SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 182/2012

Sucre, 18 de julio de 2012

EXPEDIENTE: Santa Cruz 123/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Mariela Alandia Cuellar contra Rodolfo Ruiz Yabeta y Margot Rosario Yabeta Dalence.

DELITO: homicidio.


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Margot Rosario Yabeta Dalence (fs. 318 a 319) impugnando el Auto de Vista Nro. 15/2012 emitido el 2 de enero de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 312 a 314), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y la acusadora particular Mariela Alandia Cuéllar contra el rebelde Rodolfo Ruiz Yabeta y la recurrente, por la presunta comisión del delito de homicidio y homicidio de comisión por omisión, y, encubrimiento respectivamente, tipificado por el art. 251 con relación a los arts. 20, 13 bis y 171 del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que el Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz de la Sierra, por Sentencia Nro. 10/2011 de 27 de julio de 2011 (fs. 283 a 293), declaró a la acusada Margot Rosario Yabeta Dalence culpable de la comisión del delito de denegación de auxilio, condenándola a la pena privativa de libertad de un año, a cumplir en el Centro de Rehabilitación "Palmasola" y la absolvió de los delitos de homicidio de comisión por omisión y encubrimiento.

Fallo que fue impugnado mediante recurso de apelación restringida, interpuesto por la acusada (fs. 298 a 299), y el Tribunal de Alzada por Auto de Vista Nro. 15/2012 de 2 de enero de 2012 (fs. 312 a 314) determinó declarar admisible e improcedente el recurso, lo cual dio origen a la presentación del recurso de casación que es caso de autos.

CONSIDERANDO: Que al interponer el enunciado recurso de casación, la recurrente argumenta lo siguiente:

1. Los medios probatorios de descargo propuestos en etapa preparatoria y direccionados por el Ministerio Público, fueron puestos a conocimiento del Tribunal de Sentencia cuando la acusada no fue notificada con ninguna actuación jurisdiccional, sin tomar en cuenta que el Fiscal de Materia -al no haber encontrado indicio o prueba en su contra- procedió a excluirla del proceso, disponiendo su sobreseimiento y ordenando el archivo de obrados, después nunca más fue notificada hasta encontrarse en juicio como procesada, dictándose Sentencia condenatoria en base a pruebas inexistentes, no judicializadas, vulnerando su derecho al debido proceso.

2. El Tribunal de Sentencia condenó a la recurrente por un delito que no fue puesto en la acusación, por el que nunca fue juzgada, conforme se evidencia en el ofrecimiento probatorio de la Acusación Fiscal, prueba que en ningún momento se ofrece, introduce, ni judicializa, prueba que haga presumir la denegación de auxilio, cuya violación a sus derechos se encuentran previstos en el art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, concordante con el art. 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el art. 16 num. 4) de la Constitución Política del Estado y art. 1 del Código de Procedimiento Penal, lo cual a su vez implica defectos en la Sentencia, sancionados por los arts. 362 y 370 incs. 4), 6) y 10) del adjetivo penal que prevén expresamente que ningún ciudadano puede ser condenado por un hecho distinto al de la acusación efectuada por el Ministerio Público o particular, convalidando de este modo la violación del derecho a la defensa, igualdad de las partes y a ser oída y vencida en juicio.

3. Al no haber estado presente la acusada en el lugar del hecho, era imposible que haya denegado auxilio al fallecido en forma inmediata, sumado a que la Certificación emitida por el médico forense expresa que la víctima murió en forma instantánea, lo cual implica que ninguna persona presente o ausente podía haberlo socorrido.

Concluye la recurrente mencionando los Autos Supremos Nros. 504/07 y 120 de 21 de abril de 1994 únicamente de manera referencial y denunciando que se la condenó sin tomar en cuenta que la acusación del Ministerio Público, así como la de la querellante ingresaron al juicio sin que exista el ilícito de denegación de auxilio; por lo que pide se admita el presente recurso "y se declare fundamentado, declarando la contradicción del auto motivo del presente recurso, se tome en cuenta la contradicen con otros autos de vista, (...)." (sic).

CONSIDERANDO: Que para la admisibilidad del recurso de casación, resulta menester observar y cumplir con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, los cuales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, demostrándose previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese interpuesto dicho recurso contra la sentencia por causarle agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente.

Ahora bien, respecto al recurso de casación referido líneas arriba, se evidencia que éste impugna el Auto de Vista inicialmente descrito, además fue presentado dentro del plazo legal previsto por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal; empero, al manifestar la denuncia inserta en el numeral 3. la recurrente omite invocar precedente contradictorio, extrañando la contradicción exigible por disposición inserta en el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, cuyo incumplimiento está expresamente sancionado con la inadmisibilidad del recurso, al impedir establecer el sentido jurídico contradictorio.

Además, es menester destacar que dicha denuncia no precisa la forma quebrantada, la restricción o disminución de un determinado derecho o garantía constitucional, debido a que la recurrente se limita a referir ligeramente la presunta imposibilidad de que la misma haya cometido el delito de denegación de auxilio, finalmente tampoco explicó el resultado dañoso o consecuencia procesal presuntamente ocasionado, cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional; de este modo, se incumplió con la carga procesal de precisar y acreditar en qué medida dicho aspecto incide en la presunta vulneración de sus derechos o garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en el Código de Procedimiento Penal.

Sin embargo, se salvan de dichas consideraciones las acusaciones insertas en los numerales 1. y 2., en los que si bien la recurrente de igual manera omite invocar precedente contradictorio, este Tribunal opta por consentir como causal la admisión excepcional del presente recurso de casación, a efecto de verificar la presunta vulneración al debido proceso, a la defensa, igualdad de las partes y a ser oída y vencida en juicio, conforme al art. 16 de la Constitución Política del Estado (abrogada).

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la regla contenida en el art. 418 del Código de Procedimiento Penal, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Margot Rosario Yabeta Dalence (fs. 318 a 319), impugnando el Auto de Vista Nro. 15/2012 emitido el 2 de enero de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 312 a 314), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y la acusadora particular Mariela Alandia Cuéllar contra el rebelde Rodolfo Ruiz Yabeta y la recurrente, por la presunta comisión del delito de homicidio y homicidio de comisión por omisión, y, encubrimiento respectivamente, tipificado por el art. 251 con relación a los arts. 20, 13 bis y 171 del Código Penal.

Dispone que, por Secretaría de Sala se remita copias legalizadas de la Sentencia, el Auto de Vista y el presente Auto Supremo a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, para que se inhiban de dictar resoluciones en las que se debaten las mismas cuestiones de derecho, hasta que se les haga conocer la resolución emergente de este recurso de casación, todo conforme prevé el citado art. 418 en su parágrafo segundo del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese y notifíquese.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Presidente)

Jorge Isaac Von Borries Mendez

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano