SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 172/2012

Sucre, 9 de julio de 2012

EXPEDIENTE: Potosí 117/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público y Lucio Bobarin Rojas contra Julia Bobarín Rojas.

DELITO: falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado.


VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por el acusador particular Lucio Bobarín Rojas (fs. 132 a 136) y por la imputada Julia Bobarín Rojas (fs. 140 a 145) impugnando el Auto de Vista Nro. 15/2012 emitido el 4 de junio de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Lucio Bobarín Rojas contra Julia Bobarín Rojas, por los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado, tipificados por los arts. 199 y 203 del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que revisados los antecedentes remitidos en casación se establece lo siguiente: 1. El Tribunal de Sentencia Nro. 1 de Potosí, celebrada la audiencia de juicio oral, con el voto disidente del Juez Técnico Dr. Jaime Choquevillque, pronunció Sentencia Condenatoria de fecha 6 de febrero de 2012 (fs. 71 a 78) contra Julia Bobarín Rojas viuda de Colque por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado tipificados en los arts. 199 y 203 del Código Penal, condenándola a cumplir la pena privativa de libertad de tres años en el Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo, con costas y reparación de daño civil a la víctima. Asimismo, en aplicación del art. 366 del Código de Procedimiento Penal determinó en su favor la suspensión condicional de la pena; 2. Contra la Sentencia, formularon recurso de apelación el acusador particular (fs. 89 a 92) y la imputada (fs. 96 a 101), ambos resueltos por Auto de Vista 15/2012 de 4 de junio de 2012 (fs. 121 a 125), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que los declaró improcedentes, manteniendo firme y subsistente la sentencia condenatoria de primer grado; 3. Con el Auto de Vista referido, fueron notificados, el acusador particular Lucio Bobarín Rojas, en fecha 11 de junio de 2012 (fs. 126) y la imputada Julia Bobarín Rojas, en 13 de junio del año en curso, formulando los recursos de casación motivo de autos en fechas 12 de junio (fs. 132 a 136) y 19 de de junio del año en curso (fs. 146 a 148), respectivamente.

CONSIDERANDO: Que el acusador particular, Lucio Bobarín Rojas en el memorial del recurso (fs. 132 a 136), denuncia:

1.- Transgresión de derechos constitucionales.- Sostiene que la víctima tiene derecho a encarar el proceso en igualdad de condiciones con quien se defiende y que en el proceso se respeten sus derechos y garantías. Señala que el debido proceso garantiza ser escuchado y que los tribunales deben tomar en cuenta los antecedentes del juicio y referirse a la dosimetría de la pena de manera fundamentada, a objeto de que la pena que se imponga se gradúe en base a los antecedentes del juicio.

2.- Error in iudicando respecto del voto disidente sin fundamento emitido por el Juez Técnico.- Sostiene que el voto disidente del Juez Técnico Jaime Choquevillque, no tiene fundamento, que la imputada ha hecho insertar datos falsos en una resolución de declaratoria de herederos y por tanto figura en el registro de Derechos Reales como única y legítima propietaria de los inmuebles de la calle Jordán s/n y Hoyos Nro. 221, aspecto que causa perjuicio a los demás herederos toda vez que para la nulidad de esos registros se debe instaurar proceso ordinario que demandará mucho tiempo. Asimismo, al demandar a sus hermanos en una división y partición, la imputada obró con malicia y dolo pues sabiendo que la mayoría de ellos viven en la República Argentina les hizo notificar mediante edictos. Que el Auto de Vista recurrido, respecto de este punto, se limitó a señalar que los otros jueces han condenado a la acusada y que por el voto disidente no se puede sostener que haya existido mala dosimetría penal, pero, en su criterio, debería haberse declarado procedente la apelación por el voto disidente sin fundamento.

3.- Errónea valoración de la prueba pericial.- Afirma que no se le dio ningún valor a la pericia grafológica sobre la firma de Clemente Bobarín, no obstante haberse efectuado conforme dispone el art. 204 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Que el Tribunal señaló que la misma fue realizada con documentos no ingresados al juicio pero que precisamente esos documentos fueron judicializados y los memoriales utilizados cursan en el proceso por lo que el Tribunal de Alzada al no haber efectuado un "análisis intelectivo del por qué no tendría valor la pericia" , transgredió el art. 124 y 173 del Código de Procedimiento Penal. Concluye admitiendo que si bien se utilizó prueba no introducida al juicio oral, también se utilizó prueba legalmente incorporada. Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 302 de 25 de agosto de 2006 y señala que la aplicación que pretende es que se dé valor a la prueba pericial sin reposición del juicio en virtud de lo dispuesto por el art. 413 del Código de Procedimiento Penal.

4.- Falta de fundamentación en la dosimetría de la pena.- Sostiene que debió aplicarse el concurso real previsto en el art. 45 del Código Penal y que la pena de tres años no refleja la dimensión de los delitos probados y la peligrosidad con la que ha obrado la acusada. Afirma que la gradación de la pena debería tomar en cuenta los parámetros establecidos en los arts. 37, 38, y 40 del Código Penal, no haberlo hecho vulnera el debido proceso, la seguridad jurídica y el principio del juez natural en su vertiente de imparcial e independiente al forzarse una pena benigna, sin fundamentar debidamente, en infracción de los arts. 124 y 173 del Código de Procedimiento Penal, defecto absoluto insubsanable previsto en el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal. Cita como precedente obligatorio la Sentencia Constitucional Nro. 717/06- R de 21 de julio y los Autos Supremos Nro. 99 de 24 de marzo de 2005, Nro. 514 de 16 de noviembre de 2006 y 507 de 11 de octubre de 2007 y señala que la aplicación que pretende es que en observancia del art. 45 del Código Penal, toda vez que no se hallan acreditas atenuantes, se modifique la pena al máximo incrementado en la mitad imponiendo a la imputada la pena de nueve años de privación de libertad.

Afirma que el Auto de Vista no se ha referido de manera fundamentada y motivada sobre este punto, aspecto que es contradictorio al Auto Supremo Nro. 411 de 20 de octubre de 2006 que establece que la incongruencia omisiva constituye defecto de la resolución que no puede convalidarse. Concluye solicitando que en aplicación del art. 413 parte in fine del Código de Procedimiento Penal se determine que, sin necesidad de reenvío, se incremente la pena como lo tiene solicitado.

Por su parte la imputada Julia Bobarín Rojas viuda de Colque en el recurso de casación de fs. 146 a 148, denuncia de manera general restricción del derecho de acceso a la justicia señalando que pese al voto disidente del Juez Técnico y no obstante haber demostrado la inexistencia de los tipos penales acusados, se determinó su responsabilidad penal, motivo por el que interpuso recurso de apelación restringida con tres argumentos: errónea aplicación de la ley sustantiva, valoración defectuosa de la prueba e insuficiente fundamentación de la Sentencia, conforme al art. 370 incs. 1), 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal y sin pretender revalorización de la prueba pidió su absolución.

Que no obstante haberse planteado puntualmente el recurso de apelación restringida, el Tribunal de apelación le causó agravio al declararlo improcedente, lesionando su derecho al debido proceso en su componente derecho a la defensa y a la impugnación, emitiendo un Auto de Vista en el que "no existe fundamentación intelectiva". (sic.).

Sostiene que son cinco sus hermanos y que junto a uno de ellos de nombre Clemente, al fallecimiento de sus padres, se declaró heredera, pero, después solicitó partición y división de bienes dirigiendo la acción en contra de todos sus hermanos, por ello no existe los elementos de los tipos penales de falsedad o de utilizar el documento en beneficio propio y que el Tribunal de Alzada al pretender forzar una Sentencia que debe ser absolutoria "eclipsa la norma legal del art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal" (sic. ).

Expone fundamentos incomprensibles, al afirmar que se ha vulnerado el derecho de acceso a la justicia, que el Auto Supremo Nro. 063/2012-RA de 10 de abril de 2012 exige dos requisitos, el primero ligado a un daño que, en el caso, es la sentencia condenatoria por delitos inexistentes y el segundo elemento refiere que no se vulneró la libertad probatoria y que el principio de inmediación está reservado al Tribunal de Sentencia, por ello el Auto Supremo Nro. 15 de 26 de enero de 2006 resulta ser precedente contradictorio en cuanto a la falta de fundamento.

Concluye alegando infracción al debido proceso toda vez que por formalismos se pretende coartar y deslegitimar un derecho de petición y de impugnación cuando por mandato del art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado la aplicación del conocimiento de la verdad material no requiere de formalismos y solicita la anulación del Auto de Vista recurrido.

CONSIDERANDO: Que conforme a la previsión del art. 416 del Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente invocado, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. Para su admisibilidad, a tiempo de su interposición debe observarse las condiciones de tiempo y forma establecidas en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, es decir: 1. Interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada. 2. Señalar en términos precisos, la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentido jurídico diverso, especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida. 3. Como única prueba admisible debe acompañarse copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio debe ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia fuera inicialmente favorable a la parte y el agravio hubiere surgido en apelación al dictarse el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.El art. 417 de la Ley Adjetiva Penal concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos, determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

CONSIDERANDO: Que analizados los recursos planteados se establece que ambos fueron interpuestos dentro del término establecido por ley. Con referencia a los demás requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, este Tribunal Supremo observa:

A.- Recurso formulado por el acusador particular Lucio Bobarín Rojas. A tiempo de interponer el recurso de casación, el acusador particular denunció: 1.- Transgresión de derechos constitucionales pero no invocó precedente alguno, ni citó las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas que hubieren causado la vulneración del debido proceso, garantía genérica que incluye varios componentes que el recurrente no precisa de manera clara. Tampoco expone de forma suficiente e individualizada cual el agravio específico causado con cada uno de los aspectos cuestionados, ni expone criterio jurídico del por qué dichos actos se consideran defectos absolutos y que principios, derechos o garantías constitucionales fueron afectados en cada caso y de qué forma.

Al respecto, es necesario dejar establecido que si bien el Tribunal Supremo ha consentido como una causal para la admisión del recurso las denuncias referidas a la vulneración de derechos y garantías en el trámite del proceso, también ha señalado que las mismas deben estar formuladas dentro del marco de los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal y por ello resulta insuficiente la simple enunciación de defecto o vulneración de un derecho fundamental, sin que el recurrente cumpla con la obligación de proveer de forma suficiente los antecedentes de hecho generadores del recurso, precisar la forma quebrantada y detallar con precisión el agravio, restricción o disminución del derecho o garantía, y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional. En el caso de autos, el recurrente no ha cumplido esta exigencia impidiendo se abra excepcionalmente la competencia del Tribunal Supremo.

2.- Error in iudicando respecto del voto disidente sin fundamento emitido por el Juez Técnico.- El recurrente no invoca doctrina legal aplicable, en consecuencia no expone contradicción alguna del Auto de Vista recurrido con relación a otros precedentes a partir de la comparación de hechos similares en los que el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. En ese marco, si el recurso de casación cumple una función nomofiláctica y a través de él se pretende garantizar el derecho a la igualdad, dirimiendo interpretaciones disímiles sobre un tema concreto con base a la presencia de los precedentes contradictorios, esta función resulta imposible de cumplir por la omisión del recurrente, deviniendo también inadmisible el recurso por este motivo.

Al margen de lo expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia debe dejar presente que por mandato del art. 394 del Código de Procedimiento Penal son recurribles "las resoluciones judiciales". Concordante con esta disposición el art. 53 de la Ley del Órgano Judicial establece cuando se refiere a Salas Especializadas de los Tribunales Departamentales de Justicia, que "...las resoluciones que adopten las Salas especializadas serán por mayoría absoluta de votos de sus miembros" de donde se concluye que "el voto disidente" no reúne calidad de "resolución" por ello mismo, en aplicación del art. 96 num. 3) de la Ley citada, es registrado en el "libro de disidencias", consecuentemente, no tiene validez alguna respecto a la resolución dictada por mayoría de votos, no afectando a los efectos que ésta pueda tener; en consecuencia, tampoco cabe interponer recurso contra las resoluciones judiciales basándose en la existencia del voto disidente cuya única razón de existir es que la autoridad jurisdiccional pueda hacer constar y hacer pública su opinión divergente en el caso sometido a su conocimiento.

3.- En cuanto a los restantes dos motivos del recurso referidos, el primero, a la valoración de la prueba pericial grafológica, y el segundo a la incongruencia omisiva, si bien se invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros.: 302 de 25 de agosto de 2006, 99 de 24 de marzo de 2005, 514 de 16 de noviembre de 2006 y 507 de 11 de octubre de 2007, además del Auto Supremo Nro. 411 de 20 de octubre de 2006 (este último invocado solo en el recurso de casación), y a pesar de expresar la pretensión del recurrente se omite nuevamente precisar, respecto de cada uno de ellos, la contradicción existente con relación al Auto de Vista impugnado a partir de la identificación y comparación de hechos similares y de normas aplicadas con sentido jurídico diverso. Sin el cumplimiento de este requisito exigido por el segundo párrafo del art. 417 del Código de Procedimiento Penal, no es posible que éste Tribunal visualice inequívocamente la contradicción y resuelva como pide el recurrente, máxime si el Auto Supremo Nro. 302/2006 invocado no establece doctrina legal aplicable y la Sentencia Constitucional Nro. 717/06- R de 21 de julio, no tiene calidad de precedente contradictorio toda vez que por mandato del art. 416 del Código de Procedimiento Penal solo tienen tal calidad los Autos de Vista y Autos Supremos pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales o de este Tribunal Supremo.

En cuanto a la denuncia de incongruencia omisiva y el presunto defecto absoluto de la resolución, debe establecer que este Tribunal Supremo de Justicia sostiene para el tratamiento de la actividad procesal defectuosa, que la nulidad no deriva sólo del quebrantamiento de la forma, sino que es necesario que ese quebrantamiento afecte los derechos de la parte y que ésta haya demostrado el agravio para poder solicitar la anulación del acto defectuoso. En el caso de autos, se evidencia que el recurrente omitió precisar y demostrar el agravio causado, el mismo, que no puede consistir o inferirse solo del hecho de que la decisión jurisdiccional sea contraria a los intereses de la parte, sino que debe demostrar objetivamente el perjuicio real emergente de la "ilegalidad" de la resolución, hecho que, en el caso, no acontece, deviniendo la inadmisibilidad del recurso.

B. Respecto del recurso formulado por la imputada Julia Bobarín Rojas viuda de Colque, en el no se invoca precedente contradictorio, limitándose a citar los Autos Supremos Nro. 15 de 26 de enero de 2006 y el Nro. 063/2012 - RA de 10 de abril de 2012, no invocados en la apelación restringida. Respecto de los mismos, tampoco se señala en términos precisos y suficientes cual la contradicción existente, la situación de hecho similar y cual el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido que no coincide con el contenido en ellos.

Por último, resulta insuficiente la simple enunciación de defecto o la vulneración de un derecho fundamental, sin que la recurrente cumpla con la obligación de precisar la forma quebrantada y detallar de forma clara y suficiente el agravio, restricción o disminución del derecho o garantía así como las consecuencias que tengan connotaciones de orden constitucional. En consecuencia no estando cumplidos los requisitos exigidos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, este recurso de casación deviene también inadmisible.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en el art. 418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por el acusador particular Lucio Bobarín Rojas (fs. 132 a 136) y por la imputada Julia Bobarín Rojas (fs. 140 a 145) impugnando el Auto de Vista Nro. 15/2012 emitido el 4 de junio de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Lucio Bobarín Rojas contra Julia Bobarín Rojas, por los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado, tipificados por los arts. 199 y 203 del Código Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Presidente)

Jorge Isaac Von Borries Mendez

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano