SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 128/2012

Sucre, 30 de mayo de 2012

EXPEDIENTE: Cochabamba 77/2012

Partes Procesales: Ministerio Público contra Feliciano Escalera Meneces y Clemente Meneces Pinto, Clemente Gonzales Huanca y Miriam Roxana Sánchez Olivera

Delito: tráfico

MAGISTRADO RELATOR: Jorge Isaac von Borries Méndez


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Feliciano Escalera Meneces y Clemente Meneces Pinto (fs.239 a 240), impugnando el Auto de Vista emitido el 9 de junio de 2011 (fs.220 a 223) por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes, Clemente Gonzales Huanca y Miriam Roxana Sánchez Olivera con imputación por comisión del delito de tráfico de sustancias controladas previsto por el art. 48 con relación al inc. m) del art. 33 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

CONSIDERANDO: Que el recurso de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Concluido el juicio oral, público y contradictorio el Juez de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia Primero de la localidad de Sacaba, por Sentencia Nro. 1/2011 de 22 de diciembre de 2010 (fs.171 a 182) declaró a Clemente Gonzáles Huanca, Miriam Roxana Sánchez Olivera, Feliciano Escalera Meneces y Clemente Meneces Pinto, autores del delito de tráfico de sustancias controladas previsto por el art. 48 con relación al inc. m) del art. 33 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, condenándolos a la pena de presidio de diez años, a cumplir en la Cárcel Pública de San Pedro de la localidad de Sacaba, al pago de 100 días multa a razón de Bs. 1 por día, así como al pago de costas y resarcimiento de daños civiles ocasionados al Estado, asimismo ordenó la confiscación definitiva del vehículo con placa de control Nro. 1190-EHT, el teléfono celular marca Nokia, la suma de Bs. 1.000, acido sulfúrico, carbonato de sodio, gasolina, coca y bolsa de cemento disponiendo su entrega a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI).

Los procesados Clemente Meneces Pinto, Feliciano Escalera Meneces, Clemente Gonzáles Huanca y Miriam Roxana Sánchez Olivera, interpusieron recursos de apelación restringida (fs.185 a 186, 191 a 192, 196 a 197 y 200 a 201), contra la indicada Sentencia; recurso que fue resuelto por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista de 9 de junio de 2011, declarando parcialmente procedentes los recursos de apelación restringida; y en sujeción a lo previsto por el art. 414 del Código de Procedimiento Penal, sin anular la Sentencia impugnada, el Tribunal de Alzada declaró a Clemente Meneces Pinto, Feliciano Escalera Meneces, Clemente Gonzáles Huanca y Miriam Roxana Sánchez Olivera autores de la comisión del delito de transporte de sustancias controladas tipificado por el art. 55 de la Ley Nro.1008, imponiéndoles a cada uno de ellos la pena de ocho años de presidio a cumplir en la cárcel de San Pedro de la localidad de Sacaba, así como al pago de 100 días multa a razón de Bs. 1, con costas a favor del Estado; asimismo dispuso la confiscación definitiva del vehículo con placa de control Nro. 1190-EHT, el teléfono celular marca Nokia, la suma de Bs. 1000, acido sulfúrico, carbonato de sodio, gasolina, coca y bolsa de cemento disponiendo su entrega a la Dirección de Registro Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI); dando origen a la presentación del recurso de casación por los procesados Feliciano Escalera Meneces y Clemente Meneces Pinto, que es caso de autos (fs. 239 a 240); en el que alegó:

El Auto de Vista impugnado es contradictorio a otros precedentes pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia y Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia, al querer imponer la moda de un razonamiento desatinado y efímero frente a una situación similar y el sentido jurídico que no coinciden con los precedentes, forzando sus alcances que se constituyen en defectos absolutos; toda vez, de que otorgan valor a un medio producido dentro la etapa preparatoria

Que el Auto de Vista carece de fundamentación en la exposición de los razonamientos y la cita de disposiciones jurídicas, existiendo actividad procesal defectuosa que vulnera derechos y garantías constitucionales, sobre este punto citó como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 455/2005 de 14 de noviembre de 2005 y 006/2007 de 26 de enero de 2007, haciendo hincapié de que el Auto de Vista no se pronunció adecuadamente respecto a la calificación del tipo penal que fue denunciado en el recurso de apelación restringida.

Que los fundamentos de la apelación restringida, radican en que existe en la Sentencia, la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva en cuanto al art. 370 inc 1) del Código de Procedimiento Penal; toda vez, que su accionar se configura en el delito de transporte de sustancias controladas previsto por el art. 55 con relación al art. 76 de la Ley Nro. 1008, al solo ser cómplices del hecho ilícito que se les atribuye y hacen mención a un precedente contradictorio, el cual carece del número y fecha de su emisión.

Que el Tribunal de Alzada no realizó una correcta valoración de la prueba cursante en el proceso, si bien modificó el delito de tráfico al de transporte de sustancias controladas, sin embargo las pruebas demuestran de manera clara y uniforme que su accionar se enmarca a la participación de complicidad del delito de transporte de sustancias controladas, debiendo recibir la pena en base a la complicidad; en relación a este punto invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 515 de 16 de noviembre de 2006 y 131 de 31 de enero de 2007.

Concluyeron pidiendo se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, disponiéndose la aplicación de lo determinado en los Autos Supremos citados.

CONSIDERANDO: Conforme se tiene del Auto Admisorio Nro. 112/2012 de 14 de mayo de 2012, corresponde en esta fase, efectuar el pronunciamiento conforme a los límites y alcances establecidos en dicho Auto Supremo.

Antes de ingresar al fondo, es preciso expresar que el recurso de casación cumple una función nomofilactica y unificadora de la jurisprudencia, por ello la importancia de invocar el precedente contradictorio en relación al Auto de Vista impugnado, precisando las situaciones concretas que considera serían contrarias a los precedentes que invocan, a efecto de resolver en derecho el recurso de casación y de evidenciar la contradicción existente, bajo esta premisa y delimitando el marco preceptivo de la finalidad del recurso de casación corresponde analizar lo impetrado por los recurrentes.

Respecto a la denuncia referente a que el Auto de Vista carece de fundamentación en la exposición de razonamientos y la cita de disposiciones jurídicas, al no haberse pronunciado adecuadamente respecto a la calificación del tipo penal; los recurrentes invocaron como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros.: 455/2005 de 14 de noviembre de 2012 y 006/2007 de 27 de enero de 2007; en ese entendido es preciso hacer hincapié de que los precedentes invocados como contradictorios para ser aplicados al Auto de Vista impugnado, deben ser similares en cuanto al hecho resuelto; vale decir, que en lo fáctico, histórico y legal deben concurrir elementos comunes que los cataloguen como similares, para así poder establecer si en una situación de hecho similar el sentido jurídico que se le asigna al Auto de Vista objetado no coincide con el o los precedentes, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance, asimismo el párrafo segundo del art. 416 del Código de Procedimiento Penal establece que "existe contradicción cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance"; bajo esos parámetros señalados, analizados los precedentes invocados se concluye que:

En lo relativo al Auto Supremo Nro. 455/2005 de 14 de noviembre de 2005, es preciso manifestar de que no cumple con los requisitos de aplicabilidad; toda vez, de que en el precedente invocado se juzga el delito de falsedad ideológica previsto y sancionado por el art. 199 del Código Penal en cuya doctrina legal aplicable en lo más sobresaliente se establece "Se considera defecto absoluto cuando en la resolución sea Sentencia o Auto de Vista, no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten los alcances de la resolución, basados en normas sustantivas, adjetivas penales o correspondan a Convenios o Tratados Internacionales, porque genera incertidumbre e inseguridad jurídica a los sujetos procesales, este defecto se inscribe en el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal, porque el Tribunal de Alzada, al omitir la petición de audiencia de ampliación y fundamentación oral del recurso de apelación restringida vulnera el derecho a la defensa y consecuentemente las garantías Constitucionales al debido proceso " doctrina cuya problemática central versa en que el Tribunal de Alzada no dio curso a la solicitud de audiencia de complementación oral requerida por la recurrente en el memorial de apelación restringida; omitiendo además pronunciarse respecto a cada uno de los agravios denunciados en dicha apelación; asimismo hace referencia a la falta de tipicidad de la conducta del recurrente con relación al delito de falsedad ideológica previsto en el art. 199 del Código Penal ante la ausencia de dolo en el actuar de la procesada. Por el contrario; en el caso de autos, se tiene que se juzga a los recurrentes por delitos relacionados con la Ley del Régimen de Coca y Sustancias Controladas, en el que se acusa de que el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista no se pronunció adecuadamente sobre la calificación del tipo penal, puesto que a criterio de los acusados sus conductas solamente se configurarían al delito de transporte de sustancias controladas en grado de complicidad tipificado en el art. 55 con relación al art. 76 de la Ley Nro. 1008; de lo expuesto precedentemente se infiere que los hechos no son similares; puesto que los tipos penales son distintos, y por otro lado las circunstancias fácticas así como las normas legales acusadas en este proceso, son diferentes a las establecidas en el Auto Supremo invocado. Por otra parte es preciso señalar que el Tribunal de Alzada ejerció a cabalidad la facultad que le otorga el art. 414 del Código de Procedimiento Penal; toda vez, que fundamentó de manera razonada y congruente las apelaciones restringidas interpuestas por los acusados, dando lugar a la nueva resolución emitida conforme a los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal; no siendo evidente de que el Tribunal de Alzada no se hubiese pronunciado adecuadamente respecto a la calificación del tipo penal; puesto que la resolución hace referencia a la modificación de la calificación jurídica de los hechos juzgados, del delito de tráfico de sustancias controladas al delito de transporte de sustancias controladas, en mérito al principio "iura novit curia" al evidenciarse error de derecho en la calificación jurídica realizada por el Juez de Sentencia; por lo tanto, se tiene que el Auto Supremo citado como contradictorio al Auto de Vista impugnado no contradice al caso sub lite.

En lo que corresponde al Auto Supremo Nro. 6 de 26 de enero de 2007, la Corte Suprema de Justicia, al constatar de que en el Auto de Vista emitido por el Tribunal de Apelación se inobservó la previsión contenida en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal, al no haberse circunscrito a los puntos que fueron motivo de la apelación restringida, establecieron doctrina legal en el sentido que "Al no haberse pronunciado el Tribunal A quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una repuesta táctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum y el deber de fundamentación" dada la jurisprudencia y doctrina legal citada se procedió a la revisión de antecedentes en el caso de Autos, advirtiéndose que el Auto de Vista emitido por el Tribunal de Alzada resolvió cada una las denuncias planteadas por los recurrentes en sus apelaciones restringidas; toda vez, que se pronunció respecto al cuestionamiento en cuanto a la inobservancia del art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal, indicando de que el Juez Aquo no efectuó una adecuada labor de subsunción del hecho acusado al tipo penal descrito en el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley Nro. 1008, refiriendo que la conducta de los imputados no se adecua precisamente al delito de tráfico de sustancias controladas, sino que la conducta mas bien se halla subsumida en el delito penal de transporte de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley Nro. 1008, por lo que en base a esta denuncia sobre la inobservancia de la ley sustantiva, los de Alzada declaran parcialmente procedentes los recursos de apelación restringida interpuestos por los imputados, y sin anular la Sentencia de primera instancia, en previsión del art 414 del Código de Procedimiento Penal, declaran a los procesados autores de la comisión del delito de transporte de sustancias controladas tipificado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, imponiéndoles la pena de ocho años de presidio en la Cárcel de San Pedro de la localidad de Sacaba, asimismo se tiene que el Tribunal de Alzada resolvió la denuncia referente a que el Juez Instructor Cautelar de Sacaba no hubiese dictado el Auto de Apertura de Juicio; señalando que "no es evidente dicha acusación; toda vez, de que en el acta de audiencia de preparación de juicio oral en la parte resolutiva (fs. 141 a 142), el Juez de Instrucción dictó el correspondiente Auto de Apertura de Juicio contra los imputados Clemente Gonzáles Huanca, Miriam Roxana Sánchez Olivera, Feliciano Escalera Meneces y Clemente Meneces Pinto". En ese entendido, se tiene que el Auto de Vista emitido por el Tribunal de Alzada, absolvió todas y cada una de las denuncias señaladas por los recurrentes en sus apelaciones restringidas, pronunciándose en cuanto a los aspectos cuestionados y reclamados, por lo tanto, el fallo supremo de mérito citado como contradictorio al Auto de Vista impugnado no contradice al caso de autos.

Que por lo expuesto anteriormente y efectuado el análisis respectivo, se concluye que no existe contradicción entre el Auto de Vista impugnado con los precedentes invocados en los términos exigidos por el art. 416 y la segunda parte del art. 419 de la Ley Nro. 1970.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y del art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación, interpuesto por Feliciano Escalera Meneces y Clemente Meneces Pinto (fs. 239 a 240), impugnando el Auto de Vista emitido el 9 de junio de 2011 (fs.220 a 223) por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes, Clemente Gonzales Huanca y Miriam Roxana Sánchez Olivera con imputación por comisión del delito de tráfico de sustancias controladas previsto por el art. 48 con relación al inc. m) del art. 33 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

Dr. Jorge Isaac Von Borries Mendez

ANTE MÍ. Dra. Sandra Magaly Mendivil Bejarano