SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 148/2012

Sucre, 18 de junio de 2012

EXPEDIENTE: Potosí 98/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Jesús Edgar Fernández Villanueva contra Germán Vásquez Castellón.

DELITO: allanamiento de domicilio o sus dependencias, robo.


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Germán Vásquez Castellón (fs. 165 a 168); impugnando el Auto de Vista Nro.13/2012 emitido el 27 de abril de 2012 emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 156 a 159), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y el acusador particular Jesús Edgar Fernández Villanueva contra el recurrente, por los delitos de allanamiento de domicilio o sus dependencias y robo, tipificados por los arts. 298 y 331 del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que el recurso de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Concluido el juicio oral, público y contradictorio el Tribunal Primero de Sentencia de Potosí, por Sentencia Nro 03/2012 de 24 de enero de 2012 (fs. 90 a 101) declaró a Germán Vásquez Castellón, autor de los delitos de allanamiento de domicilio o sus dependencias y hurto, tipificados por los arts. 298 y 326 del Código Penal, en virtud a que la prueba admitida producida e incorporada al Juicio Oral fue suficiente para generar en el Tribunal la convicción plena sobre la responsabilidad penal del imputado, mas allá de la duda razonable condenándolo a la pena de reclusión de dos años, a cumplir en el Penal de Cantumarca de la ciudad de Potosi, con costas a favor del Estado y la victima. Por otra parte en observancia del art. 363 del Código de Procedimiento Penal se le absuelve de pena y culpa del delito de robo, tipificado en el art. 331 del Código Penal en virtud a que la prueba aportada no fue suficiente para generar en el Tribunal convicción plena sobre la responsabilidad penal; fallo que fue objeto de recurso de apelación restringida planteado por el imputado (fs. 131 a 134), y que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosi, por Auto de Vista Nro 13/2012 de 27 de abril de 2012, declaró improcedente y confirmó la Sentencia apelada, con costas.

Que siendo esos los antecedentes, el recurrente formuló recurso de casación contra el Auto de Vista referido (fs. 283 a 288) alegando:

a) Que la resolución de Alzada nuevamente lesionó sus derechos consagrados en los Tratados y Convenios Internacionales, Constitucionales y legales, al haber los Vocales por omisión violado el principio in dubio pro reo, el mismo que tiene jerarquía Constitucional al postular que en caso de duda de las cuestiones de hecho se debe estar a lo mas favorable para el imputado; por ello para la condena del imputado se necesita la certeza de su culpabilidad, por lo que la simple probabilidad da lugar a Sentencia Absolutoria.

En cuanto a la valoración de la prueba testifical, los de Alzada refieren que este agravio evidentemente existe pues la motivación es insuficiente al no estar explicitas las reglas de la sana critica; sin embargo, contra toda lógica jurídica mas adelante admiten la contradicción de los testigos respecto al ingreso del imputado al garaje, para finalmente concluir de que ese hecho no incide en la subsunción de los hechos que el Tribunal ha realizado al delito de allanamiento, agravio que no tiene mayor relevancia y no influye en el resultado al que ha llegado el Tribunal; razonamiento que vulnera las reglas de la lógica, experiencia y se aparta infundadamente de los conocimientos científicos, vulnerándose una vez mas las reglas de la sana crítica al confirmar la Sentencia, ya que teniendo duda sobre la verdad histórica de los hechos correspondía dictar Auto de Vista revocatorio de la Sentencia, disponiendo la absolución o en su caso la anulación, al haberse basado en prueba testifícal no acredita que compruebe los supuestos ilícitos; toda vez, que la prueba testifical no tiene relación con el acto de ponderación probatoria previsto en el art. 194 del Código de Procedimiento Penal, disposición que ha sido también infringida; sobre este punto el recurrente señaló como precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 96 de 24 de marzo de 2008.

b) Que se han violado derechos y garantías constitucionales previstas en los arts. 155-II, 116, 117-I de la Constitución Política del Estado, arts. 407 parágrafo II y 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal; toda vez, que las conclusiones a las que arribó el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista, no solo le otorgan la razón, sino el derecho de ser absuelto, o en su caso a que se anule la Sentencia, al ser la prueba insuficiente para formar convicción y subsumir la conducta a los ilícitos procesados, consiguientemente ante este hecho existe duda razonable sobre su conducta, por lo que se ha infringido la garantía al debido proceso al realizar errónea aplicación de la ley sustantiva arts. 20, 298 y 326 del Código Penal, confirmando la Sentencia de primera instancia, lo que además conlleva la infracción de las adjetivas, contenidas en los arts. 13, 124, 169 inc. 3), 173, 194, 359 con relación al art. 370 incs. 5) y 6), todos del Código de Procedimiento Penal.

Concluyó pidiendo se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, disponiendo se efectué una nueva resolución

CONSIDENRANDO: Que para la admisibilidad del recurso de casación, se debe cumplir con las condiciones formales previstas en los arts. 416 y 417 de Código de Procedimiento Penal, las causales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictadas por las Cortes Superiores de Justicia, ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el Recuro de Casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, demostrándose previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación de precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese interpuesto dicho recurso en contra de la sentencia por causar agravio, debiendo acompañarse como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente.

El recurso de casación tiene por objetivo uniformar la jurisprudencia, en ese entendido el Tribunal Supremo de Justicia, ante la interposición de un recurso debe resolver en base al hecho objetivo la probable contradicción existente entre el fallo impugnado con los precedentes contradictorios, desplegando así esa labor de unificación de criterios con la finalidad de otorgar seguridad jurídica, debiendo el recurrente invocar el precedente contradictorio en forma fundamentada.

Por otro parte se tiene que de forma extraordinaria y solo ante las denuncias referidas de vulneración de garantías y derechos fundamentales que podrían devenir en defectos absolutos y la consiguiente nulidad de obrados, el Tribunal de Casación podrá resolver dichas vulneración que deben ser debidamente fundamentadas y exponer de manera expresa el derecho, la acción u omisión que fuere trasgredido; puesto ante este incumplimiento se impide abrir la competencia de este Tribunal, en merito de lo establecido en el art. 17 de la Ley Nro. 025.

En ese sentido analizando los argumentos expuestos por el recurrente se llega a establecer las siguientes conclusiones:

I.- Que el recurrente presentó el recurso de casación dentro de los cinco días previstos por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal, acompañando al mismo la copia del recurso apelación restringida que es exigido por el articulo mencionado, asimismo se advierte de la lectura del recurso de apelación restringida, que se citó como precedente contradictorio el Auto Supremo Nro 96 de 24 de marzo de 2008 y se señaló en el Otrosi 1ro, los Autos Supremos Nros. 461 de 24 de agosto de 2004, 457 de 23 de agosto de 2004, 109 de 1 de marzo de 2004, 761 de 25 de noviembre de 2000 y 97 de 1 de abril de 2005.

II.- Que en el recurso de casación el recurrente citó como precedente contradictorio el Auto Supremo Nro 96 de 24 de marzo de 2008 y se ratificó en los precedentes señalados en el Otrosi de la apelación restringida, sin embargo es preciso manifestar que en cuanto a la invocación de estos precedentes, no se cumplió con lo dispuesto por la segunda parte del art. 417 del Código de Procedimiento Penal; toda vez, que en ningún momento se señaló la contradicción existente con el Auto de Vista impugnado, limitándose en el Auto Supremo Nro 96/2004 solo a realizar la trascripción de la doctrina legal aplicable, y respecto a los otros Autos Supremos, simplemente se ciñó a ratificar su apelación restringida, cuando el recurrente debió invocarlos en casación de manera especifica, señalando en términos precisos la contradicción con el Auto de Vista recurrido y estableciendo la situación de hecho similar; incumpliendo así con lo previsto por los arts. 417 y 418 del Código de Procedimiento Penal.

III.- Que si bien el recurso de casación no cumple con los requisitos previstos por los artículos precedentemente señalados se advierte que el recurrente denunció la violación al principio indubio pro reo y a la garantía del debido proceso, constituyendo ambas garantías constitucionales; corresponde a este Tribunal Supremo abrir su competencia excepcionalmente en función del mandato contenido en los arts. 115 y 410 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, con relación a la previsión inserta en el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal, a objeto de revisar los datos del proceso y evidenciar la existencia de la violación alegada por el recurrente.

POR TANTO.- La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y art. 418 del Código de Procedimiento Penal declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Germán Vásquez Castellón; impugnando el Auto de Vista Nro 13/2012 emitido el 27 de abril de 2012 emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 156 a 159), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y el acusador particular Jesús Edgar Fernández Villanueva contra el recurrente, por los delitos de allanamiento de domicilio o sus dependencias y robo, tipificados por los arts. 298 y 331 del Código Penal; y, dispone que, por Secretaría de Sala se remita copias legalizadas de la Sentencia, el Auto de Vista y el presente Auto Supremo a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, para que se inhiban de dictar resoluciones en las que se debaten las mismas cuestiones de derecho, hasta que se les haga conocer la resolución emergente de este recurso de casación, todo conforme prevé el citado art. 418 en su parágrafo segundo del mismo cuerpo legal.

Regístrese y notifíquese.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Presidente)

Dr. Jorge Isaac Von Borries Mendez

ANTE MÍ. Dra. Sandra Magaly Mendivil Bejarano