SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 184/2012

Sucre, 23 de julio de 2012

EXPEDIENTE: Oruro 109/2012

PARTES PROCESALES: Beatriz Flores Cruz de Villa contra Ibeth Mary Usnayo Mancilla de Mamani.

DELITO: calumnia.

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Ibeth Mary Usnayo Mancilla de Mamani (fs. 93 a 94), impugnando el Auto de Vista Nro. 06/2012 emitido el 1 de marzo de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 86 a 88), en el proceso penal seguido por Beatriz Flores Cruz de Villa contra la recurrente, por el delito de calumnia, previsto y sancionado por el art. 283 Código Penal.

CONSIDERANDO: Que de la revisión de los antecedentes remitidos en casación se establece lo siguiente: 1. Celebrada la audiencia de juicio oral sobre la base de la acusación particular (fs. 1 a 2), el Juez de Partido Mixto y de Sentencia en lo Penal, Niñez, Adolescencia, Trabajo y Seguridad Social de Caracollo, pronunció Sentencia de fecha 22 de septiembre de 2011 (fs. 52 a 57) absolviendo de culpa y pena a Ibeth Mary Usnayo Mancilla de Mamani, de la comisión del delito de calumnia, con el fundamento de que la prueba aportada por la parte querellante no fue suficiente para generar la convicción plena de la responsabilidad penal de la misma, sin lugar a costas; 2. Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular Beatriz Flores Cruz de Villa, formuló recurso de apelación restringida (fs. 61 a 63 y 75 a 81), resuelto por Auto de Vista Nro. 06 de 1 de marzo de 2012 (fs. 86 a 88), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que anuló totalmente la sentencia de primer grado y ordenó, en vía de reenvío, la reposición del juicio por el siguiente Juez de Sentencia competente, formulando la imputada Ibeth Mary Usnayo Mancilla de Mamani, recurso de casación motivo de autos (fs. 93 a 94) el 11 de mayo de 2012.

CONSIDERANDO: Que en el memorial de recurso la imputada señala que el Tribunal de Alzada, al anular totalmente la sentencia por una presunta falta de valoración de las pruebas, en especial de las testificales, "...ingresó a una nueva valoración, individualizada y defectuosa de toda la prueba, dejando de lado la de descargo, potestad que no le otorga la ley...". (sic). Que el Juez ordinario de Sentencia en lo Penal de Caracollo, realizó una correcta valoración de la prueba conforme a lo establecido por el art. 173 del Código de Procedimiento Penal, llegando a determinar en su favor duda sobre la comisión del delito de calumnia.

Acusa que la decisión del Tribunal de Alzada es contradictoria a la nueva concepción doctrinaria contenida en el Auto Supremo Nro. 436 de 15 de octubre de 2005 que, en similares circunstancias, determinó dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado estableciendo en su fundamento que la apelación restringida es el medio para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiere incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia, no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que hacen a los jueces o tribunales inferiores.

Concluyó solicitando se anule el Auto de Vista para que se pronuncie uno nuevo de acuerdo a la doctrina y ley vigente.

CONSIDERANDO: Que admitido que fue el presente recurso, corresponde emitir la resolución de fondo regulada mediante el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, determinando si el Auto de Vista recurrido contradice el Auto Supremo invocado como precedente, es decir, si el Tribunal de Alzada al resolver el recurso de apelación restringida efectuó nueva valoración de la prueba o si procedió a revisar cuestiones de hecho, facultad privativa de los jueces y tribunales de sentencia conforme a la doctrina legal aplicable vigente.A ese efecto, debe considerarse que la doctrina legal invocada, contenida en el Auto Supremo Nro. 436 de 15 de octubre de 2005, en lo sustancial y pertinente establece: "Que de acuerdo a la nueva concepción doctrinaria la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los Jueces o Tribunales inferiores, sino para resguardar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley. Por ello no existe la doble instancia y el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los siguientes aspectos: anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; cuando la nulidad sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio; y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente..."

Mas adelante prosigue: "...Que en la especie el Tribunal Ad quem ha interpretado erróneamente la ultima parte del Art. 413, inc. 6) del Art. 370 con referencia al Art. 173 del Código de Procedimiento Penal que comprende un defecto, lo que convierte en una indebida resolución de reposición de juicio a más de que realiza una ilegal revalorización probatoria que ameritaba la confirmación del fallo respetando la valoración probatoria del Tribunal de Sentencia..." ( sic.).

En este marco, si bien es evidente que entre el precedente y el Auto de Vista recurrido existe analogía en la situación típica procesal en cuanto que, en ambos casos, la sentencia absolutoria recurrida dio lugar a que el Tribunal Ad quem resuelva ordenando la reposición del juicio y en ambos se debate la aplicación del art. 413 del Código de Procedimiento Penal; sin embargo, de la lectura íntegra del Auto de Vista recurrido se establece claramente que al resolver la similar problemática, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, lo hizo con diferente fundamento al expresado por el Tribunal Supremo en el precedente invocado, consiguientemente, no procedió contra la doctrina legal ni le otorgó al art. 413 del Código de Procedimiento Penal diverso alcance. Así se tiene que en el Considerando III, al pronunciarse sobre la defectuosa valoración de la prueba, el Auto de Vista recurrido, señaló con claridad que el juzgador no expresó (en la sentencia) los motivos suficientes para determinar el valor de la prueba de cargo, especialmente de la testifical y que toda omisión en la fundamentación de las sentencias o resolución, así como la falta de valoración de las pruebas ofrecidas durante el juicio oral constituyen defectos absolutos que no se puede convalidar, en consecuencia, en aplicación de la doctrina legal aplicable, anuló totalmente la sentencia y ordenó el reenvío, actuación que de ninguna manera resulta contradictoria a la del precedente invocado en mérito a las siguientes consideraciones:

Si bien de acuerdo a la doctrina legal aplicable contenida en el precedente invocado (Auto Supremo Nro. 436 de 15 de octubre de 2005) y otros posteriores, entre los que se encuentran los Autos Supremos Nros. 25 de 4 de febrero de 2010 y 53 de 19 de marzo de 2012, es irrefutable que la valoración de la prueba es de competencia del Juez o Tribunal de Sentencia y el Tribunal de Alzada no puede revalorizar la prueba ni revisar cuestiones de hecho, no es menos cierto que este Tribunal Supremo tiene establecido también que ese Tribunal debe efectuar, en el marco del recurso de apelación, el control de la fundamentación probatoria (descriptiva e intelectiva) a la que se refiere el art. 124 del Código de Procedimiento Penal, tal como ha acontecido en el presente caso.

Ese razonamiento está expresado en la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo Nro. 91 de 28 de marzo de 2006 que establece: "... la valoración de los hechos y de la prueba es atribución privativa del Juez o Tribunal de Sentencia por cuanto ellos son los que se encuentran directamente involucrados en todo el proceso de la producción de la prueba con la intervención contradictoria de las partes procesales; ahora en caso de que dicha valoración sea confusa, contradictoria o insuficiente porque no tiene el sustento de la experiencia, conocimiento, o no son utilizadas adecuadamente la lógica y las técnicas de argumentación, en definitiva no se encuentran explicadas apropiadamente y que ponga en duda la razón del Tribunal de Sentencia, el Tribunal de Apelación debe identificar la falla o la impericia del Juez o Tribunal de Sentencia en la valoración de los hechos y las pruebas, además debe observar que las reglas de la sana crítica estén explicitadas en el fundamento de la valoración de la prueba de manera clara, concreta y directa, que tenga la consistencia de lograr convicción en las partes, sobre todo en la autoridad que controla la sentencia apelada, que las impugnaciones hechas por las partes sean verídicas y tengan fundamento jurídico..." (sic.).

Línea jurisprudencial ratificada en el Auto Supremo Nro. 53/2012 de 22 de marzo de 2012 que al referirse al Tribunal de Apelación, señala: "... éste no está facultado para revisar la base fáctica de la Sentencia, sino analizar si ésta contradice el silogismo judicial, es decir, debe abocarse a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos tenga la coherencia, orden y razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre..."(sic) y modulada en el Auto Supremo Nro. 167 de 4 de julio de 2012 en el que se define: "DOCTRINA LEGAL APLICABLE: Si bien de acuerdo a la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos Nros.: 219 de 28 de junio de 2006, 91 de 28 de marzo de 2006 y otros posteriores entre los que se encuentra el Auto Supremo Nro. 53/2012 de 19 de marzo de 2012, es indiscutible que la apelación restringida no es un medio legítimo para la revalorización de la prueba puesto que en el sistema procesal vigente no existe la doble instancia y los hechos probados en juicio se hallan sujetos al principio de intangibilidad, debe precisarse que esta limitación no significa que no sea procedente el control del iter lógico que ha seguido el juzgador o que el Tribunal de apelación, no obstante la denuncia expresa contenida en el recurso de apelación restringida, se encuentre impedido y/o carezca de competencia para examinar la fundamentación probatoria intelectiva de la sentencia y con ello la de la aplicación de la sana crítica y sus componentes, en la eventualidad de que en ese procedimiento el juzgador haya podido caer en errores de logicidad. En efecto, denunciada la violación de ley sustantiva, insuficiente fundamentación y defectuosa valoración de la prueba por vulneración de las reglas de la sana crítica; el Tribunal de Alzada, en aplicación de los arts. 407, 413, 414 y 398 del Código de Procedimiento Penal, tiene competencia, para pronunciarse no solo sobre la aplicación o no de la ley sustantiva, sino sobre el cumplimiento de los requisitos de validéz contenidos en el art. 173 del Código de Procedimiento Penal, y, en ese marco, determinará si el Tribunal o Juez de sentencia explicó por qué aplicó una norma o por qué no lo hizo y si rigió el acto procesal de la valoración armónica y conjunta de la prueba a sus reglas fundamentales: la lógica, la psicología y la experiencia, dentro del marco de razonabilidad y equidad previsibles para decidir de forma congruente, consignando por escrito, es decir fundamentando, las razones que lo condujeron a la decisión. En todo caso, el resultado de un razonamiento que quebrante cualquiera de esos principios tiene el efecto de falta de fundamentación exigida en el art. 124 del Código de Procedimiento Penal..." (sic).

En el caso, de la lectura del Auto de Vista recurrido y, en especial, del contenido del Considerando III, se advierte que el Tribunal de Alzada no procedió de forma contraria al precedente invocado toda vez que no efectuó revalorización prueba alguna, menos revisó o cambió los hechos probados, limitándose, en ejercicio de sus facultades y competencia, a disponer la anulación total de la sentencia al ser evidente la insuficiente fundamentación probatoria intelectiva de la sentencia, decisión que no es contraria a la doctrina legal invocada, contrariamente, se encuentra en conformidad no solo con la vigente en la fecha de su emisión, sino, a la recientemente emitida por este Tribunal Supremo, no siendo evidentes los motivos que se alegan en el recurso de casación en examen.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y aplicando el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Ibeth Mary Usnayo Mancilla de Mamani (fs. 93 a 94), impugnando el Auto de Vista Nro. 06/2012 emitido el 1 de marzo de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 86 a 88), en el proceso penal seguido por Beatriz Flores Cruz de Villa contra la recurrente, por el delito de calumnia, previsto y sancionado por el art. 283 Código Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

Jorge Isaac Von Borries Mendez

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano