SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 180/2012

Sucre, 17 de julio de 2012

EXPEDIENTE: Cochabamba 46/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Pedro Ltda. contra Carlos Roberto Subelza Flores, Félix Cabana Flores, Demetrio Santos Flores, Eugenio Olivera Mejía, José Adrian Patón, Walter Jarpa Mamani, Deysi Domínguez Baya, Alfredo Fernández Miranda, Angélica Cruz Biqui, Rymi Alejandro Quispe Caballero, Norma Cruz Jaita, Freddy Narváez Alvarez, Néstor Silvero Narváez Chambi, Hugo Chambi Peñaranda, Miguel Aguilar Clemente, Andrés Suajita Bejarano, Carmen Raquel Asiama Olmos, Sofía Martinez Cusipuma, Nery Cruz Manrique y Martha Narváez Lima.

DELITO: falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, estafa y asociación delictuosa.

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS: El recurso de nulidad y casación interpuesto, por el procesado Miguel Aguilar Clemente (fs. 950 a 954) impugnando el Auto de Vista Ptda. 201 de 11 de junio de 2011 (fs. 940 a 945), pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Pedro Ltda. contra Carlos Roberto Subelza Flores, Félix Cabana Flores, Demetrio Santos Flores, Eugenio Olivera Mejía, José Adrian Patón, Walter Jarpa Mamani, Deysi Domínguez Baya, Alfredo Fernández Miranda, Angélica Cruz Biqui, Rymi Alejandro Quispe Caballero, Norma Cruz Jaita, Freddy Narváez Alvarez, Néstor Silvero Narváez Chambi, Hugo Chambi Peñaranda, Andrés Suajita Bejarano, Carmen Raquel Asiama Olmos, Sofía Martinez Cusipuma, Nery Cruz Manrique y Martha Narváez Lima y el recurrente, por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, estafa y asociación delictuosa previstos por los arts. 198, 199, 203, 335 y 132 del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que de la revisión de los antecedentes remitidos en casación se establece lo siguiente: a) El Juez de Partido Tercero en lo Penal Liquidador del Distrito Judicial de Cochabamba pronunció Sentencia Nro. 059/2003 de 26 de junio de 2003 (792 a 797), declarando: 1. A los procesados Carlos Roberto Subelza Flores y Felix Cabana Flores autores, en concurso real, de la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y asociación delictuosa sancionados por los arts. 198, 199, 203 y 132 del Código Penal, condenándoles a la pena de nueve años de presidio con costas y reparación de daños civiles averiguables en ejecución de sentencia y les absuelve de culpa y pena del delito de estafa previsto en el art. 335 del Código Penal, sin costas. 2.- A Demetrio Santos Flores absuelto de culpa y pena de la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, estafa y asociación delictuosa por existir en su contra prueba semiplena. 3.- A Eugenio Olivera Mejía absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de uso de instrumento falsificado por existir en su contra prueba semi plena. 4.- A los procesados José Adrián Patón, Wálter Jarpa Mamani y Deysi Domínguez Baya, inocentes de la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, estafa y asociación delictuosa previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 203, 335 y 132 del Código Penal, por no existir en su contra prueba alguna, con costas a su favor y resarcimiento de daños. 5.- A los co-procesados Alfredo Fernández Miranda, Angélica Cruz Biqui, Rymy Alejandro Quispe Caballero, Noma Cruz Jaita, Freddy Narváez Alvarez, Nestor Silverio Narváez Chambi, Hugo Chambi Peñaranda, Miguel Aguilar Clemente, Andrés Suajita Bejarano, Carmen Raquel Asiama Olmos, Sofía Martínez Cusipuma, Nery Cruz Manrique y Martha Narváez Lima, cómplices de los autores de la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y asociación delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 203 y 132 con relación al art. 23 del Código Penal, condenándoles a la pena de tres años de reclusión a cumplir en el Penal de San Sebastián varones mas la reparación de daños civiles y costas averiguables en ejecución de Sentencia y los absuelve de culpa y pena del delito de estafa previsto y sancionado en el art. 335 del Código Penal por no constituir delito el hecho imputado, sin costas; b) Contra la mencionada Sentencia, formularon recurso de apelación: la parte civil Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro Ltda. representada por Hilton Roger Lino Pérez (fs. 801, 817 y 848 a 856) y el procesado Miguel Aguilar Clemente (fs. 804 a 806, 823 a 825 y 832 a 834), resueltos con Auto de Vista Ptda. 201 de 11 de junio de 2011 (fs. 940 a 945) pronunciado por la Sala Penal Tercera del ahora Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que revocó en parte la Sentencia apelada y declaró a los procesados Carlos Roberto Subelza Flores y Félix Cabana Flores, no solo autores de la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad Ideológica, uso de instrumento falsificado y asociación delictuosa previstos en los arts. 198, 199, 203 y 132 del Código Penal bajo la figura del concurso real previsto en el art. 45 del mismo cuerpo de leyes, sino también autores del delito de estafa previsto por el art. 335 del Código Sustantivo, manteniendo la condena de nueve años de presidio impuesta en la Sentencia, con costas a favor del Estado y la parte civil, más la reparación de daños civiles. Respecto a los co-procesados Alfredo Fernández Miranda, Angélica Cruz Biqui, Rymy Alejandro Quispe Caballero, Norma Cruz Jaita, Freddy Narváez Alvarez, Néstor Silverio Narváez Chambi, Hugo Chambi Peñaranda, Miguel Aguilar Clemente, Andrés Suajita Bejarano, Carmen Raquel Asiama Olmos, Sofia Martínez Cusipuma, Nery Cruz Manrique y Martha Narváez Lima, en el marco del art. 23 del Código Penal, se los declara cómplices de la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y asociación delictuosa previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 203 y 132 del Código Penal y también del delito de estafa, previsto por el art. 335 del mismo cuerpo legal, manteniendo la condena de tres años de reclusión para cada uno de ellos, más reparación de daños civiles y costas averiguables en ejecución de Sentencia. En cuanto a la absolución de los procesados: Demetrio Santos Flores y Eugenio Olivera Mejía y la declaratoria de inocencia de los procesados: José Adrián Patón, Wálter Jarpa Mamani y Deysi Domínguez Baya, confirma la sentencia apelada; c) El procesado Miguel Aguilar Clemente y la acusadora particular Cooperativa de Ahorro y Crédito abierta San Pedro Ltda. interpusieron el primero recurso de nulidad y casación motivo de autos (fs. 950 a 954) y la segunda recurso de casación (fs. 977 a 978) denegado por Auto de Vista de 7 de febrero de 2012 cursante a fs. 980 de obrados, motivo por el que este Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia solo respecto del primero.

CONSIDERANDO: Que el procesado Miguel Aguilar Clemente expone en el memorial del recurso los siguientes motivos:

a.- Recurso de nulidad.- Sostiene que el Auto de Vista recurrido se pronunció el 11 de junio de 2011, es decir después de 2 meses y 22 días de haberse sorteado el expediente (fs. 934 vlta.), consiguientemente, fuera del término establecido por ley, cuando el Tribunal había perdido competencia por haber transcurrido más de los quince días establecidos por el art. 288 del Código de Procedimiento Penal, aspecto sancionado con nulidad conforme al art. 297 inc. 8) del mismo cuerpo legal.

Asegura que a fs. 939 figura otro sorteo de fecha 28 de mayo de 2011, donde se designó igualmente Vocal relator al Dr. Wilfredo Patiño, sin haberse dejado sin efecto el sorteo de Vocal relator de 19 de marzo de 2011 ni convocado legalmente otro Vocal para conformar sala. Que, en mérito a lo expuesto se incurrió en infracción del art. 288 del Código de Procedimiento Penal y art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado e invoca el art. 15 de la Ley de Organización Judicial para la revisión del proceso de oficio.

b.- Recurso de casación.- Sostiene el procesado que en el Considerando III punto I del Auto de Vista de 11 de junio de 2011, el Tribunal de Alzada incurrió en violación de leyes sustantivas. Que según el art. 23 del Código Penal el cómplice presta una cooperación secundaria sabiendo que es para favorecer la comisión de un delito, por ello hay dolo. Que la Sentencia y el Auto de Vista recurrido "no describen la conducta del dolo de cada uno de los procesados..." (sic), ni establecen cual el grado de complicidad lo que constituye indebida aplicación del art. 23 del Código Penal por no haberse demostrado la participación ni autoría en el delito de complicidad.

Prosigue afirmando que en la prueba que cursa a fs. 66 del proceso consistente en documento privado de 26 de marzo de 1999 se suplantó y falsificó su firma, que nunca firmó el indicado documento hecho que se verifica de una visual comparación con la firma que aparece en su declaración indagatoria y sus memoriales. Que desconocía la existencia del mencionado documento así también del certificado de 26 de marzo de 1999 porque jamás fue socio ni parte del Sindicato de Auto Transporte 24 de Mayo.

Que, en todo caso, los autores serían Roberto Subelza Flores y Felix Cabana Flores, así como Sixto Cruz, enamorado de su hija que se hizo pasar por su yerno, quien seguramente se ocupó de todos los trámites para obtener el préstamo y a quien recogiendo el dinero se lo entregó pensando que se encargaría de pagar. Afirma que desconocía de la falsedad de los documentos presentados para el préstamo pues Sixto Cruz fue quien lo llevó a la Cooperativa a recibir el dinero del préstamo.

Sostiene que no se tomó en cuenta ni se valoró bajo las reglas de la sana crítica la declaración confesoria de Félix Cabana Flores quien tenía conocimientos jurídicos lo que seguramente le dio ventaja para realizar las falsificaciones junto a Carlos Subelza Flores. Que la declaración de Felix Cabana demuestra de forma clara y objetiva que él (Miguel Aguilar Clemente) fue utilizado por Sixto Cruz y no se benefició con el dinero siendo juzgado inocente. Indica que no recuerda haber firmado la minuta y que no acudió a la Notaría de Fé Pública. El asesor de la Cooperativa elaboró los documentos de préstamo y su participación fue nula en esos hechos, no actuó dolosamente porque no tenía conocimiento de la falsedad del documento privado de 26 de mayo de 1999 y del certificado del mismo día. Por tanto, el Tribunal inferior y el de Alzada incurrieron en infracción del art. 135 del Código de Procedimiento Penal y en aplicación indebida de los arts. 14, 20, 23, 198, 199, 203, 132 y 135 del Código Penal por lo que solicita se anule el proceso hasta el vicio más antiguo y. en su defecto, case el Auto de Vista y le absuelva de culpa y pena.

CONSIDERANDO: Que dispuesta la Vista Fiscal por proveído de 2 de abril de 2012 (fs. 985), el Fiscal de Recursos, a través del requerimiento de fs. 991 a 993 solicitó se declare infundado el recurso de nulidad y casación por no ser ciertas las vulneraciones que se acusan.

En ese marco, del examen del memorial de recurso debe precisarse: En cuanto a los fundamentos de nulidad, el recurrente invoca el art. 297 num. 8 del Código de Procedimiento Penal de 1972 que a la letra establece como causal de nulidad: "... Falta de jurisdicción y competencia del juez que hubiere conocido y decidido la causa en el plenario", entretanto que el fundamento que expone está referido a la infracción del art. 288 del Código de Procedimiento Penal que establece el término para dictar resolución en apelación, plazo que según su argumento, no se hubiera cumplido por el Tribunal de Alzada. Del planteamiento referido se concluye que el fundamento de nulidad no se adecua a la causal contemplada en el art. 297 num. 8 del Código de Procedimiento Penal, máxime si conforme a la parte in fine del art. 288 del mismo cuerpo de leyes, aún en el supuesto no consentido de existir incumplimiento del mencionado plazo, éste implica retardación de justicia, no así causal de nulidad.

En lo referente a la existencia de dos sorteos sin haberse dejado sin efecto el sorteo de Vocal Relator de 19 de marzo de 2011 ni convocado legalmente otro Vocal para conformar Sala, si bien es evidente que a fs. 934 vlta. y 939 de obrados se encuentran estos, no es menos cierto que queda claro que el primer sorteo se efectuó a fin de la emisión del Auto de Vista cursante de fs. 935 a 937 que resuelve la solicitud de extinción de la acción penal, entretanto que del segundo emergió la resolución de la apelación en el término previsto por ley, concluyéndose que no existe la infracción legal acusada.

No puede dejar de mencionarse que, conforme a criterio ya consolidado, este Tribunal Supremo de Justicia, a partir del mandato contenido en el art. 308 del Código de Procedimiento Penal sostiene que en la regulación de la actividad procesal defectuosa, las formalidades procesales precautelan los derechos y garantías constitucionales de las partes y, en consecuencia, no se puede decretar la nulidad sino cuando esté formalmente prevista por ley y el defecto cause agravio a la parte que la solicita, en el caso, el recurrente no ha señalado cual el agravio que le causó la presunta violación de leyes y anular conforme a su pretensión, no repararía ningún error, por el contrario, originaría solo retardación de justicia. Por lo expuesto, deviene infundado el recurso en cuanto a los motivos de nulidad.

Respecto a las causales de casación, el procesado alega indebida aplicación de los arts. 23, 14, 20, 23, 198, 199, 203, 132 y 335 del Código Penal e infracción del art. 135 del Código de Procedimiento Penal, sobre el particular se observa:

Al denunciar, el quebrantamiento del art. 135 del Código de Procedimiento Penal el recurrente confunde el recurso de casación con el de nulidad, este último concebido para los casos de inobservancia de formas procesales prescritas bajo pena de nulidad, pretendiendo erróneamente utilizar el recurso de casación para impugnar la presunta violación de ley adjetiva en desconocimiento de las causales contempladas en el art. 298 del Código de Procedimiento Penal.

Asimismo, si bien refiere indebida aplicación de ocho normas sustantivas, no identifica inequívocamente cual de las causales de casación previstas en el art. 298 del Código de Procedimiento Penal invoca, aún entendiendo que el recurso se funda en la causal del num. 2 del art. 298 del Código de Procedimiento Penal ( Aplicación Indebida), el recurrente omitió también especificar de manera precisa pero suficiente, una a una, en qué consiste la violación de las ocho normas sustantivas que cita, por haberse aplicado a hechos no regulados por aquellas. Por ello, incumplido el mandato del art. 301 del Código de Procedimiento Penal deviene aplicable el art. 307 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 307 incs. 1) y 2) del Código de Procedimiento Penal de 1972, de acuerdo en parte con el Requerimiento Fiscal (fs. 991 a 993), declara; INFUNDADO el recurso de nulidad e IMPROCEDENTE el recurso de casación deducidos (fs. 950 a 954) por Miguel Aguilar Clemente impugnando el Auto de Vista Ptda. 201 de 11 de junio de 2011 (fs. 940 a 945), pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Pedro Ltda. contra Carlos Roberto Subelza Flores, Félix Cabana Flores, Demetrio Santos Flores, Eugenio Olivera Mejía, José Adrian Patón, Walter Jarpa Mamani, Deysi Domínguez Baya, Alfredo Fernández Miranda, Angélica Cruz Biqui, Rymi Alejandro Quispe Caballero, Norma Cruz Jaita, Freddy Narváez Alvarez, Néstor Silvero Narváez Chambi, Hugo Chambi Peñaranda, Andrés Suajita Bejarano, Carmen Raquel Asiama Olmos, Sofía Martinez Cusipuma, Nery Cruz Manrique y Martha Narváez Lima y el recurrente, por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, estafa y asociación delictuosa previstos por los arts. 198, 199, 203, 335 y 132 del Código Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

Jorge Isaac Von Borries Mendez

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano