SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 202/2012

Sucre, 8 de agosto de 2012

EXPEDIENTE: Santa Cruz 138/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Julio Mazayuki Harada Zabala, Daniel García Huarena, Lorenzo Coimbra Parapaino.

DELITO: robo agravado.


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Julio Mazayuky Harada Zabala (fs. 248 a 250) impugnando el Auto de Vista Nro. 19 emitido el 10 de abril de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 235 a 239), en el proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público contra Daniel García Huarena, Lorenzo Coimbra Parapaino y el recurrente, por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 incs. 1) y 2) del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que dicho recurso tuvo origen en los siguientes antecedentes: 1) Concluida la audiencia de juicio oral celebrada sobre la base de acusación pública (fs. 11 a 14), el Tribunal de Sentencia Octavo de la capital del Departamento de Santa Cruz, pronunció Sentencia Nro. 17/2011 de 2 de diciembre de 2011 declarando a Julio Mazayuky Harada Zabala, Daniel García Huarena y Lorenzo Coimbra Parapaino autores y culpables del delito de robo agravado previsto y sancionado por el art. 332 incs. 1) y 2) del Código Penal imponiéndoles: al primero la pena de diez años de presidio, al segundo nueve años y al tercero siete años de presidio a cumplirse en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz (Palmasola), más el pago de costas; 2) Contra la mencionada Sentencia el imputado Julio Mazayuky Harada Zabala formuló recurso de apelación restringida (fs. 221 a 223), resuelto por Auto de Vista Nro. 19 de 10 de abril de 2012 (fs. 235 a 239), que lo declaró admisible e improcedente; 3) Con el referido Auto de Vista fue notificado Julio Mazayuky Harada Zabala el 26 de abril de 2012 (fs. 241), interponiendo el recurso de casación, motivo de autos, en fecha 3 de mayo de 2012.

CONSIDERANDO: Que el procesado alega en el escueto recurso de casación los siguientes fundamentos:

1. Que del cuarto considerando de la Sentencia se puede inferir que no existe prueba plena para incriminarle habida cuenta que el arma de fuego no fue incorporado en juicio como elemento probatorio de la acusación y que "...lo antes mencionado contradice el Auto Supremo Nro. 1999/01 -Sala Penal -1- 068 Sucre 29 de enero de 1999 "Asesinato y Robo Agravado..." (sic), del cual resalta: "por lo cual corresponde que se deje sin efecto el fallo condenatorio por absoluta inexistencia de prueba contra el imputado declarándolo inocente..."(sic).

2. Afirma que existe contradicción con el "Auto Supremo Nro. 2000/01-Sala Penal-1-012, Sucre 18 de enero de 2000" (sic.), puesto que si bien el Tribunal de Apelación en el último considerando advirtió que "el Tribunal inferior asignó valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando las razones por las cuales les otorga determinado valor, en la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida", no obstante, la prueba material (arma de fuego) y la declaración del imputado fueron utilizadas como prueba atentando contra la legalidad de la prueba tal como prescribe el art. 13 del Código de Procedimiento Penal. Prosigue señalando textualmente: "por consiguiente no existe prueba conjunta y armónica para que se me haya condenado por el delito de robo agravado, siendo que conforme al art. 370 inc. 11) del CPP entonces lo que correspondía era revocar la sentencia ..."

Sostiene que el Auto de Vista impugnado contradice también el "Auto Supremo Nro. 2000/01-Sala Penal-1-012, Sucre 18 de enero de 2000 Asesinato y robo agravado", porque es preferible absolver al culpable que condenar al inocente pues los antecedentes no demuestran prueba plena, a tenor del art. 243 del Código de Procedimiento Penal, para fundamentar una sentencia condenatoria.

Por último, afirma que el Auto de Vista impugnado ha confirmado el valor y credibilidad asignado por el Tribunal de Sentencia a las pruebas de cargo, señalando que este ha procedido en forma correcta, empero el Tribunal inferior ha incurrido en inobservancia del código adjetivo al tomar en cuenta su declaración cuando señala que: " la personalidad del imputado se desprende de la prueba testifical y documental de cargo, y de lo expresado a viva voz por el propio imputado, sobre su situación familiar y conducta pasada y presente..." aspecto que entra en contradicción con el art. 167 del Código de Procedimiento Penal en relación al art. 169 inc. 3) de la misma norma que refieren defectos absolutos.

CONSIDERANDO: Conforme a la previsión del art. 416 del Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente invocado, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. Para su admisibilidad, a tiempo de su interposición debe observarse las condiciones de tiempo y forma establecidas en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, es decir: 1. Interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.2. Señalarse, en términos precisos, la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentido jurídico diverso, especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.3. Como única prueba admisible debe acompañarse copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio debe ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia fuera inicialmente favorable a la parte y el agravio hubiere surgido en apelación al dictarse el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

El art. 417 de la Ley Adjetiva Penal concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos, determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

CONSIDERANDO: Que efectuado el análisis de los antecedentes remitidos, se constata que el recurso de casación fue interpuesto en el término establecido por ley. Con referencia a los demás requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, se establece las siguientes puntualizaciones:

El recurso de casación conforme a criterio uniformado en este Tribunal Supremo persigue una función nomofiláctica, es decir, de salvaguarda del principio de igualdad, a través de la unificación de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Por ello, constituyen requisitos insoslayables para la admisibilidad del recurso, la invocación de los precedentes contradictorios, la existencia de una situación de hecho similar y la explicación clara y precisa de la contradicción que alega el recurrente, pues sobre esa base el Tribunal de casación cumplirá la labor de dirimir las interpretaciones disímiles, si corresponde.

En el caso, se constata que los precedentes contradictorios han sido descritos de forma ininteligible. En efecto, se cita textualmente: "Auto Supremo Nro. 1999/01 -Sala Penal -1- 068 Sucre 29 de enero de 1999 Asesinato y Robo Agravado..." y "Auto Supremo Nro. 2000/01-Sala Penal-1-012, Sucre 18 de enero de 2000".

Sobre el primero es menester recordar que si el mismo corresponde a enero del año 1999, a esa fecha se encontraba vigente el Código de Procedimiento Penal aprobado por Decreto Ley Nro. 10426 de 23 de agosto de 1972, consiguientemente, no puede considerarse precedente válido por corresponder a un sistema procesal distinto al actualmente vigente. En cuanto al segundo Auto Supremo, igual que en el primer caso, resulta imposible identificarlo inequívocamente puesto que de la revisión de los archivos cursantes en este Tribunal Supremo se advierte que no existe el Auto Supremo Nro. 2000 de la gestión 2001 y si la cita no fuera esa y se tratara del Auto Supremo Nro. 012 de 18 de enero de 2000, se constata que éste resuelve también un caso del anterior sistema.

Por lo expuesto, el recurrente no ha cumplido con el requisito de invocar precedente contradictorio válido en los términos que exige el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que resulta imposible contrastar el sentido jurídico de normas vigentes con la de las abrogadas.

Asimismo, sobre los mismos precedentes, han sido invocados de manera genérica para fundar presuntas infracciones producidas a tiempo de emitirse la sentencia y decidir la condena del recurrente sobre la base de su propia declaración y un arma de fuego considerados, en su versión, "como prueba" en vulneración del art. 13 del Código de Procedimiento Penal. De lo anterior se concluye que los mismos debieron ser invocados en apelación restringida, aspecto que en el caso tampoco se ha cumplido.

Por último, no puede dejar de mencionarse que el recurso de casación, en cumplimiento de los arts. 416 y 417 concordantes con el art. 418 todos del Código de Procedimiento Penal, debe formularse con expresión precisa de los motivos y fundamentarlos uno a uno, entendiéndose de ello la obligación de citar norma aplicada con diverso alcance y demostrarse con la fundamentación por qué se aplicó mal la misma y por qué se debió aplicar otra u otorgársele diverso alcance, en el caso, tampoco se ha cumplido con estas exigencias esenciales deviniendo, en consecuencia, imposibilidad de que el Tribunal Supremo abra su competencia.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de las atribuciones conferidas el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y el art. 418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Julio Mazayuky Harada Zabala (fs. 248 a 250) impugnando el Auto de Vista Nro. 19 emitido el 10 de abril de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 235 a 239), en el proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público contra Daniel García Huarena, Lorenzo Coimbra Parapaino y el recurrente, por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 incs. 1) y 2) del Código Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Presidente)

Jorge Isaac Von Borries Mendez.

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano