SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 193/2012

Sucre, 26 de julio de 2012

EXPEDIENTE: Santa Cruz 127/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra José Urbina Fernández.

DELITO: transporte.


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por José Urbina Fernández (fs. 185 a 187), impugnando el Auto de Vista Nro. 25/2012 emitido el 4 de mayo de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 177 a 182), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente por la presunta comisión del delito de transporte tipificado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

CONSIDERANDO: Que el recurso de casación tuvo origen en los siguientes antecedentes 1. Sustanciado el proceso por el Tribunal Tercero de Sentencia de Santa Cruz de la Sierra, dictó Sentencia Nro. 27/2011 el 11 de noviembre de 2011, declarando al imputado absuelto de culpa y pena del delito de transporte de sustancias controladas (fs. 153 a 157); 2. Dicha Sentencia fue recurrida en apelación restringida por el Ministerio Público, la que fue declarada procedente por el Tribunal de Alzada, revocando en consecuencia la resolución impugnada y dictando nueva Sentencia en la que declara al imputado, José Urbina Fernández autor y culpable de la comisión del delito de transporte de sustancias controladas, condenándolo a cumplir la pena de ocho años de presidio a cumplirse en la Cárcel Pública de Santa Cruz, imponiéndole además multa de 300 días a razón de bs. 2 por cada día, con costas. (fs. 177 a 182), dando con ello lugar a la presentación del recurso que es caso de autos.

Que el recurrente acusó que el Tribunal de Alzada: a) Dictó un fallo contrario a la realidad, siendo que esperaba que el Tribunal de Alzada realice un exhaustivo análisis de las pruebas y detectar las contradicciones y con ello dictar un fallo de acuerdo a lo que se vio y se escuchó. Se le imputa el delito de transporte de sustancias controladas, delito que resulta de la acción de transportar sustancias controladas de un lugar geográfico a otro a través de un medio de transporte, pero su persona no salió del país, ni siquiera del aeropuerto, no tenía conocimiento de lo que contenía la maleta de mano que le fue entregada por la persona al que conoce por el nombre de Antonio Arias y que cuando fue detenido, la FELCN dijo que se puso nervioso, lo que es mentira e inventado por el Fiscal; b) Denunció la inobservancia de la apelación restringida del Ministerio Público, señalando que no cumplía con el mandato del art. 408 del Código de Procedimiento Penal, por no señalar separadamente cada violación con su fundamento, por lo que al evidenciarse que la apelación restringida planteada por el Ministerio Público carecía de fundamento, cuyo precedente contradictorio señalado fue el A.S. Nro. 508/2007, con el que no hay supuestos fácticos similares, no existía la obligación de los Vocales de acatar el precedente invocado; c) Alegó que la prueba ofrecida por el Ministerio Público generó duda razonable en el Tribunal al ser insuficiente para demostrar de manera cierta indudable e inobjetable que su persona hubiese participado en el hecho sometido a juzgamiento, resultando indudable la aplicación del principio central del derecho, el in dubio pro reo, correspondiendo la absolución conforme establece el art. 173 del Código de Procedimiento Penal. Invocó en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos emitidos por la Corte Suprema de Justicia Nros.: 508/2007 de 11 de octubre de 2007; 211 de 28 de marzo de 2007; 07 de 01/10/99; 143 de 20/08/99; así como el "A.V.Nro. Registro de fs 163 a 166 Libro Toma de Razón 1/2003 Penal Primera de fecha 04 de junio del 2003, Distrito Santa Cruz M.P. Javier Villarroel" (sic); y el "A.V. Sala Penal Segunda de fecha 14 de abril del 2003, Distrito de Santa Cruz, M.P. Roberto Carlos Vega" (sic).

Finalizó solicitando que se remitan antecedentes al Tribunal Supremo de Justicia que resolverá conforme a Ley y justicia, dejando sin efecto el Auto de Vista recurrido y dicte resolución conforme a la doctrina legal establecida, es decir dictando Sentencia absolutoria.

CONSIDERANDO: Que para la admisibilidad del recurso de casación, resulta menester observar y cumplir con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, los cuales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea presentado dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, demostrándose previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese interpuesto dicho recurso contra la sentencia por causarle agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente.

CONSIDERANDO: La casación es un recurso de carácter formal que está sujeto a los requisitos y presupuestos establecidos legalmente en función a su finalidad que es la de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal en los fallos judiciales, ofreciendo protección jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley; esta labor es conocida en la doctrina como nomofiláctica, por lo que su objetivo es el de uniformar la jurisprudencia, para ese efecto, el Tribunal Supremo de Justicia, ante la interposición de un recurso, resuelve en base al derecho objetivo la probable contradicción existente entre el fallo impugnado, con otro dictado por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia o las Sala Penales de las Cortes Superiores de Distrito (Tribunales Departamentales de Justicia), desplegando así una labor de unificación de criterios; en este entendido, la obligación impuesta al recurrente de dar estricto cumplimiento a las exigencias contenidas en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, no constituye una simple formalidad, sino es una exigencia primordial de inexcusable cumplimiento por constituir el eje de acción a través del cual se desarrolla la competencia atribuida al máximo Tribunal, por lo que es importante que el impetrante, además de interponer el recurso dentro el plazo legal y acompañar la apelación restringida en la que conste que invocó los precedentes citados en el impugnaticio casacional, o recién los invoque en casación por surgir la contradicción a momento de resolver la Alzada; debe identificar el precedente invocado por su número, fecha y Sala (de ser posible, las partes procesales a efectos de su ubicación y verificación en el sistema); si invocará Autos de Vista, los que no se encuentran sistematizados, el recurrente debe cumplir con la carga procesal de adjuntar dichas resoluciones a su recurso. Asimismo, el recurrente debe explicitar su recurso estableciendo el sentido jurídico contradictorio entre ambas resoluciones; es decir, señalar por qué el sentido jurídico que se asignó en el fallo recurrido, es contrario a la doctrina legal aplicable establecida en los precedentes invocados, precisando si se aplicaron normas distintas a las aplicadas en un caso similar o una misma norma con diverso alcance, por lo que necesariamente las resoluciones invocadas, deben corresponder al sistema procesal penal vigente; por consiguiente no basta la simple mención, invocación, trascripción o adjuntar alguna copia del precedente, tampoco sirve la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a como cree que debió ser resuelta la alegación; sino, adecuarse indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del Código de Procedimiento Penal), no debiendo considerarse, bajo ningún aspecto, que constituye nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito, por lo que las obligaciones impuestas al recurrente constituyen exigencia primordial de inexcusable cumplimiento por constituir el eje de acción a través del cual se desarrolla la competencia atribuida al máximo Tribunal; consecuentemente, se debe entender que, la inexistencia de la contradicción, tiene como efecto que el Tribunal de Casación declare inadmisible el recurso.

Analizados los argumentos expuestos en el impugnaticio casacional, conforme las consideraciones precedentes, así como verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, este Tribunal concluye:

a) El Recurso de Casación fue interpuesto contra el Auto de Vista Nro. 25/2012 dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dentro plazo legal, cumpliendo así con lo dispuesto por el parágrafo primero del art. 417 del Código de Procedimiento Penal.

b) El impetrante, al haber resultado favorecido por la resolución de mérito, no presentó apelación restringida, razón por la que la exigencia contenida en el párrafo segundo del art. 416, no se hace aplicable al caso, por lo que dicha obligación se hace exigible al momento de presentar el recurso de casación. Se verifica en consecuencia que el recurrente invocó en calidad de precedentes contradictorios, Autos Supremos y Autos de Vista, cuya mayoría se encuentran indebidamente identificados, lo que dificulta su ubicación. Por otra parte, omitió su obligación de señalar de forma expresa y clara la contradicción existente entre las resoluciones invocadas vinculada a cada una de sus alegaciones; negligencia que impide a este Tribunal abrir su competencia y revisar en el fondo el fallo recurrido, pues el planteamiento del recurso debe ser claro, preciso y/o específico, denunciando las contradicciones en que hubiera incurrido el Tribunal de Alzada a momento de resolver la Apelación de la Sentencia, en relación a los precedentes contradictorios; únicamente cumplida esa obligación, el Tribunal Supremo puede resolver sobre hechos concretos y no sobre supuestos respecto a la pretensión del impetrante; consecuentemente, la formulación del recurso resulta defectuosa por no cumplir con los requisitos que el ordenamiento jurídico exige para ello (art. 417 parágrafo segundo del Código de Procedimiento Penal), pues el recurrente, ignoró los objetivos y fines de la impugnación casatoria.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de sus atribuciones, con la facultad conferida en el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el art. 418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por José Urbina Fernández (fs. 185 a 187), impugnando el Auto de Vista Nro. 25/2012 emitido el 4 de mayo de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 177 a 182), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente por la presunta comisión del delito de transporte tipificado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Presidente)

Jorge Isaac Von Borries Mendez.

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano.