de interponer la casación, con fundamentos generales, imprecisos y apreciaciones subjetivas, que impiden a este Tribunal, entender de manera clara los motivos o alegaciones del presente recurso, acusó que el Tribunal de Alzada: a) Vulneró los derechos sociales de la persona adulta mayor, previsto en el art. 67 de la Constitución Política del Estado, por haber dispuesto la reposición del juicio sin tomar en cuenta su edad de 73 años y su salud quebrantada, señala que se encuentra desprotegido e indignamente maltratado por no tener acceso pronto y oportuno a la justicia; b) Incurrió en contradicción con el Auto Supremo Nro. 359 de 5 de julio de 2011 y de éste modo en defecto absoluto al no sujetarse ni regirse al procedimiento justo y ecuánime de la interpretación legal de la Ley adjetiva y constitucional, al señalar que el Tribunal de Sentencia realizó insuficiente valoración intelectiva, señalando que no existe fundamentación correcta, que no asignó fundamentadamente valor a cada una de las pruebas y que solamente se habría practicado una valoración descriptiva; c) No está legalmente facultado para anular una Sentencia que fue correcta y debidamente emitida y mucho menos es competente para disponer la reposición del juicio que conllevaría a una oficiosa retardación de justicia, advirtiéndose manifiesta parcialidad al extralimitarse en la revalorización de la prueba como si se tratara de una segunda instancia de juicio que da lugar a que se le condene bajo su propia hipótesis o teoría del caso, en base a la excusa del principio de iura novit curia y el principio de congruencia; d) Violó los principios dialécticos del juicio oral de inmediación y acusatorio, así como su derecho fundamental de acceso a la justicia y la garantía del debido proceso, bajo el pretexto de la supuesta deficiencia valorativa y el principio de congruencia realizada por el Tribunal de Sentencia y pretende incorporar condiciones fácticas, abstrayendo deliberada y oficiosamente hechos y motivos del proceso que no habrían sido valorados y absueltos en juicio, realizando de manera tendenciosa u oficiosa interpretaciones para elucubrar una nueva teoría o hipótesis del caso; se extralimitó haciendo inducción y sugestión al futuro Tribunal de Sentencia en vía de reposición, para condenarle por un supuesto que configure delito, bajo la excusa del presupuesto del principio iura novit curia. Cita en calidad de precedentes contradictorios, los Autos Supremos Nros. 317 de 13 de junio de 2003; 458 de 29 de septiembre de 2006; 501 de 20 de octubre de 2010; 409 de 20 d octubre de 2006 y 359 de 5 de julio de 2011.

Concluye solicitando que sea declarado procedente el recurso y dictar Sentencia casando o anulando y consiguientemente dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido en mérito a la vulneración de derechos y garantías constitucionales y por supuestos in iudicando e in procedendo, compulsando adecuadamente la doctrina legal, precedentes contradictorios y los dispositivos constitucionales ya referidos.

CONSIDERANDO: Que para la admisibilidad del recurso de casación, resulta menester observar y cumplir con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, los cuales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea presentado dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, demostrándose previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese interpuesto dicho recurso contra la sentencia por causarle agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente.

Que la casación es un recurso de carácter formal que está sujeto a los requisitos y presupuestos establecidos legalmente en función a su finalidad que es la de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal en los fallos judiciales, ofreciendo protección jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley; esta labor es conocida en la doctrina como nomofiláctica, por lo que su objetivo es el de uniformar la jurisprudencia, para ese efecto, el Tribunal Supremo de Justicia, ante la interposición de un recurso, resuelve en base al derecho objetivo la probable contradicción existente entre el fallo impugnado, con otro dictado por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia o las Salas Penales de las Cortes Superiores de Distrito (Tribunales Departamentales de Justicia), desplegando así una labor de unificación de criterios. En este entendido, la obligación impuesta al recurrente de dar estricto cumplimiento a las exigencias contenidas en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, no constituye una simple formalidad, sino es una exigencia primordial de inexcusable cumplimiento por constituir el eje de acción a través del cual se desarrolla la competencia atribuida al máximo Tribunal, por lo que es importante que el impetrante, además de interponer el recurso dentro el plazo legal y acompañar la apelación restringida en la que conste que invocó los precedentes citados en el impugnaticio casacional, o recién los invoque en casación por surgir la contradicción a momento de resolver la Alzada; el recurrente debe cumplir con la carga procesal de explicitar su recurso estableciendo el sentido jurídico contradictorio entre ambas resoluciones; es decir, señalar por qué el sentido jurídico que se asignó en el fallo recurrido, es contrario a la doctrina legal aplicable establecida en los precedentes invocados, precisando si se aplicaron normas distintas a las aplicadas en un caso similar o una misma norma con diverso alcance; por consiguiente no basta la simple mención, invocación, trascripción o adjuntar alguna copia del precedente, tampoco sirve la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a como cree que debió ser resuelta la alegación; sino, adecuarse indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del Código de Procedimiento Penal), no debiendo considerarse bajo ningún aspecto que constituye una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito. Conforme lo precedentemente anotado, se debe entender que, el incumplimiento de alguno de los requisitos en la interposición de la impugnación casatoria, tiene como efecto que el Tribunal de Casación declare inadmisible el recurso.

Por otra parte, de forma extraordinaria y sólo ante las denuncias referentes a la vulneración de garantías y/o derechos fundamentales, cuyas consecuencias procesales tengan connotaciones de orden constitucional, y que como consecuencia podrían devenir en defectos absolutos y la consiguiente nulidad de actos; el Tribunal de Casación resuelve dichas denuncias, en tanto se encuentren debidamente fundamentadas, identificando plenamente la garantía constitucional o el derecho que reclama como transgredido por el órgano jurisdiccional inferior, la norma legal infringida, así como la acción u omisión con la cual se vulneró ese derecho o garantía, detallando con precisión el daño sufrido (principio de trascendencia), cuya relevancia se encuentre vinculada necesariamente al orden constitucional.

Es menester señalar que, respecto a la adhesión, se entiende como la facultad reconocida a la parte emplazada a ejercer su derecho de unirse a la apelación interpuesta por el adversario o la otra parte, la que debe realizarse en el término del emplazamiento, esto implica el llamamiento que hace el órgano jurisdiccional para que la parte emplazada efectúe un determinado acto procesal si así lo creyere conveniente; al respecto, el art. 394 del Código de Procedimiento Penal dispone que: "Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por éste Código. El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante". El art. 395 del Código de Procedimiento Penal establece la adhesión, y de manera general dice: "Quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse fundamentadamente al recurso concedido a cualquiera de las partes, dentro del período de emplazamiento", (Las negrillas son nuestras). El art. 409 de la misma normativa legal (apelación restringida) estatuye: "Interpuesto el recurso, se pondrá en conocimiento de las otras partes, para que dentro del término de diez días lo contesten fundadamente." (Las negrillas son nuestras).

De los preceptos anotados, se desprende que el recurso de casación no contempla la adhesión como parte de su procedimiento, pues no existe un periodo de emplazamiento, periodo legal establecido para las adhesiones contempladas en la normativa procesal penal, como es el caso de la apelación incidental (tres días) y la apelación restringida (diez días).

Analizados los argumentos expuestos por la recurrente, éste Tribunal concluye: a) El Recurso de Casación fue interpuesto contra el Auto de Vista de 25 de mayo de 2012 emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba dentro del plazo legal, cumpliendo así con lo dispuesto por el parágrafo primero del art. 417 del Código de Procedimiento Penal.

El impetrante, al haber sido favorecido con la Sentencia, no recurrió en apelación restringida, razón por la que no es exigible que acompañe copia de la Apelación Restringida, por lo que se halla legalmente habilitado a invocar los precedentes recién en etapa casacional. De la lectura del recurso a efectos de considerar su admisión se establece que el recurrente invocó los Autos Supremos Nros. 317 de 13 de junio de 2003; 458 de 29 de septiembre de 2006; 501 de 20 de octubre de 2010 y 409 de 20 de octubre de 2006, los cuales fueron simplemente citados, sin cumplir con su obligación de establecer de forma precisa y fundamentada la contradicción del Auto de Vista impugnado con dichas resoluciones. Respecto al A.S. Nro 359 de 05 de julio de 2011, se observa que si bien fue citado como parte de sus fundamentos, no estableció de manera precisa y clara el sentido jurídico contradictorio entre ambas resoluciones, omitió señalar por qué el sentido jurídico que se asignó en el fallo recurrido, es contrario a la doctrina legal aplicable establecida en los precedentes invocados, no precisó si se aplicaron normas distintas a las asignadas en un caso similar o una misma norma con diverso alcance; descuido que no puede ser subsanado de oficio por el Tribunal Casacional; pues el recurso incumple la exigencia contenida en el parágrafo segundo del art. 417 de la normativa legal precitada, además de lo dispuesto por el art. 416 en sus parágrafos segundo y tercero de la Ley Nro 1970; impidiendo así a éste Tribunal cumplir con los fines y objetivos desglosados anteriormente, consecuencia de la formulación defectuosa del recurso; negligencia ante la cual, este Tribunal de Casación, se ve imposibilitado cumplir con su labor nomofiláctica y unificadora, haciéndose aplicable en consecuencia, lo dispuesto por el último parágrafo del art. 417 del Código de Procedimiento Penal.

El recurrente denunció la vulneración a derechos y garantías constitucionales, las que pueden devenir en defectos absolutos, correspondiendo en consecuencia, de manera excepcional, admitir el recurso, con la finalidad de verificar si dichas denuncias tienen bases legales.

Respecto a la adhesión planteada por Raúl Corrales Zurita, actuación que no forma parte del trámite del recurso de casación, conforme fue expresado anteriormente no corresponde su consideración.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y aplicando la disposición contenida en el art. 418 del Código de Procedimiento Penal, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto recurso de casación interpuesto por Lucas Corrales Balderrama y adhesión de Raúl Corrales Zurita (fs. 506 a 510 y 525 a 526), impugnando el Auto de Vista de 25 de mayo de 2012 emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 490 a 496) en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y José Antonio Álvarez Ledezma y Emilia Ledezma de Alvarez contra Lucas Corrales Balderrama y Raúl Corrales Zurita por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa previsto y sancionado por el art. 251 relacionado con el art. 8 ambos del Código Penal.

Por Secretaría de Sala remítase copias legalizadas de la Sentencia, el Auto de Vista y el presente Auto Supremo a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, para que se inhiban de dictar resoluciones en las que se debaten las mismas cuestiones de derecho, hasta que se les haga conocer la resolución emergente de este recurso de casación, todo conforme prevé el citado art. 418 en su parágrafo segundo del mismo cuerpo legal.

Regístrese y notifíquese.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Presidente)

Jorge Isaac Von Borries Mendez.

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.