SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 151/2012

Sucre, 20 de junio de 2012

EXPEDIENTE: La Paz 104/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, María Jesús Martínez Estévez, Lourdes Martínez Estévez contra Marcelino Macario Ramírez Quisbert

DELITO: estafa


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Marcelino Macario Ramírez Quisbert (fs. 168 a 170) impugnando el Auto de Vista Nro. 14/2012 emitido el 13 de enero de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 163), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y las acusadoras particulares María Jesús Martínez Estévez y Lourdes Martínez Estévez contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que el Juzgado Tercero de Partido y Sentencia de la ciudad de El Alto del Distrito Judicial de La Paz, por Sentencia Nro. 23/2011 de 8 de septiembre de 2011 (fs. 129 a 133), declaró al recurrente Marcelino Macario Ramírez Quisbert autor del delito de estafa, condenándolo a la pena privativa de libertad de tres años de reclusión, a cumplirlos en la Penitenciaría Distrital de San Pedro, con costas, más el pago de daños y perjuicios. Asimismo, concurriendo los requisitos señalados en el art. 366 del Código de Procedimiento Penal, las circunstancias y atenuantes generales establecidas en los arts. 38 y 40 del Código Penal, se dispuso la aplicación de la suspensión condicional de la pena y en consecuencia, la aplicación del referido beneficio bajo las siguientes condiciones: 1. No cambiar de domicilio, para lo cual debería fijar uno ante el Juez de Ejecución Penal. 2. Prohibición de comunicarse con los querellantes. 3. Medida necesaria y pertinente que disponga el Juez de Ejecución Penal de El Alto para un adecuado control y supervisión del beneficio. Condiciones que se aplicarán durante dos años y seis meses y ante el incumplimiento de cualquiera de ellas dará lugar a la revocatoria de la suspensión condicional de la pena y a la ejecución de la pena, previo informe del Juez de Ejecución Penal, no quedando eximido del pago de costas y de la responsabilidad penal; fallo que fue impugnado mediante recurso de apelación restringida, interpuesto por el recurrente (fs. 145 a 148), en virtud al cual se emitió el Auto de Vista Nro. 14/2012 de 13 de enero de 2012 (fs. 163 a 165) de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declara la improcedencia del mismo y en consecuencia confirma la resolución apelada, lo que posteriormente dio origen a la presentación del recurso de casación que es caso de autos.

CONSIDERANDO: Que al interponer el enunciado recurso de casación, el recurrente argumentó lo siguiente:

El Auto de Vista recurrido no hizo valoración exhaustiva de todos los antecedentes del caso, vulnerando el debido proceso al confirmar una Sentencia que penaliza el incumplimiento de un contrato privado, correspondiente al ámbito civil, sin considerar que la base del juicio seguido es un contrato civil de obra. Dado que deciden condenarlo por el solo hecho de haber suscrito dos contratos privados de obra, para la fabricación de un horno, una mezcladora y una sobadora, mismos que fueron entregados y se encuentran en funcionamiento.

Realizada la entrega, éstas mostraron una pequeña falla técnica, que debió ser reparada según cláusula de asistencia técnica suscrita por el lapso de seis meses, computables desde la fecha de suscripción del contrato (26 de junio de 2009); empero, las acusadoras particulares antes del cumplimiento del contrato formalizan querella en contra del ahora recurrente (noviembre de 2009), hecho que provocó que este último sea sometido a juicio injusto por el delito de estafa.

Esta valoración, no fue efectuada por el Auto de Vista recurrido, confirmando la Sentencia, equivocando la vía legal de manera forzada, sin considerar que la vía penal tiene la naturaleza jurídica de última ratio, vulnerando las siguientes disposiciones.

1. Se violó la garantía constitucional del debido proceso, por existir una prohibición de penalizar el incumplimiento de un contrato privado, por errónea aplicación de la ley adjetiva y sustantiva, vulnerando los arts. 169 inc. 3) y 370 inc. 1) de la Ley Nro. 1970, que se constituye en causal de nulidad absoluta.

2. El Tribunal de Alzada no efectuó una valoración y fundamentación suficiente, violenta el principio de última ratio y la garantía constitucional del debido proceso, pues la razonabilidad como principio esencial del proceso, no puede ser usada arbitrariamente por los operadores de justicia, lesionando derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica, que constituye defectos absolutos.

3. La resolución recurrida es ilógica, insuficiente, infundamentada y contradictoria en relación a los hechos comprobados y aceptados en la propia Sentencia, articulando la base fáctica a un tipo penal inadecuado, toda vez, que este hecho debe sustanciarse conforme a las normas del Código Civil.

Invocando de este modo, en calidad de precedentes contradictorios, los Autos Supremos Nros. 144 de 22 de abril de 2006 y 241 de 1 de agosto de 2005, que establecen la prohibición de penalizar el incumplimiento de contrato privado. Y añade además, en el otrosi que "indistintamente evoca, como precedentes contradictorios el Auto Supremo Nro. 431 de 15 de octubre de 2005 y la Resolución Nro. 34/2007 de 7 de mayo de 2007 (Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de La Paz).

Concluyó pidiendo "(...) se revoque el Auto de Vista Res. 14/2012 de fecha 13 de enero de 2012 y se anule la Sentencia condenatoria Nro. 23/2011, procediendo a valorar en forma justa y ecuánime los agravios sufridos (...)".

CONSIDERANDO: Que para la admisibilidad del recurso de casación, resulta menester observar y cumplir con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, los cuales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, demostrando previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese interpuesto dicho recurso contra la sentencia por causarle agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente.

Ahora bien, respecto al recurso de casación referido líneas arriba, se evidencia que si bien éste impugna el Auto de Vista inicialmente descrito, y que además fue presentado dentro del plazo legal previsto por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal; empero, el recurrente se limitó a invocar precedentes contradictorios -igualmente referidos en apelación restringida- omitiendo señalar la presunta contradicción existente en términos precisos, entre dichos precedentes y el Auto de Vista recurrido, cuyo incumplimiento a los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal se encuentra expresamente sancionada con la inadmisibilidad del recurso, al no poderse establecer el sentido jurídico contradictorio.

Asimismo, respecto a las alegaciones de supuestos defectos absolutos, acusados con carácter genérico en las denuncias efectuadas por el recurrente, es menester destacar que éste no precisó la forma quebrantada, la restricción o disminución del derecho o garantía, limitándose a identificarlos únicamente de manera referencial y reiterativa como debido proceso y finalmente tampoco explicó el resultado dañoso o consecuencia procesal presuntamente ocasionada, cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional; de este modo, incumplió con la carga procesal de especificar y acreditar en qué medida dichos aspectos inciden en la presunta vulneración de sus derechos o garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y en el Código de Procedimiento Penal, para que este Tribunal consienta como causal la admisión excepcional del presente recurso de casación por la presunta existencia de defectos absolutos, resultando insuficiente formular acusaciones con imprecisas alegaciones de defectos absolutos o vulneración de derechos o garantías, sin cumplir con las obligaciones claramente determinadas mediante la jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo, por ende, no corresponde a este Tribunal abrir su competencia para su admisibilidad.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia de Estado Plurinacional de Bolivia, en aplicación de los arts. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y 418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Marcelino Macario Ramírez Quisbert (fs. 168 a 170) impugnando el Auto de Vista Nro. 14/2012 emitido el 13 de enero de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 163), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y las acusadoras particulares María Jesús Martínez Estévez y Lourdes Martínez Estévez contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Presidente)

Dr. Jorge Isaac Von Borries Mendez

ANTE MÍ. Dra. Sandra Magaly Mendivil Bejarano