SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 162/2012

Sucre, 28 de junio de 2012

EXPEDIENTE: Potosí 110/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Elida Rivero Vargas viuda de Poveda contra contra Freddy Llanos Martinez.

DELITO: incumplimiento de deberes, prevaricato, negativa o retardo de justicia.


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Freddy Llanos Martínez (fs. 353 a 373), impugnando el Auto de Vista Nro. 22/2012 emitido el 4 de junio de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 229 a 237) en el proceso seguido por el Ministerio Público y Elida Rivero Vargas viuda de Poveda contra el recurrente con imputación por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y negativa o retardo de justicia tipificados por los arts. 154, 173 y 177 Código Penal.

CONSIDERANDO: Que el recurso interpuesto tuvo origen en los siguientes antecedentes:

1.- Sustanciado el caso por el Tribunal de Sentencia de Uyuni, provincia Quijarro del distrito judicial de Potosí, dictó Sentencia Nro. 01/2012 en fecha 03 de febrero de 2012, declarando al imputado Freddy Llanos Martínez responsable penalmente por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y negación o retardo de justicia, pronunciando sentencia condenatoria, imponiéndole la pena de tres años y seis meses de privación de libertadas en el Centro de Readaptación Productiva "Santo Domingo" de Cantumarca de la ciudad de Potosí, con costas a favor del Estado, más pago de daños y perjuicios ocasionados a la víctima a averiguarse en ejecución de sentencia (fs. 131 a 144).

2.- La resolución de mérito fue recurrida en apelación restringida por el imputado (fs. 147 a 188), recurso, que fue observado por el Tribunal de Alzada (fs. 208), y subsanado dentro el plazo legal por el recurrente (fs. 212 a 227. El recurso de alzada fue resuelto mediante Auto de Vista Nro. 22/2012 de 04 de junio de 2012 declarando la improcedencia de la apelación restringida planteada por Freddy Llanos Martínez (fs. 229 a 237); resolución de la cual el recurrente solicitó explicación, complementación y enmienda (fs 239), obteniendo la resolución cursante en fs. 241.

3.- Contra el mencionado Auto de Vista, el imputado interpuso recurso de casación que es motivo de análisis a efectos de su admisión.

El recurrente a momento de interponer la casación acusó que el Tribunal de Alzada:

a) Respecto a sus denuncias por defectuosa valoración de la prueba como defecto de la Sentencia, establecido en el art. 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal, señaló que, el Tribunal de Apelación no hizo una adecuada abstracción y valoración de su apelación restringida, menos realiza una lectura cabal de sus razones expresadas, tampoco hace referencia a la normativa legal y jurisprudencia citada, y menos tomó en cuenta la prueba aportada, puesto que: a.1.) En relación al primer punto apelado y resuelto, omitió pronunciarse respecto a la simple relación de las pruebas que realizó el Tribunal de Sentencia, así como a la denuncia referente a la prueba "MP1", solo hace referencia a la cantidad de fojas, pero no a su contenido ni a su valoración, lo que le ocasiona un primer agravio; a.2.) En relación al segundo punto apelado y resuelto, no se pronunció sobre el pedido de exclusión probatoria planteada por su persona respecto a la prueba "MP1", tampoco sobre la carta enviada por el Dr. Dilver Campana, que hacía referencia a la entrega de 170 fs. Y no 180 fs.; carta presentada por el Ministerio Público, como prueba para validar la prueba "MP1", que fue denunciada de ilegal de manera oportuna, y que el Tribunal de Alzada no consideró a momento de resolver la apelación, limitándose a manifestar que era un criterio subjetivo emitido por parte del recurrente y que no era una prueba determinante para su condena, hecho que considera ilógico, pues de la revisión de la sentencia se evidencia que esa prueba si fue determinante para su condena, aspecto reconocido por el Auto de Vista al resolver el primer agravio. Reiteró su denuncia respecto a que el Tribunal de alzada no se pronunció ni valoro que la Sentencia no hace referencia al contenido y a la valoración de la prueba "MP1"; a.3.) En relación al tercer punto apelado y resuelto, en ninguna parte del Auto de Vista se aprecia y se refiere a la simple relación de pruebas (MP5) que se efectuó en la Sentencia recurrida, alegación debidamente detallada y fundamentada por su persona. Tampoco se pronunció ni valoró que la Sentencia solo hizo referencia a que la dicha prueba demostraba el transcurso del tiempo, sin mencionar su contenido, ni cuales fueron utilizadas para condenarle y cuales para absolverle, ni el valor otorgado, estableciéndose de esa manera la defectuosa valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Sentencia; a.4.) En relación al cuarto punto apelado y resuelto, el Auto de Vista no hizo referencia a que la testigo Primitiva Cortez, en plena audiencia señaló tener amnesia, y que sus respuestas podían ser contradictorias y que las mismas no demostraban nada, por ende no podían ser valoradas, pero son esas declaraciones las que son tomadas en cuenta para condenarle, sin considerar las testifícales de Marissa Herrera y Ramiro Victoria desvirtúan varias afirmaciones. Pese a existir una absoluta incongruencia en la Sentencia, ya que utilizó prueba testifical como contundente para condenarle, prueba que no es adecuadamente valorada, pues la misma contenía indicios de falso testimonio, por cuanto las atestaciones de la acusadora fueron contradictorias. Al respecto, el Tribunal de Apelación al manifestar que se efectuó una valoración integral de diferentes pruebas y que los hechos extraídos como probados no tiene un respaldo determinante, sino marginal, accesorio y referencial, no realizó una adecuada abstracción de la su apelación y de los actuados procesales. Al afirmar que la defectuosa valoración de la prueba denunciada no contiene aspectos o circunstancias irracionales o excluyentes que denoten agravio, establece que no se realizó una adecuada valoración de su apelación, pues estos existen, por cuanto no puede ser racional tener como cierto las declaraciones de una persona con amnesia, frente a la declaración de dos testigos que demuestran lo contrario; a.5.) En relación al quinto punto apelado y resuelto, El Tribunal de Apelación, no hizo mención para nada a todos los puntos apelados por su persona, acerca de a su denuncia por defectuosa valoración probatoria respecto al punto 4 de la fundamentación probatoria de fs. 18, señalando que son meramente subjetivos, sin explicar para nada a que se refiere, no hace mención a todos los datos proporcionados, los cuales fueron minuciosamente detallados en su apelación; contrariamente; señaló además que para el Tribunal todo es subjetivo, cuando su pedido se basa en hechos reales y concretos que incluso fueron fundamentados con prueba documental específica, las que tampoco fueron consideradas al resolver su apelación; a.6.) En relación al sexto punto apelado y resuelto, el Tribunal de Apelación no se pronunció sobre la existencia o no del agravio denunciado respecto al supuesto hecho probado, citado en el numeral 3 de fs. 19 de la Sentencia, relativa a la prueba "MP1", folio 147, afirmando de manera contradictoria, al principio, la existencia de un defecto y posteriormente señaló que es enteramente genérico, indeterminado por no establecer la incidencia de lo alegado, aspecto que no es cierto, ya que en su apelación restringida procedió a detallar con absoluta claridad el agravio sufrido y su incidencia en la Sentencia, por cuanto es fruto de una prueba ilegal, atentatoria a sus derechos, al procedimiento y a la normativa legal vigente, pero el Tribunal de apelación no se pronuncia sobre la existencia o no de ese agravio. En ninguna de las partes del Auto de vista se aprecia y se refiere a la simple relación de pruebas que se efectuó en la Sentencia 01/2012, sin mencionar que contenía la citada prueba, cual fue el valor que se les otorgó; a.7.) En relación al sétimo punto apelado y resuelto, en cuanto a la defectuosa valoración probatoria denunciada por su persona, respecto al supuesto hecho probado citado en el numeral 4º de fs. 19 de la Sentencia, inherente al acta de audiencia de conciliación ingresada por la defensa, y excluida en Juicio, el Tribunal de Apelación afirmó que no es evidente el agravio, por cuanto la audiencia de conciliación y el consiguiente acta, no tiene ninguna relevancia a efectos de determinar su culpabilidad, afirmación absolutamente contradictoria por cuanto de las acusaciones fiscal y particular, se advierte que los fundamentos para acusarle de prevaricato, es que su persona habría anticipado el resultado en la audiencia de conciliación, pero al haber excluido la prueba, se mutila y se deja prueba fundamental que prueba que la audiencia se realizó, que solo asistieron los acusadores, que asistió la ex funcionaria Marissa Herrera y no la abogada Lourdes Fonseca, como refirió la acusadora particular, declaración que era falsa y no valedera, testimonio que fue utilizado en la Sentencia para condenarle; a.8.) Respecto al octavo punto apelado y resuelto por el Auto de Vista impugnado, su persona estableció la presencia de defectuosa valoración de la prueba, en base a la existencia del numeral 4º de fs. 19 de la Sentencia, en la que se afirma y no se toma en cuenta el Acuerdo de Sala Plena por ser innecesario, violándose el principio de inmediación, debido proceso y legalidad; el Tribunal de Apelación, de manera errónea contradictoria y nada objetiva, manifestó por un lado, que dicha prueba no tiene incidencia en la resolución y por otro lado, hace referencia a que el criterio del recurrente no puede limitar la actividad probatoria de los operadores de justicia en base a la sana critica y el prudente arbitrio que sustenta nuestro sistema procesal pena, aspecto que su persona ha estado reclamando, por cuanto no se realizó una adecuada valoración probatoria en base al prudente arbitrio y la sana critica, sino se realizó un abuso de autoridad al dictar la Sentencia, dando lugar a sentar jurisprudencia negativa. El Tribunal de Alzada no tomó en cuenta todo el fundamento realizado por su parte, pues al haberse excluido esa prueba se dejó de lado su contenido y esa relación histórica de los hechos acusados, en especial por establecer la razón por la que llamó a audiencia de conciliación, tampoco tomó en cuenta que la Sentencia excluye prueba sin ningún fundamento de orden legal; a.9.) En el noveno punto apelado y resuelto, su persona señaló que en la apelación estableció que en el punto 1 de los hechos probados el Tribunal de Sentencia de Uyuni actuó en absoluta contradicción con la norma procesal civil; al respecto, el Tribunal de Apelación, consideró que su actuar no fue apegado al Procedimiento Civil; no consideró que al haber observado la demanda de la acusadora particular, actuó en apego a la Ley en su calidad de director del proceso, sino, el Tribunal de Apelación consideró que su denuncia era una simple ponderación de su parte y no era evidente el agravio sufrido, aspecto que no es cierto por cuanto no se puede emitir una resolución que sea contraria a la norma, en este caso, al Procedimiento Civil y considerarla valedera, y por el contrario asumir una posición en pro de actuar en contra de la normativa legal vigente. En calidad de precedentes contradictorios citó para estas nueve alegaciones el Auto de Vista de 02 de septiembre de 2003, dictado por la Sala Penal Primera del Distrito Judicial de Cochabamba, el Auto Supremo Nro. 374 de 22 de junio de 2004; las Sentencias Constitucionales Nros. 752/2002-R de 25 de junio, 119/2003-R de 28 de enero, 1419/2005-R, 560/2007-R y la Sentencia Nro. 36/2002 de 26 de marzo de 2002 emitido por Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en un Caso de Corte.

b) Señaló que denunció también en apelación restringida, la falta de fundamentación de la Sentencia insuficiente o contradictoria, como defecto de la Sentencia, establecido en el art. 370 nral 5 del CPP; décimo punto apelado y resuelto por el Tribunal de Apelación, señaló que en alzada no se hizo una adecuada abstracción y valoración de su apelación restringida, menos realizó una lectura cabal de sus razones expresadas, tampoco hizo referencia a la normativa legal y jurisprudencia citada, y menos tomó en cuenta la prueba aportada, puesto que de acuerdo al 3º punto de la relación probatoria intelectiva de la Sentencia se habría probado que su conducta es ilegal, que estaría demostrado en el legajo de antecedentes del proceso civil, prueba "MP5", afirmación que genera defectuosa y falta de fundamentación, contradicción y confusión, por cuanto su persona no hubiera emitido Autos, sin especificar a que Autos se refiere o trata, porque en materia civil existen diferentes Autos a lo largo del proceso y con esa afirmación, refiere que desconoce, a que Autos se refiere. Al respecto, el Tribunal de Apelación, en ninguna de las partes del Auto, fundamentó el porqué no es importante que el Tribunal de Sentencia de Uyuni fundamente a que Auto se refiere y de esa forma poder asumir defensa. Citó las Sentencias Constitucionales Nros. 12/02, 1523/04 y 682/04.

c) De igual manera, señaló que en el décimo primer punto apelado y resuelto, su persona identificó como defecto de la Sentencia, la falta de firma de los jueces en la Sentencia contenida en el art. 370 inc. 9) del Código de Procedimiento Penal, hecho que fue minimizado por el Tribunal de Apelación, lo subjetiviza, lo considera irrelevante y vulnera el Procedimiento Penal y el art. 90 del Procedimiento Civil supletoriamente aplicable a caso presente, lo cual de acuerdo al art. 370 inc. 9) del Código de Procedimiento Penal, es considerado como defecto de la Sentencia, lo que demuestra que el Tribunal de Apelación no solo le generó un agravio, sino también vulneró la normativa procesal penal vigente. El Auto de Vista va contra la Constitución y las Leyes, aspecto que incluso puede ingresar al campo de lo ilícito, no hizo una adecuada abstracción y valoración de su apelación, tampoco hace referencia a la normativa legal y a la jurisprudencia citada. Citó la Sentencia Constitucional Nro. 197/2006- R y el Auto Supremo Nro. 562 de 1ro de octubre de 2004.

d) En el décimo segundo punto apelado y resuelto, su persona estableció que existe defectuosa valoración probatoria respecto a la tipicidad de los ilícitos acusados, defectuosa valoración de la prueba contenida en el art. 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal; al respecto, el Tribunal de Apelación no consideró nada de su apelación y simple y llanamente ignoró y dejó de lado la normativa procesal penal referida y la jurisprudencia vinculante mencionada en su apelación, de lo que se establece que el Tribunal de apelación no hizo una adecuada valoración y menos lectura cabal a sus razones expresadas en su apelación, puesto que en ninguna parte del Auto de Vista y menos en el Auto apelado se valoró que la Sentencia, solo hace referencia a las pruebas, sin mencionar que contenían, que fojas se utilizaron para condenarle y cuales para atenuarla pena, cual el valor que se le otorgó, que pruebas y que delitos se demostraron con esas pruebas, puesto que si es culpable de todos los delitos acusados y existe prueba plena, se le debió condenar con la pena máxima incurriendo en defectos absolutos inconvalidables al sentir de los arts. 167 y 169 del Código de Procedimiento Penal, concordante con los arts. 359 incs. 2) y 3), y 360 incs. 2) y 3) del Procedimiento Penal; agravio que no fue considerado por el Tribunal de Apelación y menos valorado en su real dimensión, vulnerando sus derechos y el procedimiento penal; no hizo referencia a la normativa legal y a la jurisprudencia citada, tampoco tomó en cuenta la prueba aportada. Citó la Sentencia Constitucional Nro. 197/2006- R y el Auto Supremo Nro. 562 de 1ro de octubre de 2004.

e) Respecto su denuncia relacionada a la existencia en la Sentencia de defectos absolutos por violación a normas procesales, derechos y garantías constitucionales no susceptibles de convalidación o corrección de acuerdo al art. 169 del Procedimiento Penal, los que fueron demostrados por su persona al recurrir en alzada; el Tribunal de Apelación no hizo una adecuada abstracción, valoración y menos lectura cabal de las razones del impetrante expresadas en la apelación, no hizo referencia a la normativa legal y jurisprudencia citada, tampoco tomó en cuenta la prueba aportada, por cuanto: e.1.) Respecto al décimo tercer punto apelado y resuelto, su persona advirtió que la Sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Uyuni, vulneró el procedimiento penal, por cuando se generó dilación o demora, constante en el tramite y desarrollo del proceso, vulnerando lo prescrito por el art. 336 del Código de Procedimiento Penal, que es de orden publico y de cumplimiento obligatorio, rompiendo el principio de continuidad establecido en el art. 334 del mismo cuerpo legal, generando defecto absoluto no susceptible de convalidación, violó además lo establecido por los arts 329, 330, 334 y 336 del Codigo de Procedimiento Penal, generando defectos absolutos incovalidables al tenor de los arts. 167 y 169 incs. 3) y 4) del mismo cuerpo legal. Al respecto, el Tribunal de Apelación, al resolver señalando que no se acreditó el gravamen sufrido y el interés directo en este punto, razonó de manera ilógica e irracional, aclaró que al ser parte del proceso, el recurrente es el interesado en el proceso. Generó contradicción en el Auto de Vista por manifestar inicialmente que no existía interés y gravamen en contra del recurrente, y posteriormente manifiesta y reconoce que sí existe el defecto en el proceso, paralelamente el incumplimiento de deberes por parte de los Jueces al no cumplir la normativa procesal penal, en consecuencia no puede asegurarse que no existió agravio, lo que demuestra que el Auto de Vista no tiene lógica racional en su apreciación y menos se restituyen derechos y garantías suprimidas por el Tribunal de Uyuni, tampoco sanciona a los Jueces de Sentencia de Uyuni por incumplimiento de deberes y emisión de resoluciones contrarias a las Leyes. Citó la Sentencia Constitucional Nro. 197/2006- R y el Auto Supremo Nro. 562 de 1ro de octubre de 2004; e.2.) Respecto al décimo cuarto punto apelado y resuelto, su persona demostró que el Tribunal de Sentencia de Uyuni, en el transcurso de juicio, permitió la intervención de la ciudadana Yasira Cardozo sin haber acreditado su personería y menos su calidad de interesada en el proceso, aspecto que fue observado por su parte, pero se tomó en cuenta, generando de esa manera defecto absoluto al sentir de los arts. 167 y 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal, vulnerando los arts. 11 y 78 del mismo cuerpo legal concordante con lo prescrito por el art. 59 del Procedimiento Civil. Generó también defecto absoluto cuando no estableció la legalidad del certificado médico presentado por la ciudadana Yasira Cardozo, incumpliendo lo establecido por la SS.CC. Nro. 1768/2004-R de 11 de noviembre de 2004, vulnerando a los derechos de igualdad, legalidad y debido proceso. Al respecto, el Auto de Vista, al manifestar que no especificó en que circunstancia, calidad, tiempo y forma hubiera participado Yasira Cardozo, ni cual el perjuicio que tal participación hubiere causado, denotándose los argumentos como muy genéricos e indeterminados, realiza una aseveración falsa y refleja que no revisó adecuadamente su apelación, por cuanto, de acuerdo al memorial de apelación (fs. 56 del memorial) se advierte que precisó que el día 19 de diciembre de 2011 ocurrió esa intervención, fruto de la cual se suspendió la audiencia por mas de 19 días, en consecuencia, al realizar esa aseveración demostró que el actuar del Tribunal de Apelación no está en apego a la Ley, ni al memorial de apelación. De igual manera efectuó una afirmación incoherente y contradictoria al margen de la misma norma procesal penal, al manifestar que se trata de la abogada de la acusación particular, y que se apersonó mediante poder notarial otorgado por Elida Vargas Vda. de Poveda, infiriendo que no existe lesión a derechos ni garantías fundamentales del acusado, en consecuencia no existe agravio. De igual forma desconoce el art. 203 de la Constitución Política del Estado al manifestar en relación al Certificado Médico y su legalidad. Al margen de existir violaciones flagrantes contra normas procesales, principios, derechos y garantías constitucionales, vulnera los arts. 8 nrals. 1 y 2; 24, 25 nral. 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Citó la Sentencia Constitucional Nro. 197/2006- R y el Auto Supremo Nro. 562 de 1ro de octubre de 2004; e.3.) Respecto al décimo quinto punto apelado y resuelto, su persona demostró en la audiencia señalada para la recepción de la declaración testifical de la acusadora en la ciudad de Potosí, se intentó forzar a su persona para producir prueba de descargo, sin tomar en cuenta que se estaba vulnerando sus derechos establecidos en el art. 24 de la Constitución Política del Estado, desconociendo los arts. 5 y 84 del Procedimiento Penal, concordante con los arts. 8 inc. h) y 24 del Pacto de San José de costa Rica, concordante con el art. 256 de la Constitución Política del Estado. También se planteó hacer una inspección judicial al Juzgado Segundo de Partido en lo Civil de la Corte Superior de Justicia, sin considerar que se deben seguir ciertas formalidades en cumplimiento a lo referido en el art. 187 y 179 del Código de Procedimiento Penal, actuar ilegal que generó defectos absolutos al sentir de los arts. 167 y 169 del Procedimiento Penal, incurrió además en la violación de lo establecido en los arts. 187 y 179 del Código de Procedimiento Penal. En relación a este punto, el Tribunal de Apelación, al manifestar que este agravio, al igual que los anteriores agravios denunciados, tampoco identifica que derechos o garantías hubieran sido vulneradas con precisión, demuestra que no se dio lectura a éste punto apelado, no hace una adecuada valoración, deja de lado las razones expresadas y la fundamentación legal realizada, por cuanto en el memorial de apelación, realizó la precisión de todos los derechos vulnerados (fs. 60 a 62 del memorial). Se violaron además los arts. 24, 256 y 410 de la Constitución Política del Esatdo, arts. 8 nrals. 1 y 2; 24 y 25 nral. 1 de la Convención sobre los derechos Humanos. Citó la Sentencia Constitucional Nro. 197/2006- R y el Auto Supremo Nro. 562 de 1ro de octubre de 2004; e.4.) Respecto al décimo sexto punto apelado y resuelto, señala que se estableció que su persona estaba siendo procesada por un delito que no investigado, y menos se comunicó la ampliación al Juez Cautelar, por lo que no se ordenó su notificación con la supuesta ampliación de delitos a su persona de acuerdo a lo referido por los arts. 54 nral 1, 278 y 279 del Código de Procedimiento Penal, haciendo ver el Ministerio Publico que se le habría comunicado esa ampliación y que la misma sería legal usurpando funciones que no le corresponden, situación que fue reclamada oportunamente ante el Tribunal de Sentencia de Uyuni, el que sin mayores fundamentos rechazó su pedido, transgrediendo el Procedimiento Penal, la Constitución Política del Estado y los Pactos Internacionales, adecuando su conducta a los tipos penales de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución a las Leyes, estableciendo que el Ministerio Publico vulneraron los arts. 74, 278 y 279 del Código de Procedimiento Penal; el art. 122 de la Constitución Política del Estado y por ende adecua su conducta a lo referido en el art. 110 del texto constitucional, aspecto que el Tribunal de Sentencia de Uyuni no valoró correctamente en apego a las normas procesales y constitucionales, convirtiéndose en autores y cómplices de esas transgresiones, a más de las garantía otorgadas por el Pacto de San José de Costa Rica, que al sentir del art. 256 de la Constitución Política del Estado, es de aplicación preferente; EL Tribunal de Sentencia de Uyuni violó lo establecido en los arts. 1, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 70, 71, 72, 73, 84, 94, 95, 97, 98, 100, 277, 278, 279, 301 nrals. 1 y 2, 302 y 306 del Código de Procedimiento Penal, los arts. 8 inc. h y 24 del Pacto de San José de Costa Rica concordante con los arts. 256 y 24 de la Constitución Política del Estado, además de haber vulnerado las garantías jurisdiccionales establecidas en los arts. 109, 115, 116, 117, 119, 120 y 410 de la Constitución Política del Esatdo. Al respecto el Tribunal de Apelación manifestó que existía control jurisdiccional que no fue activado y que tenía facultad para impugnar la acusación particular en la vía incidental, hecho que es falso, por cuanto su persona reclamó de forma oportuna vía incidental, apelando la negativa, la que fue resuelta por el mismo Tribunal de Alzada; por otra parte, de forma absolutamente irracional, mentirosa y fuera de la realidad, manifestó que habría existido control jurisdiccional, atetando una lógica racional y legal por cuanto no se pueden convalidar defectos absolutos que violan y atentan derechos y garantías, lo que demuestra que con ese actuar el Tribuna de Apelación vulneró derechos y garantías constitucionales, además de la normativa procesal vigente. Se violaron además los arts. 24, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado, arts. 8 nrals, 1 y 2; 24 y 25 nral. 1 de la Convención sobre los Derechos Humanos. Citó las Sentencias Constitucionales Nros. 431/2003-R, 1452/2004-R y 197/2006-R y el Auto Supremo Nro. 562 de 1ro de octubre de 2004; e.5.) Respecto al décimo séptimo punto apelado y resuelto, su persona estableció que fue sometido a doble juzgamiento, en la vía disciplinaria y en la vía penal, recibiendo doble sanción en base a las mismas pruebas, codificadas en juicio oral como "MP1", pese al incidente de exclusión probatoria, el Tribunal de Sentencia de Uyuni vulneró el principio procesal del NON BIS IN IDEM, lo que esta prohibido por el art. 4 del Código de Procedimiento Penal, art. 117 parágrafo II de la Constitución Política del Estado y Pacto de San José de Costa Rica, además de dejarse de lado lo razonado por la SS.CC. 197/2006-R y el A.S. 562 de 1ro. de octubre de 2004. al respecto el Tribunal de Apelación, sin ninguna fundamentación de orden legal rechazó el agravio, vulnerando la normativa lega citada así como losarts. 24, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado, arts. 8 nrals, 1 y 2; 24 y 25 nral. 1 de la Convención sobre los Derechos Humanos; e.6.) Respecto al décimo octavo punto apelado y resuelto, el Tribunal de Sentencia de Uyuni, al pretender que su persona debía demostrar su inocencia, manifestación hecha en su enunciación en el punto 4º, vulneró el art., 6 del Código de Procedimiento Penal, incurrió en una conducta sancionada como defecto absoluto e acuerdo a los arts. 167 y 169 del Código de Procedimiento Penal, vulnerando sus derechos fundamentales. Al respecto el Tribunal de Apelación, se limitó a señalar que no hubo agravio, ya que con la referencia del Tribunal no se vulneró el art. 6 del Código de Procedimiento Penal, aspecto absolutamente incongruente, incoherente e ilógico. Se violaron normas procesales, principios y garantías constitucionales los y artículos precedentes del Procedimiento Penal señalados. Citó la Sentencia Constitucional Nro. 197/2006- R y el Auto Supremo Nro. 562 de 1ro de octubre de 2004; e.7.) Respecto al décimo noveno punto apelado y resuelto, su persona estableció y demostró que en la fundamentación de la pena y voto de los miembros del Tribunal, se utilizó la actual normativa constitucional de 2009, al igual que la normativa procesal penal vigente, como es el art. 11 de la Ley Nro. 007 de 18 de mayo de 2010, de lo que se establece que el Tribunal de Sentencia de Uyuni vulneró sus derechos fundamentales y constitucionales, el art. 116 parágrafo II de la Constitución Política del Estado concordante con el art. 123 del texto constitucional que regula la irretroactividad de la norma y la aplicación de la norma más favorable para el imputado, concordante con el art. 9 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y arts. 410 y 256 de la Constitución Política del Estado, por cuanto el hecho imputado, supuestamente hubiera sucedido en la gestión 2004 y se tramitó en la s gestiones 2006 y 2007, antes de la promulgación de la actual Constitución Política del Estado y de la Ley Nro. 007, lo que genera defecto absoluto insubsanable. De lo manifestado en el Auto de Vista, se advierte que pese a la existencia del defecto absoluto por vulnerar derechos y garantías constitucionales, sin mayores argumentos de orden legal y doctrinal, no se quiere admitir el mismo, desconociendo la prueba que esta en la misma Sentencia, dejando de lado lo prescrito por la Constitución Política del Estado y el Pacto de San José de Costa Rica. Citó la Sentencia Constitucional Nro. 197/2006- R y el Auto Supremo Nro. 562 de 1ro de octubre de 2004.

f) El recurrente denunció además que el Auto de Vista Nro 22 de 04 de junio de 2012, carece de adecuada fundamentación jurisprudencial respecto a los puntos apelados, fruto de una inadecuada aplicación de la propia norma y la falta de revisión del recurso de apelación, se advirtió que el Auto de Vista contenía varios errores, de los que se solicitó su explicación complementación y enmienda, pero no fueron atendidos. Al manifestar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Tribunal supremo no tienen incidencia en la resolución, va en contra de lo referido por los atrs. 203, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado. No se valoró su prueba pese a haberse ratificado en el "otrosi 1" de la apelación restringida, lo que constituye agravio.

Concluyó manifestando que del análisis y valoración critica de la Sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Uyuni, se evidencia que fue pronunciada en franca violación de los preceptos de la sana crítica y razonabilidad respecto alo dispuesto por los arts. 171, 173, 359, 360, 363 y 364 del Código de Procedimiento Penal, valores, principios y derechos constitucionales, procesales y de la jurisprudencia nacional y constitucional al declararle culpable de un hecho que no cometió, existe defectos in judicando e in procedendo en la Sentencia Nro 01/2012. Al pronunciar el Auto de Vista se violaron derechos y garantías constitucionales, sobre el debido proceso, valores como la libertad, igualdad, igualdad justicia; principios procesales y constitucionales como el de inmediación, inmediatez, bilateralidad y contradicción, verdad procesal y de valoración de la prueba, el debido proceso,, principio de legalidad probatoria, principio de valoración razonable de la prueba, y derechos fundamentales como el derecho a la defensa, presunción de inocencia, y el derecho a la eficacia de la Sentencia, en consecuencia corresponde al Tribunal de la Nación, dictar un Auto supremo casando el Auto de Vista y deliberando en el fondo se dignen anular el Auto de Vista impugnado y disponer nuevo Auto de Vista aplicando la doctrina legal.

CONSIDERANDO: Que para la admisibilidad del recurso de casación, resulta menester observar y cumplir con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, los cuales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea presentado dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, demostrándose previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese interpuesto dicho recurso contra la sentencia por causarle agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente.

El recurso de casación, es un medio impugnatorio de carácter extraordinario y formal, de naturaleza excepcional, cuya reglamentación es restrictiva y limitativa, pues solo procede contra las infracciones cometidas por los Vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia (antes Cortes Superiores de Distrito) al emitir Autos de Vista incurriendo en contradicción con otras resoluciones pronunciadas por Tribunales homólogos o por el máximo Tribunal de Justicia (art. 416 del Código de Procedimiento Penal). La resolución del conflicto está atribuida al órgano único y superior de justicia de Estado (Tribunal Supremo de Justicia), cuya competencia o función, al tenor del art. 420 del Código de Procedimiento Penal es la de unificar la jurisprudencia nacional, estableciendo la doctrina legal aplicable en los casos en que efectivamente se verifique contradicción entre el Auto de Vista recurrido y los precedentes invocados, cuya observancia y aplicación es de carácter vinculante para los tribunales inferiores en grado en situaciones de hechos análogos (art. 420 del Código de Procedimiento Penal), garantizando así la aplicación uniforme de la ley mediante interpretación de la norma legal; coligiéndose consecuentemente, que no es una tercera instancia, ya que versa únicamente sobre aspectos jurídicos y no sobre aspectos fácticos. Para poder ser utilizado el recurso se precisa no sólo la lesividad o gravamen con la resolución recurrida, sino la presencia de motivos determinados contrarios a la Ley, los que deben ser debidamente identificados y motivados, debiendo el Tribunal Casacional limitarse a considerar las alegaciones formuladas por el recurrente (art. 17 parágrafo II de la Ley del Órgano Judicial), siempre que se formulen en apego y acatamiento estricto a su carácter formal; es decir cumpliendo los requisitos exigidos por la misma Ley. El recurso casacional, tiene entonces como objetivo, asegurar el exacto y uniforme cumplimiento de la Ley en todo el territorio nacional, valiéndose para ello de la competencia atribuida al Supremo Tribunal (la unificación jurisprudencial y nomofilaxis), con la finalidad de garantizar el principio de igualdad ante la Ley, en observancia de la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que es un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales por el Tribunal de Apelación, contrarios a otros precedentes, por lo que se deja establecido que no todo Auto de Vista es recurrible en casación, sino únicamente los que resulten efectivamente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar, consecuentemente, el impetrante, para hacer efectivo su recurso, debe cumplir con la carga procesal de explicitar fundamentadamente el sentido jurídico contradictorio entre ambas resoluciones; es decir, señalar por qué el sentido jurídico que se asignó en el fallo recurrido, es contrario a la doctrina legal aplicable establecida en los precedentes invocados, precisando si se aplicaron normas distintas a las aplicadas en un caso similar o una misma norma con diverso alcance; por consiguiente no basta la simple mención, invocación, trascripción o adjuntar alguna copia del precedente, tampoco sirve la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a como cree que debió ser resuelta la alegación; sino, adecuarse indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia, por lo que necesariamente, los precedentes invocados deben corresponder a materia penal y resolver procesos bajo el sistema procesal penal vigente; así, la obligación impuesta al recurrente de dar estricto cumplimiento a las exigencias contenidas en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, no constituyen una simple formalidad, sino es una exigencia primordial de inexcusable cumplimiento por constituir el eje de acción a través del cual se desarrolla la competencia atribuida al máximo Tribunal

Conforme lo precedentemente anotado, se debe entender que, el incumplimiento de alguno de los requisitos en la interposición de la impugnación casatoria, tiene como efecto que el Tribunal de Casación declare inadmisible el recurso, razón por la que el examen respecto la observancia de las exigencias señaladas debe ser efectuada a cabalidad, garantizando así el derecho a la igualdad de las partes y brindando seguridad jurídica a los justiciables y a la víctima; en ese sentido la S.C 0332/2011-R, manifestó señalando que: "Es importante considerar que el Tribunal de casación al momento de admitir o rechazar un recurso de casación, debe verificar la concurrencia de los requisitos formales de modo, lugar y tiempo; es decir, que debe verificar si la acción ha sido planteada dentro de plazo, si reúne la forma y los requisitos expresados en la Ley Adjetiva Penal; además, verificar si quien recurre en casación ha presentado el o los precedentes contradictorios y si corresponde a un hecho similar al fallo impugnado; ese es el sentido de la norma contenida en el art. 418 del CPP".

Por otra parte, de forma extraordinaria y sólo ante las denuncias referentes a la vulneración de garantías y/o derechos fundamentales, cuyas consecuencias procesales tengan connotaciones de orden constitucional, y que como consecuencia podrían devenir en defectos absolutos y la consiguiente nulidad de actos; el Tribunal de Casación resuelve dichas denuncias, en tanto se encuentren debidamente fundamentadas, identificando plenamente la garantía constitucional o el derecho que reclama como transgredido por el órgano jurisdiccional inferior, la norma legal infringida, así como la acción u omisión con la cual se vulneró ese derecho o garantía, detallando con precisión el daño sufrido (principio de trascendencia); cuya relevancia se encuentre vinculada necesariamente al orden constitucional.

Analizados los argumentos expuestos por la recurrente, éste Tribunal concluye:

I. El Recurso de Casación fue interpuesto contra el Auto de Vista Nº 22/2012 dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí dentro plazo legal, cumpliendo así con lo dispuesto por el parágrafo primero del art. 417 del Código de Procedimiento Penal.

II. El impetrante anexó a la casación copia de apelación restringida en la que se encuentran citados los Autos Supremos, Sentencias Constitucionales y una Sentencia que resuelve un Caso de Corte, resoluciones que también fueron citadas en etapa casacional; sin embargo, de la lectura del recurso a efectos de considerar su admisión se establece que: Respecto a los Autos Supremos, en su mayoría, se limitó a citarlos, habiendo realizado la trascripción de la doctrina legal del Auto Supremo Nro 562 de 1ro de octubre de 2004, sin cumplir con su obligación de establecer la contradicción exigida a los efectos del recurso, desidia que no puede ser subsanada de oficio por el Tribunal Casacional. Respecto a las Sentencias Constitucionales citadas y la Sentencia Nro 36/2002 de 26 de mayo dictada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, no constituyen precedentes conforme dispone el art. 416 del Código de Procedimiento Penal; por ello, el recurso incumple la exigencia contenida en el parágrafo segundo del art. 417 de la normativa legal precitada, además de lo dispuesto por el art. 416 en sus parágrafos segundo y tercero de la Ley Nro 1970; es decir, carece del requisito de establecer con precisión la contradicción existente entre Auto de Vista o Auto Supremo emitido por alguna Sala Penal con relación al Auto de Vista que se impugna, impidiendo así a éste Tribunal cumplir con los fines y objetivos desglosados anteriormente, de lo que se extrae que la formulación del recurso resulta defectuosa, pues no cumple con los requerimientos que el ordenamiento jurídico exige para ello; negligencia ante la cual, este Tribunal de Casación, se ve imposibilitado cumplir con su labor nomofiláctica y unificadora, haciéndose aplicable en consecuencia, lo dispuesto por el último párrafo del art. 417 del Código de Procedimiento Penal.

III. Finalmente, el recurrente denunció de manera expresa la existencia de defectos absolutos en la emisión de las resoluciones, así como la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales, correspondiendo en consecuencia, de manera excepcional, admitir el recurso, con la finalidad de verificar si dichas denuncias tienen bases legales.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y aplicando la disposición contenida en el art. 418 del Código de Procedimiento Penal, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Freddy Llanos Martínez (fs. 353 a 373), impugnando el Auto de Vista Nro. 22/2012 emitido el 4 de junio de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 229 a 237) en el proceso seguido por el Ministerio Público y Elida Rivero Vargas viuda de Poveda contra Freddy Llanos Martínez con imputación por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y negativa o retardo de justicia tipificados por los arts. 154, 173 y 177 Código Penal; y, dispone que, por Secretaría de Sala se remita copias legalizadas de la Sentencia, el Auto de Vista y el presente Auto Supremo a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, para que se inhiban de dictar resoluciones en las que se debaten las mismas cuestiones de derecho, hasta que se les haga conocer la resolución emergente de este recurso de casación, todo conforme prevé el citado art. 418 en su parágrafo segundo del mismo cuerpo legal.

Regístrese y notifíquese.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Presidente)

Dr. Jorge Isaac Von Borries Mendez

ANTE MÍ. Dra. Sandra Magaly Mendivil Bejarano