SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 119/2012

EXPEDIENTE: La Paz 82/2012 Sucre, 21 de mayo de 2012

DISTRITO: La Paz

PARTES: Ministerio Público, Justino Antonio Quispe contra Jhon Javier Ulo Rojas

DELITO: asesinato


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Jhon Javier Ulo Rojas (fs. 513 a 517) impugnando el Auto de Vista Nro. 204 de 4 de noviembre de 2011 (fs. 495 a 499), emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y el acusador particular Justino Antonio Quispe contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de asesinato previsto y sancionado por el art. 252 numerales 2) y 3) del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Sentencia Cuarto de La Paz por Sentencia Nro. 74/2010 de 4 de diciembre de 2010 (fs. 411 a 435), declaró al recurrente autor de la comisión del delito de asesinato, condenándolo a la pena privativa de libertad de treinta años de presidio, sin derecho a indulto, a cumplirse en la Penitenciaría de San Pedro, debiendo concluir la condena del imputado el 2 de diciembre de 2038, más pago de costas procesales y daño civil a la parte acusadora particular a calificarse en ejecución de sentencia.

Fallo que fue impugnado por el recurrente mediante recurso de apelación restringida (fs. 451 a 459), el Tribunal de Alzada declaró improcedente y confirmó la Sentencia por Auto de Vista Nro. 204/2011 de 4 de noviembre de 2011 (fs. 495 a 499), dando origen al recurso de casación que es caso de autos.

CONSIDERANDO: Que al interponer el recurso de casación, el recurrente argumentó lo siguiente:

1. El Auto de Vista recurrido de forma errónea señala en el Cuarto Considerando párrafo tercero, que la Sentencia estaría debidamente fundamentada conforme al art. 124 del Código de Procedimiento Penal, aspecto por demás de equívoco ya que de la lectura detallada a esta última se observa contradicciones, falta de fundamentación y no consigna el valor probatorio otorgado a cada uno de los medios de prueba, cuya fundamentación debió especificar el por qué de la imposición de la pena con relación a la acción antijurídica específica.

El Tribunal de Alzada se limitó a leer y copiar los subtítulos de la Sentencia, elaborando sólo una plantilla en la cual sólo sustituyeron datos y tampoco se pronunciaron sobre aspectos que fueron reclamados; por lo que, acusó violación del art. 370 num. 5) del Código de Procedimiento Penal, por inexistencia de fundamentación en la Sentencia.

Invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 263 de 27 de abril de 2009.

2. El Auto de Vista recurrido violó el art. 370 num. 1) del Código de Procedimiento Penal porque inobserva o aplica erróneamente la ley sustantiva, en el párrafo quinto (fs. 498 vlta.), no establece en qué parte de la Sentencia y cuál el elemento probatorio mediante el cual se determina que el hecho se produjo con ensañamiento.

Añade que no se presentaron los elementos esenciales y las condiciones que se hallan descritas en el tipo penal de asesinato, siendo dicho aspecto una violación al debido proceso y al derecho a la defensa por parte del Tribunal de Alzada porque la Sentencia debió ser absolutoria al no adecuarse la conducta del recurrente al tipo penal acusado, quien expresa reconocer su acción, pero de ninguna manera acepta que ésta sea calificada como asesinato.

Invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos: 200007 Sala Penal 2-373, 200008 Sala Penal 2-487, 200010 Sala Penal 1-546, que establecen que para la sanción penal se deben acreditar los elementos constitutivos del tipo penal, debiendo concurrir ciertas circunstancias, las que sostiene no ocurren en el caso de autos.

3. El Tribunal de Alzada resolvió con total simpleza la violación del art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal, por violación a los principios de continuidad, inmediación y celeridad, cuyo defecto absoluto viola el debido proceso, debiendo haberse llevado éste dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas atribuibles al Ministerio Público e incluso al Juez Ciudadano, sobre todo en etapa de producción probatoria de cargo, cuando el perito inicia su declaración el 27 de octubre de 2007 y después de dos meses continúa haciéndolo y además el juicio se inicia el 18 de junio de 2010 y recién el 4 de diciembre de 2010 se dicta la Sentencia, lo cual es evidente mediante las actas de audiencias suspendidas que cursan en obrados, mismas que no fueron valoradas por los de Alzada.

Invocó en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 37 de 27 de enero de 2007, transcribe su doctrina legal aplicable y pide revisión de oficio en cumplimiento del art. 15 de la Ley Nro. 1455 y las disposiciones vigentes de la nueva Ley del Órgano Judicial, por constituir defecto absoluto al vulnerar las reglas del debido proceso y el derecho a la defensa.

4. El Tribunal de Alzada tampoco examinó que el recurrente reclamó defectuosa valoración probatoria por parte del Tribunal de Sentencia, porque la prueba dice una cosa y los juzgadores acomodan a su criterio, de manera parcializada, sesgada y hasta pareciera intencional lo que realmente demuestran las pruebas.

5. La Sentencia viola el art. 370 inc. 10) del Código de Procedimiento Penal, por inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia, en cuya parte resolutiva se observa que el Tribunal en pleno con voto unánime condena al recurrente; sin embargo, en el siguiente párrafo la Juez Técnico Dra. Cristina Rodríguez votó porque se le condenare por el delito de homicidio, existiendo un voto disidente, no fundamentado o tomado en cuenta, conforme al art. 359 del referido adjetivo penal, violándose el art. 169 num. 3) del mismo cuerpo legal, aspecto que ni siquiera menciona el Auto de Vista recurrido, omisión que viola el debido proceso.

6. El Tribunal de Alzada declara no ha lugar a su solicitud de complementación y enmienda, por ello pide que de oficio se analice y considere que los puntos expuestos en dicho memorial son el reclamo fehaciente a la vulneración del debido proceso.

Concluye solicitando declarar admisible el presente recurso y se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido y su complementario, disponiendo la emisión de una nueva resolución, respetando el debido proceso, el derecho a la defensa y a la seguridad jurídica.

CONSIDERANDO: Que para la admisibilidad del recurso de casación, resulta menester observar y cumplir con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, los cuales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, demostrándose previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese interpuesto dicho recurso contra la sentencia por causarle agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente.

Ahora bien, respecto al recurso de casación referido líneas arriba, se evidencia que si bien éste fue presentado dentro del plazo legal previsto por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal y que además el recurrente en las denuncias insertas en los numerales 1., 2. y 3. invocó precedentes contradictorios, empero al margen de invocarlos, omite cumplir con el requisito de señalar la contradicción en términos precisos existente entre dichos precedentes y el Auto de Vista recurrido, carga exigible por disposición legal inserta en el art. 417 párr. segundo, cuyo incumplimiento a su vez está expresamente sancionado con la inadmisibilidad del recurso, al no poderse establecer el sentido jurídico contradictorio.

Por su parte, respecto a las denuncias insertas en los numerales 4, 5 y 6, el recurrente no invocó precedente contradictorio alguno, cuyo efecto lógico ocasiona que tampoco señale la presunta contradicción arriba extrañada entre el precedente y la resolución impugnada, incumpliendo con la previsión establecida por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal.

Asimismo, respecto a las alegaciones de supuestos defectos absolutos, acusados con carácter genérico en todas las denuncias efectuadas por el recurrente, es menester destacar que éste no precisó la forma quebrantada, la restricción o disminución del derecho o garantía, limitándose a identificarlos únicamente de manera referencial y reiterativa como debido proceso, derecho a la defensa y a la seguridad jurídica y finalmente tampoco explicó el resultado dañoso o consecuencia procesal presuntamente ocasionada, cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional; de este modo, el recurrente incumplió con la carga procesal de especificar y acreditar en qué medida dichos aspectos inciden en la presunta vulneración de sus derechos o garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en el Código de Procedimiento Penal, para que este Tribunal consienta como causal la admisión excepcional del presente recurso de casación por la presunta existencia de defectos absolutos, resultando insuficiente que el recurrente formule su acusación con imprecisas alegaciones de defectos absolutos o vulneración de derechos o garantías, sin cumplir con las obligaciones claramente determinadas mediante la jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia de Estado Plurinacional de Bolivia, en aplicación de los arts. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y 418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el procesado Jhon Javier Ulo Rojas (fs. 513 a 517) impugnando el Auto de Vista Nro. 204 emitido el 4 de noviembre de 2011 por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 495 a 499), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y el acusador particular Justino Antonio Quispe contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de asesinato previsto y sancionado por el art. 252 numerales 2) y 3) del Código Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Presidente)

Dr. Jorge Isaac von Borries Mendez

ANTE MÍ. Dra. Sandra Magaly Mendivil Bejarano