SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 109/2012

EXPEDIENTE: Santa Cruz 52/2012 Sucre, 10 de mayo de 2012

DISTRITO: Santa Cruz

PARTES: Ministerio Público, Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Marlene Teresa Suárez contra José Remberto Justiniano Merguzhis

DELITO: violación agravada y robo agravado


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por José Remberto Justiniano Merguzhis (fs. 232 a 235), impugnando el Auto de Vista Nro. 85 emitido el 2 de julio de 2010 por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz (fs. 228 a 230), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Marlene Teresa Suárez contra el recurrente por la presunta comisión de los delitos de violación con agravantes y robo agravado, previsto y sancionado por los art. 308 relativo al art. 310 nrales. 1, 2, 5, 6 y 7 y art. 332 incs. 1) y 2), todos del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que dicho recurso tuvo origen en los siguientes antecedentes: 1.- Sustanciado el caso por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Cruz de la Sierra, dictó Sentencia Nro. 09/2010 declarando al imputado autor del delito de violación con agravantes, condenándolo a cumplir la pena de veinte años de presidio sin derecho a indulto y absuelto del delito de robo agravado (fs. 184 a 189); 2.- Dicha Sentencia fue recurrida en apelación por el imputado, la que fue declarada improcedente por el Tribunal de Alzada (fs. 228 a 230), dando con ello origen al recurso de casación que es caso de autos.

Que sin embargo, luego de remitido el proceso la Corte Suprema de Justicia, el recurrente solicitó la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, circunstancia que mereció el retorno de los antecedentes al Tribunal de origen donde se sustanció el petitorio. Una vez concluido el trámite, estando pendiente el recurso de casación, los antecedentes fueron remitidos a éste Tribunal para su consideración.

Que de la revisión del recurso a efectos de su admisión, se estableció que fue presentado bajo los siguientes argumentos:

a) Violación al principio de legalidad conculcando así el art. 1 del Código de Procedimiento Penal por omitir el Tribunal de Alzada analizar el primer motivo del recurso de apelación restringida consiste en la vulneración a los arts. 6 de la Ley Nro 1970 y 116 de la Constitución Política del Estado, lo que constituye defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) de la ley procesal penal, por lo que no requiere precedente contradictorio.

b) Inobservancia a la denuncia referente violación al principio de continuidad consagrado en el art. 334 del Código de Procedimiento Penal, por suspensiones de audiencias no atribuibles al recurrente, constituyendo vulneración al debido proceso, derecho fundamental establecido en el art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado y art. 169 inc. 3) del la ley adjetiva penal, acarreando consigo la nulidad bajo, el principio de trascendencia. Citó como precedentes contradictorios los A.S. Nros. 223 de 23 de junio de 2005 y 327 de 27 de septiembre de 2005 dictados por la Sala Penal Segunda.

c) El re-examen de la prueba por el Tribunal de Alzada, vedado conforme establece el art. 413 del Código de Procedimiento Penal, lo que constituye un acto nulo, correspondiendo que se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado. Para ésta alegación citó como precedente contradictorio el A.S. Nro. 348 de 28 de septiembre de 2005 dictado por la Sala Penal Primera. Finalizó pidiendo que se conceda el recurso y se deje sin efecto el Auto de Vista disponiendo que la Sala Penal Primera dicte nueva resolución ordenándose la reposición del juicio por otro tribunal.

CONSIDERANDO: Que el análisis del presente recurso de casación se circunscribe al Auto Supremo de admisión Nro. 74/2012 de 12 de abril de 2012, corresponde resolver el mismo conforme los límites y alcances ya establecidos en la citada resolución.

De la revisión y análisis del contenido del recurso, los precedentes contradictorios invocados por el recurrente, los antecedentes y todo lo obrado, se evidencian los siguientes extremos:

1. Respecto al primer motivo admitido en el caso de autos, es menester precisar que el Sistema Recursivo contenido en el Código de Procedimiento Penal, se ha establecido para efectivizar la revisión del fallo dictado en contra de los intereses de los sujetos procesales que se consideren agraviados con el resultado de la Sentencia, efectivizándose así las garantías y derechos constitucionales contenidos en los arts. 109 y 115 de la Constitución Política del Estado relativos a los arts. 8.2 inc. h) de la Ley Nro. 1430 de 11 de febrero de 1993 (Pacto de San José de Costa Rica), y art. 14 nral. 5 de la Ley Nro. 2119 de 11 de septiembre de 2000 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). En concordancia con la normativa legal citada, la doctrina actual y la normativa procesal penal establecen que el recurso de apelación restringida constituye el único medio para impugnar la Sentencia, debiendo los Autos de Vista que resuelvan las mismas, circunscribirse a las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal; así fue establecido por la doctrina legal aplicable en el Auto Supremo Nro. 12/2012 de 30 de enero de 2012 que señala: "Es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros mencionados y desarrollados supra (especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad); respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos, en cuyo caso, es necesario que en la fundamentación se vierta los criterios jurídicos del porque dicho acto se considera defecto absoluto y que principios, derechos o garantías constitucionales fueron afectados.

Por lo que no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el o los procesados, lo cual constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el art. 124 del Código de Procedimiento Penal debido a que dicho precepto legal exige la fundamentación de las resoluciones y prohíbe que aquella fundamentación sea remplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimiento de las partes, debiendo los Tribunales de Alzada circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada, ello en estricto cumplimiento del art. 398 del citado Código de Procedimiento Penal. Por lo que la omisión de pronunciamiento de un aspecto reclamado se constituye en un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. "

Ahora bien, en el caso de autos se evidencia que efectivamente, el Tribunal de Apelación, omitió pronunciarse respecto a la denuncia referente a la violación al art. 6 del Código de Procedimiento Penal y 116 parágrafo I de la Constitución Política del Estado (fs 205), estableciéndose así, que los Vocales recurridos al pronunciar el Auto de Vista Nro. 85, han incurrido en el vicio incongruencia omisiva (ex silentio - infra petita), contraviniendo las exigencias contenidas en los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, quebrantando de esa forma el derecho a los recursos, a la defensa del recurrente, la tutela judicial efectiva y la garantía al debido proceso (arts. 115 y 119 parágrafo I de la Constitución Política del Estado), garantía que deriva del principio de legalidad penal en su vertiente procesal, y que figura como directriz de administración de justicia en el art. 180 de la Constitución Política del Estado; deviniendo consecuentemente en defecto absoluto, por lo que corresponde establecer doctrina legal aplicable respecto a la presente alegación.

2. Referente a la segunda denuncia, es necesario precisar que conforme las características del juicio oral, entre las cuales se destaca la forma contradictoria, oral, pública y continua; el mismo que a su vez se halla sujeto a los principios de inmediación, concentración y continuidad, cuya exigencia de que se desarrolle con la presencia de los sujetos procesales sin interrupción, permitiendo que entre la práctica probatoria y el pronunciamiento de la sentencia exista una aproximación temporal inmediata, tiene por finalidad la comprobación del delito y la responsabilidad o no del imputado, por lo que constituye la fase esencial del proceso (art. 129 del Código de Procedimiento Penal). Dichas características se hallan plasmadas en art. 334 de la Ley Nro 1970, que establece que iniciado el juicio se realizará sin interrupción todos los días hábiles hasta que se dicte sentencia y sólo podrá suspenderse en los casos previstos en el art. 335 del mismo compilado legal y los supuestos contemplados por los arts. 90 y 104 del Código de Procedimiento Penal. En aplicación de la normativa citada, la audiencia de juicio oral se debe realizar sin interrupción todas las horas hábiles del día, debiendo el Juez, o el Presidente del Tribunal, ordenar los recesos diarios, fijando la hora en que ésta se reinicie, sin embargo, conforme ya ha sido considerado por el Auto Supremo Nro. 93/2011 de 24 de marzo de 2011: se deben tomar en cuenta las circunstancias especiales del actual Sistema Procesal Penal y el sistema de gestión implementado en las antiguas Cortes de Distrito, hoy Tribunales Departamentales de Justicia, cuya carga procesal rebasa la posibilidad humana de cumplir con ciertas actuaciones procesales dentro plazos determinados por Ley, obligando a los Juzgados y Tribunales de Sentencia, en la mayoría de los casos, a desarrollar juicios de manera paralela, lo que dificulta en la práctica diaria cumplir con el señalamiento de audiencias en espacios cortos, más aún si de manera cotidiana de presentan causales de suspensión de audiencias (art. 335 del Código de Procedimiento Penal), lo que dificulta aún más el agendamiento adecuado de audiencias, circunstancias que bajo ningún aspecto permite que se menoscabe la información que como efectos de la inmediación han percibido los juzgadores.

Tal cual ya ha sido señalado, los principios de continuidad y concentración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se refieren a que todos los actos necesarios para desarrollar el juicio se deben realizar en una misma audiencia (concentración) y que el debate no debe ser interrumpido (continuidad). La concentración significa que tanto la recepción de la prueba como las peticiones que se realicen en el juicio deben ocurrir, en lo posible, en la misma audiencia o en audiencias sucesivas, y ahí se aplica el principio de continuidad, según el cual todos los actos procesales deben realizarse en el juicio hasta su conclusión, esto a efectos de que la información obtenida por los juzgadores en el desfile probatorio (inmediación) no sufra menoscabo. El principio de inmediación persigue que nadie intervenga entre los sujetos procesales, es decir, entre el que ofrece la información y entre el que la recibe en juicio, por lo que requiere la presencia ininterrumpida durante todo el juicio de todos los que participan en él, por lo que su concreción importa que el Tribunal que va a dictar Sentencia tome conocimiento directo del material probatorio que ha sido producido en su presencia junto a todos los demás sujetos procesales y forme así su convicción, por lo que es imprescindible que, una vez instalada la audiencia de juicio, los recesos o las suspensiones de audiencias permitidas por el Código de Procedimiento Penal, así como las excepciones al art. 336 de la misma Ley establecidas en la doctrina legal aplicable del Auto Supremo precitado (cuando las suspensiones sean mayores a los diez días se encuentren debidamente justificadas), no provoque la dispersión de la prueba y su valoración como efecto del excesivo tiempo transcurrido entre audiencias, circunstancia en la cual se corre el riesgo de que los jueces se vean influenciados por factores externos a lo percibido en el debate.

Por otra parte, es necesario hacer hincapié en que el Código Penal Adjetivo, en su art. 344, reglamenta la forma en que se inicia el juicio oral, estableciendo que una vez hubiera llegado el día y hora señalados para la celebración del juicio, los miembros del tribunal se constituirán en la sala de audiencia, a efecto de verificar la presencia de las partes, los testigos, peritos o intérpretes y tomar el juramento a los jueces ciudadanos (audiencia de apertura de juicio). En el acto, una vez se hayan cumplido todas estas formalidades, recién se declarará instalada la audiencia, operándose desde ese momento la aplicación de todos los principios desglosados precedentemente; inmediatamente de instalada la audiencia de juicio oral, se ordenará la lectura de la o las acusaciones y del Auto de Apertura y se dispondrá que el fiscal y el querellante las fundamenten.

En el presente caso, de la revisión de las actas de suspensiones de juicio oral, se verifica que no existe vulneración al principio de continuidad, toda vez que las audiencias a las que hace referencia el recurrente, corresponden a la audiencia de apertura de juicio, las que fueron suspendidas por distintitas circunstancias atribuibles a todos los sujetos procesales, por lo que los juzgadores en aplicación al principio de igualdad procesal, ante las distintas circunstancias, se vieron obligados a suspender las mismas, señalando nuevas audiencias de acuerdo al libro de rol de audiencias, circunstancia que fue tomada en cuenta por el Tribunal de Alzada a momento de resolver la alegación referente a la infracción al principio de continuidad; sin embargo, es menester precisar que conforme se desprende del acta de audiencia cursante de fs, 171 a 177, el presidente del Tribunal de Sentencia, una vez verificada la concurrencia de las partes y la inconcurrencia de una de las Jueces Ciudadanas, tomó juramento a los demás Jueces Ciudadanos, disponiendo la lectura de la acusación y el Auto de Apertura de Juicio, dándose así inicio al juicio oral, audiencia que se llevó a cabo en cumplimiento estricto de la normativa legal, y en apego a los principios rectores del juicio oral, pues desde el inicio del debate, el juicio se llevó a cabo en dos días, circunstancia contemplada en el Código de Procedimiento Penal, lo que lleva al entendimiento lógico de que en ese lapso de tiempo la información obtenida por el tribunal a través del desfile probatorio y la inmediación, no sufrió detrimento o menoscabo y mucho menos se vulneró el principio de continuidad denunciado, por lo que esta alegación resulta infundada.

Finalmente, respecto a los Autos Supremos Nros. 223 de 23 de junio de 2005 y 327 de 27 de septiembre de 2005, no constituyen precedentes contradictorios por ser Autos Supremos que disponen la extinción de la acción penal, situación jurídica distinta al caso de autos, resoluciones que por no contener doctrina legal aplicable al caso, no pueden ser consideradas a efectos de su contrastación.

3. Respecto a la tercera alegación, cuyo precedente citado como contradictorio es el A.S. Nro. 348 de 28 de septiembre de 2005 dictado por la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, es menester señalar que tal cual ya ha sido establecido por este Tribunal, al ser el objetivo del recurso de casación el de uniformar la jurisprudencia, el Tribunal Supremo de Justicia, ante la interposición de un recurso, resuelve en base al derecho objetivo la probable contradicción existente entre el fallo impugnado, con otro dictado por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia o las Sala Penales de las Cortes Superiores de Distrito (Tribunales Departamentales de Justicia), desplegando así una labor de unificación de criterios, con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a las partes en pro al derecho a la igualdad; respecto a los precedentes invocados en las casaciones, verificada la contradicción, el máximo Tribunal, dicta la doctrina legal aplicable al caso (art. 419 del Código de Procedimiento Penal), cuyo cumplimiento es obligatorio al tenor del art. 420 la Ley Nro. 1970. En el caso presente, se verifica que el A.S. Nro. 348 es una resolución que dispone la inadmisión de un recurso de casación, no establece doctrina legal aplicable, por lo que no se puede considerar como jurisprudencia, consecuentemente no constituye precedente para intentar un recurso de casación, al no encontrarse revestida de obligatoriedad, por lo que este Tribunal Supremo de Justicia se ve imposibilitado de abrir su competencia y realizar la contrastación respecto a esta denuncia.

Habiéndose verificado que el fallo impugnado fue dictado inobservando las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales mencionadas al resolver la primera denuncia, por haber omitido el Tribunal de Apelación responder a todos los puntos apelados, lo que constituye defecto absoluto; corresponde, en aplicación del art. 419 del Código de Procedimiento Penal, dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, para que las omisiones observadas, sean subsanadas, aclarándose que las demás denuncias fueron declaradas infundadas.

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

Conforme la amplia doctrina legal establecida por este Tribunal Supremo de Justicia, las resoluciones judiciales, para ser válidas, deben encontrarse debidamente fundamentadas y motivadas, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida, lo contrario implica incurrir en el vicio conocido como incongruencia omisiva o fallo corto, que tiene como esencia la infracción por parte del Tribunal del deber de atendimiento y resolución de aquellas alegaciones que se hayan traído al proceso de manera oportuna, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada..

Bajo esos parámetros, se establece que no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos en los que se fundó el recurso de apelación restringida, lo que constituye vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el art. 124 del Código de Procedimiento Penal y que desconoce el art. 398 del citado compilado procesal, deviniendo en consecuencia en defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, dejando en estado de indefensión al recurrente.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y el art. 419 del Código de Procedimiento Penal, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista Nro. 85 emitido el 2 de julio de 2010, por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz (fs. 228 a 230), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Marlene Teresa Suárez contra el recurrente por la presunta comisión de los delitos de violación con agravantes y robo agravado, previsto y sancionado por los art. 308 relativo al art. 310 nrales. 1, 2, 5, 6 y 7 y art. 332 incs. 1) y 2), todos del Código Penal; ordenando que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronuncie nueva resolución conforme a la doctrina legal señalada precedentemente y las normas constitucionales y legales previstas para el caso concreto.

Y dispone que de conformidad con lo previsto por el art. 420 del Código Adjetivo Penal, se remitan por Secretaría de Sala copia legalizada del presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del país, para conocimiento de las Salas Penales y Jueces en materia penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

Dr. Jorge Isaac von Borries Mendez (Magistrado Relator)

ANTE MÍ. Dra. Sandra Magaly Mendivil Bejarano